CIMACFoto: Sandra de los Santos
Tuxtla Gutiérrez, Chis. El Colectivo Cereza, que
defiende los Derechos Humanos de las mujeres en reclusión, denunció que
las internas que están en el Centro Estatal de Readaptación Social
(CERS) número 5, ubicado en San Cristóbal de las Casas, viven la
violación de sus garantías individuales en esta contingencia.
En una conferencia de prensa virtual, señalaron que sólo están
recibiendo dos comidas al día, no cuentan con agua potable, están
incomunicadas ya que no se les permite visitas ni tampoco hablar por
teléfono con sus familiares y defensa. En el penal, hasta ahora, no se
han implementado acciones que ayuden a la prevención de la propagación
del virus.
Las defensoras denunciaron que el pasado 20 de mayo cuando las
internas protestaron por la situación que padecen desde que inició la
pandemia, fueron reprimidas con gas lacrimógeno a pesar de que algunas
de ellas padecen enfermedades como asma y diabetes y otra tiene un bebé
de dos meses.
El colectivo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) desde que se dieron los hechos, pero fue hasta este 1 de
junio que acudieron a hacer una inspección a las instalaciones del
centro.
“El 27 de abril de 2020, Colectiva Cereza presentó un escrito ante el
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a la
indolencia y denegación de acceso a la justicia, pues si antes de la
pandemia había omisiones y vulneraciones a los derechos a una expedita
justicia y a una defensa adecuada, la crisis sanitaria se tradujo en un
pretexto de las autoridades jurisdiccionales para suspender
absolutamente cualquier trámite dentro de los procedimientos penales,
generando la prolongación de la privación de libertad de las mujeres sin
una justificación legal puesto que inclusive estaban negando trámites
que tenían carácter urgente, ignorando las recomendaciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos” expusieron.
Las defensoras dieron a conocer diferentes casos de mujeres indígenas
que están recluidas en este penal donde demostraron que su detención
tiene que ver más con una implementación de la justicia desde una
perspectiva racista y patriarcal.
Ante esta situación, exigieron que las autoridades respeten los
derechos de las internas y no se suspendan los trámites de
procedimientos penales.
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