Entre el “síndrome del preso” y el exilio, Magdalena, Marcela y Teresa encarnan la cara más cruda del periodismo en México: el desplazamiento forzado
“Dios mío, me están matando, ¡ayúdame!”, pensó Marcela al sentir quemar su piel por el fuego del arma que pretendía arrancarle la vida. Era sábado y cumplía 54 años. Fue la última vez que estuvo en cabina transmitiendo para su raza Ñomndaa; fue la última vez que pisó su tierra: Guerrero.
Marcela de Jesús Natalia es una periodista desplazada desde 2017. Forma parte de los cientos de comunicadores que han tenido que huir de sus territorios en México a causa de la violencia. En un país que carece de estadísticas oficiales precisas sobre la magnitud del desplazamiento, la realidad de las mujeres periodistas es invisibilizada por el Estado rebasado y carente de políticas públicas integrales.
Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), explica que este fenómeno tiene más de 15 años. No comenzó con los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez en 2017, sino que tuvo uno de sus primeros focos en Veracruz hacia 2010 “cuando la violencia generó oleadas de comunicadores que huyeron en grupo”. Luego se sumó Morelos, y desde entonces, estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo se acumulan en la lista de zonas de alto riesgo.
“Cuando hablamos de la violencia estructural en México debemos preguntarnos qué causas llevan a las periodistas a abandonar su labor y cuál de ellas podría implicar mayores costos políticos para el Estado Mexicano en términos de atención. Sin duda, una de las principales tiene que ver con el desplazamiento”, apunta Adriana Ramírez Vanegas, del área de seguridad y protección de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
La activista coordinó los trabajos del diagnóstico
Dejar Todo, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, presentado en 2022.
Ella subraya que el desplazamiento forzado es una de las grandes deudas en acceso a la justicia y reparación del daño, así como una omisión en la creación de una ruta institucional de atención, ya que implica la salida no planeada de periodistas que huyen por violencia. No es una decisión propia, ni por oportunidades, sino una situación forzada por supervivencia.
Marcela, marcada por la resistencia
La historia de Marcela de Jesús es un compendio de violencias: por ser indígena, por ser mujer, por ser activista y por ser periodista. Pese a ello, a sus 62 años, su palabra es cálida; abraza y conforta, como si buscara sacudirse el dolor acumulado.
Desde niña enfrentó la discriminación contra su pueblo Ñomndaa, del que se siente orgullosa. A los ocho años, al saber que su familia planeaba casarla, huyó de su comunidad, Los Lirios, municipio de Xochistlahuaca, para poder estudiar. “En 1972 fui la única niña del lugar que escapó para terminar la primaria”, comenta al ubicar que, con esa acción, inició su labor como activista y defensora. La decisión le costó el rechazo de su madre, quien debido a los usos y costumbres de su comunidad la consideró una deshonra.
Su labor periodística la inició en 1994 en la XEJAM, La Voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Su voz en lengua ñomndaa tuvo un impacto inmediato en su natal Guerrero, hasta donde llegaba la señal. “Escuchar nuestro idioma en un medio de comunicación y sobre todo yo siendo mujer, fue impactante. Tuve mucha audiencia porque no había otro medio donde se hablara nuestro idioma”. A los pocos meses, al visitar su tierra, fue recibida como una celebridad, con danza y fiesta. Sin embargo, su labor incomodó a los poderosos.
Marcela de Jesús Natalia, periodista, activista y defensora, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero | Imagen: Patricia Monreal
La cárcel como mordaza
El 8 de marzo de 1998, Día Internacional de la Mujer, Marcela fue detenida arbitrariamente junto con uno de sus hijos, entonces menor de edad. Ambos fueron torturados uno frente al otro, ella recibió una sentencia de 40 años en prisión por delitos fabricados, incluyendo homicidio. Fue trasladada al Centro Penitenciario de Villa de Etla para dificultar su localización, ahí permaneció tres años y cinco días.
“La persecución judicial es una de las formas de violencia para silenciar periodistas”, señala Sara Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica, asociación que da acompañamiento a personas defensoras y periodistas en riesgo. “Antes era el daño moral por la vía civil; ahora se recurre al derecho penal, con acusaciones como terrorismo, delincuencia organizada o fraude, e incluso se crean nuevos delitos en las leyes, como el de ciberasedio”, lo que según la experta, es una crisis que amenaza el derecho a informar.
Con apoyo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Marcela fue absuelta el 13 de marzo de 2001. Lo primero que hizo fue buscar al hijo que habían detenido con ella y ya se encontraba en libertad, él casi se desmaya al verla, pensó que su madre se había escapado de prisión. Luego buscó a sus hijos menores y enfrentó su rechazo ya que su padre les había dicho que ella los abandonó. “Mendigué muchos años su cariño, es la fecha en que todavía no hay buena relación”, confiesa.
Adriana Ramírez, de Serapaz, refiere que las mujeres periodistas, siempre anteponen a su familia, y generalmente se sienten culpables. “Muchas de las relaciones sobre todo con sus parejas, son puestas ahí, en un tema de desplazamiento, porque además, si hay violencia de pareja por ejemplo, eso se viene a reflejar en el desplazamiento, se agudiza”.
Estas contradicciones, que va teniendo la sostenibilidad de la vida de las periodistas desplazadas se ponen en juego, y derivan en que la violencia se vaya incrementando, remarca la activista.
El atentado: “Fue por informar a mi raza”
Tras recuperar su libertad, Marcela regresó a Guerrero en 2003 y se integró al Sistema de Radio y Televisión del Estado, primero como honoraria, luego escaló hasta ocupar la gerencia de la Radio, de donde salió tiempo después debido a presiones ejercidas por afectar intereses de poder que existían en el lugar.
Hizo activismo en Xochistlahuaca, en donde la división en su pueblo crecía. “Como defensora siempre de mi raza, me opuse y empecé a apoyar las escuelas paralelas, les decía que no era justo, que podíamos tener diferencias ideológicas los adultos, pero era cruel que a los niños se les pintara una uña para ver quién pasaba a desayunar y quién no; eso era inhumano”.
Tras dejar la gerencia de la Radio, recobró su espacio de locución, de 5 a 9 de la mañana, hasta que llegó el 3 de junio de 2017. Al salir del trabajo, un sicario le disparó en tres ocasiones.
“La primera bala iba a mi frente; metí la mano, entró y salió por mi muñeca derecha. La segunda bala me despedazó la mandíbula. El chico me dio el tiro de gracia en la sien derecha, pero falló. La bala entró rozando mi cerebro y me destruyó el oído derecho”, narra con una calma sobrecogedora.
Desde entonces vive desplazada. En el hospital, incluso escuchó a un médico conspirar por teléfono para “acabarla en el quirófano”. Marcela sostiene que una política de su municipio pagó 50 mil pesos por su asesinato. Gracias a la presión de sus colegas periodistas y a un traslado de emergencia al Estado de México, logró sobrevivir.
Hoy Marcela duerme tranquila porque sabe que su “pecado” fue garantizar el derecho de su pueblo a estar informado. Sin embargo, las cifras no ceden: desde el año 2000 a la fecha, más de 176 comunicadores han sido asesinados en México, una docena son mujeres, dejando tras de sí una estela de exilios invisibles y justicia pendiente, según la organización
Artículo 19.
Magdalena, síndrome del preso
Acostada sobre la cama del refugio que le proveyó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Magdalena Alonso Ríos pasa hasta ocho horas viendo el techo, perdida en la impotencia de no sentirse libre. “Esta soledad no está bien; es forzada. Estoy en una casa que nunca se calienta, siempre tengo frío. He dado hasta diez mil pasos dentro, tengo el síndrome del preso: me la paso caminando de un lado a otro”, se duele.
Tras 35 años de ejercer el periodismo en Zitácuaro, Michoacán, Magdalena tuvo que dejarlo todo el 16 de marzo de 2022, un día después del asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Entre lágrimas dio la noticia en Al Aire Zitácuaro, su noticiero que estaba por cumplir 17 años, jamás imaginó que sería su última transmisión.
Ese día supo que la buscaban; dos hombres en motocicleta preguntaban por ella. Los retratos hablados coincidían con los agresores de Linares. Apoyada por el Colectivo #NiUnoMás Michoacán, presentó su denuncia y le otorgaron protección.
La llamada de Alejandro Encinas, entonces Subsecretario de Derechos Humanos fue definitiva: “Usted es foco rojo. Al Gobierno de México no le conviene otro periodista muerto en Zitácuaro”.
Al día siguiente fueron por ella, apenas alcanzó a abrazar a su hija para despedirse. “Pensé que podían no ser quienes decían; no pedí identificaciones y, diabética, empecé a sentirme mal. En la carretera creí que me matarían, pero solo dijeron que no podían hablar conmigo y que podían detenerse si lo pedía. No quise parar. Tras horas de noche y miedo, finalmente llegué”.
Al refugio arribó en estado de shock, se repetía que no había hecho nada malo y que en sus noticias siempre evitó mencionar grupos delictivos o nombres. Era su cumpleaños, amaneció con los ojos hinchados y sin agua ni para un café.
Hoy, a cuatro años de aquel destierro, Magdalena es una cifra invisible: el Estado aún no la reconoce legalmente como “periodista desplazada”.
Magdalena Alonso Ríos, periodista desplazada desde hace cuatro años, originaria de Zitácuaro, Michoacán | Imagen: Patricia Monreal
Lo que no se nombra, no existe
La Secretaría de Gobernación, no cuenta con cifras sobre periodistas en condición de desplazamiento, ejemplo de ello, es la respuesta a la solicitud de información que para este trabajo le fue formulada: “Se comunica que luego de una búsqueda con criterio amplio en todos los archivos físicos y electrónicos que conforman la Dirección General de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no se encontró información relacionada con lo expuesto”.
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, denuncia que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, usa el término “refugio temporal” de forma maliciosa: “Ellos han querido minimizar esta problemática porque no quieren reconocer el problema. Hay que recordar que lo que no se nombra, no existe, y entonces se ha querido hacer este jugueteo de palabras para invisibilizar la gravedad de que están desplazando periodistas de sus regiones y para minimizar también la responsabilidad que recae sobre la institución”.
Entre 2014 y octubre de 2025, 247 periodistas han estado sujetos a la medida de refugio. Aunque las
cifras oficiales muestran un descenso en 2024 y 2025, las organizaciones alertan que esto no se debe a una baja en la violencia, sino a una mayor resistencia institucional para otorgar protección.
Mendiola señala que el desplazamiento es desgarrador: de un día a otro deben dejar familia, trabajo y entorno para mudarse a estados desconocidos y hostiles. En este contexto, la Ciudad de México se volvió principal refugio para defensores y periodistas, considerada “ciudad refugio” por ofrecer mayor seguridad frente a la violencia en entidades como Guerrero, Tamaulipas o Michoacán.
El Mecanismo rara vez gestionó desplazamientos de forma adecuada, explica Mendiola: los refugios tenían malas condiciones y fallas de seguridad, incluso intrusiones y robos. Los periodistas no contaban con la protección suficiente, lo que agrava el daño psicoemocional y los obligaba a vivir en precariedad, evidenciando la debilidad institucional.
Magdalena agradece el refugio al que de inicio se resistía. Acepta que la sacaron del riesgo que enfrentaba y le dieron apoyo, pero con el tiempo se sintió juzgada: “No me siento protegida, me siento acusada”.
En reuniones de evaluación del Mecanismo minimizaron el robo de las cámaras de seguridad que hubo en la casa de su hija que permanece viviendo en Zitácuaro, le dijeron que no podían hacer nada porque no era periodista. “Me molesté mucho, pegué en la mesa y les dije que se nota que no saben lo que es tener cerca al crimen organizado, les dije que lo ocurrido significa que, como no me encuentran a mí, me están diciendo que saben dónde está ella”.
En vísperas de cumplir cuatro años desplazada, teme que le sean retiradas las medidas de protección, pese a que las condiciones de riesgo que las propiciaron sigan vigentes.
Teresa, la palabra que no calla
Era verano y la lluvia caía inclemente sobre Toluca, estado de México, cuando Teresa vio acercarse un vehículo que pensó era el taxi que estaba esperando; se apresuró a subir para evitar empaparse con el chubasco. Pronto se dio cuenta del error involuntario: dentro del automóvil viajaban tres hombres que iban por ella.
Teresa Montaño Delgado nunca planeó ser periodista. Por una situación familiar a los 21 años, con la preparatoria terminada, comenzó a trabajar como asistente de una comunicadora de sociales, con el tiempo se profesionalizó: hizo la licenciatura, realizó una maestría y tomó diversos cursos de especialización. Se enganchó al periodismo, le apasionó y hoy suma más de 30 años ejerciéndolo.
Para ella, el desplazamiento fue la única opción tras sobrevivir a un secuestro en Toluca en agosto de 2021. Fundadora de The Observer, Teresa apostó por el periodismo de investigación en un estado de México acostumbrado a la línea oficialista.
Su labor le costó sufrir en carne propia una realidad común en México, las autoridades son las grandes violentadoras de los derechos de periodistas. La estadística del Mecanismo así lo demuestra: de 905 agresores detectados entre 2012 y octubre de 2025, 371 (40.99%), eran servidores públicos; 289, particulares (31.93%); y 245, personas no identificadas (27.07%).
En su informe
Las Formas del Asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) da cuenta “de 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas –un incremento del 117% respecto al periodo de Enrique Peña Nieto-, lo que representa un patrón sostenido de hostilidad institucional y sociopolítica”.
Adriana Ramírez Vanegas recuerda que al documentar en CIMAC las causas del desplazamiento, veían que había una impunidad total.
“Era una impunidad rodeada de una serie de desatenciones frente a agresiones que se habían prolongado durante mucho tiempo; es decir, la mayoría de las periodistas que salen lo hacen porque ya enfrentan una cadena de violencias extremas que incluso involucran atentados directos contra su vida e integridad. Y aunque muchas veces presentaban denuncias y hablaban públicamente de estas agresiones, no había respuesta”.
Lo vivido por Teresa da cuenta de ello. Tras publicar investigaciones sobre corrupción y contratos millonarios de renta de autos por el Gobierno del Estado de México, fue despedida de El Heraldo de México, donde laboraba como corresponsal. Tiempo después descubrió que una de las empresas involucradas pertenecía al mismo grupo del diario.
Siguió con su labor en The Observer, hasta el 13 de agosto de 2021. Ese día tenía una cita médica en el centro de Toluca alrededor de las cuatro de la tarde, poco después vino su secuestro que se prolongó por horas que le parecieron eternas. La liberaron cerca de la medianoche.
Con los ojos vendados, escuchaba a sus captores insistir en que era reportera; ella lo negaba y decía ser contadora y maestra, intentando explicar los documentos y fotos en su teléfono. Mientras el auto daba vueltas bajo la lluvia, la interrogaron y vaciaron sus tarjetas en cajeros, incluida la que usaba para administrar The Observer. Fueron por su auto y la amenazaron con matar a su hijo si estaba en casa, por eso al saber que no había nadie sintió alivio.
Su preocupación se centró entonces en las cajas con documentos de sus investigaciones y de The Observer que ahí tenía; hoy se sorprende al recordar su apremio por preservar esos papeles, y de cómo les pedía a sus captores que le dejaran algunos. Escuchaba cómo revisaban y movían todo; prometieron dejar las cajas, pero no fue así, una desapareció y la otra quedó vacía, con folders regados por el suelo.
Más tarde, una nueva angustia le sobrevino cuando, una vez más en marcha, sintió que salían de la ciudad; encañonada pensó que la asesinarían, finalmente, la abandonaron en un municipio cercano a Toluca. Cuando se quitó la venda, lo primero que hizo fue checar si con ella habían dejado las cajas con sus documentos, pero no había nada.
Caminó entre calles y milpas hasta llegar a un centro comercial en San Mateo Atenco. Pidió un teléfono prestado para avisarle a su hija que la habían secuestrado y liberado. Luego vino la impunidad: la ministerio público que le asignaron tres presentar su denuncia, intentó fabricar culpables y ella exigió una investigación real.
Su caso nunca fue registrado en las cifras de ataques a la prensa por el Gobierno del Estado de México, borrándola como periodista y víctima de la estadística oficial.
La decisión de desplazarse fue casi inmediata, salió hacia España con una beca que le proveyó RSF por tres meses, luego prolongó su estadía en ese país a invitación de la organización La Taula per Mèxic. Por un tiempo retornó a su hogar, pero se vio nuevamente obligada a salir, actualmente permanece en Alemania.
Teresa Montaño Delgado, periodista exiliada del Estado de México | Imagen: Patricia Monreal
“Siempre hemos manejado dos conceptos: desplazamiento y exilio”, señala Balvina Flores, de RSF. Explica que al inicio los periodistas no solo se desplazaban dentro del país, sino que se exiliaban; los primeros casos fueron de Veracruz y Morelos, la mayoría se fue a Estados Unidos, algunos obtuvieron permiso humanitario y aún permanecen allá, otros fueron a Canadá.
A pesar de la violencia que las atraviesa, la determinación de continuar con su labor, persiste en la mayoría de las periodistas desplazadas
Adriana Ramírez, destaca que el desplazamiento de las periodistas no es solo movilidad forzada, sino una forma de represión política contra el periodismo mexicano. Agrega que además de tener una marca de género, el fenómeno implica un ataque a la libertad de expresión, pues busca silenciar su trabajo. “En el 70% de los casos acompañados por CIMAC, el origen estaba en investigaciones sobre corrupción, transparencia y vínculos con el crimen organizado, así como en graves violaciones a derechos humanos”.
De ahí que muchas periodistas no solo informaban: acompañaban procesos de justicia y se volvían actoras clave; al desplazarlas, no solo se acallaba su voz, sino también los procesos que impulsaban. El efecto de acuerdo con la activista, era multiplicador: silenciar a una periodista significaba silenciar comunidades enteras y borrar temas de la agenda pública.
El desplazamiento entonces sostiene, no solo refleja violencia estructural; implica perder el derecho ciudadano a la información y evidencia patrones con consecuencias personales, políticas y para la libertad de expresión.
Desde el exilio, Teresa retomó la investigación sobre contratos de empresas fachada que detonó su salida; contó con el apoyo de la red Forbidden Stories, que en 2023 armó un equipo para verificar y fortalecer su trabajo durante cuatro meses. El reportaje se publicó en The Guardian, El País, y en medios nacionales en vísperas de la elección por la gubernatura mexiquense. Para ella fue una reivindicación profesional.
El día de la elección en que ganó la morenista Delfina Gómez Álvarez, en el Instituto Electoral del Estado le impidió el acceso al área de prensa, mientras en el aire, un dron empezó a seguirla. Después se suscitaron otros episodios de violencia: policías municipales acudían a preguntar a sus vecinos sus horarios, pretendiendo ingresar a su casa.
En noviembre de 2023, el jefe de prensa de Morena en el Congreso del estado, a quien ella conocía, le marcó por teléfono: “En la plática me dijo, ‘oye, tú tienes un hijo, ¿no?’, ¿qué edad tiene?’, en ese tiempo tenía 23 creo, y me contestó: ‘ah, ya está en edad de que le pase algo, ¿verdad?’, así me dijo, y le colgué”.
Una vez más tuvo que huir, aunque no fue la única, también lo hicieron sus dos hijos; hoy los tres viven en lugares distintos. Desde Europa, Teresa asume con mayor claridad su condición de periodista desplazada y bajo riesgo.
El costo de la “muerte social”
Marcela de Jesús Natalia, Magdalena Alonso y Teresa Montaño sueñan con volver a su lugar de origen para retomar la vida que construyeron y seguir ejerciendo el periodismo. En las tres, pesa la conciencia de saber que las condiciones para el retorno no están dadas, que no hay certeza de que lo puedan hacer, y de que sus proyectos de vida tomaron rutas dolorosas que jamás imaginaron.
Sara Mendiola y Balvina Flores coinciden en la necesidad de una política integral para atender el desplazamiento interno forzado: prevención, protección durante el desplazamiento y planes de retorno, el mayor reto tras salvaguardar la vida.
En términos políticos, al Estado Mexicano le cuesta más un periodista asesinado o desaparecido, pero en términos económicos, el costo mayor es de uno desplazado.
Adriana Ramírez lo explica con base a los cálculos que en su momento realizaron en CIMAC. Apunta que mantener un año a una periodista desplazada costaría en promedio, 1.2 millones de pesos anuales, una inversión que el Estado prefiere omitir.
“Muchas periodistas desplazadas viven una crisis profunda: les cuesta asumirse víctimas, enfrentan culpa, depresión y pérdida de autonomía”. Subraya Ramírez que el desplazamiento implica una muerte social. Busca silenciar su pluma y romper su autonomía.
Mientras el Estado Mexicano siga nombrando “estancias temporales” a los que son exilios forzados, la justicia seguirá siendo una promesa rota para quienes, como Teresa, aún se preguntan si vale la pena decir la verdad. Su respuesta, pese a todo, sigue siendo sí.
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Este reportaje forma parte del proyecto “Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México” coordinado por
Periodistas de a Pie
Fotografía retomada de @Cristosal en X
Gráfica de Cristosal en informe «El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador»
Fotografía retomada de @Cristosal en X
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