Pandemia
Con la cuarentena decretada con el fin de enfrentar la
pandemia de Covid-19 empeoró el trato de las autoridades hacia
familiares de personas desaparecidas, quienes prácticamente nunca
tuvieron oportunidad de hablar con algún funcionario para dar
seguimiento a sus casos e incluso fueron obstaculizados con la intención
de que no pudieran avanzar por su cuenta, señala un estudio de
organizaciones civiles.
De acuerdo con una encuesta realizada del 20 al 24 de mayo pasado por
Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio
Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas –con apoyo de la Federación
Internacional por los Derechos Humanos–, a consecuencia del Covid la
mayoría de las personas que tienen algún pariente desaparecido vieron
agravada su situación económica, la cual de por sí era precaria.
El sondeo se realizó en línea y participaron 674 familiares de
personas víctimas de desaparición de 19 estados de la República. Los
resultados del estudio fueron sistematizados en un informe que las
organizaciones civiles enviaron el 1° de junio a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los principales hallazgos destaca que sólo 5.5 por ciento de
las personas entrevistadas dijeron haber tenido algún contacto personal
con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria; 49.1 por
ciento señalaron que no tuvieron contacto alguno; 33 por ciento
afirmaron haberlo tenido por teléfono y otro 20 por ciento por Internet.
Por otra parte, 72 por ciento de las personas consultadas señalaron
no haber recibido ayuda de alguna institución pública desde el inicio de
la contingencia por el coronavirus.
Las dependencias a las que acudieron sin éxito fueron la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (19.5 por ciento), la Secretaría de
Gobierno estatal (18.3 por ciento), el ayuntamiento (17.8 por ciento) y
la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Bienestar
federal o local (16 por ciento).
Entre los impactos inmediatos sufridos por las personas encuestadas
desde el inicio de la crisis sanitaria destaca la reducción total o
parcial de ingresos económicos (72 por ciento), más dificultad para ser
informadas sobre la investigación de su caso (53.7 por ciento),
restricción de la movilidad (53 por ciento), mayor dificultad para
participar en sus respectivos colectivos (51.4 por ciento) y para
realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda (50 por
ciento).
De la Redacción
Periódico La Jornada
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