Las medidas de confinamiento
han representado nuevos riesgos y discusiones dentro de la agenda
pública, y al mismo tiempo la continuidad en muchas otras problemáticas.
La agenda de derechos humanos se vio complejizada a escala global ante
el falso debate entre salud pública o libertad, mientras que muchas
poblaciones vulnerables continúan sufriendo violaciones en las áreas de
seguridad, género, migración, así como en los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
Sabemos, pues, que no habrá un pleno retorno a la normalidad mientras
no exista una vacuna contra el virus o hasta que se alcance la
inmunidad de rebaño. Es así que el pasado lunes, y a pesar de que la
tasa de nuevos casos no ha descendido notablemente, dio inicio la
nueva normalidadque implica un paulatino arranque de las actividades económicas según la situación particular de cada región medida a través del semáforo epidemiológico. Ciertamente, la medida obedece más a la vulnerabilidad económica de buena parte de la población que a la urgencia sanitaria, pero ello no nos exime de preguntarnos ¿cuál será la agenda de derechos humanos en esta nueva normalidad?
Desde el inicio de la contingencia a escala mundial, un sinfín de
pensadores políticos habían alertado ya sobre los distintos ajustes que
los gobiernos implementaron en nombre de la salud pública y en
detrimento de la privacidad y las libertades civiles; así como sobre los
riesgos colaterales que dichas políticas trajeron aparejados, tales
como la presencia y regulación violenta del libre tránsito mediante el
uso de la fuerza policiaca, el aumento de la violencia, especialmente la
violencia de género dentro de los hogares, o las conductas
discriminatorias contra servidores del área de la salud, entre otros.
En este retorno a la normalidad, habrá que tomar en cuenta lo dicho por Naomi Klein en 2007 en su Doctrina del shock,
donde se advierte el riesgo de normalizar y legitimar medidas
autoritarias que, en su origen, sólo son implementadas para los tiempos
de crisis, pero terminan reproduciéndose después de las crisis en
condiciones de normalidad.
Más recientemente, autores como Giorgio Agamben, Alain Badiou y
Byung-Chul Han, entre muchos otros, han advertido sobre las crecientes
medidas de control biopolítico y autoritario implementadas durante la
pandemia, que van en detrimento de los derechos y las libertades y que
han justificado fuertes sanciones a quienes no acatan las medidas
preventivas, con lo cual se ha normalizado un factual estado de
excepción. Entiéndase en este contexto por biopolítica aquellas medidas
que sobre-regulan la vida en su dimensión biológica, corporal y médica, y
por estado de excepción, aquellas situaciones de crisis donde los
estados suspenden derechos para preservar el orden. Ambos conceptos han
sido frecuentemente referidos en el análisis crítico de la presente
normalidad pandémica a escala mundial.
En México, en abril, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración publicó las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19.
Este documento hace recuento de muchas de las situaciones ya advertidas
por los teóricos, y nos da un panorama respecto a la agenda que habrá
que seguir en materia de DDHH durante la nueva normalidad.
En el documento se detectan violaciones al derecho de tránsito en 24
estados del país por la implementación de toques de queda, retenes,
cierre de fronteras, y otro tipo de restricciones a la movilidad.
Maquiladoras en dos entidades también violaron derechos al no parar sus
actividades económicas vulnerando la salud y derechos laborales de los
trabajadores. La reducción de sueldos y despidos injustificados,
agresiones al personal de salud, negativa de atención médica a personas
contagiadas y el manejo de la pandemia en los centros reclusorios, son
componentes de la realidad violatoria que hoy sufre el país.
En términos de violencia, el mismo documento reconoce 81 agresiones a
periodistas y 60 a defensores de DDHH entre enero y abril. Las
desapariciones, homicidios, violencia de género, violencias en hogares, y
los desplazamientos forzados internos no han tenido ninguna disminución
durante el confinamiento, y al tema se le suman las nuevas violaciones
en tres estados del país por manejo de cadáveres infectados.
A su vez, las personas migrantes, población refugiada y las
comunidades indígenas son propensas a la discriminación en la atención
médica, así como en la cobertura de sus necesidades socioeconómicas. Por
último, el derecho al acceso a la información es y seguirá siendo un
gran tema en la agenda ante la imperiosa necesidad de contar con datos
robustos de carácter oficial que ayuden a explicar la realidad y
prevenir sus consecuencias.
Yuval Noah Harari, propone la solidaridad internacional y el
empoderamiento ciudadano como respuesta necesaria ante las medidas de
aislamiento y las tentaciones de políticas de control autoritario. En
esta nueva normalidad implementada desde el gobierno federal, no habrá
acción más pertinente que la vigilancia ciudadana hacia las
instituciones y el cuidado del tejido vecinal, comunitario y social para
evitar posibles abusos de poder y violencias legitimadas por la
emergencia sanitaria. Los derechos humanos no son negociables aun en
tiempos de pandemia o crisis social.
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