Editorial La Jornada
El subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, compareció ayer ante la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para explicar
el manejo oficial de la emergencia sanitaria en curso. Durante cuatro
horas el funcionario detalló a los legisladores las acciones del
gobierno federal desde febrero, descartó que existan discordias entre
autoridades nacionales y estatales y respondió a los cuestionamientos
–no pocos de ellos expresados en términos francamente groseros– de los
diputados de oposición. Además de la insistencia en el carácter
presuntamente errático de la actuación oficial y en el supuesto
ocultamiento de cifras, dichas críticas se dirigieron al significativo
salto en la cantidad de muertes diarias confirmadas de Covid-19 a dos
días de que arrancara la nueva normalidad.
Como lo señaló el propio López-Gatell, los legisladores reproducen en
sus descalificaciones y verdades distorsionadas la campaña
desinformativa que llevan a cabo diversos medios de comunicación. Por
ejemplo, las cifras de muertes diarias tienen un alto grado de
variabilidad porque se refieren a un fenómeno en curso que se mide de la
manera más próxima posible al tiempo real, pero sin alcanzar nunca este
nivel de precisión; la cifra informada cada día no refleja el número
total de muertes ocurridas durante la jornada anterior, sino los
reportes de muertes recibidos y procesados hasta el último corte
informativo. Esta práctica es compartida por México con el resto de los
países que hacen frente a la pandemia y, lejos de mantenerla oculta, las
autoridades de salud la han explicado en varias veces en su
comparecencia diaria.
Asimismo, debe desmontarse el discurso alarmista urdido en torno a la
tasa de letalidad del Covid-19 entre la población mexicana. Tal
indicador, que da cuenta del porcentaje de personas contagiadas que
mueren a causa de la enfermedad transmitida por el virus, es en México
superior a 11 por ciento, dato que se ha presentado de manera
tendenciosa como un desastre humanitario al omitir el hecho conocido de
que los contagios confirmados de ninguna manera representan el total
real, dato que ningún gobierno puede precisar debido a la imposibilidad
material de registrar los casos a la misma velocidad con que se propaga
la pandemia.
Sobre el desabasto de insumos médicos, y en especial a la carencia de
equipos de protección personal (EPP) suficientes y adecuados, cabe
señalar que éstos llegan de manera constante a los centros de salud y
que si no son distribuidos oportunamente entre el personal hospitalario
no queda sino presumir que se debe a actos de corrupción. Esta
corrupción es triplemente perversa, pues supone una apropiación
delictuosa de bienes públicos, desprotege a quienes se encuentran en la
primera línea de combate contra el coronavirus y da pábulo al discurso
de las descalificaciones y el golpeteo político. Es necesario y urgente
que el personal sanitario afectado por estas desviaciones de insumos
médicos curse las denuncias correspondientes ante las autoridades con la
finalidad de frenar un fenómeno execrable que pone en riesgo su salud y
la de toda la nación.
En suma, es necesario deslindar el debate científico sobre las
estrategias idóneas para encarar la crisis –debate que resulta saludable
e incluso indispensable– del afán de instrumentar la trágica pandemia
mundial con propósitos políticos, que es lo que se encuentra malamente
velado en los ataques partidistas y mediáticos en contra de
López-Gatell. En efecto, sólo el golpeteo político y la búsqueda de
réditos electorales podrían explicar que se acuse de ocultar información
a un equipo de funcionarios que durante los pasados tres meses ha
encabezado el mayor ejercicio de transparencia gubernamental en la
historia de México al poner directa y diariamente a disposición de la
sociedad la información que el gobierno recibe y procesa.
Esta campaña de descalificaciones –que no es, por cierto, exclusiva
de México, pues se repite en España y en Argentina con lemas y consignas
muy similares– es tremendamente irresponsable en tanto se encuentra
dirigida a crear confusión y erosionar la credibilidad del principal
instrumento con que cuentan el Estado y la sociedad mexicana para
enfren-tar la emergencia sanitaria, y que no es otro que la información y
la orientación a la ciudadanía; sabotearlo implica apostar por una
mayor pérdida de vidas y a unas consecuencias económicas más profundas
de las que ya se encaran.
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