Raúl Zibechi
En la delegación Iztapalapa
(Ciudad de México) la Comunidad Habitacional Acapatzingo, donde viven
596 familias, viene siendo acosada por personas armadas que se
autodefinen como
colombianos. Se trata de uno de los movimientos populares que desde hace décadas lucha por la vivienda, con ocho núcleos en la ciudad que pertenecen a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII).
Las agresiones e intimidaciones comenzaron a mediados de abril,
esgrimiendo armas de fuego ante la guardia vecinal que controla el
ingreso a la comunidad. “El viernes 22 de mayo –relatan referentes de la
comunidad– dos sujetos que bajan de un coche le dicen a la guardia que
en los próximos días vendrán a entregar sobres, como primer y último
aviso, que contendrán sus demandas e instrucciones y que la comunidad
tendría que acatarlas en un plazo máximo de 72 horas”.
Al día siguiente llegaron los sobres, pero la guardia en acuerdo con
la comunidad, procedió a destruirlos sin conocer su contenido.
La asamblea por la tarde-noche de ese mismo día, decidió hacer frente a las amenazas reforzando las guardias en todos los turnos y tomando otras acciones en caso de que la comunidad fuera atacada, sigue el relato de los miembros del Consejo General de Representantes de la comunidad.
Entre las decisiones de la asamblea general, con más de 500
participantes, figura reforzar las guardias, resguardar incluso las
azoteas, realizar rondines permanentes por las calles y andadores,
reforzar los dos accesos principales de la comunidad además de aumentar
la cantidad de personas que participan en la guardia rotativa y la
realización de fogatas en diferentes puntos.
Las demás comunidades de la organización se encuentran alertas y preparadas para acudir y actuar en caso necesario, aseguran.
Hasta aquí, un breve resumen de los hechos. Creo que necesitamos
debatir, en toda América Latina, los modos de enfrentar al narcotráfico,
además de profundizar en su comprensión.
Desde hace varios años sostengo que el negocio de las drogas es una
forma más de acumulación por despojo y que las élites económicas del
mundo se comportan cada vez más como narcotraficantes (https://bit.ly/2zYR6Pc). Además el narco es uno de los modos utilizados por la clase dominante para controlar y disciplinar a los movimientos populares.
Son los pueblos organizados los que pueden enfrentar y poner límites al narco, algo que los estados ni desean ni pueden hacer, en este periodo debacle y colapso de las instituciones del sistema.
En primer lugar, tenemos antecedentes de cómo una sólida organización
popular ha conseguido detener el ingreso de fuerzas depredadoras a los
territorios de los pueblos. Las rondas campesinas peruanas impidieron
que los ladrones de ganado impusieran su ley a cientos de comunidades
para, más adelante, ponerle límites a las multinacionales de la minería,
frenando su actividad.
Algo similar puede decirse de la Guardia Indígena nasa del Cauca
colombiano, capaz de recuperar comuneros secuestrados por grupos
armados; del pueblo organizado de Cherán que expulsó a los talamontes y
del EZLN que ha impedido que narcos y paramilitares impongan su ley en los territorios zapatistas.
El caso de las ciudades es, ciertamente, más complejo. Son el eslabón
fuerte de la cadena de dominación del capitalismo, donde se asientan
los poderes centrales del Estado y resultan el espacio más fácil de
controlar para las instituciones armadas, legales o no. Sin embargo, la
experiencia de la Comunidad Acapatzingo, conocida como La Polvorilla,
puede darnos pistas sobre cómo encarar el desafío de los armados.
Lo decisivo es una sólida organización. En este barrio autoconstruido
de unas 4 mil personas, cada familia pertenece a un sector donde
funciona una brigada. Existen diversas comisiones, siendo en estos
momentos las más importantes la de salud y la de vigilancia, siendo ocho
comisiones en total, incluyendo educación y comunicación.
Las decisiones importantes las toma la asamblea general, pero
funciona un Consejo General de Representantes con responsables de las 28
brigadas en que se divide el barrio, que se reúne cada semana. Para que
la organización sea sólida, no alcanza con una asamblea trimestral o
mensual, como suelen hacer las organizaciones populares más activas. Es
necesaria una red de espacios que gestionen la vida cotidiana, desde
salud y educación hasta deporte, cultura y mantenimiento.
En Acapatzingo han construido dos huertas, espacios de salud y de
formación. Hasta los niños y las niñas están organizados y tienen sus
propias actividades, incluyendo un boletín informativo. Durante la
pandemia instalaron comedores en los ocho espacios habitados y extreman
las medidas de protección con amplia participación comunitaria. El
autogobierno colectivo es la clave para la formación de vínculos
comunitarios, los únicos capaces de defender la autonomía territorial de
los de abajo y, de ese modo, enfrentar al narcotráfico.
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