Minería en semáforo rojo

Abel Jesús Barrera Hernández*

El 29 de abril, ejidatarios de las comunidades de Tehuixtla, Ahuehuetla, Tule y Zacuapa bloquearon los accesos de la empresa minera Capela, perteneciente al grupo Peñoles, que se asienta en la primera comunidad, del municipio de Teloloapan, Guerrero. La empresa no sólo incumplió con el compromiso que contrajo con los pobladores de aplicar pruebas PCR a sus empleados foráneos y a sus proveedores, para evitar la propagación del Covid-19, sino que mantuvo sus actividades extractivas, contraviniendo al acuerdo nacional publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, donde se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México protestó por esta medida y explicó que el proceso productivo dentro de la industria minera tiene un entorno de bajo perfil para el contagio de la pandemia, primero porque se realiza en lugares de poca densidad poblacional y el mismo proceso en forma natural garantiza la sana distancia, debido a que los puestos de trabajo están distantes unos de otros. Para la asociación, las empresas mineras instrumentan medidas de control sanitario tanto al ingreso de la unidad como dentro de ella, que incluye el uso obligatorio de gel antibacterial, el control de la temperatura del personal y la permanente supervisión médica.

Para los pobladores, la mina, además de ser un foco de contagio, está generando un problema mayor, porque continúa invadiendo más terrenos de Tehuixtla y Ahuehuetla, y con las perforaciones de los túneles, están causando graves daños a sus viviendas. Son comunidades sin agua y sin caminos transitables. Los trabajadores de las cuatro comunidades están demandando el aumento de sueldos, porque no ganan lo que la empresa les prometió. Tampoco el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a sus enfermos. Los transportistas locales no son tomados en cuenta, para participar en el acarreo del material que extraen fuera de la mina, y en la parte de los molinos.

Los cinco días de bloqueos no fueron suficientes para que la mina parara los trabajos. Continuaron sin dar cumplimiento a las 16 demandas de los pobladores, que cedieron ante la intervención del presidente municipal de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo. El miércoles 27 de mayo como a las 8:30 de la noche, cuando una máquina maniobraba para abrir un canal en la presa de El Jale, el desprendimiento de un talud de tierra sepultó a cinco trabajadores: tres pudieron ser rescatados y dos murieron.

En un comunicado escueto la mina se deslindó de su responsabilidad, arguyendo que no eran sus trabajadores y que, además, el accidente sucedió fuera de los túneles. Por su parte, la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, manifestó que investigaría el caso para corroborar si la empresa contratista Vilsa violaba el plazo para iniciar las labores el 1º de junio. En plena cima de la pandemia y antes de entrar a la nueva normalidad, la minera Capela no sólo desobedeció el acuerdo de la emergencia sanitaria e ignoró los compromisos asumidos con los ejidatarios, sino que sepultó dos vidas, por su afán irrefrenable de la ganancia.

Por su parte, la empresa minera Equinox Gold, asentada en las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, el 16 de mayo, convocó de forma precipitada a los trabajadores subcontratados que provienen de varios estados del país. A pesar de que en Guerrero la curva de la pandemia sigue ascendiendo, la minera movilizó a 500 trabajadores para preparar el inicio de sus actividades. Implementó un protocolo de seguridad sanitaria que no previó la instalación de campamentos para el resguardo de los trabajadores que se realizarían la prueba PCR. Partieron del supuesto de que la poca densidad poblacional no implicaba riesgos entre los trabajadores, por el bajo perfil de la pandemia que se mostraba en esa región. En la aplicación de las 170 pruebas, dieron positivo al coronavirus 42 trabajadores. No creyeron que el número de personas asintomáticas sería alto. Los resultados los tomaron por sorpresa y en lugar de proporcionarles un lugar seguro, la empresa obligó a que los trabajadores se resguardaran en sus domicilios. No se responsabilizaron de atenderlos y confinarlos en lugares seguros. Ante este descontrol, las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala cerraron sus puertas a los trabajadores subcontratados para evitar la proliferación de los contagios.

Los resultados de esta primera prueba obligaron a la empresa a ajustar el protocolo. Los trabajadores sindicalizados, que en su mayoría pertenecen a las comunidades donde se asienta la mina, también fueron considerados para aplicarles la prueba PCR. El número de contagios se elevó a 51 y lo más grave es que dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina, dieron positivo al Covid-19.

La empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades. También ignoró que los municipios circunvecinos, como Chilpancingo e Iguala, son los de mayor contagio, después del puerto de Acapulco. La convocatoria masiva de los trabajadores foráneos a una región sumamente contaminada por los estragos de la minería a cielo abierto, propició la expansión del contagio dentro de las comunidades.

Las empresas mineras asentadas en Guerrero, además de omitir los acuerdos de la emergencia sanitaria, de parar esta actividad y de ajustarse a los tiempos y protocolos presentados por las autoridades de salud, han profundizado los conflictos intracomunitarios al erigirse como detonadoras del desarrollo a costa de vidas humanas, de la explotación laboral y la contaminación del ambiente. La minera a cielo abierto para los pueblos es una actividad depredadora que debe mantenerse en semáforo rojo.

* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan