María Luisa Villanueva Márquez recuperó su libertad después de pasar 25 años en prisión, pero para ella la historia no terminó al salir del penal de Atlacholoaya.
La mujer, originaria de Guerrero, continúa exigiendo que las autoridades reconozcan su inocencia y anulen la sentencia de 30 años que le fue impuesta por un secuestro que, desde el inicio, ha sostenido que no cometió.
Este 8 de septiembre, María Luisa y organizaciones que acompañan su caso se movilizarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Palacio Nacional, de las 10:00 a las 12:00 horas, para presionar a las autoridades y al tribunal que revisa su caso.
“Salir de prisión no repara 25 años de una vida arrebatada”, es el reclamo que acompaña esta nueva jornada de exigencia de justicia.
María Luisa Villanueva: una historia marcada por tortura y falta de perspectiva de género
El caso de María Luisa fue documentado por CIMAC desde hace años. En el reportaje “Después de 20 años en prisión, espera probar su inocencia”, publicado como parte de la investigación Justicia Patriarcal, se reconstruyó cómo fue detenida en enero de 1998 y posteriormente acusada de participar en el secuestro de una niña.
Cuando fue detenida tenía 23 años y era madre de dos hijos.
De acuerdo con su testimonio, fue trasladada junto con su entonces pareja por agentes del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial de Morelos. Durante cuatro días permaneció privada de la libertad y denunció haber sido golpeada, amenazada y víctima de violencia sexual y tortura para obligarla a aceptar una acusación de secuestro.
CIMAC documentó también que durante el proceso existieron señalamientos sobre una identificación inducida, irregularidades en las diligencias y posibles pruebas fabricadas. Su defensa sostuvo que el proceso se desarrolló sin perspectiva de género y que las autoridades no tomaron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de María Luisa, quien además enfrentó el juicio prácticamente sola y con una defensa de oficio que, según su relato, no realizó una defensa adecuada.
La investigación publicada por CIMAC también señaló que, pese a que María Luisa denunció haber sido torturada, durante años las autoridades se negaron a investigar de manera efectiva esos hechos. En 2019, una jueza federal determinó que el delito de tortura no había prescrito y ordenó a la entonces Fiscalía General del Estado de Morelos reiniciar la investigación.
Pasó 25 años en prisión y salió sin que se reconociera su inocencia
María Luisa permaneció 25 años en el penal de Atlacholoaya. En febrero de 2023 obtuvo su libertad mediante el beneficio de remisión parcial de la pena, pero la sentencia que la condenó a 30 años no fue anulada.
Es decir, recuperó su libertad, pero no obtuvo el reconocimiento judicial de su inocencia.
Desde hace más de una década, junto con su abogado Eutiquio Damián Santiago, ha buscado que las autoridades revisen las irregularidades de su proceso y reconozcan que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.
La lucha tuvo un nuevo revés el 12 de junio de 2026, cuando un tribunal de alzada del Tribunal Superior de Justicia de Morelos negó su solicitud de reconocimiento de inocencia y tampoco anuló la sentencia en su contra.
María Luisa denunció que durante esa audiencia los magistrados no valoraron de manera integral las pruebas que presentó para acreditar la tortura y las irregularidades de su proceso. Entre ellas se encuentra un Protocolo de Estambul, elaborado para documentar posibles casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La tortura que denunció ya tiene una investigación penal
Uno de los avances recientes en el caso ocurrió en agosto pasado.
El 14 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la detención de José Guadalupe “N”, exagente del Grupo Antisecuestros de la entonces Policía Judicial, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra María Luisa en enero de 1998.
De acuerdo con la Fiscalía, el exagente habría participado en actos de tortura utilizados para obtener una confesión que posteriormente fue empleada durante el proceso penal que terminó con la sentencia de 30 años de prisión.
La detención resulta relevante porque, según la propia Fiscalía, durante los últimos 15 años no se había cumplimentado en Morelos una orden de aprehensión por el delito de tortura.
María Luisa ha señalado que al menos otros tres agentes participaron en los actos de tortura y espera que también sean investigados y, en su caso, detenidos.
Una disculpa pública que no ha significado justicia completa
Otro elemento importante ocurrió en noviembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado de Morelos ofreció una disculpa pública a María Luisa por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas en enero de 1998 por servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia.
La disculpa se emitió en cumplimiento de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y reconoció violaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante su detención y con la dilación en la investigación de la denuncia por tortura.
Sin embargo, para María Luisa el reconocimiento administrativo de las violaciones no sustituye la exigencia central de su lucha: que el Poder Judicial reconozca su inocencia y anule una sentencia que considera injusta.
La justicia que falta
La negativa del Tribunal Superior de Justicia de Morelos no puso fin a la batalla legal.
Tras la resolución de junio, María Luisa anunció que recurriría a la justicia federal mediante un amparo. Su demanda es que las pruebas sean analizadas de manera integral y que las autoridades consideren las violaciones a derechos humanos que, sostiene, marcaron desde el principio su proceso.
La propia historia documentada por CIMAC muestra que la ausencia de perspectiva de género estuvo presente desde las primeras etapas del caso: una mujer joven, madre de dos niñas y niños, en situación de pobreza, detenida junto con su pareja y posteriormente sometida a violencia sexual y tortura, enfrentó un proceso en el que —de acuerdo con su defensa— no fueron consideradas esas condiciones de vulnerabilidad.
A más de 28 años de aquella detención, la exigencia permanece.
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