Articulación de las OSC en México

Miguel Concha

Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas.

Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto.
Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total.
Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan:
1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales.

2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan.
Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional.
Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas.
Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno.
Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.