Foto de David Peinado: https://www.pexels.com/es-es/foto/cruce-cerca-valla-verja-7054187/.-Ciudad
de México.- En las primeras horas de su segundo mandato, el nuevo
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de órdenes
ejecutivas para frenar la migración al país, entre ellos, ordenó
militarizar la frontera sur, es decir, el territorio que comparte con
México, porque es donde más flujo migrante acontece y tras el anuncio,
se encendieron las alarmas por violaciones sistemáticas de derechos
humanos que caerán sobre mujeres, adolescentes y niñas quienes
intentarán alcanzar el sueño americano en medio de este escenario.
Lamilitarización
para realizar labores de seguridad deja a su paso estragos de violencia
por su estructura patriarcal que ejerce, pero las violaciones
sistemáticas a Derechos Humanos recaen en especial contras mujeres y
esto se prevé acontezca en la frontera México-Estados Unidos debido a
que en ambos países habrá presencia de militares.
Como una de sus
primeras acciones como presidente de Estados Unidos, Trump declaró una
emergencia nacional en su frontera sur y exigió «sellar» fronteras en
territorio mexicano justificando su decisión: por el flujo de drogas,
contrabando de personas y delincuencia organizada.
Hay que
recordar que desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump declaró
“emergencia nacional” para que las personas inmigrantes no puedan
ingresar a su país. En adherencia, entre los acuerdos firmados en
materia de migración se encuentran: la suspensión de programas para el
reasentamiento de refugiados durante cuatro meses; la cancelación de las
citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles
como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo;
implementar de nueva cuenta la política pública “Quédate en México”; la
detención de vuelos migratorios; y el cierre de la frontera.
Además
de estas disposiciones, Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas que
estarán entrando en vigor en breve, no obstante, las relacionadas con
migración tienen un dolorosa secuela en el cuerpo, vida e integridad de
las mujeres inmigrantes lo cual no es tema novedoso en la forma de
gobernar de este presidente norteamericano.
Trump ya había
gobernado Estados Unidos, del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del
2021 y durante ese tiempo, sin la amenaza de militarizar la frontera ya
se tenían registros de violaciones sistemáticas a Derechos Humanos.
Por ejemplo, desde el 2021, el informe “Te tratan como si no valieras nada”,
recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, y reveló diversos casos de violencia contra las mujeres
desde el 2017 por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Este informe elaborado por la organización Human Rights Watch,
incluye un total de 160 testimonios sobre casos de conductas indebidas
contra personas migrantes, en el caso de las niñas y mujeres se
señalaron abuso físico durante la detención, abuso sexual, trato
discriminatorio y deshumanizante, negación de alimentos y atención
médica, así como intimidación de solicitantes de asilo y denegación del
debido proceso.
Siguiendo el documento, la Coalición de
Comunidades de la Frontera Sur hasta ese momento contabilizaron 55
muertes desde 2010 relacionadas con el uso de la fuerza por parte de
agentes u oficiales en encuentros con personal de Aduanas y Protección
Fronteriza, Customs and Border Protection (CBP).
Asimismo,
hubo un caso particular en el que una mujer fue detenida cerca de
Mexicali y declaró que fue lastimada, maltratada y golpeada en repetidas
ocasiones hasta esposarla.
La
CBP, la Patrulla Fronteriza y los oficiales del Servicio de Migración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han sido acusados por abuso
sexual. En los mismos archivos se informó de un incidente en el que una
niña fue obligada a desvestirse para ser tocada de forma inapropiada por
un guardia. La niña declaró que el oficial le gritó y le golpeó sus
genitales con mucha fuerza.
En cuanto al trato discriminatorio y
deshumanizante, se han visto casos en el que se emplea el uso de
violencia verbal. Por ejemplo, una mujer declaró que al llegar a un
centro de detención fronterizo, la llamaron con adjetivos con carga
sexual que reflejaba violencia en razón de género o relacionado con
animales.
La congeladora
Las
detenciones de personas migrantes también son conocidas por el uso de
“la nevera” o “el congelador” en el que familias e infancias son
cometidos y tratados de forma inhumana. Ahí mismo, se les niegan los
alimentos, papel higiénico, agua, y la atención médica.
En estos
centros de detención, conocidos como «el congelador», las personas
detenidas, no deberían pasar más de 72 horas, no obstante, se ha
denunciado que pueden pasar ahí hasta meses bajo temperaturas
congelantes, además de las violaciones ejercidas por personal operativo.
Un
caso registrado fue el de un supervisor en la Oficina de Asilo de San
Francisco comunicó internamente lo siguiente al DHS: “FA [funcionario de
asilo]
«Una
de las solicitantes que entrevistó hoy tiene una hija pequeña que fue
agredida sexualmente por alguien que creemos que es un funcionario del
CBP o de la Patrulla Fronteriza. La solicitante y su hija fueron
interceptadas por la Patrulla Fronteriza y enviadas a La Hielera [una
celda de detención en la frontera], donde ocurrió lo siguiente: un
guardia en La Hielera, que vestía un uniforme verde y tenía un gafete
que decía [eliminado], obligó a la niña a desvestirse y la manoseó”.
Los
registros indican también que oficiales de la Patrulla Fronteriza
retuvieron alimentos como herramienta de coerción, infringieron
violencia psicológica, forzaron a migrantes a firmar documentos en
inglés sin explicarles el contenido a cambio de comida. Por otro lado,
la atención médica solo fue extendida de forma estrictamente necesaria,
provocando consecuencias en la salud de las personas migrantes.
Finalmente,
Human Rights Watch reportó que durante años se han utilizado tácticas
de intimidación por la Patrulla Fronteriza y agentes de Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza contra las personas migrantes como el no
registró de denuncias por temor al retornó de su país de origen,
proceso en el cual la persona debe ser remitida a una entrevista para
calificar si tiene derecho a un asilo u otra protección.
En la práctica, estas declaraciones se invisibilizan y las personas migrantes son intimidadas.
El informe de Human Rights Watch,
incluye 27 casos de 2017 a 2018 por violaciones al debido proceso en
donde se manifestó que las autoridades fronterizas infringieron el
derecho de los migrantes al asilo, en el que se incluyen inexactitudes e
inconsistencias en el papeleo para la deportación acelerada.
En territorio mexicano
Para
inmigrantes que decidan y deban permanecer en territorio mexicano, ya
sea porque no alcanzaron a ingresar a Estados Unidos o los hayan
deportado, también enfrentan diversas violencias y abandono
institucional.
El programa “Quédate en México” (Remain in Mexico)
(oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes), aplicado
en la frontera entre México y Estados Unidos, lanzado en enero del 2019
bajo el primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, fue
reiniciado por el presidente Joe Biden el 6 de diciembre de 2021.
En
el programa Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar
el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a las y
los solicitantes de asilo, con la finalidad de contener el flujo
migratorio. Pero hay denuncias contra este programa, por las y los
usuarios.
Según el acuerdo que estableció Quédate en México, el
gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades
laborales, atención médica y educación a los solicitantes de asilo en el
programa.
Algunos testimonios de mujeres usuarias de Quédate en México, denunciaron:
Andrea relató
que llevó su hija de 11 años a un hospital público cuando se lastimó la
cabeza. Sin embargo, el personal del hospital se negó a atenderla
porque Andrea no tenía un documento de identidad mexicano ni un número
de seguro social. Tuvo el mismo problema cuando intentó inscribir a su
hija en la escuela pública. Andrea acudió a una oficina de migración
para preguntar cómo podía obtener los documentos necesarios, pero los
agentes allí presentes le dijeron que no podían ayudarla.
Cuando Ana Laura y
sus hijos, de 19 y 12 años, fueron asignados a Quédate en México en
octubre de 2019, no les dieron sus CURP. Ana Laura contó que, más tarde,
cuando intentó denunciar que habían sido víctimas de extorsión, la
policía los rechazó alegando que no podían presentar una denuncia si no
tenían CURP. Cuando ella y su esposo intentaron solicitar la clave, los
funcionarios de migración se negaron a ayudarlos argumentando que no
sabían qué documentación darles a quienes estaban en el programa Quédate
en México.
Cuando Marcela, una ingeniera que
llegó a México en diciembre de 2019 en el marco de Quédate en México,
empezó a buscar trabajo en su especialidad, acudió a una feria de empleo
y envió su currículum a numerosas empresas. Sin embargo, según contó,
nadie le daba trabajo porque su visa nunca tenía validez mayor a unos
pocos meses; es decir, hasta la siguiente cita en el tribunal migratorio
de Estados Unidos. Un empleador le dijo que si quería conseguir trabajo
tendría que desistir de su solicitud de asilo en EE.UU. y solicitar
asilo en México.
Blanco de secuestros y extorsión en México
Dieciséis personas entrevistadas por Human Right Watch
dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían
detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de
dólares.
Contaron que los funcionarios las habían amenazado con
deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no
pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al
país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de
migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.
Yaneth y su esposo, Rafael, contaron
que llegaron a Reynosa en autobús en agosto de 2019 y le pidieron a un
taxista que los llevara a un conocido albergue para migrantes. En lugar
de eso, el conductor los llevó a una casa abandonada, donde estaban
secuestradas varias familias procedentes de Honduras, Cuba y El
Salvador. Cuando los secuestradores se enteraron de que la pareja había
venido a buscar asilo en EE.UU., les exigieron USD mil 500 como
“comisión” para cruzar la frontera, y los amenazaron con matarlos si no
pagaban. Luego de que realizaran el pago, los llevaron a un puente
fronterizo. “Nunca denunciamos el secuestro a la policía”, dijo Yaneth. “Teníamos demasiado miedo”.
México te abraza, estrategia de Claudia Sheinbaum
Ante
las ordenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, la presidenta Claudia
Sheinbaum declaró durante la mañanera que el gobierno mexicano brindara
apoyo a las y los migrantes a través del programa «México te abraza»
que busca acompañar en casos de deportación o regreso voluntario.
Asimismo,
se instalarán nueve centros de atención colocados en las ciudades
fronterizas: Matamoros, Reinosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas; Tijuana y
Mexicali en Baja California; así como Sonora, Chihuahua, Coahuila y
Nuevo León.
Secretaría de Gobernación
También
mencionó que los centros de atención para migrantes proporcionarán
servicio de registro y recepción, servicios para la reintegración,
atención a salud, alimentación, así como estancia y alojamientos.
En
cuanto a servicios médicos, las personas repatriadas serán afiliadas al
IMSS junto a su núcleo familiar para que tengan prestación del Seguro
de Enfermedades y Maternidad. Además, las niñas, adolescentes y mujeres
tendrán acceso a vacunas como sarampión, rubeola, hepatitis B,
tuberculosis, neumococo y hexavalente.
Para los traslados desde
los puntos de repartición fronterizo hasta los nuevos centros se tendrán
a disposición 189 autobuses y 100 más para llevarlos a sus estados de
origen.
Sin embargo, quedaran a cargo de la Secretaría de la
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, instancias catalogadas
como las autoridades con mayor número de quejas por violación a derechos
humanos ante la CNDH entre 2020 y 2023, según el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024’ del Centro Prodh.
Por
otro lado, se otorgará la Tarjeta Bienestar Paisano que consiste en una
transferencia de 2 mil pesos a personas mexicanas repatriadas para
cubrir los gastos de su regreso a sus comunidades de origen.
Panorama actual sobre las deportaciones de las mujeres migrantes
El día de ayer, Cimacnoticias publicó una investigación
en el que se hace un recuento sobre el panorama al que aproximadamente
más de 2 millones 200 mil mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos
sin documentos, según datos de El Colegio de la Frontera Norte, y
aquellas que aún buscan cruzar, enfrentarán con la segunda
administración de Trump.
Foto de Rosemary Ketchum: https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-sosteniendo-carteles-de-carton-1464220/.-Ciudad
de México.- Este lunes 20 de enero, el republicano Donald Trump está
por llegar a su segunda investidura como presidente de los Estados
Unidos lo cual ha provocado incertidumbre en diversas partes del mundo
por las ofensivas planteadas pero hoy en especial pone en el foco a las
más de 2 millones de mexicanas quienes residen en el país vecino y que
enfrentan el temor de deportación.
El arribo de Trump al poder le
da el lugar 47 como presidente de Estados Unidos y este regreso a la
Casa Blanca se ha caracterizado por promesas imperialista que amenazan
el Canal de Panamá, Groenlandia o incluso territorio mexicano, porque
durante su campaña presidencial dijo que bombardearía nuestro territorio
para acabar con zonas de los cárteles de la droga, responsables de la
crisis de fentalino en Estados Unidos.
Lo cierto es que esta nueva
era de Trump traerá cambios significativos a la política internacional
los cuales derivarán con secuelas directas a mujeres migrantes mexicanas
quienes permanecen en territorio de Estados Unidos sin documentos de
estancia legal y también a las de otros países que buscan llegar a este
territorio atravesando México, sin dejar de lado una narrativa xenófoba y
de supremacía blanca.
El día previo a la investidura de Trump, la
frontera norte de México con Estados Unidos lució solitaria por el
temor de represalias trumpistas contra la comunidad migrante, incluso,
Texas colocó alambres de púas y vigilancia aérea para evitar el cruce
indocumentado, además convocó a un evento masivo en un mitin donde
reiteró cumplir su promesa de la mayor deportación jamás vista en su
territorio.
De
acuerdo con El Colegio de la Frontera Norte, del total de la población
mexicana viviendo en Estados Unidos sin documentos de estancia legal, el
44 por ciento son mujeres, lo que equivale a 2 millones 200 mil.
El
72% de las personas sin estos documentos de estancia, se encuentran
dentro de la fuerza laboral, el resto son menores de edad, estudiantes, o
personas dedicadas a las labores del hogar. Entre quienes trabajan, lo
hacen principalmente en los sectores de construcción y servicios, por
tanto, en caso de deportaciones masivas, estos serían los principales
sectores económicos afectados en la economía estadounidense.
De acuerdo con la Current Population Survey
realizada de manera conjunta por la Oficina del Censo y la Oficina de
Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y publicada en 2024 (la
fuente estadística más reciente), a la fecha en Estados Unidos habitan
332.3 millones de personas de las cuales poco más de 39 millones son de
origen mexicano, pero de éstas, la gran mayoría, 9 de cada 10, son
ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados.
Con estimaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef),
a partir de la fuente estadística más reciente, en Estados Unidos
residen 13.5 millones de personas sin documentos de estancia legal, de
las cuales poco más de la tercera parte son mexicanas y mexicanos
(36.4%), siendo el grupo más numeroso y el que se vería más afectado. El
resto proviene de al menos 127 países más.
Origen
Frecuencia
Porcentaje
México
4 millones 926 mil 393
36.4%
Centroamérica
2 millones 416 mil 042
17.9%
Asia
2 millones 290 mil 895
16.9%
Sudamérica
1 millón 584 mil 008
11.7%
Caribe
1 millón 051 mil 219
7.8%
África
548 mil 157
4.0%
Europa
488 mil 706
3.6%
Otros
229 mil 565
1.7%
Total
13 millones 534 mil 985
100.0%
Tabla
1. Origen de las personas no autorizadas viviendo en Estados Unidos,
2024. Fuente: Elaboración Colef con base en datos de la Current
Population Survey, Annual Social and Economic Supplement (ASEC) 2024, US
Census Bureau
Texas, California e Illinois,
concentran la mitad de estas comunidad mexicana migrante sin documentos
de estancia legal, aunque en prácticamente todo Estados Unidos existe
población en riesgo.
En cuanto a las entidades de procedencia se
estima que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos no autorizados proceden
principalmente de 10 estados de la República Mexicana: Veracruz,
Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San
Luis Potosí y Puebla.
Para dimensionar este fenómeno migratorio que se ha gestado en las fronteras del norte y sur del país, Cimacnoticias conversó
con Yuriria Salvador, coordinadora de la organización defensora de
derechos humanos de las personas en contextos de movilidad Centro Fray
Matías en Tapachula, Chiapas, así como con la coordinadora de atención
psicosocial de la Casa Refugio Migrante de Hermosillo, Marisol Esparza.
La
advertencia conjunta es: «no es una crisis humanitaria, pero sí un
fenómeno sostenido desde el 2018 que infiere que el modelo de contención
y criminalización del propio Estado mexicano no sólo es obsoleto, sino
también, violatorio a los derechos humanos».
Desde la victoria de
Donald Trump en las elecciones presidenciales, los ataques directos en
contra de la comunidad migrante han sido ensalzados y la promesa de «la
deportación más grande de la historia» se mantiene en el aire, el
contrapeso: caravanas migrantes que apretaron el paso desde hace meses
para cruzar la frontera.
Migración en el cinturón sureño: Chiapas entre narcotráfico, militares y violencia institucional
Desde
el 2 de diciembre, una de las caravanas más grandes -y la tercera desde
el triunfo de Trump- arribó a nuestro país al cruzar la frontera con
Guatemala. Las caravanas, mayormente conformadas por familias, han
estado apretando el paso atravesando Tapachula, Chiapas, una de las
entidades con mayores tasas de crimen organizado donde se gesta una
disputa entre grandes células delictivas del narcotráfico.
En un
breve contexto, el exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón ha sido
señalado por haber dejado a Chiapas sumida en una profunda violencia
luego de permitir la entrada de grupos de narcotráfico a la zona.
Actualmente,
Escandón se desempeña como cónsul en Miami por orden de Sheinbaum a
pesar de estar bajo la mira desde noviembre por enriquecimiento ilícito
según ha documentado la revista Proceso.
Derivado de esta entrada del narcotráfico el país, medios como El País han
documentado el recrudecimiento de una extrema violencia,
particularmente, en contra de la comunidad migrante; se tiene registro
de familias encerradas en jaulas utilizadas para gallos y grupos de
hombres quienes portan un falso equipo de policía y refieren que son
ellos la ley en la región sureña de Chiapas que corre desde Corozal,
Nueva Palestina, Tapachula hasta la frontera de Comalapa.
Según
documenta el medio, Chiapas se ha convertido en un territorio de disputa
entre 2 de las células criminales más poderosas del país: El Cartel de
Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dejando a su paso, una
cadena de asesinatos, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones
por donde hoy, esta caravana migrante se encuentra avanzando en total
desprotección.
Cimacnoticias conversó con Yuriria
Salvador de la casa migrante Fray Matías ubicado en Tapachula, Chiapas
para obtener un panorama más amplio sobre cómo se gesta la dinámica en
la frontera del sur, la violencia enlazada al narcotráfico y la manera
en que se percibe la situación ante la investidura de Donald Trump.
El primer apunte de Yuriria es: “Esto
no es una crisis humanitaria, sino una crisis sostenida desde 2018 que
no se ha podido gestionar ni con políticas públicas, ni con prácticas
enfocadas en la integración de personas migrantes solicitantes de
refugios”.
De acuerdo con la experta en movilidad, humana el
asunto de inseguridad que atraviesa la frontera sur no sólo se trata de
apuntar hacia las células delictivas, sino también, de poner la lupa
sobre el pobre actuar de las autoridades mexicanas que no garantizan un
tránsito seguro, por el contrario, se articulan para ejercer una serie
de violencias institucionales y castrenses para coptar a la población
migrante.
Entre las primeras denuncias de Yuriria Salvador es que,
a partir de la asignación de control y verificación migratoria a la
Guardia Nacional, la violencia ha tenido un preocupante repunte.
“Esto
se ve con el despliegue de 28 mil elementos de la Guardia Nacional
tanto en la frontera norte como en la frontera sur [están] en los
cinturones de contención y aumentaron los puestos de control migratorio a
pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que
los puestos de control y verificación migratoria en lugares diferentes a
los destinados en el tránsito internacional son inconstitucionales”,
explica.
El informe Centros de detención
migratoria: La continuidad de políticas de control y persecución a
personas migrantes de Fray Matías, recopila un conjunto de violaciones
que ha ejercido la Guardia Nacional en contra de la comunidad migrante;
agresiones físicas, gas lacrimógeno, descargas eléctricas, detenciones
arbitrarias y agresiones verbales.
El 15 de junio del 2021, un
aproximado de 30 personas, mayormente haitianas, protestaban en la
Estación Migratoria Siglo XXI en contra de malos tratos, pues recibían
alimentos en descomposición y ante las pobres respuestas de las
autoridades, decidieron realizar una manifestación; en respuesta, el
equipo antimotines de la Guardia Nacional y el Servicio de Protección
Federal irrumpió en la estación ejerciendo una serie de torturas en su
contra.
En este contexto, se documentó el caso de un hombre
peruano, quien fue detenido tras acercarse a un policía local
solicitando información sobre el acceso al Procedimiento de
Reconocimiento de la Condición de Refugiado. En la estación migratoria
se le negó el acceso al procedimiento, fue puesto en el módulo de
personas vulnerables en el que doce agentes de migración lo golpearon en
el baño, recopila el informe.
Lo que se gesta al interior de los
centros de detención son múltiples violaciones a los derechos humanos
pues se obedece a una fuerte estructura carcelaria sostenida en la
criminaización, la tortura e incluso, violencia sexual en contra de
mujeres y adolescentes algo que Fray Matías ha documentado de manera
reiterada.
En 2019, una joven salvadoreña embarazada, presentó una
denuncia luego de que, tras ser detenida, el médico nocturno en turno
la violentara sexualmente, lo que le produjo un aborto espontáneo y la
pérdida inminente del bebé. Asimismo, se le negó atención sanitaria al
presentar sangrado, hechos que han sido documentados en la carpeta de
investigación CNDH/5/2019/8936/Q.
En la frontera sur del país, no
sólo arrecia la violencia derivada de una disputa con actores del
narcotráfico, sino además, la violencia de la Guardia Nacional que se ha
apropiado de la zona y que su presencia, dice Yuriria, advierte un
incremento del hostigamiento sexual en contra de mujeres migrantes, pero
también, la criminalización migrante a través de prácticas raciales
como el perfilamiento.
El remate del panorama es que, se une un tercer responsable: El propio Instituto Nacional de Migración.
“El
instituto anunció con bombo y platillo que quitarían más de 30 puertas
de la estación migratoria siglo XXI, sin embargo, el modelo carcelario
aún se refleja en la incomunicación con el exterior en el que las
personas están, no tienen acceso a la información, muchas veces son
separadas de su familia, no tienen acceso a salud y menos a productos de
gestión menstrual, también, se ve en distintos elementos de
manipulación como tener encendida la luz 24 horas, restringir
necesidades como ir al baño o tomar agua, todo esto, es un modelo
carcelario, el instituto intimida a las personas para que desistan de
cualquier procedimiento migratorio”, dice Yuriria Salvador.
Desde
Fray Matías, se ha identificado que las y los funcionarios del INM
amedrentan a las personas desincentivándolas a solicitar asilo y
cosechando el miedo advirtiéndoles que pasarán por un proceso de
detención cuando esto no siempre es verdad.
¿En dónde está fallando el INM?: Para
nosotras es muy preocupante que la persona, en cadena de
responsabilidad, responsable de la muerte de 40 personas en el incendio
en Ciudad Juárez siga al mando de esta institución y que además se vea
siempre despegado, del tema de movilidad por una parte, por otra, que
esto no es una cuestión de política migratoria solamente, sino de
política Social en su conjunto reconociendo que las personas migrantes
representan una parte importante de la población en este país.
Este
panorama de lo que atraviesa la frontera sur está ligado directamente
con las expectativas que se tienen sobre Donald Trump, porque mientras
se carga el discurso anti inmigrante sobre los hombros del republicano,
para Yuriria, la increpación colectiva y social debería estar, más bien,
sobre el estado mexicano que, advierte la especialista, no cuenta con
políticas interseccionales, ni siquiera, con datos certeros de cuántas
personas migrantes acceden a servicios de salud, educación, vivienda o
empleo.
Donde sí se debe poner el dedo, es en señalar que las
deportaciones y violencia en contra de la comunidad migrante no es sello
exclusivo de Trump, sino una política efectiva que se ha ejercido por
debajo del agua bajo la administración de otros mandatarios como Barack
Obama o Biden, la diferencia esencial, es que el trumpismo apela
al nacionalismo estadounidense y utiliza este discurso anti inmigrante
como bandera, lo que podría abrir la ventana para mayores picos de
xenofobia o racismo.
En un breve repaso, se recuerda que Obama
deportó a un total de 2.8 millones de personas migrantes, el 47% de
ellas, sin ningún antecedente penal; sólo en su primer año de gestión,
expulsó a 391 mil 438 personas, siendo el principal objetivo de su
administración, las adolescencias no acompañadas y ejerciendo la
separación de familias, ganándose el apodo entre la comunidad latina de “el deportador en jefe”,
considerado el presidente con los números más altos de deportaciones
irregulares y violentas en la historia de los Estados Unidos, de acuerdo
con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés).
En 2016, Donald Trump amagó en campaña con la promesa de
que deportaría a 11 millones de personas lo que encendió las alarmas
internacionales y por supuesto, apretó el cuello de México, sin embargo,
durante su primer año de gestión suavizó el discurso y deportó a 177
mil personas menos que su par Barack Obama en 2009, según información de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP,
por su sigla en inglés).
“Desde
las organizaciones sabemos que con administraciones como Biden y Obama
el número de deportaciones se elevó bastante, sin embargo, que un tipo
como Trump lidere un país, esos discursos de odio sí abren la puerta
para prácticas de odio, racismo, xenofobia o discriminación, pero no sé
si en política efectiva representa un cambio radical, nosotras pensamos
que no, lo que sí es un riesgo es que eche para atrás el CBP1”.
Yuriria
Mujeres migrantes al norte del país y asociaciones civiles rebasadas
Desde
el anuncio de su triunfo, la comunidad migrante ha comenzado a tocar la
puerta de la Casa del Migrante Saltillo en Coahuila, anunciando la
carrera por cruzar antes de la toma de posesión de Trump; las personas
comenzaron a moverse de manera inmediata hacia la frontera del norte y
la idea de que enero era el mes límite para cruzar, se convirtió en un
fenómeno colectivo de encrucijadas: Esperar una respuesta o rendirse.
Las
personas no sabían qué hacer, narra Marisol Esparza, no sabían si su
mejor opción era entregarse a la migración americana o si mejor
solicitaban refugio en México.
“Algunos
de ellos siguen varados sin saber qué hacer, [no saben] si seguir
esperando o entregarse. Creo que vamos a empezar a ver movimientos hasta
después de que asuma el mandato, eso, por una parte, algunas otras
personas siguen esperando que la CBP siga funcionando aún cuando asuma y
que pronto les llegue la cita para poder entrar de forma legal a
Estados Unidos, pero en general, se vive un ambiente de mucha
incertidumbre, desesperanza porque cada vez se acortan las opciones.
El
ambiente dentro de la organización, dice, es de mucha incertidumbre
porque en caso de que las deportaciones masivas comiencen a darse entre
enero – febrero, considerando que Trump prometió que esta sería su
primera acción al frente del país, los recursos humanos y materiales de
las casas migrantes fronterizas no son lo suficientemente vastos como
para atender a toda la población -mexicana o no- que es colocada en
nuestro territorio bajo condiciones de vulnerabilidad; sin trabajo,
servicios básicos, atención médica, orientación legal.
¿Qué
comenta la comunidad migrante al interior de la Casa del Migrante
Saltillo?: Nosotros seguimos recibiendo quejas acerca de que el
Instituto Nacional de Migración (INM), sigue ejerciendo violaciones a
los derechos humanos, afectando especialmente a mujeres e infancias.
Tenemos reportes de que les llevan a estaciones migratorias en lugar de
algún albergue adecuado para familias.
Según explica Marisol Esparza en conversación con Cimacnoticias,
las mujeres enfrentan una serie de violencias a comparación de sus
congéneres; INM les roba dinero, les rompen documentos, cancelan sus
citas en Aduanas de Estados Unidos, (CBP One) e incluso tortura sexual en aras de supuestas revisiones.
Entre
las que destacan la salida de sus hogares, el tránsito, el destino y, en
algunos casos, el retorno a su país de origen o la repatriación, en
cada una de las cuales, pueden converger muchos tipos de violencia como
la comunitaria, institucional, económica y sexual. Además, existe una
altísima incidencia que mujeres de origen centroamericano no viajen
solas, sino con hijas e hijos por lo que es indispensable generar
condiciones para que no sea revictimizadas.
Dentro de la
organización Casa del Migrante Saltillo se realizan entrevistas
múltiples a diferentes comunidades migrantes con el objeto de
identificar violaciones a los derechos humanos sistémicas y necesidades
prioritarias para grupos diversos.
Según refiere Esparza, dentro
del grupo de las mujeres migrantes no han referido alguna agresión al
interior de las caravanas, sin embargo, los principales agresores de
este sector es el crimen organizado, policías estatales y municipales.
En
cuanto a necesidades, las mujeres en la frontera norte de Saltillo han
expuesto que la principal preocupación es la nulidad de espacios de
cuidados porque son madres autónomas quienes viajan acompañadas de sus
hijas o hijos y atraviesan una serie de interseccionalidades que no les
permiten avanzar de manera más pronta hacia los Estados Unidos, pues en
su proceso de movilidad, se ven forzadas a realizar trabajos desde la
informalidad para poder costear las necesidades de alimentación e
higiene de las infancias a su cargo.
Además no tienen acceso a
guarderías y el tiempo de estancia en México se puede llegar a hacer
mucho más extenso que el de sus congéneres debido a las
responsabilidades de cuidado.
“Una
vez que llegan a un albergue o [se asientan] viviendo en la calle no
tienen dónde dejarlos y no pueden acceder a un trabajo de manera formal.
Una de las necesidades prioritarias es un programa de guarderías para
estas mujeres que viajan solas con sus hijos porque como deben trabajar
durante el trayecto migratorio, el proceso migratorio va haciéndose más y
más largo. En ese tiempo, las infancias dejan de ir a la escuela, de
aprender y de atenderse en materia de salud”, dice Marisol Esparza.
Un
apunte necesario es que el pasado 5 de septiembre, la entonces titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, firmó un
documento a través del Open Society Foundations que estipula
una inversión de 8 millones de pesos para garantizar seguridad, refugio,
atender llamadas de violencia, impulsar un modelo de cuidados que
impulse el empleo de las madres migrantes, entregar kits de gestión
menstrual y asesoría psicológica para las mujeres sobrevivientes de
violencia.
Sin embargo, a 4 meses de haberse firmado este
documento no hay más registro documentado en las páginas oficiales de
gobernación y no hay pista que apunte cómo y en dónde se está
invirtiendo este recurso; recurso especialmente indispensable ante el
contexto de movilidad actual con amenazas latentes de deportaciones
masivas.
De
acuerdo con el hoy extinto, Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), las mujeres que atraviesan el país provienen de otros
países hispanos, con mayor incidencia, de Centroamérica.
Entre las
principales características de las mujeres migrantes de la región norte
de Centroamérica, se encuentra que tienen entre 24 y 28 años, con una
escolaridad entre primaria y secundaria, así como que una cuarta parte
provienen de comunidades indígenas y hablan alguna lengua indígena.
Una
gran proporción tienen como situación conyugal la unión libre, más de
la mitad son madres y su principal causa para migrar es por la necesidad
de un empleo o para mejorar sus condiciones laborales.
Por ello,
hacerlas garantes de su derecho a la inclusión laboral y a sostener sus
cuidados en conjunto con el Estado mexicano resulta en una de las
apuestas más importantes en materia de derechos humanos en contextos de
movilidad.
Desde la mirada de Marisol Esparza, especialista en
atención psicosocial, estas condiciones de vulnerabilidad y trabajo de
cuidados que cargan solas, terminan por mermar seriamente en la salud
mental de las infancias y sus madres.
«No
hay tiempo de dar atención a síntomas de preocupación, insomnio o
estrés, por lo que cuando comienzan a acercarse a su destino fronterizo,
estos padecimientos ya son crónicos y se manifiestan como depresión y
ansiedad, explica Esparza. Por ello, más allá de todo discurso político
del Estado mexicano de prever a la población migrante o la opresión del trumpismo que
intenta amagar, es urgente que existan políticas de cuidado e
interseccionales que blinden las necesidades de los diversos grupos que
pretenden cruzar la frontera norte».
Sobre el asunto de políticas migratorias y de género, Cimacnoticias conversó
con Ana Elena Contreras, asesora de derechos humanos quien refiere que,
cuando hablamos de mujeres en contextos de movilidad, hablamos de una
violencia aún más recrudecida en donde no se cuenta con redes familiares
y mucho menos con certezas cuando hablamos de migración; recurso
extremo y último de las personas, “podemos imaginar el tamaño de la
necesidad de las madres”.
“Cuando
hablamos de mujeres que maternan y que están en proceso de migración se
tiene que incluir a las infancias, considerar sus derechos y darles
acceso a los servicios básicos como lo son el cuidado, salud, y
educación. En el caso de las madres, el derecho humano del acceso a un a
un espacio laboral, que le permita la sobrevivencia menciono, por
ejemplo, la necesaria acción de no precarizar los espacios laborales que
no brindan la misma calidez que se esperaría a una persona que no es
migrante, parte de lo que denuncian las mujeres es que, en cuanto hay
una falta de documentación, pues inmediatamente hay violencia que se
atraviesa, ya sea que se les niega los espacios o se les se les
precariza dándole un salario muy por debajo de lo que deberían dar;
muchos tipos de violencia ligadas a la discriminación”, explica Ana
Elena Contreras.
Estas condiciones de movilidad son
bien conocidas al interior de los refugios y casas migrantes que han
puesto el cuerpo para sostener el flujo migratorio en nuestro país, sin
embargo, el agotamiento de los recursos y la falta de apoyo estatal han
comenzado a mermar la capacidad de continuar ejerciendo esta labor.
Según explica Marisol Esparza, al norte del país, se avizoran meses
bastante complejos para la población migrante; primero, porque los
países de origen de este sector no han mejorado en lo absoluto en
materia social, política y económica -recordando la crisis sostenida en
Haití o el ascenso de Maduro en Venezuela-; en segunda, porque aunque
las organizaciones de la sociedad civil están listas para enfrentar
cualquier ofensiva política anti-migratoria, el recurso no es
suficiente.
“Sabemos
que los países de donde vienen estas personas migrantes no han mejorado
en lo absoluto en tema económico, social, político y de seguridad, todo
está peor, por lo que creo que la gente seguirá saliendo de estos
países y a México le va a tocar recibirlos, bueno, a la sociedad civil y
no estamos preparados; no estamos preparados en cuanto a servicios,
recursos humanos materiales y económicos para recibirlos. Pero estamos
listos mentalmente de que los meses que vienen son sumamente complejos y
que nos toca a nosotros la sociedad civil acompañarles en su paso por
México independientemente de si sea de paso o si deciden quedarse aquí”,
dice Marisol Esparza de la Casa del Migrante Saltillo.
¿Realmente
se advierte un problema migratorio o todo se trata de un alarmismo
colectivo?: Lo que sabemos es que los discursos de odio hacia los
migrantes son bastante reales y creo que en los próximos meses veremos
cómo estos discursos de odio se transforman en medidas y políticas de
Estados Unidos, para México vienen meses bastante complejos, zanja
Esparza.
Entre «planes elaborados», botones y recortes al presupuesto
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación – Análisis funcional programático económico,
apartado de protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes
para las y los mexicanos en el exterior enfrentaron un recorte
presupuestario de $33 millones 535 mil 863 con respecto al 2024; una
pérdida de 9.8% en términos reales.
Año
Gasto total
2024
557 millones 728 mil 121
2025
524 millones 192 mil 258
Fuente: Ramo 5 Relaciones Exteriores Presupuesto de Egresos de la Federación
Esta
pérdida de recursos implica un debilitamiento en políticas de
protección, orientación y apoyo para la población migrante en caso de
enfrentar un proceso de deportación.
De acuerdo con la Secretaría
de Relaciones Exteriores, este ramo de protección y asistencia es el
encargado, entre otras cosas, de evitar que la población mexicana sea
víctima de daños, perjuicios e injusticias, que las personas sean
discriminadas y promover programas de protección preventiva para las y
los mexicanos que residen en el extranjero, indistintamente si es de
manera legal o irregular.
Esta pérdida de recursos implica un
debilitamiento en políticas de protección, orientación y apoyo para la
población migrante en caso de enfrentar un proceso de deportación.
Para
la Secretaría de Relaciones Exteriores, este ramo de protección y
asistencia es el encargado, entre otras cosas, de evitar que la
población mexicana sea víctima de daños, perjuicios e injusticias, que
las personas sean discriminadas y promover programas de protección
preventiva para las y los mexicanos que residen en el extranjero,
indistintamente si es de manera legal o irregular.
Durante la
conferencia de prensa matutina del 16 de enero, la presidenta Claudia
Sheinbaum intentó apaciguar el panorama migratorio pidiendo mantener la
calma al margen, pues el gobierno federal ya tenía armado un sólido
programa para atender las probables deportaciones masivas que ha
prometido Donald Trump en campaña como primera acción al poder.
Sin
embargo, este «muy elaborado plan» no será revelado hasta que se
conozcan cuáles serán las primeras políticas migratorias de Trump, para
entonces, poder accionar este plan de emergencia.
«Ya
tenemos un plan muy elaborado solo que vamos a esperar a lo que vaya a
anunciar el presidente Trump para poderlo informar, y se ha estado en
coordinación con los gobernadores, las gobernadoras, todas las
secretarías del gobierno para poderle dar todo el apoyo que requieran a
nuestros paisanos y paisanas».
Claudia Sheinbaum
Este plan –hasta la publicación del artículo–
fantasma, se articula con el llamado Programa de Apoyo para las y los
Mexicanos en Estados Unidos dado a conocer en diciembre, una segunda
acción del gobierno que ha producido serias especulaciones sobre si,
verdaderamente, se entienden los derechos humanos de las personas en
situación de movilidad o si los programas son endebles en materia de
interseccionalidad
Según presentó el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dentro de este programa,
se encuentra el botón de alerta migrante, una aplicación que pretende
notificar de manera auxiliar a los consulados mexicanos que una persona
está siendo víctima de una detención arbitraria; esta notificación
inmediata permitiría a las autoridades actuar de manera expedita y
ofrecer apoyo, sin embargo, a pesar de que se prometió que entraría en
vigor desde el 6 de enero, la aplicación continúa congelada luego de no
obtener los permisos suficientes en las tiendas de android y apple.
Como
parte de la estrategia y por instrucciones de Claudia Sheinbaum, de la
Fuente refirió durante la mañanera que ya se ha fortalecido el Programa
de Asistencia Jurídica a través de Asesorías Legales Externas (PALE) con
la contratación de 329 asesorías en materia legal, que junto a la red
consular, verificará que se cumpla el debido proceso ante la detención
de connacionales, de acuerdo al marco jurídico internacional, a la
Convención de Viena y la legislación estatal.
Asimismo, entre otras acciones contenidas en el Programa de Apoyo para las y los Mexicanos en Estados Unidos,
se ha prometido fortalecer los 53 consulados estadounidenses y “echar a
andar” el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas
(CIAM) para brindar apoyo legal vía telefónica y atender a través del ya
mencionado botón de auxilio.
“Y, finalmente, hay un Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, lo que se conoce como un call center
que ya está funcionando 24 por 7, y que pronto va a tener también la
posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo: Un
Botón de Alerta que ya se puso, de hecho, en práctica en pequeña escala
en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde, en
caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un
Botón de Alerta, esta manda una señal al Consulado más cercano y a los
familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y,
desde luego, a la Cancillería en México”.
Juan Ramón de la Fuente
Sin
embargo, el mérito de “echar a andar el CIAM”, como presume la página
oficial Gobernación, podría resultar ajeno, considerando que esta
herramienta tiene 17 años en funcionamiento y que durante todos estos
años, ha ofrecido su servicio para la comunidad migrante por lo que sus
antecedentes son incompatibles con la palabra “novedad” como se presumió
durante la mañanera del pueblo.
El
hoy conocido como CIAM se remonta al 8 de diciembre del 2008 cuando
inició sus operaciones bajo el nombre “Centro de Llamadas de Protección
Consultar para las Personas Mexicanas en el Estado de Arizona (Call
Center)” bajo la orden del Programa Especial de Protección Consular
(PEPAC), que pretendía ofrecer un servicio inmediato a las personas
mexicanas que habitaran en esa entidad.
Durante 5 años este “call center”
atendió más de 16 mil 900 llamadas, el 74 por ciento de ellas, por
motivos de protección. El resultado fue tan óptimo que para abril del
2013 este programa mutó a algo más grande por orden de la Dirección
General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCPE),
quienes pusieron -verdaderamente- en marcha el Centro de Información
sobre Actualidad Migratoria (CIAM) con sede en las instalaciones del
Consulado de México en Tucson, Arizona.
La apertura del apodado Call Center
de Arizona puso la primera piedra para la apertura del CIAM que
conocemos a la fecha y que arrancó en funciones un 15 de abril de hace
12 años.
Aunque la cobertura nacional en Estados Unidos conllevó
meses de esfuerzo, se comenzaron a abarcar de manera paulatina
diferentes partes del país, cubriendo, en primera instancia, la región
suroeste del país, después la oeste, seguida de la zona centro para
concluir con la zona este, abarcando la totalidad del territorio
estadounidense.
De esta manera, se articulan los grandes pilares
que pretenden sostener a la comunidad connacional en caso de la
“deportación más grande de la historia” y mientras la política
migratoria para las y los mexicanos se gesta, el otro brazo del Estado
contiene y asfixia las caravanas migrantes al sur del país.
Las expectativas sobre Claudia Sheinbaum y en dónde redoblar esfuerzos
Para
Yuriria Salvador aún es muy pronto para saber de los alcances de la
política migratoria de Claudia Sheinbaum, sin embargo, en aras del Plan
Nacional de Desarrollo, se espera que el Gobierno Federal realmente
escuche a los consejos consultivos y ciudadanos con personas en
situación de movilidad; esta acción sería una reconquista necesaria que
se perdió durante la gestión lopezobradorista cuando se emprendió una
campaña de golpeteo político en contra de las organizaciones acusadas de
ser opositoras.
“Fue un retroceso importante en el sentido de
que poco se consultó a la sociedad civil y a las propias comunidades
migrantes sobre política migratoria, por el contrario, hubo una
tendencia de la administración anterior de legitimar a las
organizaciones, a cualquiera que tuvieran posicionamiento distinto al
del Ejecutivo esperamos que eso cambie que haya mayor apertura a recibir
estas propuestas y que entonces sí se puedan consolidar nuevas
prácticas y políticas migratorias con enfoque de integración.”
Entre los principales aciertos que nuestro país ha alcanzado -y que también es necesario reconocer- se encuentra:
Armonización
de la Ley de Inmigración con la Ley General de niños, niñas y
adolescentes que prohíbe la detención migratoria de la niñez y sus
familias. Esta reforma necesita, con urgencia, ser realmente una
política pública que fortalezca a las procuradurías estatales.
El
segundo avance importante son las disposiciones de la Suprema Corte
sobre regular las 36 horas de plazo administrativo de la detención que,
como resultado, ha producido menores registros de tortura, sin embargo,
se debe recordar que la población migrante aún puede ser detenida de
manera reiterada, la victoria es: Entre menos tiempo la comunidad
migrante esté bajo el control de las autoridades, habrá más seguridad y
menos riesgo de prácticas deshumanizantes.
En un intento de
mantener las relaciones diplomáticas intactas, México ha recurrido a
acuerdos que permitan contener la crisis migratoria y mantener bien
amarrada la relación con Estados Unidos; un movimiento político que
realizó con Joe Biden, e incluso, con Donald Trump durante su
administración pasada.
Sin embargo, estos presuntos acuerdos
bilaterales México – EUA no han contemplado los derechos humanos, por
el contrario, sólo han acrecentado la vulnerabilidad y el estado
mexicano se ha convertido en segundo verdugo propiciando programas como
Quédate en México, Asegurando la Frontera o Elusión de Vías Legales.
El
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denuncia que, México
ha obligado a personas que buscan protección internacional a esperar en
las zonas más inseguras de México, sin acceso a derechos fundamentales y
con una resolución congelada en los tribunales. Además, entre 2019 y
2021, más de 71 mil personas fueron deportadas a México, muchas de
ellas, bajo circunstancias de extrema vulnerabilidad y precarización.
El
IMUMI advierte que es muy probable que, con la nueva administración de
Trump, se busquen acuerdos similares con México e incluso, más
restrictivos. La mirada alarmista no sólo debe estar encima del discurso
republicano y la manera en que actuará en los próximos días, sino
también, el reflector debe girarse hacia nuestro país, pues será
responsabilidad del poder ejecutivo pautar límites, poner al centro los
derechos humanos, reconocer las interseccionalidades de las mujeres que
son bandera en el gobierno de la llamada “República de las Mujeres” y no
eludir sus obligaciones legales internacionales; es urgente que México
reconozca su responsabilidad en este proceso, pues no está libre de la
opresión sistémica, si se articula con las políticas enemigas y
carcelarias del trumpismo.
CIMAC Foto: César Martínez López.-Ciudad
de México.- Aunque no es la estación del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, con más afluencia diaria, lo cierto es que Pantitlán,
desde que fue inaugurada en 1981, ha supuesto un punto básico de
desplazamiento, pero también un punto de aglomeraciones sofocantes para
las personas que la utilizan, como es el caso de Diana Cristal y
Monserrat, quienes han aprendido a vivir con esto cada día.
De
acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2024,
Pantitlán tiene registro de 2 millones 415 mil 670 personas que lo usan
diariamente y ante cualquier falla o desperfecto, ese funcionamiento de
desplazamiento continuo se ve interrumpido, pero esto se contrasta con
las y los usuarios porque el flujo de personas no se detiene, ya que
necesitan abordar para salir de la zona oriente de la ciudad.
Con
la llegada de los teléfonos móviles, es común observar que las personas
graben estos tumultos y los compartan en redes sociales, eventos que son
vistos desde varias perspectivas: indignación, rabia, coraje o risas.
Uno
de estos momentos quedó grabado el pasado 21 de enero de 2025, cuando
esta estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de
México anunció la suspensión del servicio en la línea A para el retiro
de un convoy.
Lo cual provocó aglomeraciones que se viralizaron a
través de redes sociales. Estos tumultos se han vuelto parte de lo
cotidiano para Diana Cristal quien debe subirse cada día a Pantitlán
para desplazarse.
Como profesora adjunta en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Diana Cristal debe transbordar
en Pantitlán, lo cual es toda una travesía, particularmente porque
utiliza esta vía para regresar a su casa ubicada entre metro Santa Marta
y la estación del Metro Los Reyes, y debido a las aglomeraciones que se
presentan diariamente, sufre de ataques de pánico.
Esta situación
la ha llevado a utilizar medidas que considera: «los hombres no
utilizarían», como emplear los codos rodeando su pecho para no recibir
algún golpe. Además, mencionó que las mujeres «llevan todas las de
perder» al tener que implementar este tipo de conductas para
salvaguardar su seguridad.
Ejemplo de ello es la reciente
aglomeración que se viralizó gracias a publicaciones en redes sociales,
cuando el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció el cierre
temporal del cruce entre Pantitlán y la Línea A.
En los videos se
puede observar que la gente debe caminar a un ritmo pausado en un
espacio saturado para llegar al transbordo de esta estación y como
resultado cuatro personas terminaron heridas.
Se
trata de un pasillo “en forma de serpiente”, que las personas recorren
para transbordar a las diferentes líneas que convergen en la estación:
la 1 que recorre hasta Observatorio; la 5 que viaja a Politécnico; la 9
que va en dirección a Tacubaya y la A que se dirige hasta La Paz.
Sin
embargo, para controlar la afluencia en la circulación y evitar que
alguien caiga a las vías, es común que se realicen cortes en donde se
abren y cierran rejas después del cruce de cierto número de personas. Al
permitir el acceso es cuando la aglomeración se vuelve peligrosa para
las mujeres, ya que la gente avanza de forma rápida llegando incluso a
empujar a otros.
“Es
lo mismo. La desesperación de querer pasar y querer ser los primeros en
estar al principio del andén para abordar los trenes (…) Es demasiada
la gente que se acumula en las horas pico” -Montserrat Mendoza, egresada de la UNAM.
Monserrat
De lunes a viernes, Monserrat Mendoza, recién egresada de la universidad, debe utilizar el transbordo de la estación Pantitlán para
llegar a su servicio social en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), lo que le llevará al menos hora y media de
desplazamiento.
De esta manera, Montserrat recorre toda la línea A, desde La Paz hasta Pantitlán.
Posteriormente transborda a la línea 8 para llegar a Centro Médico y
realiza un segundo cruce a la línea 3 para terminar en la estación
Universidad. Esta ha sido su ruta de viaje desde que, el término de la
pandemia de COVID-19 le permitió volver a las aulas en 2022.
Crédito: Sistema de Transporte Colectivo Metro
En
su experiencia, las aglomeraciones en el transbordo de la estación
Pantitlán se presentan diariamente, sobre todo en horas pico, entre las 7
y 9 de la noche, cuando las personas que viven en los municipios
conurbados del estado de México van de regreso a sus hogares después de
realizar sus actividades en la Ciudad de México.
Pantitlán, la estación más peligrosa para las mujeres
En 2024, la afluencia total en
esta estación alcanzó los 10 millones 147 mil 352 desde la Línea 1; 18
millones 498 mil 476 desde la línea 5; 4 millones 416 mil 447 desde la
línea 9; y 8 millones 483 mil 628 desde la línea A, según datos
proporcionados por el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
CIMAC Foto: César Martínez López
La creación de la estación Pantitlán es
el resultado de la necesidad de colocar una vía de transporte para las
personas del estado de México que se desplazan a la capital. La encuesta
origen-destino reveló que, en 2017 alrededor de 8.69 millones de
mexiquenses debían realizar al menos un viaje entre semana a la Ciudad
de México, siendo el metro el transporte público usado por 2.39 millones
de usuarias y usuarios.
No obstante, al ser una de las
estaciones más utilizada por mujeres, no está exento de presentar signos
de violencia contra ellas. De acuerdo con Mercedes Sánchez Plascencia,
geóloga de la UNAM, Pantitlán es una de las estaciones con mayor número
de agresiones sexuales entre 2020 y 2024 con un número de 422 registros.
Mapeo realizado por Mercedes Sánchez Plascencia
Según comentó en entrevista con El Financiero,
para realizar el mapeo consultó registros de carpetas de investigación
abiertas ante la Fiscalía General de República en el portal del INAI.
Además, entre su investigación encontró que, a nivel general las
estaciones donde existen el mayor número de agresiones o violencias
contra las mujeres son las que cuentan con más afluencia y donde se
realizan transbordos.
Siguiendo el análisis de ONU Mujeres, el
72.9% de las encuestadas refirió que el metro es uno de los lugares
públicos donde mayor número de violencias contra las ellas. A su vez, es
el sexto sitio donde mayor miedo sienten.
Entre las violencias
registradas estuvieron miradas lascivas, piropos, tocamientos, palabras
ofensivas o despectivas, miedo de sufrir ataque sexual, muestra de
genitales, masturbaciones públicas, persecución, propuestas sexuales,
toma de fotografías sin su consentimiento, eyaculaciones públicas y
violaciones.
Manifestación violenta
Hombres desconocidos
Hombres conocidos
Policías
Operadores de algún transporte
Otro
No sabe/no especifica do
Le susurraron cosas al oído
92.8%
2.2%
1.8%
2.6%
0.5%
0.1%
Le miraron morbosamente el cuerpo
83.5%
1.8%
6.8%
7.6%
0.3%
0.1%
Ellos le mostraron los genitales
95.4%
1.2%
0.2%
2.3%
0.4%
0.5%
Ellos se tocaron los genitales o se masturbaron en frente de usted
96.1%
0.4%
0.6%
2.6%
0.2%
0.1%
Le dieron una nalgada
98.2%
0.6%
0.1%
0.9%
0.0%
0.2%
Se le recargaron con el cuerpo con intenciones de carácter sexual
98.3%
0.6%
0.3%
0.5%
0.2%
0.1%
Le han tomado fotos a su cuerpo sin su consentimiento
90.1%
5.6%
1.1%
0.8%
1.9%
0.5%
Eyacularon enfrente de usted
96.9%
1.6%
Sin datos
Sin datos
1.6%
Sin datos
Le hicieron propuestas sexuales indeseadas
82.0%
11.7%
2.0%
2.8%
1.1%
0.4%
Le hicieron sentir miedo a sufrir un ataque o abuso sexual
92.0%
2.2%
1.7%
3.6%
0.3%
0.2%
La persiguieron con intención de atacarla sexualmente
95.%
2.2%
0.6%
0.8%
0.5%
0.8%
La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales
59.8%
27.8%
0.9%
1.0%
9.3%
1.2%
Le dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto de usted o de las mujeres
83.9%
4.0%
4.1%
6.7%
0.9%
0.3%
Le dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual
80.8%
1.3%
7.1%
10.3%
0.4%
0.1%
Datos extraídos de la Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de México
Entre
los horarios identificados estuvieron de las 5 am a las 7 am, de las 8
am a las 10 am, de las 2 pm a las 4 pm y de las 5 pm a las 7 pm. Aunque
la mayoría apuntaron a que “en cualquier hora” han visto agresiones y
violencia contra las mujeres.
‘Viaja segura’, programa en apoyo a mujeres violentadas en el metro
Ante
el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres, el Gobierno de la
Ciudad de México ha implementado diferentes medidas para tender la
problemática como los módulos de atención denominados ‘Viaja Segura’. El
objetivo es prevenir, atender, y sancionar la violencia sexual cometida
contra las mujeres que viajan en el metro.
Se debe resaltar que
los módulos se encuentran únicamente en las estaciones Balderas,
Hidalgo, Mixcoac, Pantitlán, así como Guerrero y Pino Suarez, estas dos
últimas se encuentran cerradas para su reubicación.
Crédito: Sistema de Transporte Colectivo Metro
De
acuerdo con la página web del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
los datos de atención a niñas y mujeres recopilados por los módulos
están desactualizados con un corte de 2017, siendo que se dio ayuda
psicológica a 45 mujeres y atención jurídica a 369 entre enero y mayo.
.-Matar
es quitar la vida. Feminicidio es matar a una mujer por serlo ¿Cómo
llamar a una violencia misógina que puede quitarle la vida a una mujer a
pedradas, empujarla al suicidio a fuerza de encierro y prohibiciones o
despojarla de su calidad de persona y condenarla al encierro, el
silencio y la sumisión, como sucede hoy en Afganistán?
No es sólo
violencia feminicida. Es un afán de control total aunado a una
discriminación de género a ultranza que activistas y ONGs defensoras de
los derechos de las mujeres llaman “Apartheid de género”, práctica
sistemática que debería tipificarse como “crimen contra la humanidad”,
ante la cual la comunidad internacional debería responder como lo hizo
ante el Apartheid racista sudafricano en el siglo XX, con sanciones y
boicots reales.
Desde la toma del poder por los Talibanes en 2021,
ha caído sobre las mujeres y niñas afganas, en efecto, una catarata de
prohibiciones que hoy, literalmente, las están matando en vida.
Esta
no es consecuencia de la ley islámica sino de la interpretación
extremista con que el régimen ha buscado regimentar la vida privada,
religiosa y social de hombres y mujeres, y sojuzgar a éstas.
Las
normas talibanes someten a toda la población a una pretendida verdad
religiosa, impuesta por líderes fanáticos. Los derechos humanos han
caído en el olvido ante la legitimación de castigos crueles para delitos
de todo tipo, mientras que ejecuciones sumarias, detenciones y torturas
acaban con la oposición y la disidencia.
Así, las normas
“religiosas” imponen a los hombres un determinado largo de barba, por
ejemplo; determinan horas específicas en que los taxistas y sus clientes
deben rezar para cumplir con su deber religioso… El peso del fanatismo
aplasta sobre todo a aquellas que el régimen decía considerar “seres
humanos libres y nobles” y no “propiedad” de sus maridos (ley de
matrimonio y propiedad, 2021) y a las que, en los hechos, ha
deshumanizado, reducido a seres vivos que sirven, como afirmara una
activista, para la reproducción y el pesado trabajo doméstico.
En
contraste con las libertades y derechos de que gozaron bajo la ocupación
de Estados Unidos (2001-2021) y en épocas anteriores al primer régimen
talibán (1996-2001), las mujeres afganas han visto reducirse su
libertad de movimiento, expresión y desarrollo en menos de cinco años.
Si en
los inicios del régimen actual todavía podían ir algunas a la
universidad, trabajar en áreas de educación y salud, y se les exigía
portar el hijab pero no la burka, pronto los Talibanes recuperaron políticas misóginas previas, con mayor saña.
Según el reporte Alerta de Género II de ONU Mujeres,
para fines de 2021 ya habían eliminado el Ministerio de Asuntos de las
Mujeres y creado el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la
Prevención del Vicio; habían restringido la educación formal de las
niñas a la primaria; excluido a las mujeres de la función pública.
En
años recientes, determinaron que éstas sólo pueden salir de casa en
caso necesario y, de hacerlo, deben taparse la cara por completo (con un
tapabocas además de la burka) e ir con un acompañante (marido o familiar cercano), so pena de arresto.
ONU
Mujeres ha señalado el aumento de suicidios de mujeres y de la
violencia intrafamiliar, en un país que ya tenía una altísima tasa de
violencia machista, y ha planteado que la exclusión de las mujeres de la
vida laboral implica una reducción inmediata de 5% del PIB y, sobre
todo, un aumento de la pobreza en un país miserable, con estragos
inimaginables para mujeres y niñas en particular.
Hoy, además de
no poder trabajar fuera de casa- excepto como parteras y maestras,
tienen prohibido hablar en público pues su voz no debe oírse. No pueden
recitar el Corán en voz alta ni siquiera entre ellas, por lo que, según
el Ministerio de la Virtud, menos pueden cantar.
La norma
totalitaria más reciente prohíbe cualquier ventana en la cocina que
permita ver desde afuera a la mujer que ahí esté. Condenadas al
silencio, el encierro y la obscuridad, muchas se resisten a esta muerte
lenta, se organizan en redes, las usan para difundir su canto, las más
valientes han incluso cantado en la calle. Desde Afganistán o en el
exilio apelan desde hace años a una comunidad internacional que no ha
reconocido al régimen talibán pero tampoco ha tomado medidas eficaces
contra éste, en defensa de las mujeres y niñas.
La indiferencia o
silencio cómplice de las potencias y sus sociedades sobre todo no se
explica sólo por el mayor interés mediático que se le ha dado a la
guerra en Ucrania o la destrucción de Gaza (o el terrorismo islamista en
Israel y otros países), se debe en gran medida al habitual desprecio
por las causas de las mujeres, usadas como moneda de cambio, y también,
según analistas como Melissa Cornet o Heather Barr (HRW), citadas por France 24, porque para Estados Unidos y países europeos, los talibanes garantizan cierta estabilidad en la zona.
Estos
argumentan además que se ha reducido 95% la producción de amapola y que
no hay actos terroristas surgidos de ese país ni ahí. La realpolitik
de un occidente donde la extrema derecha también amenaza los derechos
de las mujeres y donde el racismo puede justificar lo injustificable, ha
dejado así en el abandono a las mujeres y niñas afganas.
Por ello
es tan importante difundir la campaña #EndGenderApartheid que le da un
nombre muy claro a la dominación totalitaria talibán sobre las mujeres
(endgenderapartheid.com ) y sobre todo presionar a los gobiernos
“democráticos” occidentales para que, en vez de “lamentar” y “condenar”
tomen medidas efectivas contra este régimen.
Como afirmara en
agosto pasado Chela Noori, integrante de Mujeres Afganas en Francia:
“Durante tres años hemos visto cómo la condición de las mujeres va de
mal en peor; hemos llegado a un punto en que es inadmisible que el mundo
no reaccione”.
