Despreciar políticos no mejora la seguridad. Ésta vendrá de la organización ciudadana que, para ser efectiva, tiene que aprender a relacionarse con funcionarios, comandantes y policías.
El 21 de marzo, la edición dominical de Reforma traía en sus páginas una obra en tres actos. El primero fue la ración diaria de asesinatos, descuartizamientos y narcobloqueos; cada línea homenajeaba la incapacidad y mediocridad de quienes nos gobiernan. El segundo era el desahogo ciudadano: según una encuesta telefónica nacional, a 3 por ciento de la población se le "enchina el cuero" de orgullo con nuestros políticos. El resto los observa con vergüenza o indiferencia y les endilga tres adjetivos: para 90 por ciento son despilfarradores, para 86 por ciento, mentirosos y 83 por ciento piensa que son frívolos.
El tercer acto es una esperanza de solución. En la sección Ciudad se daba seguimiento a las medidas que está tomando la comunidad de San Ángel para combatir la inseguridad. Antes de platicarles lo hecho por las y los sanangelinos, trazo la forma como generalmente evoluciona la indignación. Cuando la violencia criminal nos aletea o picotea la primera respuesta es individual. Quien tiene muchos recursos se compra blindajes, se rodea de guardaespaldas (los israelíes son particularmente apreciados para este oficio) o se va a vivir a otro país.
La mayoría nos conformamos con modificar los hábitos personales; el hogar se convierte en trinchera y el celular en el medio para comunicarnos obsesivamente con los cercanos con quienes intercambiamos mensajes codificados: "Chata, ya llegue allá" o "¿Pelón, dónde estás metido?". Cuando se agota la solución personal se pasa a las reuniones con los vecinos de calle o edificio. Después de interminables sesiones se adoptan acciones comunes que generalmente consisten en la contratación de una empresa privada de seguridad, en el cierre de accesos, en la exigencia de identificaciones, etcétera. Los pudientes compran cámaras y circuitos cerrados y rentan canes cuya ferocidad se va achatando a medida que el sopor los invade. Son medidas inciertas porque está en entredicho la seriedad y el profesionalismo de las compañías de seguridad privada. Los vecinos de San Ángel alcanzaron una etapa superior. Hartos de la ineficiencia, dedicaron meses a elaborar un mapa detallado de los lugares donde se cometían delitos. Con esa información se apersonaron ante las corporaciones policiacas capitalinas a las cuales hicieron peticiones muy concretas. Éstas respondieron positivamente pero la ciudadanía sanangelina tendrá que seguirlos vigilando; son compromisos de mediano plazo (nota de Óscar del Valle, Reforma, 17 de marzo de 2010).
En un nivel todavía más elevado estaría el Monitor civil de la policía y las fuerzas de seguridad pública en la montaña de Guerrero con sede en Tlapa. En este esfuerzo participan tres organismos civiles: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Lo que han hecho es monitorear las 24 corporaciones de seguridad que operan en la región (Ejército incluido). Documentan, por supuesto, los abusos pero también diagnostican las debilidades de las corporaciones con el propósito de modificar sus hábitos, y hacerles ver que su función no es proteger a las autoridades o a los caciques sino a la ciudadanía. Es una tarea riesgosa que ha ido obteniendo éxitos porque tienen el compromiso y cuentan con asesorías y respaldo nacional e internacional.
Podría seguir enumerando iniciativas como las de San Ángel y Guerrero, pero prefiero cerrar el texto con los rasgos comunes que las equiparan. Lo primero y fundamental es que asumieron la realidad: los gobernantes carecen de la vocación para, o la capacidad de, dar seguridad a la ciudadanía. En los dos casos su respuesta fue emular al movimiento feminista que pasó de la protesta a la propuesta, y se abocaron a crear protocolos para generar información de calidad
que luego difunden. Para producir y diseminar cifras y propuestas han contado con la colaboración de académicos y medios de comunicación.
En el camino tuvieron que aprender a dialogar con funcionarios que, por lo general, tienen resistencias a tratar con organizaciones ciudadanas bien informadas. Es una interlocución compleja que le exige al ciudadano meterse en la piel de la autoridad porque es la única forma de alcanzar convergencias y coadyuvancias. Es delicado conciliar el no dejarse con el no sobrepasarse. Entiendo las dificultades asociadas con este modelo, pero ¿tenemos otra
alternativa? Nuestra seguridad es demasiado importante para dejarla en manos de
los políticos.
Bien por los senadores Rubén Camarillo, Carlos Navarrete y Graco Ramírez que revisarán con seriedad lo que sucede con los derechos humanos en Cuba; bien por la senadora Rosario Green que propone legalizar la mariguana, es un paso en la dirección correcta.
El 21 de marzo, la edición dominical de Reforma traía en sus páginas una obra en tres actos. El primero fue la ración diaria de asesinatos, descuartizamientos y narcobloqueos; cada línea homenajeaba la incapacidad y mediocridad de quienes nos gobiernan. El segundo era el desahogo ciudadano: según una encuesta telefónica nacional, a 3 por ciento de la población se le "enchina el cuero" de orgullo con nuestros políticos. El resto los observa con vergüenza o indiferencia y les endilga tres adjetivos: para 90 por ciento son despilfarradores, para 86 por ciento, mentirosos y 83 por ciento piensa que son frívolos.
El tercer acto es una esperanza de solución. En la sección Ciudad se daba seguimiento a las medidas que está tomando la comunidad de San Ángel para combatir la inseguridad. Antes de platicarles lo hecho por las y los sanangelinos, trazo la forma como generalmente evoluciona la indignación. Cuando la violencia criminal nos aletea o picotea la primera respuesta es individual. Quien tiene muchos recursos se compra blindajes, se rodea de guardaespaldas (los israelíes son particularmente apreciados para este oficio) o se va a vivir a otro país.
La mayoría nos conformamos con modificar los hábitos personales; el hogar se convierte en trinchera y el celular en el medio para comunicarnos obsesivamente con los cercanos con quienes intercambiamos mensajes codificados: "Chata, ya llegue allá" o "¿Pelón, dónde estás metido?". Cuando se agota la solución personal se pasa a las reuniones con los vecinos de calle o edificio. Después de interminables sesiones se adoptan acciones comunes que generalmente consisten en la contratación de una empresa privada de seguridad, en el cierre de accesos, en la exigencia de identificaciones, etcétera. Los pudientes compran cámaras y circuitos cerrados y rentan canes cuya ferocidad se va achatando a medida que el sopor los invade. Son medidas inciertas porque está en entredicho la seriedad y el profesionalismo de las compañías de seguridad privada. Los vecinos de San Ángel alcanzaron una etapa superior. Hartos de la ineficiencia, dedicaron meses a elaborar un mapa detallado de los lugares donde se cometían delitos. Con esa información se apersonaron ante las corporaciones policiacas capitalinas a las cuales hicieron peticiones muy concretas. Éstas respondieron positivamente pero la ciudadanía sanangelina tendrá que seguirlos vigilando; son compromisos de mediano plazo (nota de Óscar del Valle, Reforma, 17 de marzo de 2010).
En un nivel todavía más elevado estaría el Monitor civil de la policía y las fuerzas de seguridad pública en la montaña de Guerrero con sede en Tlapa. En este esfuerzo participan tres organismos civiles: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Lo que han hecho es monitorear las 24 corporaciones de seguridad que operan en la región (Ejército incluido). Documentan, por supuesto, los abusos pero también diagnostican las debilidades de las corporaciones con el propósito de modificar sus hábitos, y hacerles ver que su función no es proteger a las autoridades o a los caciques sino a la ciudadanía. Es una tarea riesgosa que ha ido obteniendo éxitos porque tienen el compromiso y cuentan con asesorías y respaldo nacional e internacional.
Podría seguir enumerando iniciativas como las de San Ángel y Guerrero, pero prefiero cerrar el texto con los rasgos comunes que las equiparan. Lo primero y fundamental es que asumieron la realidad: los gobernantes carecen de la vocación para, o la capacidad de, dar seguridad a la ciudadanía. En los dos casos su respuesta fue emular al movimiento feminista que pasó de la protesta a la propuesta, y se abocaron a crear protocolos para generar información de calidad
que luego difunden. Para producir y diseminar cifras y propuestas han contado con la colaboración de académicos y medios de comunicación.
En el camino tuvieron que aprender a dialogar con funcionarios que, por lo general, tienen resistencias a tratar con organizaciones ciudadanas bien informadas. Es una interlocución compleja que le exige al ciudadano meterse en la piel de la autoridad porque es la única forma de alcanzar convergencias y coadyuvancias. Es delicado conciliar el no dejarse con el no sobrepasarse. Entiendo las dificultades asociadas con este modelo, pero ¿tenemos otra
alternativa? Nuestra seguridad es demasiado importante para dejarla en manos de
los políticos.
La Miscelánea
Bien por los senadores Rubén Camarillo, Carlos Navarrete y Graco Ramírez que revisarán con seriedad lo que sucede con los derechos humanos en Cuba; bien por la senadora Rosario Green que propone legalizar la mariguana, es un paso en la dirección correcta.
www.sergioaguayo.org
www.twitter.com/sergioaguayo
* * * * *
www.twitter.com/sergioaguayo
* * * * *
No hay comentarios.:
Publicar un comentario