La Ciudad de México abrió nuevamente la discusión sobre la eutanasia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración buscará construir una ruta para analizar la posibilidad de legalizarla y señaló que, de acuerdo con una encuesta realizada por su gobierno, 86 por ciento de las personas consultadas está a favor.
El anuncio ocurre días después de la primera marcha en la capital protagonizada por pacientes con enfermedades incurables, familiares y activistas, quienes exigieron avanzar hacia el reconocimiento del derecho a decidir sobre el final de la vida.
Brugada sostuvo que se trata de un tema que requiere una discusión amplia, con la participación de especialistas, pacientes, familias y otros sectores involucrados. La mandataria planteó que la capital puede volver a ser pionera en la ampliación de derechos y libertades.
La discusión, sin embargo, no se limita a determinar si la eutanasia debe ser legal o no. También plantea preguntas sobre quién puede decidir sobre el propio cuerpo, bajo qué condiciones y qué garantías debe ofrecer el Estado para que esa decisión sea realmente libre.
86% a favor sobre despenalizar, legislar y regular la 3utanasia en la #CDMX.La Ciudad contará pronto con una ruta legislativa anuncia la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM @GobCDMX en respuesta a la primera Marcha por la Mu3rte Digna.
Vamos por nuestra última libertad. pic.twitter.com/4izp0rUH0B— Aurélien (@aurel_gt) September 1, 2026
Pacientes incurables encabezan primera marcha por la eutanasia en CDMX
El pasado 28 de agosto, pacientes con enfermedades incurables, familiares y activistas marcharon por primera vez en la Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia.
La movilización partió del Palacio de Bellas Artes y avanzó hacia distintas sedes gubernamentales bajo la consigna “¡Mi vida, mi muerte, mi decisión!”.
Las personas participantes entregaron propuestas legislativas y documentación a autoridades para exigir que el derecho a decidir sobre el final de la vida sea reconocido en la legislación mexicana.
Entre quienes impulsaron la movilización se encuentra Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal y promotora de la iniciativa ciudadana conocida como Ley Trasciende, que busca modificar el marco legal para permitir la eutanasia bajo determinadas condiciones.
La propuesta plantea que las personas mayores de edad que enfrenten enfermedades graves, incurables o terminales puedan solicitarla de manera libre, consciente e informada, con acompañamiento médico y bajo mecanismos que permitan verificar que la decisión corresponde a la voluntad de la persona.
El movimiento sostiene que hablar de eutanasia no significa promover la muerte, sino reconocer la capacidad de las personas para decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan condiciones médicas irreversibles y sufrimiento que consideran intolerable.
Autonomía corporal: decidir también al final de la vida
Desde una perspectiva de género, el debate puede vincularse con una discusión que los feminismos han colocado históricamente en el centro: el derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos.
La autonomía corporal no termina cuando aparece una enfermedad grave. Por el contrario, las condiciones de dependencia y deterioro pueden hacer todavía más importante garantizar que la voluntad de una persona sea escuchada y respetada.
Esto implica preguntarse quién toma las decisiones cuando una persona enferma pierde autonomía física, quién administra sus recursos, quién determina sus tratamientos y qué papel desempeñan las familias y las instituciones médicas.
En el caso de las mujeres, estas preguntas se cruzan además con desigualdades que persisten a lo largo de la vida: acceso diferenciado a servicios de salud, dependencia económica y una distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados.
Por ello, una eventual regulación de la eutanasia tendría que colocar en el centro la voluntad de la persona, evitando que factores externos determinen su decisión.
Mujeres y cuidados: la otra dimensión del debate
Hablar del final de la vida también significa hablar de cuidados.
En México, las tareas de cuidado no remuneradas continúan distribuyéndose de manera desigual y recaen principalmente en las mujeres. Son ellas quienes con mayor frecuencia acompañan a familiares enfermos, administran medicamentos, realizan tareas domésticas, acuden a consultas y sostienen emocionalmente los procesos de enfermedad y dependencia.
Esta realidad introduce en el debate sobre la eutanasia: ninguna persona debería sentirse obligada a morir porque considera que representa una carga para quienes la cuidan.
Por eso, el reconocimiento de la autonomía al final de la vida debe estar acompañado de garantías para acceder a atención médica, cuidados paliativos, acompañamiento psicológico y redes de apoyo.
De lo contrario, una decisión que debería ser autónoma podría estar condicionada por la pobreza, la falta de servicios de salud, la ausencia de cuidados o la presión económica y emocional sobre las familias.
El derecho a decidir requiere condiciones para hacerlo
La iniciativa Ley Trasciende plantea precisamente que la discusión sobre la muerte digna debe estar vinculada con la autonomía y la dignidad de las personas.
Su impulso también muestra que el debate dejó de ser exclusivamente médico o jurídico y comenzó a ocupar el espacio público a partir de las experiencias de quienes viven enfermedades incurables y de sus familias.
Ahora, con la apertura anunciada por el gobierno capitalino, la Ciudad de México podría convertirse nuevamente en escenario de una discusión sobre derechos.
El reto será evitar que el debate se reduzca a una confrontación entre quienes están a favor o en contra de la eutanasia. La pregunta central también será qué condiciones necesita una persona para poder decidir libremente sobre su vida y su muerte.
Eso implica garantizar atención médica, cuidados paliativos, información, acompañamiento y ausencia de violencia o presiones económicas y familiares.
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