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9/07/2020

Comercio y corrupción

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero

Ejercer el comercio, ganándose la vida honradamente, no sólo debe ser permisible, sino encomiable. Esa actividad, que tiene orígenes y tradiciones arcaicos, ha sido también factor fundamental para cohesionar y fortalecer el progreso personal y la vida comunitaria.
En el México prehispánico, los tianguis y las rutas del comercio permanente entre los territorios de Mesoamérica, las culturas del altiplano y el imperio maya dejaron huellas y evidencias monumentales que han quedado grabadas para siempre en las metrópolis toltecas y teotihuacanas, así como en las grandes urbes del sureste posclásico.
Durante la Colonia, El Parián de la Plaza Mayor de la capital fue símbolo de su gran pujanza económica y comercial, así como de sus vínculos con la política y el poder de aquellos tiempos.
Ya en los años 50 del siglo pasado, el comercio informal en la capital se integró a un cambio sustancial, a través de un modelo definido y organizado legalmente gracias a la mano de hierro del regente Uruchurtu, que construyó la más extensa red de mercados en la ciudad, para darle acogida y formalidad; mientras facilitaba la regularización de muchos giros, acabando así con la mayor parte de un ambulantaje que ya no tenía cabida en el México de éxito y de progreso que estaba surgiendo.
Así se encontraba esa actividad comercial, cuando llegaron la globalización y la modernidad, entre los años 88 y 94, promovidas aquí por un gobierno insensible y contrario a los intereses del país, que desmanteló y aniquiló la cadena de producción-comercialización de arraigo mexicano, para entregarla a una apertura injusta, traidora y abusiva, que abrió indiscriminadamente nuestras fronteras económicas –que se habían construido arduamente durante décadas–, sometiéndonos a una competencia internacional absolutamente aplastante y desproporcionada, que contaba con una infraestructura productiva y con capitales con los que era imposible competir, ya que disfrutaban de alicientes e impuestos inalcanzables para nosotros, así como organizaciones logísticas de operación y de servicio muy superiores a la capacidad instalada en México y que, además, no tenía la carga costosísima de la corrupción.
FotoDe ese modo fue como se entregó y se rindió la plaza mexicana del comercio, de manera absoluta e incondicional, con los resultados desastrosos que hemos sufrido; en una economía nacional que, desde los años 90, no ha vuelto a crecer en términos reales y sí ha catapultado, en forma geométrica, la deuda interna y externa, minimizan a los pequeños y medianos empresarios mexicanos formales que han quedado prácticamente aniquilados, frente a una informalidad multiplicada y desbordada, y ante los consorcios trasnacionales, con sus socios cimarrones, sus cómplices y sus encubridores burocráticos, llevando a México a la tasa de informalidad más alta del continente americano, de Europa y de Asia Central, que alcanzó hasta 60 por ciento de la economía nacional, en 2009, lo cual, afortunadamente, ya se está logrando revertir.
▲ Un vendedor ambulante expende tapabocas y máscaras, en el contexto del semáforo naranja por la pandemia de Covid-19, en la Ciudad de México.Foto Cristina Rodríguez
En el ámbito de deterioro que provocó esa política entreguista, las calles, banquetas y esquinas del dominio público y de uso común de todo el país fueron invadidas por comerciantes que encontraron que podían subsistir sin pagar impuestos; sin pagar renta; sin pagar salarios justos, ni prestaciones sociales; sin cubrir cuotas aduaneras, y sin cumplir con ninguna de las obligaciones que el comercio formal debe acatar.
Lo que sí tuvieron que hacer esos comerciantes fue someterse a tributos simbólicos y selectivos de una burocracia corrupta, así como a la extorsión mafiosa de líderes creados y protegidos, en su momento, por el gobierno y su partido único, en complicidad con capos territoriales revestidos de impunidad que se convirtieron en caciques de horca y cuchillo, que han contado con halcones que monitorean todo lo que ocurre en sus dominios y que mantienen grupos de choque que cobran cuotas y agreden a quienes no se someten; mientras, el tráfico de drogas y la prostitución se han multiplicado, en contubernio con extranjeros ilegales que se han infiltrado en todo el país.
Como se puede comprobar, la modernidad globalizadora llevó a México a una regresión social histórica y a una ilegalidad multiplicada, mientras inmensas fortunas se amasaron en esos territorios de corrupción, en un fenómeno que fue el producto natural de una política económica destructora que dañó a las mayorías productivas, protegiendo intereses ajenos y colusiones delictivas. Y, por ello, ahora es necesario retomar la legalidad y la equidad en la economía y, en especial, en el comercio, desvinculándolo del delito y de la competencia desleal.
Para lograr lo anterior se requiere una política nacional que incluya la totalidad del pequeño y mediano comercio en el país, tanto formal como informal, para que todos cooperen por igual y se sujeten a las mismas reglas, obteniendo semejantes alicientes; dándoles, sin excepción alguna, los elementos necesarios para su subsistencia y crecimiento frente al aplastante poderío de los grandes consorcios protegidos que eluden impuestos, y al acecho aniquilante de la corrupción oficial, a la que hay que seguir combatiendo sin descanso, porque esa es la génesis de todos estos desastres.

8/24/2020

Recursos estratégicos perdidos

Alejandro Gertz Manero

La Jornada: En defensa propia
Todos los bienes que forman el patrimonio estratégico de la nación, y que le pertenecen de manera inalienable e imprescriptible, constituyen la riqueza colectiva de la comunidad mexicana y, fundamentalmente, de sus grandes mayorías, que sólo así pueden recuperar, en algo, el abandono y el despojo ancestrales, así como las profundas carencias que siempre les han afligido.
Para entender cabalmente, y en la práctica, lo que significa esa riqueza estratégica nacional, tenemos el ejemplo de Noruega, cuyo gobierno creó un fondo financiero y patrimonial para el país, en el cual se depositan las ganancias que se obtienen de la explotación de sus yacimientos petroleros en los litorales del Mar del Norte.
La gran productividad de la empresa petrolera noruega, que maneja sus operaciones y contratos con honradez, capacidad y transparencia, ha dado como resultado ese fondo financiero que cuenta con un valor aproximado de 10 billones de coronas noruegas (equivalentes a 24 mil 300 millones de pesos), cantidad que ha permitido, y permitirá, que la seguridad social, la salud y buena parte de su infraestructura nacional, tanto en el presente como a futuro, se cubran con los intereses de dicho capital. Ese es el resultado evidente e innegable de una estrategia patriótica y honesta para sustituir un recurso no renovable, como es el petróleo; convirtiéndolo en un capital permanente y colectivo de todos los noruegos y de sus nuevas generaciones. Demostrando, con ello, que esa es la fórmula más práctica y eficaz para defender a un país, a su patrimonio y a su población íntegra.
Ese mismo modelo lo ha aplicado la nación noruega en la explotación racional y eficiente de sus inmensos bosques, lo que ha permitido que su extensión arbórea vaya creciendo con mayor rapidez y cobertura territorial que el número de árboles que se derriban e industrializan.
Frente a ejemplos tan encomiables, en nuestro país ha ocurrido exactamente lo contrario con toda su riqueza petrolera. Ya que, después de más de 100 años de explotación, y de haber sido una de las naciones más productivas a escala mundial, hoy nos encontramos más endeudados que nunca. Mientras la empresa nacional está quebrada y hay que rescatarla, cuando ya se perdió una gran parte de esa fuente de riqueza comunitaria no renovable, que debía haber dejado un patrimonio nacional inmenso, el cual le habría dado a toda nuestra población el bienestar económico y la equidad que nunca ha podido alcanzar. El caso de nuestros bosques es semejante. Y ello se comprueba al observar la depredación inmisericorde de las áreas boscosas en el país; la cual se evidencia en los niveles de desertificación y deforestación que reportan alrededor de 2 millones de hectáreas de recursos forestales perdidas anualmente.
Lo mismo ha sucedido con otros recursos naturales estratégicos saqueados; siendo el ejemplo más evidente el de la minería mexicana, cuya explotación, durante 300 años de Colonia, fue la fuente ubérrima de la riqueza, del dispendio y de las guerras absurdas provocadas por las casas reales de los Austrias y los Borbones en la Madre Patria. Mientras, en la Nueva España, sólo unos cuantos protegidos, como los Borda en Guerrero y los Rul en Guanajuato, resultaron favorecidos. En tanto que, al pueblo se le sacrificaba en la esclavitud de los abismos negros de esas minas. Hoy, México sigue siendo el primer productor de plata en el mundo. Mientras el cobre significa otra explotación permanente, que no la podemos disociar de lo que ocurrió con la Cananea Consolidated Copper Company, en Sonora, en 1906, que fue la muestra más descarnada de la extracción masiva y abusiva de las riquezas no renovables del país, y que también evidenció una discriminación laboral agresiva y humillante que provocó el primer estallido social precursor de la Revolución Mexicana.
Actualmente, la industria minera en México reporta una productividad no auditada de 443 mil 224 millones de pesos; mientras sus impuestos se reducen a 46 mil 59 millones. Quedando cerca de 90 por ciento de sus ganancias en manos de particulares, la mayoría extranjeros, a quienes la reforma legal de 1992 les ha dado la oportunidad de participar en la explotación de los recursos naturales con 100 por ciento de capital social extranjero y hasta por 100 años de vigencia.
En esas condiciones tan cuestionables, la superficie otorgada a los concesionarios alcanzó 113.8 millones de hectáreas, que abarca enormes territorios estratégicos, como lo muestra el plano que se acompaña. Quebrantando, con ello, los principios establecidos en la Constitución de 1917, que en su artículo 27 ratifica en forma contundente e indudable el dominio directo y el usufructo para la nación de esos recursos naturales que ahora se van para siempre sin dejar patrimonio alguno que los compense. En tanto, se multiplican los conflictos laborales, acusaciones por daños ecológicos y las muertes por riesgo de trabajo. Este análisis comparativo, entre un país democrático como Noruega que defiende y multiplica su patrimonio estratégico nacional, y lo que ha pasado en México, nos ratifica el abandono, la corrupción y la falta de patriotismo de gobiernos dictatoriales que permitieron esta debacle patrimonial que nos ha saqueado. Todo lo cual, ahora se trata afanosamente de revertir.
* Fiscal General de la República

8/10/2020

Aduanas marítimas saqueadas

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero *
Foto
▲ La operación portuaria comercial en México está gestionada por empresas privadas bajo concesiones de hasta 100 años.Foto Notimex
Históricamente, para cualquier país, las aduanas marítimas y sus operaciones comerciales han sido extraordinarios y valiosísimos tesoros financieros y económicos. Por ello, durante los 300 años de Colonia en México, esas aduanas fueron un instrumento fundamental de la Corona Española para conservar e incrementar sus riquezas.
Ante esa razón estratégica, la aduana marítima principal, en Veracruz, contaba con la fortaleza de San Juan de Ulúa para proteger los intereses del Estado. Mientras, en el Pacífico, la tradicional feria anual del comercio con oriente, en Acapulco, era resguardada por el fuerte de San Diego. En San Blas operaba la Contaduría, la cual registraba la entrada de los bienes de oriente y Filipinas.
Ya en el siglo XX, lo primero que hicieron las fuerzas invasoras, en 1914, fue apoderarse y controlar la operación de la aduana de Veracruz, junto con todo el comercio marítimo del puerto; para, con ello, tratar de someter y doblegar al gobierno de don Venustiano Carranza.
Todos estos antecedentes nos demuestran la enorme importancia de los recursos fiscales marítimos y aduanales en la economía general del Estado, ya que le proveen de una base impositiva primordial, mientras fortalecen su comercio exterior y las balanzas correspondientes; además, promueven el crecimiento del producto interno, la inversión y los mercados e impiden la descapitalización del país y el saqueo de sus riquezas.
Sobre este tema, y en detrimento de los intereses nacionales, la corrupción fue apareciendo con toda su fuerza en los puertos comerciales mexicanos, creando un escandaloso foco de latrocinio nocivo para la economía. Llegando, en las últimas décadas del siglo XX, a significar un fenómeno desmesurado y desbordado, a causa de la inmensa inmoralidad y prepotencia de las organizaciones sindicales de estibadores y alijadores, y de sus esclavos laborales denominados cuijes, quienes gozaban de una impunidad cínica y evidente que les permitió apoderarse prácticamente de todo el territorio aduanal para convertirlo en un ámbito exclusivo de extorsión y saqueo, en complicidad con autoridades que participaban en ello.
Ya en los años 90, el gobierno mexicano, utilizando dolosamente una supuesta globalización, se dedicó a entregar el país a intereses ajenos, rompiendo la cadena nacional de producción y comercialización que se había construido, con gran éxito, durante más de medio siglo. Siendo su nueva estrategia perniciosa fingir el rescate de las operaciones y las aduanas marítimas, con todos sus latrocinios e ineficiencias. Y, para ello, organizó un modelo privatizador y globalizador que, finalmente, no fue más que otra forma encubierta de la inveterada corrupción.
En ese marco demagógico y entreguista, de falsa y parcial apertura, el gobierno inventó unos engendros burocráticos híbridos en los que participó como socio y promotor. Éstos tienen características propias de empresas privadas, pero con privilegios públicos bajo la denominación de Administraciones Portuarias Integrales (API), cuya meta esencial ha sido disfrazar la venta y la entrega de las operaciones comerciales en las aduanas marítimas, así como la mayoría de sus ganancias que, en forma injusta y tendenciosa, se les conceden a intereses extranjeros y al despojo generalizado.
Esas API se encauzaron, desde su origen, a otorgar a terceros concesiones desmesuradas de operación comercial portuaria por 50 y hasta por 100 años. Todo ello principalmente a empresas extranjeras, fundamentalmente de Hong Kong y de Long Beach, California, para que sean las que operen esas actividades, mediante un esquema en el que el gobierno aporta el dinero para la infraestructura de muelles e instalaciones, a cambio de ínfimas retribuciones. Mientras, dichos concesionarios obtienen los verdaderos beneficios de su monopolio mercantil de contenedores; tolerando, alentando o participando en la corrupción interior de los recintos fiscales, en complicidad con las autoridades que ahí intervienen.
En este momento, casi 90 por ciento del movimiento de los contenedores marítimos está en manos de esas concesionarias. Prevalecen la corrupción, la subfacturación, todo tipo de defraudación fiscal y robo de combustible aunado al más descarado narcotráfico que proviene de oriente y de Sudamérica.
En la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados se luchó, durante toda una legislatura, para modificar los términos leoninos de las concesiones y de las API. Y, en ese combate, sólo los legisladores que representaban a la flota de Pemex se unieron a favor de la propuesta. El resto de la comisión no aceptó cambio alguno que frenara esos abusos. Así como tampoco les interesó rescatar del abandono y degradación las zonas marítimas y el entorno urbano de los puertos.
Hoy, por fin, se ha dado un primer paso para combatir esa corrupción e injusticia, siendo absolutamente necesario que se analicen todos los antecedentes citados y se verifiquen dichas concesiones comparando las obligaciones y las ganancias que obtienen esos beneficiarios en los puertos de sus países, frente a lo que está ocurriendo en México.
Seguramente, si se ataca a fondo este gran foco de corrupción pública y privada, los resultados serán encomiables.
* Fiscal General de la República

7/27/2020

La brutal violencia familiar

En defensa propia
Foto
▲ Rossella Angélica María Lozornio, víctima de violencia familiar.Foto Martín Diego Rodríguez
Una de las conductas más lesivas en la vida comunitaria se expresa en la denominada violencia familiar, la cual se refiere a los hechos delictivos que se cometen al interior de nuestra célula social más íntima y sensible, que es la familia; y todo ello, fundamentalmente, en contra de la mujer, de los niños y las niñas.
Estos delitos, que generalmente conducen a lesiones que pueden llegar hasta la misma muerte, implican también humillaciones y ofensas muy graves e injustas hacia las mujeres; como resultado del abuso cobarde y desmesurado que se ejerce en contra de quienes, por amor o por debilidad natural, no pueden defenderse o se encuentran a expensas de quien provee el dinero y los elementos de vida que son indispensables para esas víctimas.
Esas agresiones son todavía más repugnantes cuando se realizan en contra de niños y niñas. Y en tales casos las cometen generalmente los padres, las madres o parientes cercanos, que convierten a esas criaturas en las víctimas más indefensas y frágiles de la brutalidad y la cobardía de quienes utilizan esos hechos incalificables para dar salida a sus frustraciones y a sus aberraciones conductuales absolutamente reprobables.
En el marco jurídico federal, sólo unos cuantos artículos se refieren a esos casos que son tan graves y repetitivos, sancionándolos como leves. Cuando dichas conductas representan todo lo contrario, como lo muestran las estadísticas generales sobre ese delito, que constantemente se vincula con lesiones, ­violaciones y homicidios, mostrando su magnitud y consecuencias.
Las cifras oficiales nos señalan que durante 2019 en nuestro país se cometieron 44 mil 827 homicidios, 208 mil 547 delitos por lesiones, hubo 204 mil 173 denuncias por violencia familiar y 17 mil 141 violaciones. A su vez, las estadísticas indican que 43.9 por ciento de las mujeres en México han sufrido violencia física o sexual, inferida por su pareja. En tanto que, del total de ellas, únicamente 2 por ciento solicitó apoyo a alguna institución.
En relación con lo anterior, hay que tomar en cuenta que, tanto las mujeres como los niños y las niñas, difícilmente se atreven a denunciar. Y cuando llegan a hacerlo, la presión de su propia supervivencia y sus necesidades afectivas los llevan constantemente a perdonar a sus victimarios; sometiéndose a un dolor permanente que, a su vez, va generando un sedimento de humillación y coraje que habrá de reflejarse en retaliaciones que reproducirán y magnificarán la violencia sufrida.
Este fenómeno de agresividad desmedida, frecuentemente está vinculado con casos de alcoholismo y drogadicción, que propician esos resultados catastróficos en la vida familiar, como consecuencia de la repetición constante de esas conductas aberrantes.
Experiencias profesionales en diferentes ciudades y poblaciones del país, nos han permitido comprobar que estos crímenes abominables se multiplican al llegar cada fin de semana. Cuando la ingestión abusiva de alcohol o de drogas lleva a sus consumidores a perder todo sentido de control y responsabilidad, desatando sus peores compulsiones, cuya brutalidad incontenible llega a producir verdaderas tragedias humanas.
El sometimiento y la indefensión de sus víctimas genera a dichos delincuentes un placer morboso que los incita a producir mayor daño, hasta llegar a provocar la pérdida de la vida. En esa misma dinámica se multiplican también, de manera exponencial, los delitos sexuales, en los cuales la violación de mujeres, niños y niñas se convierte en acciones repetitivas e inevitables para esas víctimas que sufren profundos daños físicos y mentales, que los habrán de marcar de por vida, atrapándolos muchas veces en una vorágine aniquilante de la cual es muy difícil escapar.
Frente a esta situación tan grave, es inadmisible tener que esperar a que se haya cometido algún delito de los señalados, para que sea únicamente la víctima o sus padres los que denuncien. Lo cual es una perspectiva de autoridad y un marco legal totalmente inaceptables; ya que la gran mayoría de esos casos son bien conocidos y previsibles. Y, por ello, deben existir políticas públicas nacionales de prevención que impidan que estos hechos se realicen, facilitando denuncias comunitarias o policiacas que permitan iniciar, de inmediato, los procedimientos de protección y de investigación ministerial y judicial. Puesto que obligar a las víctimas a formular una acusación ante la autoridad como condición ineludible para perseguir ese delito, las lleva, muchas veces, a recibir un mayor castigo por parte de sus verdugos, que siempre tratan de negar o encubrir sus conductas criminales.
Dentro de los proyectos de justicia cívica y legislación penal que tenemos preparados, y que habremos de presentar a la consideración del Senado, estamos incluyendo todos los aspectos de prevención y apoyo a las víctimas de la violencia familiar; principalmente en lo que toca a la protección a mujeres, niños y niñas. Proponiendo, también, procedimientos inmediatos y castigos consecuentes para sus agresores, que deben ser proporcionales al daño que sus delitos hayan causado. Ya que sólo así se podrá recuperar la vida comunitaria, el respeto a la mujer y el futuro de nuestras nuevas generaciones.

7/13/2020

Última llamada


La Jornada: 
En defensa propia
Alejandro Gertz Manero

Para entender cabalmente lo que está ocurriendo en el país, es indispensable conocer los orígenes de las contradicciones ancestrales y de las equivocaciones reiteradas que, superando nuestras fortalezas, nos han llevado a esta situación de corrupción, injusticia y quiebra económica.

Estos antecedentes comenzaron muchos siglos atrás, en el ámbito de las culturas originarias asentadas en nuestros territorios, que en su momento dieron muestras evidentes de solidez, de avances científicos, de arte, astronomía, arquitectura y urbanismo. Reflejando con ello la inteligencia, la elevada sensibilidad y el refinamiento de un pueblo extraordinario, cuyas virtudes y grandezas podemos constatar hoy día, en los sitios arqueológicos y en los museos de este país y del mundo entero.

Los grandes problemas de estas culturas también se iniciaron desde semejantes orígenes, en razón de un modelo de poder teocrático, autoritario y aplastante; representado por sus caciques, que se ostentaron como símbolos de la divinidad; sumos sacerdotes de una liturgia feroz, y que, al mismo tiempo, eran jueces supremos; jefes absolutos de sus ejércitos; dueños de la economía y de la propiedad pública y privada; y hasta de la vida misma de sus súbditos.

Durante milenios así funcionó ese sistema aislado y sin contacto con el mundo exterior. Hasta que apareció de la nada, sin explicación ni aviso, la presencia de un universo desconocido e indescifrable, para el que nadie estaba preparado; y que, al no poder entenderlo, no se supo cómo enfrentarlo.

Los conquistadores que llegaron encarnaban una amenaza mágica, violenta e inescrutable; que cayó sobre esas culturas; que se vinieron abajo, arrastrando a sus líderes y dejando a su población en el más completo abandono.

El desplome y el sometimiento de los caciques, con todos sus símbolos de poder, fue sustituido de inmediato por los conquistadores, mediante sus propios mitos y emblemas. Manteniendo incólume la esencia de control y opresión del modelo prehispánico que les permitió, por 300 años, una explotación permanente y exhaustiva de inmensos bienes y recursos; que enriquecieron a los invasores, a su corona y al criollaje en el poder, a costa de toda una población indígena sometida.

Al comenzar el siglo XIX, otra vez llegó de fuera una nueva estirpe dominadora que, en nombre de la democracia reivindicadora, destronó al obsoleto régimen de los reyes por derecho divino. Entronizando a las fuerzas de la democracia y de los derechos humanos, pero sólo para unos cuantos. Mientras dejaba a la mayoría absoluta de la población en el mismo estado de indefensión, explotación y miseria.

En esa etapa, los héroes ofrendaron sus vidas para que, finalmente, las fuerzas coloniales conservadoras fueran aplastadas. Y el poder de la democracia de origen estadunidense se impusiera en las leyes, en los símbolos y en las alianzas. Propiciando el triunfo de la República, la reivindicación de los bienes de la Iglesia y el despojo de los fundos indígenas milenarios. Y en ese lapso, por fin, un representante de la población indígena gobernó con toda dignidad y decoro, después de que ya se había perdido la mitad del territorio, donde se hallaban los más ricos yacimientos y las tierras más fértiles.

Así arribó el siglo XX, con el advenimiento del socialismo y del comunismo, que generaron movimientos sociales telúricos. Mientras el capitalismo salvaje también mostraba sus fauces, a través de la industria petrolera mundial que habría de controlar y movería al mundo entero mediante los procedimientos más descarnados. Todo ello coincidió en México, en ambos aspectos, generando un levantamiento revolucionario que prometía la reivindicación al pueblo. Mediante una guerra civil que sacudió al país hasta sus entrañas, pero que no tocó la explotación petrolera en manos extranjeras, en unafaja de orodonde no sonó un disparo, ni prosperó amenaza alguna para quienes se estaban apoderando de una parte óptima de esas riquezas; protegidos por un tratado ignominioso para dejar, con todo ello, un saldo de pobreza y de rencor que pronto habría de estallar.

En esos tiempos de violencia, los héroes fueron sacrificados y traicionados. Hasta que, por fin, la revolución armada triunfó y el petróleo pudo regresar a manos de la nación. Pero el modelo, en su esencia, se mantuvo intocable, sustentado en una estructura de poder idéntica a los antiguos cacicazgos. Donde ladictadura perfectay su maximato gobernaron y despojaron, desde la cúspide de sus contradicciones, dogmas y liturgias cortesanas. Esto que propició que las riquezas nacionales se quedaran arriba o salieran del país; en tanto que la pobreza y la injusticia permanecieron abajo y en todos los territorios.

Ese poder absoluto pronto empezó a corromperse absolutamente, mostrando su voracidad sobre los bienes estratégicos de la nación. Lo que fue destruyendo las bases que habían sustentado a ese modelo político milenario. Que, en sus contradicciones y en sus ineptitudes, había llevado a su propia estructura a una escalada de descomposición y a una demagogia desmesurada, que erosionaron gravemente a ese poder único y omnímodo. Que se fue minimizando y descalificando a través de gobiernos encabezados por pequeños burócratas ensimismados, o por oportunistas irresponsables y corruptos que han sido relegados paulatinamente por los nuevos y brutales poderes paralelos de la delincuencia, el saqueo, el narcotráfico y de la ilegalidad.

En esas condiciones es como nos encontramos hoy. Con una sola fortaleza original que se expresa en los valores ancestrales de la gran base social de este país, que es su verdadero tesoro. Que no debe volver a traicionarse, y que está constituido por las mayorías más desprotegidas y por las clases medias eficaces, ilustradas y productivas del país. Que solamente saldrán adelante si superan esa contradictoriedad que destruyó a nuestras grandes culturas, para lograr una alianza de la que emerjan las virtudes y el orgullo de los antiguos mexicanos.

Para alcanzar lo anterior, hoy existe una oportunidad única, al contar con un gobierno que entiende, siente y apoya a esaraza cósmicaque nos ha dado historia. Que nos enorgullece y puede ser la única que, al recuperar sus derechos anhelados y la justicia denegada, rescate nuestro inmenso legado ancestral.

6/29/2020

Saqueadores

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero

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▲ Gobiernos anteriores saquearon al país. En la imagen el puerto de Veracruz.Foto Cristina Rodríguez
La repetición constante de una conducta delictiva que logra prevalecer y multiplicarse con éxito se denomina delito por simpatía. Y esa figura es la que se afianzó y expandió como nunca en México, en manos de una pandilla cleptómana e irresponsable que en las pasadas administraciones organizó el saqueo más desmesurado de las riquezas patrimoniales y de las empresas estratégicas del Estado. Todo para beneficio de un cártel delictivo gubernamental que provocó, en los seis años del gobierno anterior, la multiplicación en 182 por ciento de la deuda pública histórica del país.
Esos saqueadores ineptos sólo supieron robar y no tuvieron capacidad alguna para gobernar y, menos, para cuidar el patrimonio nacional. Por ello, en lugar de conservar y proteger esas instituciones y corporaciones del Estado, encomendando su administración y desarrollo a profesionales capaces, independientes e idóneos, debidamente auditados, como se hace en las grandes empresas mundiales con todo éxito, optaron por desmantelarlas, corromperlas, endeudarlas o rematarlas, junto con todos los recursos y riquezas que eran patrimonio público de los mexicanos, para así consumar ese saqueo en beneficio propio o de terceros, ya que, si todo ese patrimonio lo hubieran sabido conservar y manejar para hacerlo producir, habrían enriquecido al país y a cada mexicano. Y hoy, todo ello, sólo significa una pérdida mayúscula e irreparable para la nación.
De esa manera, los depredadores gubernamentales entregaron las instalaciones portuarias construidas por México a consorcios extranjeros para que se enriquecieran hasta por 100 años. Lo mismo realizaron con los aeropuertos e instalaciones que eran del Estado y que, ahora, disfrutan y explotan unos cuantos beneficiarios. Igualmente, pignoraron inmensos territorios mineros con criterios coloniales y a precios irrisorios.
Asimismo, privatizaron grandes carreteras y autopistas, así como toda la red ferrocarrilera, que eran patrimonio público y que ahora les reditúan a empresarios privados. Lo propio repitieron creando cárceles particulares innecesarias que le han costado al país cantidades enormes, absolutamente injustificadas.
De igual modo, firmaron tratados internacionales que permitieron a grandes sectores de la producción automotriz convertirse en ínsulas maquiladoras, oligopólicas e intocables, libres de impuestos y del control fiscal, en un régimen de excepción injusto y esencialmente contradictorio a los principios de un verdadero libre comercio para todos y sin privilegios. Asimismo, quebrantaron una encomiable tradición cardenista y moralizante del país, llenando nuestro territorio de casinos y casas de juego que explotan y exaccionan a la población local y, en especial, a viudas y jubilados.
Violando principios constitucionales, dispusieron de playas y litorales para beneficiar al capital extranjero, quedando en México los salarios exiguos. Y, como corolario, eximieron a sus socios y cómplices del pago de impuestos, al igual que a las mafias del ambulantaje y la informalidad. En tanto que al resto de la población le ratificaron las más altas contribuciones, asediándola con extorsiones y amenazas.
A todo lo anterior hay que agregar la colusión aduanal que ha solapado la subfacturación de mercancías en detrimento de la formalidad y de la legalidad. Asimismo, han negociado y prostituido las internaciones migratorias, coludiéndose con polleros y hampones para incentivar la trata de personas. Del mismo modo han entregado las calles y los espacios públicos a pandillas de explotadores, mientras el comercio formal es extorsionado por la delincuencia y por la burocracia corrupta.
Ese saqueo descomunal, su enriquecimiento desmedido y su ineptitud notoria acabaron por descalificar masivamente a esos cleptómanos que fueron expulsados del poder. Convocando a un cambio radical que ahora, a diario, tiene que enfrentarse a ese cártel del atraco, en condiciones profundamente adversas, en razón de una estructura burocrática mayormente incapaz, corrupta e inamovible; así como también a un sistema legal y administrativo ineficiente, obsoleto y evidentemente injusto que continúa al servicio de la corrupción, salvo honrosas excepciones.
En estas condiciones, es indispensable entender que esta lucha no es contra la productividad ni contra el desarrollo privado. Eso lo ha de-mostrado la actual política financiera que ha mantenido el valor del peso, reduciendo la inflación y evitando el endeudamiento gubernamental. Al haber recibido finanzas públicas en quiebra y el patrimonio nacional saqueado, la obligación primi-genia es la de contener y evitar ese atraco mientras se reconstruye la capacidad presupuestal del Estado con los impuestos que se deben y tienen que pagar por todos, sin excepciones corruptas.
Frente a esa realidad, los beneficiarios y promotores de la corrupción en México han reaccionado con virulencia, emprendiendo una campaña feroz de difamación y desprestigio, a la que es indispensable responder con entereza, mientras se transforma, de manera irreversible, todo el sistema legal y administrativo, antes de que sea demasiado tarde.

6/15/2020

Crisis carcelaria y solución

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero


Foto ▲ Aspecto del Reclusorio Sur en la CDMX, el 29 de enero pasado, cuando se notificó de la fuga de tres internos.Foto Alfredo Domínguez
En el sistema carcelario mexicano conviven todo tipo de criminales, en una amalgama explosiva que maneja cadenas delictivas de extorsión, fraudes y operaciones ilícitas a distancia; ahí se recluta y capacita a internos neófitos para utilizarlos como carne de cañón en la delincuencia organizada; mientras también apadrina, amedrenta y somete a la población penitenciaria.
Este problema lo enfrentan, primordialmente, los gobiernos locales, ya que existen 297 cárceles en el país, de las cuales 278 son estatales y 19 federales. De ellas, nueve son un negociazo privado que se promovió desde la administración de Genero García Luna y que le han costado a la nación cantidades verdaderamente estratosféricas en beneficio de particulares –situación que es menester investigar y aclarar a fondo–.
De las cárceles mencionadas, 141 estatales están ocupadas a 141.35 por ciento de su capacidad; es decir, están sobrepobladas, y de las federales, están subutilizadas la de Michoacán y la femenil de Morelos, entre otras. En cuanto al total de internos, 86 por ciento son del fuero común y 14 por ciento de competencia federal, pero todos ellos se hallan mezclados en las diversas instalaciones.
En ese desordenado universo carcelario, existe también un revoltijo caótico y explosivo de primodelincuentes y reincidentes de alta peligrosidad que conviven, coparticipan e, igualmente, sufren las consecuencias de esa situación. De la población 63 por ciento de los reos ya fueron sentenciados y 37 por ciento restante está bajo proceso, por lo que no se sabe si son culpables.
Este panorama, desde el punto de vista económico, no puede ser peor, ya que todo ello le cuesta al país alrededor de 23 mil millones de pesos por año, siendo los concesionarios particulares y los grupos delincuenciales ya señalados los grandes beneficiarios de ese gasto desmesurado. Un ejemplo singular de lo que sucede en muchas cárceles es la extorsión telefónica, con 5.2 millones de esos delitos que se cometen al año y que significan casi 10 casos por minuto, crimen que se ha tratado inútilmente de combatir en innumerables ocasiones.
Respecto al llamado autogobierno carcelario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que una de cada tres prisiones estatales presenta esa condición, donde los delincuentes presos son, al mismo tiempo, autoridades que administran y explotan a su favor los penales, y que continúan cometiendo delitos, ya sea dirigiendo los cárteles de extorsión, cobrando derecho de piso, venta de protección interna, lucro con el tráfico de drogas, trata de personas, así como el control de todo género de ajustes de cuentas, motines y fugas.
Esa profesionalización delictiva de los internos y la llamada puerta giratoria, que ha liberado a casi 700 mil personas en cinco años, han sido factores fundamentales del incremento de 31 por ciento en la incidencia criminal que sufre el país.
En razón de esta realidad, que es ya insostenible, es preciso realizar cambios radicales al sistema carcelario, bajo las siguientes premisas fundamentales:
La primera prioridad debe ser asumir, por parte de los estados y de la Federación, responsabilidad compartida en lo que a cada sector le corresponde.
La segunda, para evitar la contaminación delictiva generalizada, se debe proceder a la separación absoluta de los internos sentenciados de los que todavía están bajo proceso.
Tomando en cuenta las proposiciones anteriores, se requiere establecer cárceles abiertas para primodelincuentes, tanto en delitos federales como del fuero común que no cuenten con un perfil de peligrosidad o de permanencia en el delito, que estén dispuestos a readaptarse y que hayan cubierto y garantizado la reparación del daño a sus víctimas, para que, mediante sus actividades privadas o de servicio público, se reubiquen en la vida comunitaria, cubran el costo de su manutención y logren una auténtica reinserción social.
El resto de los internos, que no sean de alta peligrosidad, deben quedar recluidos en cárceles industriales donde se generen cadenas productivas de bienes y servicios que adquieran primordialmente los gobiernos, y que sean operadas por los reclusos. Los ingresos generados les permitirán cubrir parte de su manutención y la reparación del daño, mientras se capacitan en tareas especializadas. Del cumplimiento de los roles laborales se derivarían reducciones sustanciales en sus sentencias. Los internos que se nieguen a participar no podrán obtener reducción, ni beneficio alguno.
La población procesada por delincuencia organizada y/o considerada de alta peligrosidad debe quedar aislada de la vida comunitaria, así como de cualquier influencia exterior y, para ello, se deben construir, en áreas no habitadas del territorio nacional, reclusorios de máxima seguridad que cumplan con esos requisitos. Si se aprovecha racionalmente el inventario carcelario, se puede rescatar una buena parte de las instalaciones para hacerlas eficientes y adecuadas a este nuevo modelo.
Para lograr todo lo que se propone en un corto plazo, es necesario renovar la legislación carcelaria y la estructura administrativa para que se asuma una responsabilidad compartida y comprobable entre estados y Federación bajo las premisas apuntadas.

6/01/2020

Rescatar la justicia

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero

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Acción policial en la alcaldía Benito Juárez, 
el año pasado.Foto Alfredo Domínguez

La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que más de 68 por ciento de la población considera que los jueces son corruptos, y que hay muy poca confianza en la administración de justicia en el país; independientemente de la indudable existencia de juzgadores honorables y capaces en todos los niveles y estructuras judiciales, pero que, por encontrarse en minoría, no han logrado modificar la percepción señalada.
El actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha caracterizado por su honradez y valentía para enfrentar esta situación y esas malas prácticas largamente arraigadas, ha descalificado contundentemente la corrupción y el nepotismo judicial, demostrándolo en los hechos; mientras ha propuesto, ante el Poder Legislativo, cambios fundamentales en la carrera judicial, en su capacitación, en la gestión procesal, en los criterios aplicables y en la organización institucional, así como en otros temas que ya se encuentran ante el Congreso.
Si la gran mayoría de la población, así como quien preside el Poder Judicial federal, coinciden en este diagnóstico, no se puede tener la menor duda de que esta situación tan negativa es una realidad reconocida e innegable; y, por tanto, es una obligación ética aportar capacidades y experiencia para corregir esta grave crisis de justicia, ignorada durante décadas, en razón de que ha funcionado como un contundente instrumento de control y sujeción que el poder público ha utilizado sobre una población abandonada e indefensa; y, por esas razones, consideramos que deben tomarse en cuenta los siguientes cambios prioritarios:
Frente a los resultados que ha dado el garantismo procesal, que protege a los acusados ante el abuso de la autoridad y la ineptitud oficial, ahora es indispensable equilibrar y fortalecer al sistema legal para defender, con igual contundencia y prioridad, a las víctimas del delito que, al día de hoy, son más de 36 millones de ofendidos en materia penal, para quienes no existe, en la realidad cotidiana, ni reparación del daño ni justicia alguna.
Quien comete un delito no debe quedar impune; y si la policía, el Ministerio Público o algún juez abusaron o violaron la ley y los derechos humanos del acusado, ellos deben ser sancionados ejemplarmente; pero también el delincuente debe ser castigado por su delito, reponiendo el procedimiento y obteniendo las pruebas legales que acrediten su ­responsabilidad.
Para no dividir, retrasar y complicar la secuencia procesal, el juez de control debe tener la más completa autoridad para llevar todo el proceso en forma expedita.
Para acabar con los plazos interminables y la corrupción de autoridades y de profesionistas sin escrúpulos, que buscan subterfugios para medrar, retrasar y evadir la justicia, es necesario compactar los recursos en el juicio, acelerando sus soluciones inmediatas y castigando sólidamente cualquier dilación injustificada.
En los delitos graves no debe permitirse la prescripción, ya que el daño que producen es irreparable y la impunidad que generan es una afrenta pública inaceptable, que es menester combatir a fondo.
La reincidencia debe tipificarse con más precisión para poder aplicar la prisión preventiva obligatoria a los profesionales del delito y, así, contener la escalada delictiva que se padece.
En delitos contra la administración de justicia deben aplicarse sanciones ejemplares para los jueces y servidores públicos que actúen contra la ley y la jurisprudencia, causando daños o ventajas indebidas a cualquiera de las partes; el Ministerio Público debe actuar de oficio en esos casos.
Para fortalecer la credibilidad judicial es preciso que la Suprema Corte conozca, en última instancia, los procedimientos penales contra los jueces y debe ejercer la atracción obligada de las sentencias de amparo en revisión, en los casos en que cualquier autoridad haya incurrido en algún delito contra la administración de justicia.
La suspensión en el amparo, que tiene como objetivo evitar el abuso de la autoridad, debe contener plazos perentorios en su vigencia, obligando al amparista a someterse inmediatamente al Poder Judicial para dirimir su situación legal y, así, erradicar las múltiples dilaciones desmedidas que se dan ­cotidianamente.
Para evitar que en el juicio de amparo el proceso se haga interminable y sospechoso, los jueces y magistrados deberán invariablemente sentenciar a fondo y sobre la totalidad del asunto.
En todos los juicios es primordial y apremiante que la reparación del daño se garantice de inmediato y se cumpla en un plazo mínimo y obligado, para que así se recupere la confianza en la justicia.
Cuando existan evidencias de encubrimiento o de corrupción en la investigación y judicialización de los delitos cometidos por servidores públicos municipales, estatales y federales, en el ejercicio de sus funciones, estos casos podrán ser atraídos por la Federación.
Estas propuestas es necesario promoverlas de inmediato ante el Poder Legislativo, para que realmente se empiece a contener la impunidad y se reivindique y fortalezca el Poder Judicial.

5/18/2020

Indefensión ciudadana


La Jornada: En defensa propia


Alejandro Gertz Manero
Foto
▲ Elementos de la Guardia Nacional y de la Seguridad Pública de Sinaloa resguardan las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se encuentran los cadáveres de tres jóvenes que aparecieron ejecutados el sábado.Foto Carlos Cruz / Cuartoscuro.com
Todos los habitantes de este país podemos acudir ante un juez para defendernos en materia civil, mercantil, laboral y administrativa, entre otras, pero, en cambio, donde más sufrimos la injusticia, la impunidad y el delito, que es en asuntos penales, ahí el sistema jurídico y la Constitución nos niegan ese derecho y se lo otorgan al Ministerio Público, quien es el titular delmonopolio de la acción penal, lo cual significa que esa institución es la única que puede acusar ante un tribunal a los presuntos responsables, salvo mínimas e inoperantes excepciones.
A mayor abundamiento, a la víctima no se le concede siquiera la calidad de parte en la acción penal –también sólo en casos contadísimos y en temas menores–; como si las personas que han sufrido un delito fueran incapaces o ineptas y, por ello, se les impone una especie de tutor forzoso que, sin ser juez y sin tener las responsabilidades como tal, va a actuar como juzgador y va a decidir si efectivamente se cometió el delito denunciado y qué acciones se van a realizar para probarlo, así como cuánto tiempo se tardará en hacerlo si no hay un detenido –lo cual ocurre en la mayor parte de los casos–, dejando de esa manera a la víctima a merced de un funcionario administrativo que, sin poseer la independencia, las características y la autoridad de un juez, actúa como si lo fuera, sin sujetarse a los plazos y actuaciones que son obligatorios para los juzgadores.
El Ministerio Público, que se autodenominainstitución de buena fe, tiene en los delitos del fuero común una credibilidad mínima, ya que más de 90 por ciento de la población prefiere asumir sus daños antes que acudir a esa instancia; todo ello se prueba con las estadísticas del Inegi: de cerca de 33 millones de los delitos del fuero común en todo el país, sólo se denuncian 2 millones, quedándose cerca de 95 por ciento de los casos en absoluta impunidad y, de los denunciados, el Ministerio Público sólo judicializa 98 mil, dejando en el desamparo absoluto a 99 por ciento de las víctimas.
Estos datos oficiales, que son abrumadores, ratifican nuestra tesis en el sentido de que esa institución no está representando con la mínima efectividad y honradez a las víctimas del país, ya que el sistema la ha utilizado repetidamente como instrumento de control político, venganza o extorsión, lo que es ya intolerable y hay que corregirlo de inmediato para que las personas que han sufrido algún delito puedan tener todo el derecho de acudir directa e inmediatamente ante un juez para denunciar e iniciar el procedimiento judicial en el que aportarán pruebas, actuarán como parte y obtendrán la sentencia que corresponda.
En este contexto, el Ministerio Público debe tener la oportunidad de reivindicarse, dignificarse y fortalecerse, participando responsablemente en tres ámbitos fundamentales:
Primero, como auxiliar del juez y del ofendido, para realizar dentro del procedimiento penal las tareas que el propio juez autorice y ordene, pues muchas sólo pueden ser ejecutadas por una autoridad administrativa, como lo es el propio Ministerio Público.
Segundo, como representante de la víctima, cuando ésta se lo solicite, antes de ir a juicio, para que le auxilie a obtener todas las pruebas necesarias que un particular no puede exigir directamente y, en esas circunstancias, que lo apoye durante la investigación y luego durante el juicio como un verdadero aliado de la justicia, de la sociedad y de la víctima.
Tercero, debe ser necesaria la participación prioritaria, obligatoria e ineludible del Ministerio Público cuando se cometan delitos federales o locales, en contra de las instituciones, los gobiernos, el patrimonio y la seguridad del país o de las entidades federativas; y ahí, el MP debe actuar en forma directa e inmediata en respuesta a cualquier denuncia justificada para defender a la nación misma, a las instituciones, a los bienes de cada estado, así como a sus servidores públicos. Y, en esos casos, toda la responsabilidad de la acción penal debe recaer en el Ministerio Público para que actúe con la prontitud y la eficacia que las leyes le impongan para que las investigaciones no se eternicen, se corrompan o se manipulen.
Para ello, es indispensable señalar con toda precisión en la ley la independencia política y administrativa de esa institución, los tiempos máximos y las diligencias que se deben realizar obligatoriamente, así como los requisitos procedimentales que se tienen que cumplir para que, de esa manera, la nación y el patrimonio de cada entidad federativa se hallen protegidos y defendidos; reconociendo también la capacidad de cualquier persona para denunciar ante un juez los delitos que afecten a la nación o a las entidades federativas y que, entonces, opere la función del Ministerio Público en los términos establecidos.
Todo lo anterior muestra, por una parte, la impunidad procesal que prevalece en 99 por ciento de los delitos que se investigan en el fuero común y, por la otra, su posible solución inmediata.

4/20/2020

En defensa propia


Doble genocidio

Frente a las agresiones brutales que estamos sufriendo, por una parte, en nuestra salud y vida a causa del coronavirus, y, por otra, en nuestra economía, trabajo y patrimonio por la crisis económica mundial, es indispensable identificar los orígenes y las características de cada uno de estos dos fenómenos genocidas.
Por lo que toca al Covid-19 que se desató hace cinco meses, en la ciudad de Wuhan, China, la irresponsabilidad en su prevención y manejo inicial han provocado quejas masivas a escala internacional contra la Organización Mundial de la Salud, por su incapacidad para advertir y enfrentar esa tragedia tan repetitiva y agravada, ya que en lugar de fortalecer su contención y establecer mecánicas de defensa social y de prevención eficientes, rápidas y acordes con la situación, se han concentrado, tardíamente, en remedios superficiales y elementales, casi medievales, de aislamiento, lavado de manos,cubrebocas y extracción de flemas; ha dejado en la indefensión y en el pánico a países, gobiernos y poblaciones, ante una mortandad masiva, lo cual es absolutamente inadmisible y reprobable.
Por lo que toca a la crisis económica mundial, este fenómeno tampoco es algo reciente o inesperado, ya que las constantes recesiones mundiales se vienen dando cada vez con mayor frecuencia como resultado de un obsesivo y reiterado modelo de producción masiva y desorbitada que sólo sabe explotar, más allá de sus límites, a los mercados cautivos, promoviendo endeudamientos impagables y especulaciones bursátiles tramposas e irresponsables, pero cuando esa pirámide de estafas se agota, entonces surgen las recesiones periódicas y saqueadoras que, al igual que los casinos, despluman a los incautos que cayeron en sus manos.
Esta repetición de recesiones defraudadoras se ha desbordado en los años recientes y es así como, en 2007, la estafa en bienes raíces provocó la devastadora bancarrota inmobiliaria para que inmediatamente después aparecieran las quiebras bancarias de Lehman Brothers y otras instituciones, después, las bolsas de valores produjeron sus propias recesiones para así continuar con las ocurridas en Rusia y en la Eurozona hasta llegar a Grecia y Ucrania que, en su explosión, casi desatan una guerra.
En ese marco de constantes fraudes durante décadas, ni los gobiernos encubridores ni los saqueadores habían sufrido un castigo proporcional a los daños causados o solapados. Por lo tanto, tampoco habían sentido la necesidad de buscar opciones justas y equitativas para generar un crecimiento más compartido y menos depredador hasta que, recientemente, en Estados Unidos, surgió un repentino cambio de señales económicas en rechazo a su endeudamiento vertiginoso y a su pérdida de productividad, en razón de una globalidad que se estaba apoderando rápidamente de su mercado interno y, en respuesta a ello, un nuevo gobierno decretó aranceles a las importaciones, presionó al sector industrial para que retornara su producción al país cancelando beneficios globalizadores y modificando tratados comerciales, todo ello con una evidente visión nacionalista que produjo una confrontación directa y contundente con el inmenso proyecto maquilador internacional establecido fundamentalmente en China, cuyo enorme producto interno está a su nivel más bajo en 10 años.
Ahora, esta nueva visión nacionalista y defensiva ya cundió y se está repitiendo en diversos países, como en Inglaterra, Japón y Hungría. Está colocando en situación de quiebra al modelo globalizador con las consiguientes consecuencias de atonía, desfalco financiero y pérdida de fuentes de trabajo a escala mundial; nos indica, con ello, que la crisis económica tiene su propia génesis, sus propios responsables y tendrá sus propias consecuencias, independientemente del impacto que seguramente le dará la pandemia recién aparecida.
Un caso coincidente con el que nos amaga se dio al término de la Primera Guerra Mundial, en 1918, cuando los países europeos y Estados Unidos se encontraron en una gravísima crisis financiera, con pérdidas enormes, en razón de los costos y las deudas descomunales que produjo esa conflagración. En ese momento apareció la más terrible pandemia de influenza de la historia contemporánea, la cual trataron de frenar con aislamiento y cubrebocas, también como en el Medioevo, lo cual de nada sirvió y dejó cerca de 40 millones de muertos en un escenario y con métodos que esencialmente reportan notables similitudes con las que hoy nos afectan, 100 años después.
Como puede verse, cada uno de los dos fenómenos genocidas que nos están destruyendo tienen su propia historia, con antecedentes remotos y recientes bien identificables con responsables que han actuado de manera muy semejante y con víctimas masivas que siempre han acabado perdiendo su salud, la vida, sus ahorros, sus bienes, su presente y su futuro; sin que, hasta la fecha, haya existido un castigo ejemplar para quienes tanto daño han hecho, en un ámbito en el que nunca ha habido verdadera justicia.

3/23/2020

Gastos desmesurados, resultados catastróficos

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero

De 2005 a 2018, las autoridades gastaron 3.5 billones de pesos en seguridad y justicia. En ese mismo lapso, el número de delitos creció 135.7 por ciento, pasando de 14 millones a 33 millones de casos anuales, de los cuales, 99 de cada 100 quedaron impunes. ¡Nunca se ha gastado tanto; nunca nos ha ido peor!
La razón de esta tragedia estriba en que el sistema político y la mayoría de sus dirigentes han tenido como prioridad fundamental: gastar a manos llenas porque en ese derroche está el botín que los une y que los fortifica, a costa de una población indefensa y manipulada que sólo ha sido el pretexto para lograr ese saqueo aniquilante y criminal.
Todo ello se comprueba con el crecimiento desmesurado de organismos que en nada han resuelto los problemas que deberían haber atacado; como ocurrió en el caso de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la extinta Procuraduría General de la República, que tuvo que ser desmantelada por su corrupción.
Lo mismo pasó con la Policía Federal, que también acaba de ser disuelta. Igual sucedió con el personal que contrataron masivamente y que ha fracasado notoriamente.
En cuanto a los exámenes de control de confianza, estos resultaron otro fiasco; mientras que los subsidios a estados y municipios se utilizaron principalmente para enriquecer a sus gobernantes y para fomentar la delincuencia electoral; y, si alguien lo duda que revise lo que se derrochó y lo que se robaron en Veracruz y en Chihuahua, con los dos Duarte.
FotoDe poco o nada sirvieron 15 mil 500 millones de pesos que se gastaron en capacitar a policías, agentes del Ministerio Público y peritos, cuyos resultados cada día han sido peores; en tanto, se encubría ese fracaso con una constante publicidad sobre las actividades de academias y sistemas de capacitación y profesionalización, que generaron grandes negocios particulares, de cómplices y amiguitos.
Con los controles y la fiscalización oficial, lo único que se pudo obtener fue el crecimiento burocrático de un Sistema de Seguridad obeso e inútil, ya que nunca se confrontaron las inversiones con los resultados tan negativos; ni hubo sanción efectiva para todos esos evidentes fracasos.
Mientras se realizaban más de un millón de exámenes de confianza, los bandidos, los abusadores y los negligentes permanecieron y se multiplicaron sin freno, en el interior de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia; asimismo, se derrocharon miles de millones de pesos en un sistema de inteligencia denominado Plataforma México, cuyas instalaciones faraónicas superan cualquier fantasía, pero que no ha servido, en modo alguno, para contener la oleada delictiva que nos ahoga.
▲ El gasto en seguridad y justicia realizado entre 2005 a 2018 no se ha contrastado con los resultados de las corporaciones. En la foto, elementos de la Academia Superior de Seguridad Pública, en San Luis Potosí, presentan armas durante el lanzamiento del denominado programa del Nuevo Modelo Institucional de Policía, el 15 de octubre de 2007.Foto María Melándrez Parada
Se compraron a precios exorbitantes, mediante sospechosas o ilegales adjudicaciones directas, cámaras, drones, equipos aéreos, patrullas, vehículos denominados rinocerontes blindados y todo tipo de equipamiento sofisticado para espionaje que sirvió para organizar montajes sensacionalistas y grotescos, así como para espiarse entre poderosos, exhibiendo mediáticamente sus luchas intestinas por el botín político.
Durante esos años, las instituciones de seguridad y procuración de justicia exaltaron supuestos logros, éxitos increíbles, verdades históricas falseadas, detenciones que inmediatamente se convertían en libertades; a todo lo cual se le calificó con la más amplia gama posible de adjetivos rimbombantes para que, finalmente, la delincuencia siguiera prosperando y fortaleciéndose en territorios enteros del país.
Al Ogro filantrópico, de Octavio Paz, todos esos pícaros lograron convertirlo en el mastodonte cleptómano y criminal más desmesurado que cualquier imaginación hubiera podido concebir.
Frente a esta realidad innegable, los asesores y especialistas que trabajaban o cobraban en las nóminas y contratos del monstruo burocrático, permanecieron callados frente al desastre en el que participaron o propiciaron; y, apenas fueron expulsados de ese paraíso, buscaron nuevos patrocinadores y se lanzaron a linchar, descalificar y perseguir a cualquiera que se atreviera a proponer algún cambio, o a cuestionar sus fracasos.
Mientras el mosaico de cárteles delictivos que balcaniza la vida colectiva de este país, se siguió multiplicando y fortaleciendo, en un ámbito en el que cada fenómeno criminal ya tiene sus dueños; cada tema, sus detentadores; cada presupuesto, sus propietarios así como beneficiarios.
Es así como se ha venido construyendo la gran estructura de complicidad y encubrimiento de esta desgracia social que el país tiene que soportar día con día.
La magnitud de este fracaso y sus daños abrumadores, nos están obligando a un cambio legal y administrativo que realmente produzca resultados tangibles y control a la deshonestidad; razón por la cual hay que continuar con esta lucha, hasta donde se tenga que llegar.

3/10/2020

Desde arriba y desde abajo

En defensa propia
Alejandro Gertz Manero*
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▲ Movilización policiaca y militar tras el estallido de un auto bomba en Celaya.Foto Cuartoscuro
Cuando la cabeza de un sistema político y administrativo demuestra con hechos evidentes que es la promotora, encubridora y beneficiaria de la corrupción y del saqueo del país, ese ejemplo, en razón de su nivel y jerarquía, habrá de propiciar la debacle moral en todos los ámbitos y niveles de la vida pública y privada de su comunidad.
Por ese motivo, combatir a la inmoralidad pública, desde arriba, tiene sentido y lógica indudables; ya que es ahí donde se cuenta con la fuerza, la autoridad y los instrumentos para pervertir y dislocar la esencia del poder y las estructuras que lo componen, convirtiéndolo en simple botín de cinismo y desvergüenza que tendrá necesariamente que permear en la población, como ocurre en la familia y en cualquier actividad profesional, empresarial o pública.
Esa obligación primigenia de combatir la inmoralidad hasta los más altos niveles, es obligatorio refrendarla, en igual forma y con semejante prioridad, por parte de todos los niveles de gobierno y en todas sus jerarquías; mediante un compromiso auténtico, evidente y comprobable; pero ahora desde abajo, donde se encuentran las inmensas mayorías y ­donde la tragedia social que vivimos nunca habrá de resolverse; el enorme daño que sufrimos seguirá profundizándose si no se le contiene de inmediato y en forma contundente.
Esta crisis desmesurada se puede comprobar a diario en la vida comunitaria, donde aquel que se apodera del piso de un territorio físico y poblacional se convierte en dueño de ese ámbito, de las personas que ahí se encuentran, de su patrimonio y de los delitos y los despojos que ahí ocurren. Esos señores territoriales del delito son la verdadera autoridad que administra y se beneficia de los abusos y la indefensión; son los que controlan calles y banquetas; se apropian de los recursos de la corrupción en el ambulantaje; se apoderan de vidas y patrimonios en las unidades habitacionales; invaden inmuebles; controlan transportes ilegales; administran la prostitución y el tráfico de drogas; asaltan a transeúntes y a pasajeros, dominando así el inmenso mosaico de c á rteles delictivos del país.
Para que esa masacre aniquilante se pueda dar, las autoridades que están en contacto directo con la población son las principales responsables de ello, ya que los policías, los inspectores, las burocracias de barandilla y sus jefes significan el único poder oficial real y tangible para 99 por ciento de los habitantes de esta nación; es por eso que, abajo es donde se halla el origen, la causa y el resultado palpable de lo que es un sistema político y un gobierno; esa es la realidad cotidiana en la que todos sufrimos la interminable gama de abusos, saqueos, humillaciones y violaciones, sin que el inmenso monstruo de la burocracia y sus engreídas e insensibles jerarquías, sus legisladores, sus ministerios públicos y sus tribunales, salvo excepciones, hagan algo tangible para revertir tan perversa situación.
Frente a ese universo permanente de agresión y delitos, a los ciudadanos sólo les queda atrincherarse tras puertas blindadas, ventanas enrejadas, garajes enjaulados, calles cerradas, aparadores protegidos y cualquier elemento que permita la defensa propia de las víctimas ante los mafiosos territoriales que se pavonean por las calles, encubiertos por policías y funcionarios que los protegen, los defienden y comparten con ellos botines y saqueos.
En ese entorno es como se educa a diario y con el ejemplo a nuestra niñez y juventud, que aprende en la escuela de la vida cotidiana las reglas de la inmoralidad, la colusión y el doble lenguaje, que irremediablemente se revierten a diario contra quienes así destruyen su presente y su futuro.
Ese es el mundo de a deveras; así es la realidad que a diario se nos viene encima; ahí está la esencia de la derrota social y comunitaria que los habitantes de este país sufren desde hace décadas. Ahí es donde el cambio debe percibirse, si es que realmente se quiere devolver a las comunidades sus más elementales derechos de convivencia.
Para lograrlo es indispensable frenar, controlar y sancionar a esos delincuentes y a sus cómplices burocráticos. Para ello es imprescindible contar con una ley nacional de cultura y justicia cívica, que se aplique localmente en todo el país y en la cual, la reparación del daño a las víctimas sea el paradigma, y también sea una prioridad absoluta establecer la responsabilidad penal de burócratas, policías, ministerios públicos y jueces venales e incompetentes.
En ese modelo se debe identificar a los delincuentes reincidentes y profesionales; resguardar las áreas críticas de inseguridad, preservando los derechos elementales a la convivencia, y el respeto a todos los grupos vulnerables, para que la protección auténtica a las víctimas quede plenamente reconocida. Sin ese marco legal indispensable no podrá iniciarse el gran cambio en nuestra sociedad, al que todos aspiramos. Tanto desde arriba como desde abajo.
*Fiscal general de la República

10/12/2011

Coalición: país en vilo



Ricardo Rocha


No es solamente el tema de una forma de gobierno acorde al actual escenario, ni siquiera la importancia indiscutible de la gobernabilidad; es el país el que está en juego. Es el futuro, diría la frase hecha; es el presente, diría la urgencia.

Y es que no hay una sola señal luminosa en un horizonte cada vez más oscuro. Ni un solo indicador económico o social que nos dé aliento. Así, como está, la nación ha cancelado su porvenir. Y no se requiere ser catastrofista. Desde un presente tan doloroso como caótico es imposible mirar hacia adelante. Lo hemos dicho una y otra vez: con 6 millones de analfabetas, 8 millones de “ninis”, 60 millones de pobres y 20 millones de miserables, la nación está a punto del desastre. Así que quien gane la Presidencia caminará al borde del precipicio.

Por eso es fundamental que, más allá de la propuesta de gobierno de coalición, los abajo firmantes abran su grupo a la discusión e implementación de un plan de gobierno que atienda la emergencia nacional del ahora y proponga un proyecto viable para los años que vendrán. Siguen siendo los grandes pendientes: una reforma del Estado en serio que replantee el pacto federal y el equilibrio entre poderes y se aboque a la redacción de una nueva constitución en el Congreso; la implementación de un nuevo modelo económico que genere riqueza desde la pobreza, que evite la concentración desmedida que ni a los mercados conviene y que comience al fin la gran revolución educativa que sea la palanca del desarrollo como ha ocurrido en otros ámbitos del mundo. Una especie de Pacto de la Moncloa a la mexicana.

Por eso creo que, con todo lo valiosa que es la propuesta de los 46, no basta. Por supuesto que ha tenido el mérito enorme de poner en el centro del debate el tema de la coalición. Que entre otras cosas, me explican, establecería la construcción de una mayoría en el Congreso para darle gobernabilidad al presidente a cambio de la aprobación de cargos clave del Gobierno; igualmente, crearía la figura de jefe de gabinete y, por supuesto, el compromiso de una especie de contrato para el cumplimiento de un programa gubernamental previamente consensuado entre todos los partidos, que es por donde, creo, se debiera empezar.

Sin embargo, estoy convencido de que “Los 46” tendrían que aprovechar la cresta de la ola que han levantado para erigirse en una suerte de asamblea ciudadana que convoque a una discusión abierta y plural no sólo sobre la propuesta de coalición, sino sobre el país que queremos, podemos y merecemos ser. Creo que si los firmantes del desplegado ya impactaron a la opinión pública con su impreso, enviarían un mensaje muy poderoso a todo el país sentados todos en torno a una mesa.

Por lo pronto, ya hay quienes se manifiestan abiertamente como coalicionistas argumentando que se trata de la propuesta a un nuevo sistema político que siga siendo plural pero que a la vez sea eficaz y evite la parálisis desgastante, así como la guerra fría con el Ejecutivo. Por supuesto, previendo que nadie obtendrá mayoría ni en la Presidencia ni en el Congreso. Recuérdese que entre los suscribientes están tres precandidatos –uno de cada partido–: Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard y Santiago Creel.

Enfrente están los halcones de Peña Nieto, que sueñan con que no sólo es ya el candidato del PRI, sino que puede alcanzar el 51% de los votos o al menos el 35% y en paralelo aprobar la llamada Ley Peña –en la Cámara de Diputados, que es de su propiedad– que le permita una mayoría artificial, lo que en opinión de los coalicionistas sería un retroceso gigantesco al presidencialismo autoritario, por lo que el ex gobernador mexiquense tendrá que evaluar si no corre el riesgo de quedarse solo. Y, peor aún, de estigmatizarse como una cara nueva pero con cerebro antediluviano. Un joven viejo. Un bebé-saurio, pues.

En medio están los del Gobierno actual, como el secretario de Gobernación, que se sale por la tangente diciendo que ya no hay tiempo. En eso tiene razón. El tiempo, para México, se está agotando.

“mailto:ddn_rocha@hotmail.com”
ddn_rocha@hotmail.com / @RicardoRocha_MX


Alejandro Gertz Manero

“Candidatitos” presidenciales de pacotilla

Si analizamos las propuestas de muchos de los que quieren ser candidatos a la Presidencia de la República nos daremos cuenta de que con cualquiera de ellos estamos a punto de “salir de Guatemala para entrar en Guatepeor” en razón de las siguientes consideraciones:
Si observamos el nivel de la mayor parte de estos pequeñísimos personajes que pretenden llegar a la presidencia, tendremos que reconocer que necesariamente alguno habrá de alcanzarla, gracias a la partidocracia compradora de votos y a la fuerza de un abrumador sufragio de castigo en contra de la presente administración; todo ello con el apoyo de quienes mangonean la política y las riquezas nacionales a costillas de la inmensa mayoría de nuestra población.
Estos candidatitos, que parecen jóvenes, en realidad son auténticos productos arqueológicos de la más acendrada antigüedad política y social de nuestro país y de los grupos de caciques que desde tiempo inmemorial están incrustados en las instituciones nacionales para mantenerlas en la prehistoria y en la inmovilidad. Escuchar los discursos y las propuestas de estos minipersonajes es como volver a oír las cantaletas demagógicas de los últimos 70 años, que hablan de modernidad para ocultar la antigüedad, de democracia para tapar el autoritarismo y de justicia para encubrir los abusos y la impunidad.
Sus propuestas en seguridad y justicia refrendan los múltiples fracasos que todos comparten, ignorando los poquísimos éxitos que se han logrado en estas materias, para exaltar lo que no ha funcionado pero ha creado suculentos botines y encubrimientos, repitiendo todos los manidos proyectos que han sido descalificados en razón de lo que ha ocurrido en este sexenio, en el cual se ha gastado como nunca en seguridad y justicia y se han tenido los resultados más desastrosos en la historia del país.
Esta tragedia acaba de ser calificada como un “estrepitoso fracaso” por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien en este caso representa la forma de pensar de millones de mexicanos que ya no vemos la salida para esta catástrofe, que ahora se expresa a través de la multitud de ninis que se pasan a las filas del crimen organizado, que, como bien dijo el presidente Lula, es una fuente siniestra de trabajo remunerado espléndidamente para quienes prefieren “vivir unos cuantos años como reyes y no toda una vida como perros”.
En materia de crecimiento económico y de empleo, los prospectitos presidenciales pontifican sobre una “reforma integral” que no tiene más significación que la de apresurar la entrega de las riquezas nacionales y nuestra productividad a los grandes favoritos y a los extranjeros que no pagan impuestos, mientras que a los trabajadores y a la clase media los seguirán exaccionando para de esa manera mantener nuestro modelo colonial de mano de obra esclava, de pobreza inveterada y de injusticia social en la que sólo prevalecen los usureros bancos extranjeros, las mineras extranjeras, los contratistas extranjeros y los cómplices mexicanos que prestan sus nombres para que los políticos y sus favoritos disfruten de los monopolios que nos abruman y que impiden nuestra prosperidad.
Es sorprendente observar cómo estos microscópicos personajes pueden convertirse de un día para otro, gracias a la magia de los encuestadores, en líderes de popularidad que multiplican por cientos de miles a sus seguidores sin que hayan tenido que decir algo inteligente ni se hayan comprometido en algo valioso, sino que, simplemente, por un fenómeno que solamente los brujos cibernéticos entienden, se transforman en verdaderos ídolos y en rockstars, frente a una población que no acierta a definir quiénes son, qué han hecho o qué proponen, porque en la magia de la numerología encuestadora esos factores no existen ni tienen por qué incidir en los índices de popularidad, que son propiedad de esos taumaturgos y de quienes los pagan y “chayotean”.
De sus propuestas “políticas” sólo emerge su compulsión obsesiva por los contratazos, concesiones y prebendas que habrán de repartir entre sus incondicionales, cómplices y patrocinadores para que éstos sigan haciendo lo que les dé la gana a costillas de todos nosotros.
Estos huevos de dinosaurio, que ya se quebraron y de los cuales salen las cabecitas pelonas de quienes habrán de ser nuestros azotes en el futuro, solo existen porque en México las mayorías lo han tolerado y permitido, ya que no hemos sido capaces, hasta la fecha, de pensar en algo más que no sea el entorno inmediato que nos rodea, atendiendo únicamente a los mensajes mediáticos abrumadores de quienes manipulan la ignorancia y el desdén por los intereses de todos los mexicanos.
No me cabe duda de que dentro de unos meses el humo blanco saldrá de las chimeneas electorales para indicarnos que algún nuevo y joven dinosaurio habrá llegado a la cima de la presidencia imperial, para desde ahí continuar socavando el presente y el futuro de nuestro país, a menos de que antes despertemos y se los impidamos. ¿Será posible ese milagro?

editorial2003@terra.com.mx
Doctor en Derecho
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9/28/2011

México: ¿es posible sembrar esperanza?



Arnoldo Kraus
Hace poco menos de un mes, mi querido y admirado Manuel Felguérez, inmejorable persona, orgullo de México, artista cuyos lienzos transforman irrealidades en realidad, lúcido lector del mundo y de nuestra nación me decía: Quienes asesinan, decapitan o secuestran gozan su activad como lo hace un pintor o un escritor. Su idea, cruel y dura, es correcta. La reciente matanza en el casino Royale, en Monterrey, avivó los comentarios de Felguérez y abonó cadáveres a la desesperanza. Vivir, sumidos en la desconfianza, es muy grave. La inmensa mayoría de la población en México carece de esperanza.

Cuando hablo de esperanza no me refiero a la virtud teologal cristiana, sino a la perspectiva de adquirir un bien con la probabilidad de lograrlo, o bien, al estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos; carecer de esperanza es ominoso. Ése es el legado de nuestros gobiernos y ésa es nuestra realidad. Basta medir el tiempo entre la masacre in vivo del casino Royale y el depósito de 35 cadáveres, en pleno día, y en una zona transitada de Veracruz. Entre una miríada de torpezas y tropiezos, los gobiernos mexicanos son culpables de la desesperanza que azoga al país.

Aunque ignoro la proporción de mexicanos víctimas del mal de la desesperanza, apuesto a que la inmensa mayoría de la población padece el síndrome de la desesperanza. Apuesto, asimismo, a que el gobierno actual no contrataría a una compañía neutral dedicada a valorar la opinión pública donde el tema central sea la esperanza. A vuelapluma enumero algunas preguntas: ¿confía en el gobierno actual?, ¿se mudaría a Ciudad Juárez?, ¿piensa que se encontrará a los culpables de los feminicidios?, ¿se encarcelará a los responsables de la masacre del casino Royale?, ¿considera que ha disminuido la corrupción?, ¿confía en el sistema de justicia?, ¿piensa que se debería meter a la cárcel a algún político?, ¿confía en la policía?, ¿han mejorado sus condiciones de vida?, si busca empleo, ¿lo consiguió?, si está enfermo, ¿fue tratado adecuadamente en las dependencias de gobierno?, ¿ha disminuido la impunidad?, ¿mejorará el trato a los indocumentados que viajan por nuestro país hacia Estados Unidos?... y… y… y… ¿tiene esperanza en que el país mejore?

La ciudadanía carece o tiene poca esperanza. Más de la mitad de la población como consecuencia de la humillación que inflige la pobreza extrema y crónica, la inmensa mayoría por culpa de los desgobiernos que han dilapidado todo lo relacionado con la ética y todos, menos los políticos y uno que otro empresario, por la cotidianidad de los asesinatos y por la ausencia de justicia. Vivir en un país donde la desesperanza se disemina como un cáncer muy agresivo es el resultado de la suma de los gobiernos previos y del actual. Lamento no conocer el dato, pero, sería sano saber cuántos de nuestros políticos y ex funcionarios viven parte del tiempo o todo el tiempo en el extranjero.

La agonía que asfixia al país perdura y perdurará ad nauseam si la clase (¿…?) gobernante (¿…?) presente y futura no asume sus obligaciones: educar, crear empleos, no robar, acabar con la corrupción y la impunidad, es decir, hacer todo lo que no hacen o dejar de hacer todo lo que hacen (el orden de los factores sí invierte el producto). Nuestros gobernantes han socavado, si no destruido, las esperanzas de la ciudadanía. El auge del narcotráfico se debe, entre otras razones, al desgobierno. La mayoría de los 600 mil connacionales contratados en lo que va del año por la industria del narcotráfico hubiesen preferido emplearse en otras empresas y no acabar regados en las calles del país.

El desempleo, la mala educación, los mediocres servicios de salud y las (casi) nulas esperanzas ofrecidas por los señores Calderón, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari y el resto de nuestros despresidentes son algunas razones del auge del narcotráfico y de la creciente desesperanza. El abandono y el olvido, aunque las estadísticas del gobierno mexicano –de ellos y sólo de ellos– vomiten otros datos, ha sido demasiado. De ahí la diseminación del narcotráfico. De ahí ese modus vivendi, y las razones de Felguérez: acabar con el enemigo, no sólo es necesario, sino satisfactorio. De ahí la desesperanza.

Alejandro Gertz Manero

Los éxitos catastróficos del gobierno

Es indispensable hacerle entender al gobierno que los “éxitos” que presume, que tanto le satisfacen y publicita, son en realidad un fracaso y un verdadero azote para la inmensa mayoría de la población del país.
Por otra parte, la arrogante y supuesta “valentía” de esos burócratas, que exhortan a la población a que se enfrente con agallas a sus verdugos, la expresan verbalmente detrás de murallas impenetrables y protegidos por una multitud de “guaruras”, que los rodean y los blindan, mientras una red de espionaje, con cobertura aérea, terrestre y naval les da un nivel de seguridad que es totalmente diferente al que se vive en las calles o en las carreteras del país, donde asesinan, maltratan y despojan a diario a muchísimos mexicanos que no tienen nadie que los defienda, porque policías, ladrones y autoridades son lo mismo.

Un ejemplo de esa esquizofrenia burocrática, que sólo quiere ver lo que le conviene, es el de su guerra contra el “crimen organizado”, en la cual el gobierno ya tiene en su haber más de 50 mil muertos y desaparecidos en lo que va del sexenio, en un “éxito” catastrófico, ya que la inmensa mayoría de esos delitos han quedado en la impunidad, cuando es obligación indeclinable y absoluta del gobierno impedir y prevenir la comisión de cualquier delito, y cuando ello ocurre también debe evitar, bajo su responsabilidad, que éstos queden impunes, en lugar de estar argumentando en forma falaz que esos crímenes no son de su responsabilidad porque se deben a encontronazos y a ajustes de cuentas entre delincuentes, lo cual, si bien ocurre, de ninguna manera exime al gobierno de su responsabilidad de evitar y castigar esos delitos.


En su cúmulo de “éxitos”, el gobierno federal ha logrado la extraordinaria hazaña de multiplicar en forma exponencial la deuda interna y externa del país, llevándola de un billón 804 mil millones de pesos, en 2006, a tres billones 500 mil millones, en 2011, lo que significa que casi la ha duplicado; mientras sus “grandes avances” en el empleo, después de la pandemia de 2009 y la crisis económica de 2010, nos van a dejar con una inmensa población desempleada, en tanto la pobreza en los sectores mayoritarios del país sigue incrementándose y el peso sube y baja sin control y sin orden.

Sus cacareadas inversiones carreteras chocan con las declaraciones de los propios funcionarios de Comunicaciones y Transportes, que señalan el estado deplorable, de abandono e ineficiencia que sufre el sistema carretero, mientras Mexicana de Aviación se ha convertido en una de las pifias operativas y financieras más escandalosas y más dañinas para las comunicaciones y los servicios aéreos de nuestro país, que han multiplicado sus costos para los usuarios gracias a esta ineptitud monumental para manejar un sector prioritario y estratégico del país.
Las sequías, inundaciones y catástrofes hídricas recurrentes nos enfrentan con toda crudeza a la incapacidad, la falta de previsión y el desatino en el manejo del sistema acuífero nacional, y el horror de la trata de mujeres, y la explotación de migrantes y los crímenes que se cometen en su contra evidencian la brutal ineptitud y corrupción del Instituto Nacional de Migración.

Así podríamos seguir recorriendo los aspectos estratégicos del país, la situación que vive cada mexicano y la crisis que nos acecha en todos los rubros de la vida nacional, mientras una pequeña élite de favoritos y cómplices extranjeros se apoderan de nuestras riquezas, como la minera, la financiera y la energética, y hacen aquí lo que les da la gana y lo que jamás harían en sus propios países, para que luego veamos que en España se escandalizan políticos “socialistas” y financieros, que se dicen tan amigos de México y que ahora “rasgan sus vestiduras” en defensa de la “hispanidad” porque Pemex, en una operación bastante opaca y cuestionable, se atrevió incrementó a 9.8% su participación en Repsol, pero bien se cuidan de no hablar de “mexicanidad” cuando han venido a adueñarse de los principales bancos mexicanos, donde reciben los beneficios financieros de Fobaproa, y nos cobran comisiones y costos verdaderamente usurarios.

Estos mismos inversionistas son los que ahora quieren devolver el tren rápido a Cuautitlán porque el “negocito” no les salió como querían, mientras cobran los precios que se les da la gana en las obras públicas y los contratazos que monopolizan en diversos sectores del país. A ellos debemos recordarles lo mucho que estimamos y debemos a otros españoles, que llegaron con la República y que honraron a nuestra patria con su talento y su cultura, y a tantos migrantes hispanos que sí se fundieron con nuestra nacionalidad y que realmente crearon riqueza y valor para México.
La burocracia que sufrimos es tan ciega que no puede ver estas diferencias tan claras entre éxito y fracaso, y entre verdad y mentira que todos los mortales percibimos, y por eso, muy pronto tendrán que irse; y aquellos que vayan a llegar ojalá y entiendan que los tiempos del cinismo y el engaño se están terminando muy rápidamente.

editorial2003@terra.com.mx
Doctor en Derecho