CIMACFoto: César Martínez López
Mujeres mayas,
otomíes, mazahuas, mixtecas, tsotsiles, mixes, son las que resisten los
ajustes presupuestales en México para afrontar la crisis por la pandemia
del COVID-19. El gobierno ha cancelado los recursos públicos que les
permitían operar las llamadas Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana
(Cami), donde ofrecen atención especializada desde hace 17 años a las
indígenas que enfrentan violencia o buscan atender su salud sexual y
reproductiva.
Desde la frontera norte, al sur del país, las reporteras de la Red Nacional de Periodistas (RNP)
recopilaron los testimonios de las dirigentes indígenas de las Cami de
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Tijuana. Todas reportan
que sin ningún apoyo gubernamental, intentan atender en medio de la
emergencia sanitaria la creciente demanda de atención a la salud y casos
de violencia de género.
Las 35 Cami que existen a lo largo del territorio mexicano son
espacios dirigidos autónomamente por indígenas y afromexicanas, desde
sus propias culturas y lenguas originarias ofrecen servicios cercanos de
prevención y atención de la violencia de género, además de contribuir a
disminuir otras problemáticas como la mortalidad materna o el embarazo
adolescente.
Los recursos de las Cami los provee el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, las medidas de austeridad con las
que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar la
crisis de la pandemia quitó los apoyos a estas Casas que atienden a una
población históricamente invisibilizada: las mujeres y niñas indígenas.
Reunidas en la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y
Afromexicana, el 30 de abril en una misiva apelaron a la Secretaría de
Gobernación (Segob) a intervenir para no perder los recursos públicos.
Expresaban que ante la pandemia entendían la situación crítica y las
medidas que debía tomar el gobierno Federal, pero ellas eran “la única
opción de apoyo para las mujeres de nuestros pueblos”.
Para el 22 de mayo el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, confirmó su temor: quedaban
cancelados los recursos para el programa de Fortalecimiento de los
Pueblos Indígenas, dentro del cual, se encontraban las Cami. El
presidente López Obrador había priorizado en su decreto de austeridad
recursos para otros proyectos como la construcción del Tren Maya y la
refinería Dos Bocas.
Guerrero, la primera pérdida
La construcción de la primera Cami se remonta a 2003 en el municipio
de Ometepec en Guerrero. Las mujeres de esta entidad son las que han
instaurado el mayor número de casas distribuidas en los municipios de
San Luis Acatlán, Chilapa, Ometepec, Acatepec, Ayutla de los Libres y
Metlatónoc. Está cerrada desde abril por la falta de recursos.
La presidenta de la Cami en San Luis Acatlán, Apolonia Plácido
Valerio, opinó que la cancelación de fondos es violencia institucional,
discriminación a las mujeres y un reflejo de que las autoridades no le
dan importancia a la erradicación de la violencia contra las indígenas,
mestizas y afromexicanas. En lo mismo concordó Francisca de la Cruz
Victoria, presidenta de la Cami de Ometepec, “Es el primer año que nos
hacen esto, este gobierno nos está cerrando las puertas, no cree en el
trabajo que las mujeres estamos realizando. Es preocupante”, denunció.
En entrevistas separadas, la dirigente de la casa pionera, Francisca
de la Cruz, lamentó que si no reciben el dinero no tendrán para la
compra de alimentos, traslados para las víctimas y el mantenimiento de
la casa, pues el servicio que otorgan, al igual que el resto, es
gratuito.
En Ometepec, la Cami logra abarcar territorios donde no llegan los
servicios de salud para las mujeres indígenas que viven en las montañas,
si este espacio desaparece no hay institución que sustituya su
quehacer.
Los fondos asignados a las Cami también servían para realizar
talleres en escuelas y comunidades sobre salud sexual y reproductiva
entre otros temas referentes a los Derechos Humanos de las mujeres. De
acuerdo a la fase en la que se encontraba la Cami, que va desde la
inicial, fortalecimiento y consolidación, recibían del INPI desde 500
mil hasta un millón de pesos al año.
La lideresa de la Cami de Chilapa, Brígida Chautla Ramos, refirió que
el recurso era ya poco para cubrir las necesidades. En los meses de
junio a diciembre se ejercía el apoyo económico total, de enero a
febrero se ingresaban las propuestas al INPI y en el mes de abril
recibían respuesta. Para complementar sus recursos gestionan apoyos a
través de becas en el Instituto de la Mujer local o en organizaciones
civiles como Fondo Semillas pues, pese a que el ayuntamiento conoce el
servicio que otorgan, no obtienen respaldo.
En Chilapa comenzaron a operar en mayo de 2011, ahí laboran 15
parteras tradicionales y promotoras indígenas que otorgan el
acompañamiento, traducción y la canalización a tlapanecas y mixtecas que
provienen de al menos ocho municipios cercanos.
En lo que va del año han atendido a 200 mujeres que estiman
incrementen a más de mil a finales del mismo. “No podemos cerrar, pero
también tenemos que tomar medidas, porque no tenemos las condiciones
para seguir atendiendo a las mujeres; una, por el recurso y la otra, por
la contingencia que estamos viviendo, no tenemos las condiciones,
entonces solamente estamos canalizando”, señaló Brígida Chautla.
La integrante de la Cami en Metlatónoc, Erika Jazmín Garrido Lara,
informó que antes de cerrar la Casa las cinco trabajadoras colocaron
cartulinas en el acceso principal con sus datos y números telefónicos
para que las indígenas que acudan en busca de ayuda puedan comunicarse y
les brinden atención o acompañamiento a alguna instancia. Hoy, están en
la búsqueda de fondos.
Fuente: Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana
Elaboración: Mariana Pelaéz Díaz
De Tijuana a Oaxaca, “no vamos a parar”
De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, las Cami
entrarían dentro de los servicios esenciales que deben operar en la
pandemia del COVID-19, y es que todas las entrevistadas refirieron un
incremento de atenciones derivado de la reconversión de hospitales
enfocados a atender pacientes con coronavirus, así como el aumento de la
violencia porque las mujeres están confinadas con sus agresores en los
hogares.
No sólo es la demanda la que lleva a estas defensoras a seguir
otorgando servicios, también son sus convicciones por asegurar los
derechos de las indígenas y afrodescendientes. En Tijuana, Baja
California, Silvia Ramírez Cuevas, recordó en entrevista cuando en 2013
se reunía con otras mujeres en un parque e intercambiaban sus
experiencias de violencia laboral, la mayoría trabajaba en hogares,
coincidían que como mujeres indígenas debían conocer sus derechos.
Ese año decidieron probar suerte y lograron obtener el recurso por
parte del INPI, al año siguiente, concretaron su anhelo con la compra
del recinto que hoy es la Casa de la Mujer Indígena “Donaji”, pero como
ocurre en el resto de los centros, han tenido que limitar las atenciones
no sólo por el riesgo a contagiarse del COVID-19, no tienen capital
para sostenerse. En marzo atendieron a 20 mujeres en la Cami, para abril
se elevó a 70. Ellas ni siquiera fueron informadas oficialmente por el
INPI que cancelaron los fondos.
“Trabajamos desde nuestra propia voluntad y recurso”Directora de la CAMI “Donaji”, Silvia Ramírez Cuevas.
La situación es similar en el extremo sur del país, en la región de
la costa de Oaxaca, en el municipio de Santa María Cortijo. Josefa
Calderón, integrante del colectivo Mujeres de la Llanada Unidas por la
Equidad de Género y la No Violencia, que operan la “Casa para el
Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas”, reportó que dos de las
usuarias enfrentan riesgo de feminicidio, no obstante, han tenido que
frenar la atención psicológica y el acompañamiento jurídico a las
víctimas.
“En la zona afro hay mucha violencia y si se está dejando de atender
parte de la población, no estamos cumpliendo con el objetivo para lo
cual fue construida la casa”, expusó Calderón. Esta casa atiende siete
municipios de la zona conocida como La Llanada, así como de Pinotepa
Nacional, Santiago Jamiltepec y Tututepec, los tres con Alerta de
Violencia de Género (AVG) por la prevalencia de violencia feminicida.
Había presupuestado ejercer en este año 699 mil 900 pesos para
solventar becas, actividades sustantivas, mantenimiento del inmueble,
pago de servicios, gastos de operación, papelería y consumibles de
cómputo, así como gastos médicos. Sin ningún peso, las 16 defensoras de
la organización tuvieron que cerrar el lugar y brindar atención en la
medida de sus posibilidades y con sus propios recursos. Tan sólo el año
pasado, el primero de su existencia, atendieron a mil 500 mujeres.
En el caso de la zona centro del país, la Cami del municipio de
Huejutla en Hidalgo, sólo abre dos veces por semana desde que comenzó la
contingencia sanitaria, el resto de la atención es vía telefónica. En
entrevista, Elvia Hernández Domínguez, administradora de la Casa,
recordó que también los empleos de las integrantes de las 35 Cami están
en riesgo, en su particular, ellas son ocho mujeres de periferia de
Huejutla, una psicóloga y una abogada.
Antes de dicha situación, daban atención a mujeres en situación de
violencia, mujeres embarazadas, brindaban talleres, acompañamientos,
entre otras actividades.
Buscan apoyo fuera del país
Desde 2019 hay ciertas Cami como la Casa de Tolimán, Querétaro “Mak
Uhjani” que no reciben recursos. Su coordinadora María Angelina Guerrero
Martínez, contó que han buscado desde entonces formas de sobrevivir;
imparten talleres de Derechos Humanos de las mujeres o contra la
violencia de género, así como alguna ayuda recibida de la Universidad
Autónoma de Querétaro o del Instituto Queretano de las Mujeres, pero
nada formal, ni periódico.
Una de las alternativas más recurrentes de financiamiento ha sido la
tiendita artesanal con el nombre “Sabores y Saberes”, en donde venden
artesanías locales de todas las mujeres que apoyan este proyecto así
como productos que ellas mismas hacen: jabón artesanal, lociones
naturales, dulces artesanales, frutos de la región, blusas bordadas,
trajes típicos, aretes, muñecas, manteles, pulseras, entre otras.
También realizan masajes tradicionales, todo esto con el propósito de
que la CAMI continúe.
Cuando se informó del golpe presupuestario que enfrentarían las
Casas, la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se
encontraban buscando financiamiento de la Unión Europea para mantenerlas
funcionales, pero mientras cualquier pacto se concreta, las propias
líderes de estos centros han emprendido otras alternativas para mantener
los espacios abiertos, señaló la de directora de la CAMI en Cuetzalan,
Puebla, Angélica Rodríguez.
Rodríguez dijo que las CAMI buscarán que el INPI respete la
asignación presupuestal que ya se había hecho para este programa, para
ello también escribirán una carta a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) para solicitar su intervención.
Otras instancias, como la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara
de Diputados se han pronunciado al respecto. Las legisladoras indicaron
que son conscientes de la reestructuración del gasto público que
implica la crisis sanitaria pero se tenían que considerar las
desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente complejas cuando se
habla de las mujeres indígenas y afromexicanas, ellas están en una
situación de vulnerabilidad múltiple.
Además, recordaron, los programas presupuestarios dirigidos a la
atención de la igualdad de género son irreductibles. El presupuesto para
las Cami forma parte del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la
Federación, bajo el Ramo 47 de Entidades no Sectorizadas, con la
denominación “Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las
mujeres indígenas”, al cual se le asignó un monto total de 85 millones
528 mil 546 pesos.
Hasta el cierre de esta edición algunas lideresas de las Cami
reportaron que autoridades del INPI se comunicaron con ellas por la
probabilidad de que se les otorgue algo de recursos, pero nada concreto
aún, por lo que trabajan en cartas para exhortar a las autoridades a
apoyarlas.
La cancelación de recursos a las Casas se suma a las aseveraciones
del presidente López Obrador respecto a que la violencia contra las
mujeres no ha incrementado en la pandemia, así como recortes a otras
instituciones claves como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) donde se determinó la reducción del 75 por ciento de su gasto.
*Integrantes de la Red Nacional de Periodistas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Querétaro y CDMX
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