Editorial La Jornada
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó ayer que, con base en investigaciones de la
Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial giró órdenes
de aprehensión contra servidores públicos implicados en la desaparición
de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El mandatario afirmó que los crímenes cometidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son
una espina clavada, algo que duele a México, y no va a quedar en el olvido, por lo que no hay ningún límite a las investigaciones en curso e incluso se permitiría al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) interrogar a mandos militares. Debe recordarse que esto último ha sido una demanda reiterada de los familiares de los estudiantes y de las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia.
La emisión de las órdenes de captura constituye sin duda una noticia
positiva en un caso cuya resolución ya ha demorado más tiempo del
tolerable, y cabe esperar que pronto se concrete en los buenos
resultados ofrecidos por el titular del Ejecutivo. Con todo, sería
pertinente que la Fiscalía aporte a la sociedad información adicional
que permita conocer el estado de las investigaciones y los avances para
poner fin a la impunidad con que hasta ahora se ha saldado este episodio
emblemático de violación a los derechos humanos. Lo anterior, en el
entendido de que cualquier informe ha de atenerse al sigilo
indispensable en un caso tan delicado, así como al respeto irrestricto
al debido proceso que, de no observarse, podría brindar un nuevo
parapeto jurídico a la impunidad de los responsables.
Sin embargo, el prudente optimismo que permiten los dichos del
Presidente se ve ensombrecido por el llamado de atención que emitió la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En un extenso
comunicado, advirtió que el
decreto de medidas de austeridad en la administración pública federal, en razón del cual deberá recortar tres cuartas partes de su gasto operativo, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento. Según se detalla en el documento, la comisión es particularmente vulnerable ante cualquier recorte presupuestal debido a las carencias estructurales que arrastra desde su origen: no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera, la mayor parte de sus servicios están subcontratados y un alto porcentaje de su personal labora “en forma irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”. Al mismo tiempo, la CEAV enfrenta millonarias costas legales a raíz de 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales
heredados por administraciones anteriores.
Está claro que un recorte como el decretado sería letal para el
organismo, pero también, y de manera más alarmante, para las víctimas de
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención
arbitraria, feminicidio y trata, entre otros delitos y violaciones a los
derechos humanos. No es menos evidente que dejar en la desprotección a
las 7 mil 200 personas atendidas cada mes por la CEAV sería una
revictimización masiva e inadmisible por parte del Estado mexicano.
Si no se puede quitar el dedo del renglón en lo que respecta al caso
Iguala, tampoco sería aceptable hacerlo ante las víctimas de otras
graves violencias ocurridas en el pasado reciente: aunque ciertamente no
se puede responsabilizar a la actual administración por las faltas que
cometieron sus antecesoras, la atención a las víctimas sí forma parte de
sus obligaciones ineludibles. Por tanto, es urgente que el gobierno
federal rectifique su postura o, si decide proceder con el recorte
decretado, establezca los mecanismos para brindar a las víctimas
protección, hospedaje, alimentación, atención médica y sicológica,
asesoría jurídica y, en suma, todos los elementos que implica el
resarcimiento integral del daño en tanto no se cumpla el más importante
de ellos: la impartición de justicia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario