En defensa propia
Alejandro Gertz Manero
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Acción policial en la alcaldía Benito Juárez,
el año pasado.Foto Alfredo Domínguez
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La última encuesta del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que más de 68 por
ciento de la población considera que los jueces son corruptos, y que hay
muy poca confianza en la administración de justicia en el país;
independientemente de la indudable existencia de juzgadores honorables y
capaces en todos los niveles y estructuras judiciales, pero que, por
encontrarse en minoría, no han logrado modificar la percepción señalada.
El actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que se ha caracterizado por su honradez y valentía para enfrentar esta
situación y esas malas prácticas largamente arraigadas, ha descalificado
contundentemente la corrupción y el nepotismo judicial, demostrándolo
en los hechos; mientras ha propuesto, ante el Poder Legislativo, cambios
fundamentales en la carrera judicial, en su capacitación, en la gestión
procesal, en los criterios aplicables y en la organización
institucional, así como en otros temas que ya se encuentran ante el
Congreso.
Si la gran mayoría de la población, así como quien preside el Poder
Judicial federal, coinciden en este diagnóstico, no se puede tener la
menor duda de que esta situación tan negativa es una realidad reconocida
e innegable; y, por tanto, es una obligación ética aportar capacidades y
experiencia para corregir esta grave crisis de justicia, ignorada
durante décadas, en razón de que ha funcionado como un contundente
instrumento de control y sujeción que el poder público ha utilizado
sobre una población abandonada e indefensa; y, por esas razones,
consideramos que deben tomarse en cuenta los siguientes cambios
prioritarios:
Frente a los resultados que ha dado el garantismo procesal, que
protege a los acusados ante el abuso de la autoridad y la ineptitud
oficial, ahora es indispensable equilibrar y fortalecer al sistema legal
para defender, con igual contundencia y prioridad, a las víctimas del
delito que, al día de hoy, son más de 36 millones de ofendidos en
materia penal, para quienes no existe, en la realidad cotidiana, ni
reparación del daño ni justicia alguna.
Quien comete un delito no debe quedar impune; y si la policía, el
Ministerio Público o algún juez abusaron o violaron la ley y los
derechos humanos del acusado, ellos deben ser sancionados ejemplarmente;
pero también el delincuente debe ser castigado por su delito,
reponiendo el procedimiento y obteniendo las pruebas legales que
acrediten su responsabilidad.
Para no dividir, retrasar y complicar la secuencia procesal, el juez
de control debe tener la más completa autoridad para llevar todo el
proceso en forma expedita.
Para acabar con los plazos interminables y la corrupción de
autoridades y de profesionistas sin escrúpulos, que buscan subterfugios
para medrar, retrasar y evadir la justicia, es necesario compactar los
recursos en el juicio, acelerando sus soluciones inmediatas y castigando
sólidamente cualquier dilación injustificada.
En los delitos graves no debe permitirse la prescripción, ya que el
daño que producen es irreparable y la impunidad que generan es una
afrenta pública inaceptable, que es menester combatir a fondo.
La reincidencia debe tipificarse con más precisión para poder aplicar
la prisión preventiva obligatoria a los profesionales del delito y,
así, contener la escalada delictiva que se padece.
En delitos contra la administración de justicia deben aplicarse
sanciones ejemplares para los jueces y servidores públicos que actúen
contra la ley y la jurisprudencia, causando daños o ventajas indebidas a
cualquiera de las partes; el Ministerio Público debe actuar de oficio
en esos casos.
Para fortalecer la credibilidad judicial es preciso que la Suprema
Corte conozca, en última instancia, los procedimientos penales contra
los jueces y debe ejercer la atracción obligada de las sentencias de
amparo en revisión, en los casos en que cualquier autoridad haya
incurrido en algún delito contra la administración de justicia.
La suspensión en el amparo, que tiene como objetivo evitar el abuso
de la autoridad, debe contener plazos perentorios en su vigencia,
obligando al amparista a someterse inmediatamente al Poder Judicial para
dirimir su situación legal y, así, erradicar las múltiples dilaciones
desmedidas que se dan cotidianamente.
Para evitar que en el juicio de amparo el proceso se haga
interminable y sospechoso, los jueces y magistrados deberán
invariablemente sentenciar a fondo y sobre la totalidad del asunto.
En todos los juicios es primordial y apremiante que la reparación del
daño se garantice de inmediato y se cumpla en un plazo mínimo y
obligado, para que así se recupere la confianza en la justicia.
Cuando existan evidencias de encubrimiento o de corrupción en la
investigación y judicialización de los delitos cometidos por servidores
públicos municipales, estatales y federales, en el ejercicio de sus
funciones, estos casos podrán ser atraídos por la Federación.
Estas propuestas es necesario promoverlas de inmediato ante el Poder
Legislativo, para que realmente se empiece a contener la impunidad y se
reivindique y fortalezca el Poder Judicial.
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