Escrito por la Redacción
Imagen retomada del portal es.globalvoices.org
En Uganda, las mujeres periodistas que usan herramientas digitales para informar, difundir opiniones y acceder a información tienen que lidiar con ataques y acoso por investigar y publicar contenido político sensible.
El ciberacoso se ha convertido en la nueva forma de censura. Las periodistas enfrentan la carga doble del abuso en internet que sufren por ser mujeres y las potenciales amenazas relacionadas con la cobertura de temas políticos. Estas amenazas continuadas han hecho que las periodistas se retiren del discurso público, lo que deja el periodismo en manos únicamente de hombres.
En noviembre de 2016, la periodista ugandesa Joy Doreen Biira, que trabajaba en la televisora privada Kenya Television Network (KTN) en Kenia, volvió a Uganda para asistir a una ceremonia tradicional.
Mintras Biira se encontraba en casa, las fuerzas de seguridad ugandesas se enfrentaron con los miembros del reino tradicional Rwenzururu en la región de Rwenzori, en el oeste de Uganda; el palacio del reino quedó reducido a cenizas. El enfrentamiento dejó 62 muertos, incluidos 16 agentes de policía.
En reacción al ataque militar, Biira publicó su opinión en Facebook el 27 de noviembre:
“Es muy triste lo que presencié hoy –parte del palacio del reino del que vengo, el reino de Rwenzururu, se quema–. Ha sido como ver todo mi legado consumirse ante mis ojos”.
Ese mismo día, Biira fue arrestada y acusada de “hacer circular fotografías del desenlace de una batalla mortal entre las fuerzas de seguridad y la guardia real del rey de Rwenzururu […] en un grupo de WhatsApp con muchos participantes”, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). También publicó un “video en Instagram en el que se podía ver el palacio en llamas y escribió al respecto en Facebook”, informó el CPJ.
Presuntamente, los funcionarios de seguridad de Uganda obligaron a Biira a “eliminar las publicaciones de las redes sociales” y sus “herramientas digitales también fueron confiscadas”, según un informe de Freedom House de 2018.
Biira fue acusada de incitación al terrorismo por la grabación ilegal del ataque militar al palacio del rey de esa región: un acto que se castiga con la muerte por la Ley Antiterrorista en caso de una sentencia de culpabilidad. No obstante, un día después, quedó libre bajo fianza.
El calvario de Biira desató la indignación en las redes sociales con etiquetas como #FreeJoyDoreen (liberen a Joy Doreen) y #JournalismIsNotaCrime (el periodismo no es un delito).
Este internauta criticó la tendencia del presidente ugandés Yoweri Museveni a silenciar a los periodistas:
Copy of Joy's police bond - charged with abetting terrorism (ridiculous!) #journalism is not terrorism @KTNKenya @KTNKenya #FreeJoyDoreen
Opiyo informó a Global Voices que el caso de Biira fue desestimado y cerrado en marzo de 2017 después de que las autoridades investigaron y no encontraron evidencia para llevarla ante los tribunales.
“Como en muchos casos así, uno siente alivio cuando queda en libertad, pero queda una sensación de abuso, injusticia y dolor”, declaró Opiyo, que también es director ejecutivo de organización de derechos humanos Chapter Four Uganda. Opiyo dijo además que la experiencia de pasar unos días en el calabozo y soportar el dolor del encierro es algo que nunca te abandona.
Ataques dirigidos en Internet
Las periodistas que sufren el abuso en línea rara vez encuentran justicia y la mayoría de las veces les resulta muy difícil que sus denuncias sean tomadas en serio e investigadas debidamente.
En abril de 2017, Gertrude Tumusiime Uwitware, presentadora de NTV Uganda, expresó su apoyo a Stella Nyanzi, catedrática que que criticó abiertamente al régimen de Museveni por no cumplir la promesa electoral de distribuir toallas higiénicas a muchachas sin recursos.
Las autoridades obligaron a Uwitware a eliminar las publicaciones y comentarios en los que apoyaba a Nyanzi de sus cuentas de Twitter y Facebook. Uwitware recibió amenazas en Facebook y fue secuestrada por unos agresores sin identificar durante al menos ocho horas, según un informe sobre derechos humanos en Uganda de 2017. Presuntamente sus secuestradores la interrogaron sobre su relación con Nyzanzi, la agredieron violentamente y le cortaron el pelo.
A Uwitware le encontraron más tarde en una comisaría en Kampala. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer ningún avance en la investigación de su secuestro.
Los comentaristas políticos, en especial quienes dan cobertura a la oposición, a menudo sufren muchas más amenazas que cualquier otro tipo de periodista. Pero el caso de las mujeres es aún peor, ya que el Gobierno cree que son más débiles y más fáciles de intimidar, según Mukose Arnod Anthony, secretario de Seguridad en los Medios y Derechos Humanos de la Asociación de Periodistas de Uganda (UJA), que estuvo en contacto con Global Voices a través de WhatsApp el 3 de abril.
En lo que se refiere al acoso sexual por internet, las “mujeres periodistas temen abrirse, aunque algunas lo hacen, la mayoría acaba muriendo en silencio”, declaró Anthony.
Las mujeres periodistas pueden llegar a lidiar con daños psicológicos adicionales, la violación de su privacidad, la pérdida de identidad, una limitación de su movilidad, la censura y la pérdida de propiedad como consecuencia de su trabajo, según un estudio de la UNESCO sobre la libertad de expresión en África publicado en 2018.
Además, según un estudio de 2018 de la Red de Derechos Humanos para Periodistas – Uganda (HRNJ – Uganda), 12 % de las mujeres periodistas han sufrido abusos y violaciones, incluyendo amenazas de muerte y arrestos. Tres cuartos de las mujeres periodistas han sufrido violaciones a manos de agentes del Estado como la Policía, comisarios de distrito y otros operativos de seguridad.
Ataques y acoso
Bahati Remmy, periodista ugandesa que ahora trabaja en Estados Unidos, confesó a Global Voices que abandonó el periodismo en Uganda porque se hartó tras todo lo que tuvo que soportar mientras cubría las elecciones de 2016.
La Policía ugandesa arrestó a Remmy cuando se encontraba realizando una emisión en directo en la que cubría el arresto domiciliario del líder de la oposición, el doctor Kizza Besigye, en la ciudad de Kasangat para la cadena privada NBS TV.
En conversación con Global Voices, Remmy dijo:
La Policía emprendió una batalla para impedir que ningún periodista cubriese la historia de Besigye.
Remmy cuenta que la Policía le tocó los pechos en la furgoneta, le quitó la ropa en la comisaría y la expuso desnuda frente a una cámara.
También la siguió y acosó un agente de Policía en Facebook porque el Gobierno ugandés creía que se había puesto de acuerdo con Besigye para dañar la imagen del país. Remmy le contó a Global Voices que dejaban notas anónimas en su puerta en las que le amenazaban con secuestrarla si se negaba a revelar por dónde salía Besigye de su casa.
Tras el arresto de Remmy, la Red de Derechos Humanos para Periodistas – Uganda realizó una encuesta para medir la opinión pública sobre los impactantes acontecimientos. Su pregunta fue: La Policía de Uganda declaró que Bahati Remmy, reportera de la cadena NBS TV, desobedeció órdenes claras y obstruyó la actuación policial, por lo que tuvieron que arrestarla. ¿Qué opina usted?
Magambo Emmanuel escribió:
Es una excusa pobre y una completa mentira porque hay grabaciones en las que se ve cómo arrestan a Bahati. La Policía debería dejar de cargarle sus problemas a periodistas inocentes.
Davide Lubuurwa escribió:
Cualquiera que intente mostrarle a la gente cómo funciona el estado es arrestado. Uganda va a tener que hacer frente a un problema enorme muy pronto. Lo que más me molesta es que quien sea que intente decir algo que vaya contra el régimen actual pasa a ser considerado un rebelde, así que el pueblo de Uganda tiene que despertar.
Muchas mujeres periodistas en Uganda han dejado de cubrir historias que critican al Gobierno porque temen los ataques y el acoso estatal. Los medios de comunicación han dicho que, en ocasiones, el Gobierno y agentes de seguridad se ponen en contacto con los editores y les dan instrucciones para que “no publiquen historias que puedan dar una mala imagen del Gobierno”.
Estos ataques muchas veces no son denunciados, sobre todo ataques a mujeres, lo que también ha hecho difícil entender el alcance completo de este problema.
Remmy llevó al Gobierno ugandés ante la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, pero hasta mediados de mayo no ha habido ningún avance en su caso. A la comisión le falta la independencia necesaria para fallar a favor de quienes hacen llegar quejas contra el Gobierno. Sus siete miembros, incluido su presidente, son elegidos por el presidente, con la aprobación del Parlamento. “Están influenciados”, dice Remmy, y añade: “Tienen un montón de casos acumulados, y la mayoría de casos que resuelven son los que presenta el Gobierno”.
Muchas de las amenazas en línea que enfrentan las mujeres periodistas están muy vinculadas al abuso fuera de línea.
Remmy cree que se deberíam defender los derechos, la lucha y la dignidad de las mujeres periodistas en todo momento, porque los ataques que sufren las mujeres silencian a los medios de comunicación en su totalidad.
Ahora que Uganda planea celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en 2021, es el momento de que se detengan los ataques y acoso que sufren las mujeres periodistas por parte del estado, pues se pone en riesgo el acceso a la información, la libertad de expresión y los derechos democráticos de los ciudadanos ugandeses.
“La libertad de prensa sigue siendo un niño sin voz en el sistema del país”, declaraó Remmy ante Global Voices.
* Este artículo forma parte de un proyecto llamado “Identity Matrix: Plataforma de regulación de amenazas en Iiternet a la expresión en África”. Estos artículos ponen en tela de juicio el discurso de odio motivado por la identidad o la discriminación en línea basada en el idioma u origen geográfico, así como la desinformación y el acoso frecuente que se da en los espacios digitales de siete países africanos: Argelia, Camerún, Etiopía, Nigeria, Sudán, Túnez y Uganda (sobre todo periodistas y activistas mujeres). El proyecto está financiado por la Fundación de Derechos Digitales de África (Africa Digital Rights Fund) de CIPESA (Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa), organización para la Colaboración en Política Internacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el este y sudeste de África.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario