Ciudad de México. La pandemia del COVID-19 no detuvo
la migración hacia Estados Unidos, y aunque la contingencia sanitaria
sí disminuyó el flujo de personas, también provocó que muchas mujeres
quedaran varadas en México con sus hijas e hijos.
De acuerdo
con la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi),
Gretchen Kuhner y de la directora de Formación y Capacitación (Foca),
Diana Damián Palencia, estas mujeres ni si quiera tienen derecho a la
salud ni a la seguridad alimentaria.
Ese fue en balance de las
especialistas durante su participación en el programa “Análisis
Feminista”, que se transmite los miércoles por Violeta Radio, 106.1 de
FM, donde las especialistas llamaron a las autoridades mexicanas a
proteger y no deportar a las personas migrantes durante su estadía en el
país.
Muchas de estas mujeres y niñas migrantes no tienen acceso
a alimentos porque durante la pandemia se quedaron sin trabajo y sin
recursos económicos. Incluso, dijeron las defensoras, en la frontera sur
se han documentado casos de personas que llegan a las estaciones
migratorias para ser detenidas con la única finalidad de tener comida.
Gretchen
Kuhner aseguró que la situación de las mujeres migrantes depende de la
zona del país en la que se encuentran. Ahora, explicó, hay más de 60 mil
personas que esperan respuesta a sus solicitudes de asilo; alrededor de
20 mil en el estado de Chiapas, y 20 mil personas en la frontera norte.
Muchas
mujeres que están en la frontera con Estados Unidos, dijo, están
acogidas en el programa “Quédate en México”, que empezó a funcionar en
enero de 2019, y algunas otras están esperando la respuesta a sus
solicitudes de asilo.
Sin embargo, Gretchen Kuhner aseguró que el
programa no permite que las personas tengan acceso a abogadas. Otra
situación, dijo, es con las que viven en lugares como el municipio de
Matamoros, en Tamaulipas, donde muchas viven en campamentos.
Con
el pretexto de la pandemia de COVID-19, agregó, el 20 de marzo Estados
Unidos empezó a expulsar personas que cruzan la frontera y a cerrar las
puertas a las solicitantes de asilo. En respuesta, el 21 de marzo,
México acordó recibir a personas de países de Centroamérica: Guatemala,
Honduras y El Salvador, y aunque las estadísticas no son buenas se sabe
que son más hombres.
Al principio de la cuarentena, en marzo,
hubo motines en estaciones migratorias, por ejemplo, en Tenosique, en el
estado de Tabasco, murió un hombre, padre de familia; desde entonces el
Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a vaciar las estaciones
migratorias, deportando a la gente o simplemente dejándola en libertad.
La
directora de Formación y Capacitación (Foca), Diana Damián Palencia,
dijo que ahora la migración es a menor escala, una disminución que se
debe al cierre de las fronteras y al miedo de la población de contraer
COVID-19, “quieren estar en su lugar de origen en caso de enfermarse”,
dijo.
Sobre lo que sucede en las estaciones migratorias, las
expertas aseguraron que no se sabe cuál es la situación. De acuerdo con
Imumi, entre el 21 de marzo y 26 de abril se sabía de tres mil 600
personas en las 66 estaciones que hay en todo el país, pero éstas se
fueron desalojando después de los motines.
Hay personas que al
dejar las estaciones migratorias donde estaban detenidas, fueron a
albergues; otras fueron llevadas por agentes de migración, de la
frontera norte a la sur, donde fueron abandonadas en las carreteras.
Diana
Damián Palencia explicó que no hay personas detenidas en el corredor
migratorio del centro de la frontera sur; pero la información sobre el
COVID-19 ha invisibilizado lo que sucede con las mujeres, por ejemplo,
que muchos de los albergues cerraron. En diciembre el albergue de Foca
cerró debido a la falta de solvencia económica.
Otro tema que se
ha dejado de lado, agregó, es que 5 por ciento de las mujeres migrantes
están embarazadas y requieren atención a su salud, pero no pueden acudir
a las instituciones por falta de documentos de identidad.
Gretchen
Kuhner agregó que en el Imumi, apoyan a alrededor de 200 mujeres
migrantes que están en diferentes procesos: son solicitantes de asilo,
de reunificación familiar o de renovación de documentos. Ellas viven en
la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y el Estado de México, en
situaciones precarias y trabajan en el sector informal.
Estas
mujeres, mencionó, sobrellevaron el primer mes de confinamiento, pero al
segundo mes se quedaron sin trabajo y sin poder pagar la renta o el
gas, por eso Imumi se dio a la tarea de recaudar fondos para apoyarlas, a
ellas y a los albergues, con despensas y tarjetas de despensas para
comprar comida.
Kuhner dijo que se puede seguir con los trámites
legales de estadía legal en México y presentando solicitudes ante las
instituciones, pero aclaró que si en estos momentos no se apoya la
sobrevivencia de la población migrante, de nada sirve el procedimiento
legal.
Mientras las mujeres migrantes viven esta situación, en
México la política migratoria está igual: se recibe a las personas
mexicanas provenientes de Estados Unidos y se detiene y deporta a las
personas centroamericanas. Es por esta razón que este lunes Imumi
presentó una lista de peticiones al secretario del Consejo de Salubridad
General, José Ignacio Santos Preciado, a fin de que el Insabi de un
mensaje a la población migrante, que pueden acercarse a los servicios
públicos de salud en esta pandemia.
Para las organizaciones es
importante que las más de 13 mil personas deportadas en México sepan que
cualquiera, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a
acceder a servicios de salud, por si tiene COVID-19 o requieren de otros
servicios como atención durante el embarazo o acceso a un aborto legal.
Otras
peticiones de las organizaciones civiles son que las instituciones
mexicanas dejen de deportar, pues los países centroamericanos no tienen
capacidad de recibir a esta población y las recomendaciones
internacionales son que los Estados cuiden a las personas dentro del
país, las protejan y no las deporten.
Asimismo, piden que en esta
contingencia se promueva la regularización migratoria para que las
personas que se quedaron atoradas en el país o que fueron liberadas de
estaciones migratorias, tengan un documento o tarjeta para tener
seguridad y derechos en esta situación, por lo menos durante 6 meses.
El
programa completo, que conduce la periodista feminista y directora de
Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), se puede escuchar por
Violeta Radio o por https://soundcloud.com/cimac-radio.
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