Editorial La Jornada
Cumplidos 70 días
del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia y de las demás
medidas sociales orientadas a disminuir la propagación del Covid-19 en
México, estamos ante la inminencia de un periodo que las autoridades de
Salud han definido como de
nueva normalidad.
El miércoles 13 de mayo fue presentada de manera oficial la
estrategia gubernamental que se aplicaría para reabrir de manera
gradual, ordenada y prudente las activida-des sociales, educativas y
económicas dramáticamente interrumpidas por la pandemia, y cuya
suspensión despertara comprensibles pero injustificables reacciones de
rechazo, dado que lo que estaba –y está– en juego es la salud de toda la
población. Desde entonces hasta hoy se ha insistido en que la etapa que
comienza mañana no implica que la ciudadanía recupere su cotidianidad
tal y como era antes de la aparición del nuevo coronavirus, sino que
dará inicio un proceso imprevisible, porque nadie puede vaticinar cuáles
serán los efectos que puede producir la prolongada interrupción de
actividades en el país.
La prevalencia del llamado
semáforo rojoen la mayor parte de la república hace que el ingreso a esta nueva normalidad tenga que realizarse en medio de numerosas precauciones, tanto en el plano de la convivencia como en el de la reanudación de labores, donde el movimiento en las industrias de la construcción, automotriz y minera debe llevarse a cabo poniendo por delante de todo la salud y la integridad de los trabajadores. La actividad educativa está menos presionada, porque en la primera semana de junio habrá un receso magisterial y la vuelta a las aulas se producirá tentativamente en agosto y septiembre, cuando se prevé que haya datos más concluyentes sobre la evolución de la pandemia.
El mayor riesgo de que se vulneren las disposiciones y
recomendaciones sobre dis-tanciamiento social, sin embargo, no se
encuentra tanto en los niveles institucionales como en el de la vida
cotidiana. La necesidad de obtener recursos para la subsistencia por un
lado, y el deseo de acabar prematuramente con la situación de
semi-aislamiento social por el otro, podrían echar por tierra los
esfuerzos del gobierno federal por reducir lo más posible las
posibilidades de contagio por Covid-19. En la capital de la república se
advierte, en días recientes, un crecido movimiento de vehículos y de
personas que desconocen voluntariamente las medidas de precaución
dispuestas para la pandemia, mientras en distintas alcaldías,
comerciantes callejeros y tianguistas no contienen su impaciencia por
reanudar masivamente sus actividades, y difícilmente lo harán tomando
las precauciones indispensables.
El periodo de nueva normalidad en los estados no tendrá, a su vez, un
carácter uniforme, pese a la búsqueda de consensos entre autoridades
federales y estatales, porque algunas de estas últimas descreen del
esquema epidemiológico de semáforos Covid-19 aplicado por la Secretaría
de Salud, y prevén sus propios planes de reactivación socioeconómica.
En este escenario, es de esperar que todas y cada una de las personas
que mañana ingresen en la nueva etapa de la pandemia lo hagan –lo
hagamos– con la decisión necesaria para restablecer la vida normal de la
república, pero también con la prudencia que demanda una situación
sanitaria que aún no está enteramente controlada.
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