Ciudad de México. La consejera del Instituto
Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera, llamó a los
organismos, fiscalías y tribunales electorales locales a unir esfuerzos
para combatir y erradicar la violencia política en razón de género en el
proceso electoral 2020-2021, que inicia en septiembre próximo.
En
una conferencia virtual organizada este jueves por el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), la
consejera recordó que el próximo año se renovarán más de 21 mil 121
cargos de elección popular, entre 500 diputaciones federales, 15
gubernaturas, mil 563 diputaciones locales, mil 927 presidencias
municipales y más de 17 mil cargos municipales.
De ahí, dijo, la
importancia de los cambios normativos en materia electoral que se están
promoviendo en los estados y que ya se concretaron en 11 entidades, los
cuales son producto de la reforma federal a ocho leyes sobre violencia
política en razón de género, publicada el pasado 13 de abril en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).
La consejera electoral
dijo que esta reforma facultó al INE y a los Organismos Públicos Locales
Electorales para conocer y resolver las denuncias de violencia hacia
las mujeres que participan en los procesos electorales, por eso destacó
que es necesario que los estados tengan una legislación que garantice el
actuar de las autoridades locales.
Explicó que de 2014 a abril
de 2020 el INE recibió 76 quejas por violencia política por razón de
género, las cuales atendieron de acuerdo con un protocolo creado por las
autoridades en la materia; pero ahora las leyes consideran 22 conductas
que se sancionarán penal o administrativamente.
Las leyes
determinan que esta violencia puede ser perpetrada por agentes
estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas
dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos o representantes
de partidos políticos o personas particulares.
Explicó que hay
cuatro formas de sancionar estas conductas: como infracción por medio
del Procedimiento Especial Sancionador; a través de un juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano, para
restituir derechos vulnerados; como delito electoral para sancionar con
cárcel o multa; o bien, como falta administrativa grave.
Favela
Herrera mencionó que el mecanismo para resolver las denuncias de
violencia ante los organismos administrativos es el Procedimiento
Especial Sancionador, un recurso que se tramita ante el organismo
electoral administrativo, local o federal, quien investiga, otorga
medidas cautelares si es necesario y envía el expediente a los
tribunales electorales para que resuelvan el fondo del asunto.
La
consejera destacó que con la nueva ley también se prevé otorgar medidas
para frenar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, suspender la
difusión de un promocional en radio y televisión. Esto se podrá hacer ya
que el INE, los organismos locales electorales y los tribunales
electorales están facultados para solicitar a las autoridades
competentes el otorgamiento de las medidas de protección (precautorias o
cautelares).
En el encuentro, en el que participaron los
consejeros del CEEPAC, Laura Elena Fonseca Leal, Zelandia Borquez
Estrada y Martín Faz Mora, Favela Herrera destacó que la violencia se
tiene que ir erradicando, por lo que todas las autoridades se deben
comprometer a estar pendientes de las denuncias de violencia.
20/AGM/LGL
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