Foto: IECM/ La consejera del IECM, Sonia Pérez Pérez, planteó establecer reglas claras de paridad para la elección judicial de 2028 durante un foro realizado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
La consejera Sonia Pérez Pérez planteó definir desde la convocatoria qué cargos competirán mujeres y hombres.
Garantizar reglas claras para la participación política de las mujeres será uno de los retos de la elección judicial de 2028. La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Sonia Pérez Pérez, señaló que es necesario definir desde la convocatoria cuáles cargos serán disputados por mujeres y cuáles por hombres, además de establecer procedimientos claros para cubrir vacantes y verificar los requisitos de elegibilidad.
Durante el foro La elección judicial en la Ciudad de México: una perspectiva desde el género, los derechos humanos y la innovación democrática, realizado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la consejera destacó la importancia de dar certeza a quienes participen en la próxima contienda, particularmente ante las nuevas reglas de paridad en las postulaciones.
Para Pérez Pérez, establecer de antemano qué cargos competirán mujeres y hombres permitiría que las candidaturas conozcan las condiciones de participación y las reglas para determinar quién obtiene el triunfo. La propuesta retoma la experiencia de la elección judicial de 2025 en la capital, cuando la convocatoria identificó las vacantes que serían disputadas por mujeres y las que corresponderían a hombres.
Este mecanismo permitió que, en determinados cargos, las candidatas compitieran entre sí y que existiera claridad sobre quién obtenía la mayor votación.
En la mesa Proceso electoral judicial extraordinario 2025. Experiencias, reflexiones, criterios y sentencias con perspectiva de género y derechos humanos en materia electoral, en la que también participaron la magistrada del TECDMX Laura Patricia Jiménez Castillo y el asesor legislativo Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Pérez Pérez consideró necesario mantener este tipo de definiciones para el proceso de 2028.
“Es necesario seguir con la inercia de establecer claridad de cuáles son los cargos que van a ser competidos por hombres, y cuáles los que van a ser competidos por mujeres”, afirmó.
La consejera sostuvo que esta claridad también contribuiría a evitar controversias por los criterios de asignación de los cargos, como las que se presentaron en el ámbito federal, y a reducir el riesgo de que los resultados terminen judicializándose.
Desde una perspectiva de género, definir estas reglas con anticipación es relevante para que las mujeres conozcan las condiciones bajo las cuales competirán por los espacios judiciales. La certeza sobre las candidaturas y la asignación de los cargos forma parte de las condiciones institucionales necesarias para aplicar las disposiciones de paridad.
Además de las reglas de participación, Pérez Pérez advirtió sobre los posibles efectos del nuevo mecanismo para cubrir las vacantes de magistraturas y juzgados.
Explicó que, durante la elección judicial de 2025, existía la posibilidad de que una persona ubicada en el siguiente lugar de la votación accediera al cargo cuando se produjera una vacante. Con la nueva regulación, en cambio, las plazas deberán someterse nuevamente a elección.
La consejera señaló que este cambio podría ocasionar periodos en los que algunos cargos permanezcan sin una persona titular electa, incluso si la vacante se produce poco después de que quien ganó la elección asuma sus funciones.
También recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido controversias relacionadas con la aplicación del esquema anterior de sustituciones después de las reformas constitucionales.
Por ello, consideró importante que las autoridades definan con claridad cómo se aplicarán las nuevas disposiciones y cuáles serán sus efectos en la integración de los órganos judiciales.
Verificación de la “8 de 8” necesita reglas claras
Otro de los puntos abordados fue la verificación de los requisitos de elegibilidad conocidos como la “8 de 8”. Pérez Pérez consideró necesario establecer un procedimiento normativo que permita comprobar que las personas electas cumplen con las disposiciones aplicables.
La consejera recordó que, durante el proceso electoral judicial de 2025, el IECM realizó requerimientos a distintas autoridades antes de entregar las constancias de mayoría, con el propósito de verificar que las personas ganadoras no se encontraran en alguno de los supuestos previstos en la normativa.
Ante la próxima elección, planteó que el procedimiento de revisión quede definido desde antes de la contienda, incluya la garantía de audiencia y permita que las personas participantes conozcan previamente las reglas aplicables.
La propuesta busca dar certeza jurídica tanto a las candidaturas como a las autoridades electorales sobre la forma en que se comprobará el cumplimiento de los requisitos.
En 2026, los candidatos demócratas están respondiendo a un electorado que está listo para abolir al ICE, gravar a los multimillonarios y liberar a Palestina.
La campaña electoral de 2026 ha dado un nuevo lenguaje a la política estadunidense: candidatos demócratas en las contiendas más reñidas para el Senado han rechazado la precaución basada en encuestas, en favor de una franqueza que cambia por completo las narrativas de los consultores de campaña y los analistas del status quo. En Texas, el candidato James Talarico ha estado diciendo a los electores: “la única minoría que está destruyendo al país son los multimillonarios. Las personas trans son el uno por ciento de la población. Nos estamos equivocando al enfocar a ese uno por ciento”. Y, cuando el texano Elon Musk alcanzó el siguiente peldaño en el escalón de la riqueza, Talarico declaró: “la razón de que exista la pobreza en el país más rico de la Tierra no es porque no podamos alimentar a los pobres: es porque no podemos saciar a los ricos. Debemos gravar a los multimillonarios hasta el punto de que desaparezcan”.
Cuando a Angie Nixon, de Florida, se le preguntó sobre la escalada israelí que ha dado muerte a 75 mil palestinos, contestó: “basada en mi entendimiento de la definición, lo que ocurre allá, es de hecho un genocidio”. En Michigan, Abdul El-Sayed dijo a los desarrolladores de centros de datos para la inteligencia artificial: “no pueden tocar el agua de ninguna manera, modo o forma”.
Cada círculo de acción tiene su propia dinámica. La contienda de este año está influida, desde luego, por la clara necesidad de elegir un Congreso que equilibre y acote al desastroso equipo presidencial de Donald Trump. Pero la dinámica de 2026 implica más que sólo hacer campaña contra una ilegalidad de tan gran escala que haría sonrojar a Richard Nixon.
Esta temporada electoral ha visto un cambio sísmico, con el surgimiento de nuevos temas y nuevas formas de hablar de los temas viejos. Una nueva generación de candidatos progresistas (y los electores jóvenes que responden a ellos) se enfoca en acabar con las políticas del statu quo que han baldado a este país porque están diseñadas, de manera literal, para quitarles a los pobres para darles a los ricos; con un “consenso” en política exterior que financia el genocidio, y con élites bipartidistas tan endeudadas con el poder corporativo que se sorprendieron cuando los estadunidenses demandaron moratorias a los centros de datos y una estricta reglamentación de las compañías de IA que nos amenazan con enorme desempleo, vigilancia generalizada y extinción en masa.
Estamos en un momento prelectoral. Reconocemos el inmenso gasto que los multimillonarios alineados con Trump, los oligarcas de la IA y los capitalistas de las criptomonedas pueden destinar a republicanos que merecen perder, lo cual crearía una resaca roja ante la oleada azul que los demócratas anticipan. Pero 2026 ha mostrado ya algunos resultados prometedores.
Pese a las fanáticas maniobras de Trump para distraer al electorado y sus serias amenazas de levantar barreras a elecciones libres y justas –sin mencionar una campaña que supuestamente sería más fácil para los republicanos gracias a manipulaciones, supresión de votos y ventajas en el financiamiento de campañas–, todo parece ir mal para el Partido Republicano, incluso en estados alguna vez confiablemente rojos, como Iowa y Ohio. Los electores desean desesperadamente liberarse del dolor económico creado por el desdén de Trump hacia la inflación y por sus caóticas políticas arancelarias; poner fin a la desastrosa guerra con Irán, y detener los ataques mortales a comunidades que llegaron a su punto más alto con los tiroteos del ICE en Mineápolis, pero que no han cesado.
Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, y posiblemente el Senado, pueden utilizar las facultades que la Constitución estadunidense concede al Poder Legislativo –en especial en lo referente a supervisión, investigaciones y rendición de cuentas– para presionar a este gobierno a cambiar de curso.
Pero los mismos demócratas necesitan cambiar. La temporada electoral ha dado un llamado de alerta al partido. Los electores en las primarias echaron de sus cargos a políticos que no escuchaban los llamados a poner fin a la ayuda estadunidense a Israel en el extranjero y a instaurar Medicare para Todos en el país. Durante la campaña de otoño, candidatos insurgentes al Senado, como El-Sayed, Nixon y Peggy Flanagan en Minesota, junto con contendientes para la Cámara de Representantes como Will Lawrence, de Michigan, y candidatos en los estados como la aspirante a comisionada de aseguramiento de California Jane Kim, han atraído a nuevos votantes –jóvenes, independientes, incluso algunos decepcionados partidarios de Trump–, al derribar las fronteras de la política estadunidense.
Los líderes y estrategas del Partido Demócrata deben hacer lo mismo. Deben aprender la lección de 2026: reconocer que lo que alguna vez se descartó por radical –reglamentar el poder de la IA y las corporaciones, abolir el ICE, establecer Medicare para Todos, poner fin a la ayuda militar a Israel y detener las guerras eternas, así como gravar sin excusas a los multimillonarios– está surgiendo con rapidez como la política sensata de nuestro tiempo.
* Katrina Vanden Heuvel es redactora y editora en The Nation, la principal fuente de política y cultura progresista en Estados Unidos. Experta en asuntos internacionales y política estadunidense, es una columnista galardonada y contribuyente frecuente en The Guardian. Es autora de varios libros, entre ellos The change I believe in: fighting for progress in the age of Obama, y coautora (con Stephen F. Cohen) de Voices of glasnost: interviews with Gorbachev’s feformers.
Foto: Especial / Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), advirtió sobre los retos que enfrentan las mujeres en el proceso electoral de 2027, entre ellos la violencia digital.
La consejera del IEEM, Karina Vaquera, advierte que la inteligencia artificial puede amplificar la violencia política contra las mujeres.
Con el inicio del proceso electoral en el Estado de México rumbo a 2027, uno de los principales desafíos para las autoridades electorales será garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad, sin violencia política en razón de género y frente a nuevas formas de agresión que pueden amplificarse mediante redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.
Así lo señaló la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Vaquera, quien advirtió que el proceso electoral que ya comenzó en la entidad tendrá que enfrentar, entre otros retos, la regulación insuficiente de la inteligencia artificial, la guerra sucia digital, la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados a organizar los comicios.
Durante una entrevista con CIMAC Noticias, Vaquera consideró que estos desafíos adquieren una dimensión particular cuando se observan desde la perspectiva de género, pues las mujeres que participan en política pueden ser las primeras afectadas por campañas de desprestigio, manipulación de contenidos y violencia difundida a través de plataformas digitales.
El proceso electoral mexiquense comenzó formalmente el 14 de septiembre, con una sesión solemne del IEEM. De acuerdo con la consejera, la entidad enfrenta un proceso de grandes dimensiones, entre otras razones porque cuenta con la mayor lista nominal y padrón electoral del país.
En este contexto, sostuvo que las autoridades electorales tendrán que fortalecer sus mecanismos de comunicación con la ciudadanía, particularmente frente a un escenario en el que las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para informarse.
Se realiza declaratoria de inicio del Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027. pic.twitter.com/hUhWEdMlfV
Inteligencia artificial, un nuevo reto para las elecciones
Para Vaquera, uno de los principales desafíos del proceso electoral será el uso de inteligencia artificial en la generación y difusión de contenidos políticos.
La consejera señaló que actualmente existe un vacío normativo frente a estas herramientas, lo que puede dificultar la actuación de las autoridades cuando se utilicen para alterar o modificar la percepción de la realidad durante una contienda.
Advirtió que las herramientas de inteligencia artificial, combinadas con redes de bots y trolls, pueden utilizarse para construir narrativas artificiales, modificar contenidos y generar campañas de guerra sucia digital.
El riesgo, explicó, no se limita a la difusión de información falsa. También puede utilizarse para atribuir características a candidatas y candidatos que no corresponden con su trayectoria o con sus acciones, lo que puede incidir en la percepción de quienes votan.
“La inteligencia artificial va a tocar todo”, planteó durante la entrevista.
Desde su perspectiva, las autoridades electorales deberán desarrollar estrategias de comunicación capaces de proporcionar información veraz y oportuna a la ciudadanía, especialmente ante escenarios en los que las plataformas digitales pueden convertirse en espacios para manipular la conversación pública.
La preocupación adquiere una dimensión de género porque, señaló, las mujeres suelen ser particularmente afectadas por este tipo de campañas.
Las herramientas digitales pueden convertirse así en una vía para reproducir y amplificar formas de violencia política contra las mujeres que ya existen fuera de internet.
Vaquera recordó que actualmente existen registros de personas sancionadas por este tipo de violencia y señaló que en el Estado de México hay 28 registros en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dentro de los 492 registros nacionales que mencionó durante la entrevista.
Para la consejera, sin embargo, las cifras no pueden interpretarse como una medida de la dimensión real de la violencia.
“Decir 28 registros son muy poquitos, no existe violencia, no”, señaló.
El problema, explicó, también está relacionado con las dificultades que enfrentan las mujeres para acreditar la violencia que viven, particularmente cuando ésta ocurre mediante herramientas digitales.
Vaquera habló desde su propia experiencia como víctima de violencia política y cuestionó las dificultades que puede representar para una mujer saber ante qué autoridad acudir, cómo presentar una denuncia y, especialmente, qué pruebas pueden demostrar una agresión cuando ésta ocurre a través de medios digitales.
En su caso, relató, recurrió a un dictamen pericial relacionado con la gesticulación de un representante político como elemento probatorio. La resolución posterior reconoció una falta de perspectiva de género, pero, sostuvo, la experiencia permite observar las dificultades que persisten para acreditar este tipo de violencia.
Por ello consideró necesario revisar y actualizar las hipótesis normativas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“La ley está corta en el sentido de admitir pruebas que no son la vía a través de la cual se genera esa violencia”, afirmó.
El desafío será todavía mayor en un contexto en el que las agresiones pueden producirse mediante publicaciones, videos manipulados, cuentas anónimas, bots o contenidos creados con inteligencia artificial.
Detecta, actúa y erradiquemos juntas la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. pic.twitter.com/vbAs06X5KI
El IEEM tiene una ruta para atender casos de violencia política
Frente a este escenario, la consejera destacó que el IEEM aprobó una ruta de acción para realizar análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La finalidad, explicó, es que las mujeres que consideren haber sido víctimas de este tipo de violencia puedan activar mecanismos de atención y que el instituto pueda generar, cuando corresponda, medidas cautelares y de protección.
Para Vaquera, el reto no consiste únicamente en aprobar documentos o protocolos, sino en hacerlos conocidos y accesibles para las mujeres que participarán en el proceso electoral.
“Tenemos que hacer lo posible y, más allá de solamente tenerlo ahí como un documento, informarle a la ciudadanía y a las mujeres que contiendan que está esta ruta de acción”, sostuvo.
La consejera consideró que las autoridades electorales deben explicar de manera clara qué mecanismos existen para denunciar y qué posibilidades de protección tienen las mujeres frente a situaciones de violencia.
Paridad: 50 por ciento no es un techo
Otro de los temas que marcarán la elección 2027 será la paridad en las candidaturas y la integración de los espacios de representación política.
Vaquera recordó que el IEEM tuvo un antecedente en 2021 cuando aprobó un acuerdo que no garantizaba la paridad en el Congreso local. La decisión fue posteriormente modificada a partir de una sentencia de la Sala Superior.
A partir de ese proceso, explicó, el instituto cuenta actualmente con lineamientos que establecen reglas para garantizar la paridad y evitar simulaciones por parte de los partidos políticos.
La consejera puso particular énfasis en que la paridad no debe entenderse como un límite para la participación de las mujeres.
“El 50 es un piso”, afirmó.
Esto significa, explicó, que la obligación constitucional de garantizar la paridad no impide que los partidos políticos puedan postular a más mujeres.
“Eso no significa que estén en contra de los hombres, significa simple y sencillamente que estamos cumpliendo con una deuda histórica que se tiene con nosotras las mujeres”, señaló.
Para el proceso electoral que comienza, uno de los pendientes estará en revisar los bloques de competitividad de los partidos y evitar que la paridad se convierta en una simulación.
También será necesario observar la integración de los ayuntamientos.
De acuerdo con Vaquera, existen 15 municipios del Estado de México que nunca han tenido una mujer al frente de la presidencia municipal, una situación que coloca nuevamente la responsabilidad sobre los partidos políticos para garantizar que las mujeres tengan acceso a candidaturas competitivas.
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Mujeres indígenas, con discapacidad y otros grupos siguen enfrentando barreras
La discusión sobre participación política no se limita a la representación de mujeres en términos generales.
Durante la entrevista, Vaquera destacó la necesidad de garantizar la participación de mujeres y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, entre ellos mujeres indígenas y mujeres con discapacidad.
En estos casos, dijo, el reto no consiste únicamente en establecer un determinado número de candidaturas, sino en verificar que quienes sean postulados realmente representen a los grupos para los cuales fueron diseñadas las acciones afirmativas.
La consejera señaló que el IEEM cuenta con un estudio elaborado por El Colegio de México que identifica aspectos que deben considerarse en la aplicación de estas medidas.
Para Vaquera, la autoridad electoral debe acercarse a las comunidades y no limitarse a esperar que la ciudadanía acuda a las instituciones.
“Yo creo que un instituto no puede decir que está abierto y que está cercano a la ciudadanía esperando a que la ciudadanía venga”, sostuvo.
Desde su perspectiva, las consejerías deben tener mayor cercanía con los distritos, municipios y comunidades para conocer las condiciones en las que viven las personas que buscan ejercer sus derechos político-electorales.
La participación, añadió, debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos y de inclusión, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo primero constitucional.
Mujeres jóvenes y participación ciudadana
Otro de los desafíos para 2027 será combatir el desencanto ciudadano.
Vaquera señaló que los institutos electorales y los partidos políticos han perdido niveles de aprobación y que esta situación debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre la manera en que comunican su trabajo y se relacionan con la ciudadanía.
En ese escenario, consideró especialmente importante involucrar a las juventudes.
Muchas mujeres jóvenes, señaló, participan por primera vez en un proceso electoral y posteriormente pueden experimentar desencanto con las instituciones.
Frente a ello, llamó a reconocer que la participación electoral también es una forma de ejercer poder e incidir en la realidad.
Las mujeres representan, de acuerdo con la consejera, más de 52 por ciento del electorado, tanto en el ámbito nacional como en el mexiquense, por lo que su participación resulta central para el proceso electoral.
Pero esa participación no se limita a acudir a las urnas.
Las mujeres pueden intervenir como candidatas, funcionarias de mesa directiva de casilla, observadoras electorales, militantes o simpatizantes de partidos políticos, comunicadoras y periodistas.
“No duden”: el llamado a las mujeres ante 2027
Al hablar directamente a las mujeres que participarán en el proceso electoral, Vaquera hizo un llamado a no abandonar los espacios de participación por miedo a posibles represalias.
“No duden, que sepan que tenemos derechos, que hay garantías”, expresó.
También llamó a denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género y aquellas situaciones en las que los partidos políticos obstaculicen la participación de las mujeres, las excluyan de candidaturas o impidan su incorporación efectiva a la vida política.
Para la consejera, el temor a las represalias no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos político-electorales.
Recordó que las mujeres mexicanas llevan apenas alrededor de siete décadas ejerciendo plenamente el derecho al voto y que la participación política actual es resultado de las luchas de generaciones anteriores.
“Tenemos una importante deuda con todas aquellas que hicieron posible que pudiéramos ejercer un derecho tan importante como es votar”, sostuvo.
De cara a 2027, su llamado es a que las mujeres participen desde los espacios que decidan ocupar, pero también a que conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para defenderlos.
La elección, planteó Vaquera, no debe observarse únicamente desde las candidaturas y los partidos políticos. También debe mirarse desde las condiciones que permiten —o impiden— que las mujeres participen en igualdad, que puedan ejercer sus derechos sin violencia y que las instituciones electorales respondan ante las nuevas formas de agresión política.
En medio de la crisis política que vive el país desde las últimas elecciones europeas, el feminacionalismo de extrema derecha[1]
no cesa. Esta campaña para las elecciones legislativas anticipadas
desencadenadas por la disolución de la Asamblea Nacional por Macron el 9
de junio es una oportunidad para que Rassemblement National (RN)
reactive su instrumentalización favorita de los derechos de las mujeres.
***
El lunes 17 de junio, Jordan Bardella
compartió un vídeo en Twitter en el que se dirigía "a todas las mujeres
de Francia". En su carrera por el puesto de Primer Ministro, Bardella
apuesta por el feminacionalismo imperante, presentándose como "el
[futuro] Primer Ministro que garantizará indefectiblemente a todas las
niñas y mujeres de Francia sus derechos y libertades".
En 2 minutos y 33 segundos, el Presidente
de RN repasó los ya conocidos tópicos feminacionalistas. Tras atacar a
la izquierda radical, Bardella se postula como garante de la igualdad
entre mujeres y hombres, destacando "la libertad de vestirse como se
quiera" y "la libertad de disponer de su cuerpo" antes de añadir que "en
Francia, las mujeres son libres, y lo seguirán siendo". Enumera los
escasos votos de los diputados de RN en la Asamblea Nacional a favor de
las mujeres, en particular para un mejor tratamiento de la
endometriosis, o para la lucha contra las mutilaciones genitales, que a
menudo se destacan como forma de denuncia de prácticas culturales no
europeas.
Bardella también mencionó el apoyo de los
diputados de RN al tratamiento del cáncer de mama, y prometió luchar
contra los desiertos ginecológicos. La mayoría de las medidas
mencionadas se refieren al acceso de las mujeres a la atención
sanitaria, y se trata de posturas consensuadas y de bajo riesgo. Sólo
una de las medidas que menciona en la lucha contra la violencia contra
las mujeres se refiere al voto para aumentar el número de plazas de
alojamiento de emergencia para mujeres víctimas de violencia, de nuevo
una postura poco controvertida.
"Marine Le Pen apoyó la inclusión del
aborto en la Constitución". Bardella no precisa que la mitad de las y
los diputados de RN no votaron a favor del texto en el Congreso de
Versalles. Fue el partido que más se abstuvo durante la votación, con un
26%, y un 14% votó en contra. Como señaló el colectivo Grève Féministe
en un artículo publicado en Libération en mayo, los diputados
de RN también votaron en contra de una resolución que condenaba a
Polonia por prohibir el aborto. El grupo también se abstuvo en la
introducción del derecho al aborto en la Carta Europea de Derechos
Fundamentales. En cuanto a la lucha contra la violencia de género y
sexual, las y los eurodiputados de RN votaron en contra de una
resolución destinada a combatir el acoso sexual en las instituciones de
la UE.
También en el Parlamento Europeo, en
septiembre de 2022, las y los eurodiputados de RN votaron en contra del
salario mínimo europeo, una medida destinada a mejorar la situación de
muchas mujeres. En julio de 2022, ya habían votado en contra de la
enmienda para elevar el salario mínimo francés a 1.500 euros, presentada
en el marco del proyecto de ley de protección del poder adquisitivo. En
cuanto al acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, en julio
de 2023, el RN votó en contra del proyecto de ley para reforzar el
acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en la función pública
la Asamblea Nacional. A pesar de presentarse como aliado de las
mujeres, RN tiene la costumbre de obstaculizar cualquier posible avance
en materia de justicia social para las mujeres[2].
Bardella termina su discurso reafirmando la
lucha contra la inseguridad, "que atenta contra la libertad de cada
mujer en Francia para circular por la calle y los espacios públicos",
optando por centrarse en una sola forma de violencia de género que, como
veremos más adelante, le permite estigmatizar a la juventud de origen
inmigrante y de los barrios populares. Por último, propone la
deportación de las personas delicuentes extranjeras que cometan
violencia sexual y de género, una medida propuesta a menudo por RN y que
refleja el tema de la remigración, elemento central de la
teoría del Gran Reemplazo tan apreciada por el movimiento identitario.
Al dirigirse específicamente a las mujeres y pedirles el voto para RN,
Bardella reactiva la retórica feminista-nacionalista de Marine Le Pen y
de muchos otros actores políticos de la extrema derecha.
La intensificación de una dinámica feminacionalista ya consumada
Nada de esto es nuevo. Si acaso, esta campaña electoral es una
oportunidad para intensificar la dinámica feminacionalista que ya
conocemos desde hace más de una década. Cuando Marine Le Pen tomó el
relevo de su padre al frente del partido en 2012, se embarcó en una
estrategia de normalización en la que el uso de la retórica feminista y
de los derechos de las mujeres forma parte integral.
Como han demostrado Nonna Mayer, Anja Durovic y Abdelkarim Amengay, esta estrategia de "normalización de género"[3] parece haber dado sus frutos entre las mujeres votantes, que han "alcanzado" a los hombres en el voto a RN[4].
Si bien esta reducción de la brecha de género en el voto a la extrema
derecha se observó en las elecciones presidenciales de 2012, 2017 y
2022, ahora también es evidente en las elecciones intermedias, en
particular en las últimas elecciones europeas.
Francia es uno de los pocos casos en los
que la "brecha de género de la derecha radical" se ha reducido, lo que
indica una tendencia preocupante en la creciente identificación de las
mujeres con la extrema derecha y sus programas políticos. Para atraer
aún más esos votos femeninos, los partidos de extrema derecha están
dispuestos a capitalizar el camino ya recorrido por el feminacionalismo.
Al diferenciarse del partido Reconquête de Éric Zemmour, que ha demostrado atraer a más hombres que mujeres[5],
RN aprovecha la oportunidad que le brinda la aparición de este nuevo
partido de extrema derecha. Durante la campaña presidencial de 2022,
Bardella declaró que la cuestión de las mujeres era "un importante punto
de divergencia" entre RN y Reconquête. Al afirmar que una de las
diferencias fundamentales entre RN y Reconquête es el respeto de los
derechos de la mujer, y al afirmar que "no cree que las mujeres deban
ser excluidas del poder", Bardella se opone discursivamente a las
opiniones sexistas y patriarcales de Zemmour.
Esta estrategia de distinción es una
continuación del enfoque iniciado por Marine Le Pen, pero ahora se
beneficia de un contexto de oportunidad política particularmente
favorable. Éste se caracteriza no sólo por la emergencia de un nuevo
partido de extrema derecha, cuya sobrepuja racista y antifeminista
permite normalizar aún más a RN, incluso en materia de género -aunque
sus programas sean de hecho muy similares-, sino también por un
feminacionalismo que se extiende a diferentes ámbitos políticos. Es el
caso, en particular, de los movimientos sociales de la extrema derecha
identitaria, pero también de las políticas desarrolladas por los actores
del feminismo de Estado macronista.
La retórica feminacionalista de los
partidos políticos de extrema derecha, en particular de la RN, se apoya
en las movilizaciones identitarias de mujeres que se han desarrollado en
los últimos cinco años. El colectivo de mujeres no mestizas Némésis,
que se reivindica como "feminista identitario", pone en práctica esta
apropiación del feminismo por parte de la extrema derecha, esta vez a
nivel de movimientos sociales. Fundado por Alice Cordier en 2019, este
colectivo forma parte del movimiento identitario y defiende una agenda
etnodiferencialista heredada de la Nueva Derecha. Desde su creación,
goza de una gran visibilidad en los medios de comunicación, alentada por
los canales de televisión de Bolloré, y su activismo se despliega en
las redes sociales o a través de acciones de agitprop destinadas a
interrumpir las manifestaciones feministas[6]
Las jóvenes activistas de clase media y
alta, a menudo estudiantes o ya tituladas superiores, sitúan la lucha
contra el acoso callejero en el centro de su movilización. Al
presentarlo como la principal amenaza sexista, perpetrada exclusivamente
por hombres inmigrantes o de origen inmigrante, y al defender una
política estrictamente antiinmigración y antiislam, las activistas
adaptan esta causa a la agenda etnonacionalista propia del movimiento
identitario y de los movimientos de extrema derecha en general.
La racialización del sexismo está en el
centro de la apropiación del feminismo por parte de la extrema derecha:
con el objetivo de atribuir las actitudes sexistas y la violencia a los Otros,
principalmente inmigrantes y jóvenes franceses de origen inmigrante y
obrero, este proceso desplaza la causa del sexismo de las desigualdades
estructurales de género a la cultura. Al mismo tiempo, las
activistas feministas nacionalistas de extrema derecha consideran que
las luchas feministas contemporáneas están desfasadas y ya no son
relevantes, y sitúan la amenaza sexista fuera del hogar -cuando la
mayoría de la violencia sexual tiene lugar en círculos íntimos- y fuera
de las fronteras nacionales. Así, la solución propuesta a los problemas
de la violencia sexual y de género ya no es la prevención y la educación
para la igualdad, sino exclusivamente la represión penal y las
políticas antinmigración.
Utilizado a menudo para referirse a la
explotación de la retórica y las ideas feministas por parte de actores
de extrema derecha, el concepto de feminacionalismo recoge de hecho una
dinámica ideológica más amplia que la de la extrema derecha. La
socióloga Sara Farris, que originó el concepto, lo define como una
convergencia de actores tradicionalmente opuestos que se unen en torno a
una postura antiinmigración y/o antiislam en nombre de los derechos de
la mujer. Entre estos actores se encuentran partidos nacionalistas de
extrema derecha, actores neoliberales y gobiernos, así como ciertas
feministas y demócratas, entendidos como los actores institucionales
encargados de promover políticas de defensa de los derechos de las
mujeres desde el aparato estatal.
En este sentido, es importante subrayar que
el desarrollo del feminacionalismo no se limita a RN o a la extrema
derecha en el contexto francés. También ha sido alentado por otros
actores políticos bajo los mandatos presidenciales de Macron, empezando
por Marlène Schiappa. Exministra de Derechos de la Mujer y luego
ministra delegada de Ciudadanía en el Ministerio del Interior, Schiappa
trabajó por una política de seguridad en la lucha contra la violencia
sexual y de género, teñida de la racialización del sexismo. Al dar
prioridad al despliegue de agentes de policía en determinados barrios,
proponer los llamados Quartiers de Reconquête Républicaine
(QSR), vincular más estrechamente la lucha contra el "comunitarismo y el
separatismo" a la lucha contra la VSG, y proponer la expulsión de los
extranjeros culpables de VSG, Schiappa ya estaba desplegando una
política fundamentalmente feminacionalista.
Al situar la criminalización del acoso
callejero en el centro de la agenda política del feminismo de Estado,
Schiappa estaba abriendo una brecha en la consolidación del
feminacionalismo. Enmarcada principalmente como un problema
territorializado y racializado, del que se dice que es competencia
exclusiva de los hombres jóvenes inmigrantes o de origen inmigrante
poscolonial, principalmente norteafricanos y africanos que viven en
barrios obreros, toda la campaña política y mediática en torno al acoso
callejero ha sido una gran oportunidad política para las fuerzas de
extrema derecha.
Acoso callejero y violencia de género en el espacio público: una causa estratégica explotada por la extrema derecha
Es principalmente a través de la apropiación selectiva de
ciertas causas feministas bien definidas como las fuerzas de extrema
derecha afirman defender los derechos de las mujeres. El acoso callejero
y, más ampliamente, la violencia contra las mujeres en el espacio
público, son causas estratégicas en este sentido: fácilmente adaptables a
la agenda política de la extrema derecha, les permiten presentarse como
defensores de los derechos de las mujeres sin dejar de ser fieles a sus
reivindicaciones identitarias y antiinmigración.
La apropiación por parte de la extrema
derecha de la lucha contra el acoso callejero ya se consumó durante la
campaña para las elecciones presidenciales de 2022. Las y los candidatos
de los partidos nacionalistas se posicionaron sobre esta cuestión,
proponiendo una política de seguridad y antiinmigración como la mejor
manera de proteger a las mujeres en la calle. Marine Le Pen propuso
endurecer las penas por acoso callejero, tipificando como delito el
"desprecio sexista".
Durante la misma campaña, Bardella ya se
había erigido en defensor de las mujeres contra el acoso callejero y lo
había vinculado a las poblaciones inmigrantes o de origen inmigrante, en
particular mediante un discurso racista pronunciado en BFMTV en hora de
máxima audiencia, en el que reafirmaba el tema de la emigración:
"¡A los acosadores franceses hay que
meterlos en la cárcel, y a los extranjeros en el avión! Siempre, siempre
los mismos perfiles. Hay que decir a esta gente: si venís a Francia,
comportaos con las mujeres como nos comportamos con las mujeres en
Francia. Si vienen a Francia para comportarse como se comportan allí,
entonces tienen que quedarse allí".
Zemmour, por su parte, presentó su
candidatura presidencial como "la que mejor defiende a las mujeres", y
subrayó, en un tono crítico con las feministas, que el peligro para las
mujeres de hoy no es "un hipotético patriarcado blanco".
Una vez reelegido en 2022, Macron puso en
práctica la propuesta presentada por Marine Le Pen, y reforzó la
represión del acoso callejero al tipificarlo como delito cuando se
comete con circunstancias agravantes (enumeradas por la ley Schiappa de
2018). Como en muchos otros temas, como la ley de inmigración, la
macronía adopta así la misma línea que RN, y sigue una política de
extrema derecha.
Tras ser penalizado por Schiappa y ser
objeto de debates públicos y políticos saturados de la racialización del
sexismo, el acoso callejero se está convirtiendo en una causa a la que
se unen todos los representantes y activistas de extrema derecha. Un
análisis de esta evolución en torno a la causa contra el acoso revela la
oportunidad que representaba para la intensificación del
feminacionalismo.
Esta dinámica se reproduce con motivo de
las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio. Con la
extrema derecha a las puertas del poder, es mucho lo que está en juego,.
Es esencial reafirmar la lucha por los derechos de las mujeres y contra
el feminacionalismo, contra cualquier intento de la extrema derecha de
apropiarse de las ideas y las luchas feministas. Más allá de ciertas
causas feministas que pueden ser explotadas por la extrema derecha, y
que son explotadas únicamente con fines nacionalistas y racistas, huelga
decir que ningún proyecto feminista auténtico puede ser defendido por
los reaccionarios y el campo nacionalista.
El programa del Nuevo Frente Popular, la
unión de la izquierda formada a raíz de la disolución de la Asamblea
Nacional, se inscribe en una lógica feminista de emancipación social de
las mujeres y las personas LGBTQ+, en particular proponiendo una amplia
lucha contra la violencia sexual y de género y la violencia LGBTfóbica,
rebajando la edad de jubilación -una cuestión fundamentalmente
feminista- o introduciendo la igualdad salarial y creando permisos
menstruales. Estas medidas, combinadas con propuestas más amplias sobre
justicia social y derechos de los trabajadores, antirracismo, derecho a
la vivienda y defensa de las libertades civiles, son las que más
posibilidades tienen de promover la emancipación real de las mujeres.
Contra las políticas racistas y capitalistas de los bloques
nacionalistas y burgueses, por la justicia social, feminista y
medioambiental, sólo hay una alternativa: ¡el Nuevo Frente Poppular!
[1]
A menudo utilizado para designar la utilización del feminismo con fines
nacionalistas y racistas, Contretemps ha dedicado varios artículos a
este concepto aquí y aquí.
[2]
En el episodio 5 del podcast Minuit dans le siècle de Ugo Palheta,
Mathilde Larrère explica el antifeminismo de la RN desde una perspectiva
histórica, señalando que el partido sigue siendo un enemigo mortal de
las mujeres hasta el día de hoy.
[3]
La expresión está tomada de las investigadoras Catherine Achin y
Sandrine Lévêque, cf. su artículo "Jupiter is back. El género en la
campaña presidencial francesa de 2017", French Politics, nº 15, 2017,
pp. 279-289.
[4] Véase en particular: Abdelkarim Amengay, Anja Durovic, Nonna Mayer, "L'impact du genre sur le vote Marine Le Pen", Revue française de science politique,
vol. 67, 6, 2017, p. 1067-1087; Nonna Mayer y Anja Durovic, "¿Un vent
de renouveau? La recomposition des gender gaps électoraux à l'élection
présidentielle française de 2022", Revue française de science politique, vol. 72, 4, 2022, p. 463-484.
[6]
Véase Magali Della Sudda, Les nouvelles femmes de droite, Hors
d'atteinte, 2022. Véase también el episodio titulado "Au cœur du nouveau
militantisme féminin d'extrême-droite" en el podcast Minuit dans le
siècle presentado por Ugo Palheta, en el que Magali Della Sudda habla de
su libro.
El pasado 9 de junio se celebraron en España las elecciones al
Parlamento Europeo, al que estaban llamados a las urnas casi 37,5
millones de votantes, de los cuales 1,6 millones votaban por primera vez
y 2,3 millones lo hicieron desde el exterior, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Pues bien, de estos 37,5 millones de votantes en España, sólo ejercieron su derecho al voto el 49%,
es decir, menos de la mitad. Ésta es la principal razón de todos los
resultados de las elecciones: la abstención ganó por mayoría absoluta:
el 51%. En términos de representación política, este porcentaje daría
lugar a la formación de gobierno, o más bien, en el caso que nos ocupa,
de un no-gobierno, porque, con la abstención, la mayoría absoluta de la
ciudadanía con derecho a voto ha expresado su malestar o rechazo al
sistema democrático vigente.
Y esto es algo gravísimo, porque pone en cuestión la legitimidad
democrática de los representantes de la ciudadanía en el Parlamento, la
de la clase política de la que forman parte, e incluso la del mismo
sistema democrático. Teóricamente, tendría que dar lugar a considerar
que los resultados de las elecciones carecerían de validez, porque la
mayoría absoluta de la ciudadanía llamada a votar, optó por no ejercer
su derecho al sufragio.
Sin embargo, en Europa, en esta anomalía no produce ningún efecto,
porque en la normativa no está prevista esta consecuencia jurídica. Así
que, pese a la escasa participación del electorado, las elecciones se
tienen por válidas, y no afecta a los resultados de las mismas.
En cualquier caso, los datos del alto abstencionismo resultan muy
significativos, especialmente si tenemos en cuenta que en la antigua
Grecia, cuna de las democracias occidentales, a los ciudadanos que no
votaban se les llamaba ‘idiotas’.
El que la mayoría absoluta de la ciudadanía española se haya
abstenido en las elecciones del #9J es como ser gobernados por idiotas,
porque ese es el significado de la palabra ‘idiota’, ciudadanos que
pudiendo votar, prefieren mantenerse al margen de la vida política e
institucional.
El abstencionismo como fuente de otros fallos democráticos
El abdicar del derecho ciudadano al sufragio propicia el deterioro de
la calidad democrática de los países, porque las decisiones políticas
relevantes son adoptadas con base en los votos de una minoría
técnicamente poco representativa del ideal en el que se fundan las
democracias, donde se supone que lo que la define es el poder de las
mayorías. Este fallo del sistema democrático perjudica de forma muy
concreta a los partidos minoritarios, a los progresistas y a los
derechos de las mujeres.
Como vemos en España, el abstencionismo ha favorecido que los
partidos mayoritarios sigan acaparando el poder, manteniendo sus feudos,
y perjudicando a los partidos minoritarios, a los que les resulta más
difícil alcanzar a llegar al mínimo de votos que deben obtener para
lograr la representación, ya que necesitarían una mayor cantidad de
votos.
E igualmente, perjudica a más a los partidos de izquierda porque,
además de la habitual fragmentación del voto de estas formaciones, los
prosélitos de estos partidos suelen tener menos movilización que los de
la derecha, cuando se votar se trata. Este ha sido el caso de partidos
teóricamente progresistas a la izquierda del PSOE, que vieron muy
menguadas las curules logradas, como sucedió con la plataforma SUMAR y
el partido Podemos. Y, de cierta manera, con lo ocurrido con PACMA, que
no logró llegar al Europarlamento.
Guardando las proporciones, podríamos decir algo parecido de los
partidos de nueva fundación y escasa trayectoria, como la plataforma de
partidos de la España vaciada ‘Existe’, el partido progresista Izquierda
Española y el partido Feministas al Congreso que, pese al loable empuje
con el que han incursionado en la escena política, se quedaron lejos de
alcanzar un número de votos suficientes para obtener una curul.
Precisamente por esta razón, la alta abstención propicia que en
Europa se acerquen peligrosamente al poder los partidos de la
ultraderecha más reaccionaria, amenazando con poner en peligro los
avances democráticos logrados durante la segunda mitad el siglo XX, que
permitieron construir en Europa sociedades razonablemente democráticas,
con niveles elevados de bienestar social, estabilidad política y la tan
anhelada paz, que ahora empieza a correr peligro con el aire belicista
que empieza a soplar.
Según los resultados electorales, la ultraderecha de corte
totalitario se ha hecho con cerca del 25% de las curules del
Europarlamento. Y en Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos
lograron situarse a la cabeza de las votaciones. No siendo menos
inquietante su avance en España, toda vez que el partido de ultraderecha
se ha convertido en la tercera fuerza política; y, contra todo
pronóstico, un partido antisistema de la misma ideología, de reciente
fundación y nula formación política, ha logrado obtener tres curules en
el Europarlamento.
Detrás de la alta abstención está, entre otras cosas, la desafección
ciudadana por el bajo nivel de los partidos con opción de poder y
representación en los órganos legislativos, así como la alta corrupción,
incompetencia y crispación al interior de los mismos; pero también por
la poca importancia que la ciudadanía le da a las elecciones al
Europarlamento, ya que la mayoría ignora que un 30% de las leyes
internas se derivan de las normas europeas.
El desprecio por los derechos de las mujeres
Lo más grave de todo es que en estas elecciones perdimos las mujeres.
Pese a ser poco más de la mitad de la población, ninguno de los
partidos que lograron curules en Europa representan en realidad nuestros
derechos. Al contrario, tal y como atestigua la deriva legislativa de
los últimos años, son los principales responsables del progresivo
deterioro jurídico que sufren los derechos de las mujeres y las niñas en
España, que empieza por el desmantelamiento de la categoría jurídica
‘sexo’.
A nivel interno, el deterioro jurídico se ha concretado en la
aprobación de la mal llamada ‘ley trans’, por medio de la cual se
instituyó en España el inexistente derecho a la ‘autodeterminación del
sexo’, con base en el cual, a efectos prácticos, se reconoce a los
hombres el insólito derecho a ser considerado ‘mujer registral’, con
todas sus consecuencias legales, amenazando nuestros derechos
específicos basados en el sexo, y poniendo en peligro la eficacia de las
leyes de Igualdad, de Violencia de Género y de todas las normas y
políticas públicas instituidas en las últimas décadas a favor de las
mujeres y niñas.
A nivel Europeo, el desmantelamiento de la categoría jurídica ‘sexo’
se ha estado planteando a través de diversas medidas normativas, donde
han ido sustituyendo la expresión ‘sexo’ por ‘género’ o ‘identidad de
género’. De todas estas medidas las más lesivas son las que están
promoviendo en el Parlamento Europeo en aras de reformar el Tratado de la UE para que se sustituyan todas las referencias a «igualdad entre mujeres y hombres» por «igualdad de género«,
pues esta es la coartada que necesitan para introducir el concepto de
identidad de género, es decir, que el sexo legal de las personas estaría
determinado no por la biología (el sexo), sino por la autopercepción
individual derivada de los roles y estereotipos (el género y sus
múltiples identidades).
Lo más inquietante es que estas medidas legislativas que pretenden
implementarse en Europa son defendidas por eurodiputados del otrora
progresista partido Socialista Español, con el apoyo de sus pares en el
Europarlamento. Medidas a las que previsiblemente acompañarán otras
encaminadas a regular la explotación sexual y reproductiva de las
mujeres, la minoración de las garantías de los derechos de los menores y
todas las demás medidas contenidas en la agenda queer, con la que se ha ido desplazando la agenda feminista en Europa.
A la final, como hemos podido comprobar, los resultados de las
elecciones nos muestran que las mujeres terminamos doblemente
perjudicadas: no sólo nos gobiernan los ‘idiotas’ que se abstienen de
votar; sino que los gobernantes elegidos también nos toman por idiotas,
despreciando el voto de las mujeres, mientras socaban nuestros derechos y
libertades.
Ahora que todas las elecciones se han celebrado, y que ya se han
consolidado los puestos y cargos en los partidos, la pregunta que se
impone es ¿podemos esperar a que las mujeres de los partidos políticos
con representación en los Parlamentos defiendan ya nuestros derechos,
los suyos?
Ciudad de México. Para el proceso electoral de 2021
el Instituto Nacional Electoral (INE) debe monitorear el uso del
lenguaje incluyente y no sexista y la presencia de estereotipos de
género en las precampañas y campañas federales que se transmitan en
programas noticiosos de radio y televisión.
La metodología para realizar el monitoreo de las transmisiones,
aprobada por el INE en la sesión de este miércoles 28 de octubre,
incorpora las consideraciones derivadas de las reformas a ocho leyes en
materia de violencia política de género, las cuales entraron en vigor en
abril pasado.
En este seguimiento de las transmisiones de radio y televisión que el
INE encargará a una institución de educación superior, se revisarán
tres nuevas variables: el sexo de la persona de la enunciación; el uso
del lenguaje incluyente y no sexista; y la presencia de estereotipos de
género.
Estas variables permitirán conocer la cobertura que realizan los
programas de radio y televisión que difundan noticias, referentes a los
temas de igualdad de género, no discriminación y violencia contra las
mujeres en razón de género, aseguró la consejera Claudia Zavala,
presidenta del Comité de Radio y Televisión, al presentar el documento
ante el Consejo General del organismo.
Con la reforma en materia de violencia política se modificó la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para
agregar, en el artículo 48 bis, la obligación del INE y de los
organismos públicos locales electorales de incorporar la perspectiva de
género en el monitoreo de las transmisiones de las precampañas y
campañas electorales.
La consejera Dania Ravel Cuevas explicó que, aunque desde el
monitoreo del proceso electoral 2014-2015 se incluyó la perspectiva de
género y no discriminación a la metodología, las nuevas variables tienen
el propósito de obtener más información para conocer y visibilizar las
desigualdades en la cobertura que se realiza en los programas de radio y
televisión que difunden noticias.
La consejera mencionó que anteriormente solo se incluía un análisis
respecto de las menciones, tiempo y valoración desagregada por mujeres y
hombres, ahora, además se contempla información que permitirá, por
ejemplo, identificar si existe alguna relación entre la persona que
emita determinada nota y la presencia de estereotipos y uso de lenguaje
incluyente y no sexista en la misma.
También se sabrá si en la radio y la televisión se utiliza en mayor o
menor medida lenguaje sexista, la existencia de roles y/o estereotipos
de género en el tratamiento de la información y si estas conductas son
violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la
presencia de otras formas de discriminación, derivadas de las
características identitarias de las personas.
Violencia de género también se da en redes sociales
La consejera Dania Ravel Cuevas señaló que las redes sociales son
quizá un ámbito en donde más violencia viven las mujeres, y aunque el
monitoreo solo es para radio y televisión, señaló que la Comisión de
Igualdad de Género y no Discriminación del INE, junto con organizaciones
de la sociedad civil y personas expertas, buscará realizar una
metodología para un monitoreo de redes sociales.
Señaló que el seguimiento de redes sociales ya lo ha realizado la
Coordinación Nacional de Comunicación Social y se tiene la intención de
volverlo a realizar para las elecciones de 2021.
En su participación, la consejera Carla Humphrey Jordan expuso que de
acuerdo con los lineamientos sobre el registro de personas sancionadas
en materia de violencia política, uno de los agravantes para que los
nombres de las personas permanezcan en este registro es que pertenezcan a
medios de comunicación.
Al respecto, el representante del Partido Encuentro Social, Ernesto
Guerra Mota, lamentó que el monitoreo no incluya las redes sociales
donde, dijo, se leen frases como “es la esposa de”, “viste como”,
“seguro se acostó con”, “su físico es tal”, “no sabe nada”, “debería
vender” en contra de las candidatas.
En el caso del representante del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez
González, señaló que para el monitoreo de este año 2021 el reto es
evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género, por
ello aseguró que por medio del monitoreo se obtendrá información que
permita conocer la cobertura que realizan los programas noticiosos.
En general, con este monitoreo se revisa el tratamiento que brindan
los programas que difunden noticias en radio y televisión a las
precampañas y campañas electorales federales, así como de las
candidaturas a diputaciones federales, con la finalidad de contribuir al
fortalecimiento de un voto informado y razonado.
Ciudad de México. Las acciones y omisiones del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a las políticas de
igualdad de género, provocarán que el voto de las mujeres marque la
diferencia en la elección del próximo 3 de noviembre.
La doctora en Ciencias Sociales, Claudia Calvin Venero, expuso en un
foro virtual organizado por la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP) que los resultados de la elección estadounidense tendrán
repercusiones globales, como ha sucedido con las decisiones de Trump en
contra de los derechos de las mujeres.
La también consultora e integrante de la “Red de Politólogas No Sin
Nosotras”, explicó que después del triunfo de Trump en 2016 hubo un
retroceso en materia de derechos para las mujeres, situación que se
repite en países donde las democracias, incluso las que se dicen de
izquierda, criminalizan los movimientos feministas y quitan dinero a los
presupuestos de género.
Calvin Venero aseguró que hay que poner la lupa en el proceso
electoral de Estados Unidos y revisar la participación de las mujeres,
porque su presencia puede ser un precedente para las elecciones que se
celebrarán en otros países en 2021, como México. “Las mujeres somos
factor de cambio”, advirtió.
En la actual coyuntura electoral, recordó, se debe entender la
participación de las mujeres desde una mirada interseccional porque no
vota igual una mujer latina de California o de Washington que una
afroamericana, blanca, o descendiente asiática. Ademas cruza el nivel
educativo y de ingresos, entre otros factores.
La fundadora de la organización “Mujeres Construyendo” puso en
contexto la próxima elección estadounidense al señalar que en los
primeros cuatro meses de gobierno, Donald Trump tomó decisiones en
contra de los derechos de las mujeres y provocó que ellas fueran su
principal opositor.
En 2017 la frase “Women are the wall, and Trump Will pay” o “Las
mujeres son el muro y Trump lo pagará” se convirtió en lema feminista,
en referencia a las declaraciones del mandatario que afirmó que
construiría un muro fronterizo con México.
Como ejemplo del poder de las mujeres, la cofundadora de la red
“Conectadas” expuso que el mandatario tomó posesión el 20 de enero de
2017 y al día siguiente se dio la marcha más importante de Estados
Unidos encabezada por ciudadanas. Fue más grande que la de Vietnam de
1969 y aquella a favor del planeta en la década de 1970.
En la marcha, agregó, se vió a 50 por ciento de la población
diciendo: aquí estamos pero tu campaña, discurso, agenda y lo que
simbolizas no es lo que queremos. Las mujeres actuaron como sujetas de
las políticas públicas, actoras de cambio y como votantes, dijo Calvin.
Decisiones de Trump en contra de las mujeres
El 23 de enero de 2017 Trump firmó un memorándum presidencial para
que Estados Unidos dejara de dar fondos a cualquier organización
internacional que mencionaran la palabra aborto, aun cuando solo dieran
información sobre salud sexual y reproductiva.
Ese mismo mes, el día 27 de enero firmó la orden ejecutiva para
proteger a la nación de terroristas extranjeros, una política que afectó
a personas, en particular a las mujeres musulmanas y migrantes de la
comunidad LGBTQ.
La consultora continuó explicando que el 13 de marzo de 2017, en un
foro internacional de Naciones Unidas sobre derechos de las mujeres, su
gobierno llevó a dos mujeres de la sociedad civil, pero de perfil
conservador. Al hilar las acciones del presidente, dijo, se ve la
consistencia de la política anti-derechos.
Más tarde, el día 16 de marzo, Trump propuso reducir 28 por ciento de
los recursos del Departamento de Estado y limitar las contribuciones
que su país hacía a las agencias de la ONU, decisión que afectó temas de
salud, empoderamiento de las mujeres y programas de mantenimiento de la
paz.
Esta última decisión de Trump, dijo Calvin, fue ir en contra de la
“doctrina Hillary”, es decir contra las ideas de la excandidata
presidencial en 2016, Hillary Clinton, quien aseguraba que para
construir la paz era necesario contribuir en el desarrollo de las
mujeres.
El 27 de marzo de 2017 el mandatario revocó una ley promovida por el
expresidente Barack Obama sobre entornos laborales seguros. Con la
vigencia de esta norma se prohibía que las empresas tomaran acciones
como negociar de forma privada con víctimas de acoso sexual y hacer
litigios cerrados en estos casos.
Un mes después, en abril, Estados Unidos dejó de apoyar al Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que trabaja temas de salud
sexual, reproductiva, materna y VIH, entre otros. En 4 meses, agregó
Calvin Venero, se tomaron decisiones cuyas repercusiones estamos viendo
hasta la fecha y que tuvieron impacto global.
Gobierno blanco y sin diversidad
El gobierno de Trump, agregó la especialista, es
el más blanco y sin diversidad: de 23 secretarías de Estados, sólo 4
son ocupadas por mujeres; de 400 nombramientos 27 por ciento fueron de
mujeres; a casi dos años de su mandato en 2019, nombró a una persona a
cargo de la Office on Violence Against Women, Laura Rogers.
En opinión de Calvin, hasta ahora Ivanka Trump es la única voz
sensible a los derechos de las mujeres, pero ha trabajado solo por las
empresarias. Todo esto habla de lo que significa la agenda de género
para este gobierno, dijo. A esto se suma el movimiento Me Too y las
demandas de las mujeres migrantes, entre otras.
En este escenario la ex directora del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales dijo que en estas elecciones está en juego lo que va a
pasar en la agenda por los derechos de las mujeres a nivel global.
A su vez la coordinadora académica de la UDLA Jenkins Graduate
School, Nancy Garcia Gonzáles, señaló que en el sistema electoral de
Estados Unidos la ciudadanía vota por elegir a un representante
electoral y son los Colegios Electorales los que eligen al presidente
del país. No es un sufragio directo, detalló.
Es decir, en aquel país no se garantiza el principio de la democracia
de que todos los votos tengan el mismo peso, por tanto el voto popular
no necesariamente se traduce en el voto que llega a la Casa Blanca. Por
ejemplo, en 2016 la candidata Hillary Clinton ganó el voto popular pero
Donald Trump fue el triunfador.
Es una democracia de las minorías, expuso. Además, en las pasadas
elecciones los hombres decidieron no dar su voto a una mujer a pesar de
las coincidencias ideológicas con ella.
Al hablar de las candidatas, la académica dijo que los medios de
comunicación también tienen un papel importante. Por ejemplo, a las
mujeres se les pregunta si creen que su simpatía las ayudará a ganar o
se cuestiona si son duras y malas con sus equipos de trabajo, sin
enfocarse en su propuesta política.
García González dijo que a las mujeres se les atribuye una serie de
estereotipos como ser honradas y transparentes, por lo que al ser
cuestionadas y no cumplir con estos estándares se les tumba del pedestal
y es difícil que puedan regresar a esa posición, como ha ocurrido con
senadoras de aquel país.
Las expertas destacaron que mientras la fórmula del Partido
Republicano es Donald Trump y Mike Pence, la del Partido Demócrata es de
Joe Biden y Kamala Harris, una mujer con origen racial diverso (madre
india y padre jamaicano) que puede representar a una mayoría de la
sociedad estadounidense la elección de la póxima semana.
Se debe castigar a los responsables de todos los asesinatos de periodistas en el país, aseveró
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Tras el inicio del proceso electoral, a pregunta expresa
sobre la transmisión de sus conferencias de prensa, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reiteró que será respetuoso de la legalidad y vamos a defender también nuestro derecho a manifestarnos. ¿Qué quieren, que nos quedemos callados? No se va a poder, eso sí no.
De nuevo cuestionó que lo culpen de que el Instituto Nacional
Electoral (INE) no haya otorgado registro de partido político a la
asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, que promueve Felipe
Calderón y dirige Margarita Zavala. “De inmediato a culparme. No soy
igual a ellos.
“Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta; hay algo
que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política.
Detesto a los políticos hipócritas… Bueno, tampoco así: no los detesto,
no me gusta, para suavizarlo”, indicó.
Ante la prensa en Palacio Nacional, también ironizó que en el INE ya no quieren que diga conservadores, tampoco les gusta mafia del poder; está muy fuerte oligarquía y también decir derecha.
Sin embargo, sostuvo que desde el punto de vista conceptual, lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo, porque son realmente conservadores quienes quieren conservar privilegios.
Por otro lado, tras el asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez en Tezonapa, Veracruz, el Presidente señaló que se tiene que investigar y castigar a los responsables de todos los homicidios de comunicadores. Al formular la pregunta se incluyó el nombre de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce.
Se aclarará presunto espionaje del SAT
Rechazó, en otro asunto, que el Servicio de
Administración Tributaria vaya a utilizar tecnología para espiar a los
contribuyentes. Si existe esto en la miscelánea fiscal, se tiene que aclarar el propósito, afirmó.
Respecto del combate al robo de combustible, destacó que desde el
inicio de su administración se han ahorrado alrededor de 100 mil
millones de pesos –163 millones diarios–, que se canalizan a programas
de bienestar.
Comentó, asimismo, que se indagará si continúa la contratación de
proveedores predilectos de gobiernos anteriores para determinar si se
trata de asuntos legales.
Anticipó que hoy la coordinadora general de Puertos y Marina
Mercante, Rosa Icela Rodríguez, le entregará un diagnóstico sobre su
situación.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que, si
ya se están atendiendo debidamente las legítimas demandas de cada una
de las víctimas y colectivos feministas que mantienen ocupada la sede de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya no tendrían por qué estar dentro de las instalaciones.
También recordó que el año pasado la sala regional especializada
distinguió entre libertad de expresión en la sección de preguntas y
respuestas de las conferencias mañaneras y de los informes del gobierno
que no tienen contenido de propaganda, como en materia de salud y educación.
1. Antes se pensaba que los políticos sólo estaban en el “candelero” para obtener prestigio y dinero; ahora se puede decir que dado que todos salen absolutamente desprestigiados por trampas, saqueos y robos, puede decirse sin equivocación que ocupan cargos para obtener gigantescos salarios y de paso hacer buenos negocios. Por ello, sin ideales y cultura política, todos quieren organizar partidos porque es una seguridad para hacerse rico y tener poder. ¿Qué pasaría si les cortan los subsidios y los salarios? Mandarían al diablo la política y la idea de partido.
2. A raíz de que el partido “México Libre”, del súper corrupto y asesino Calderón no recibió la aprobación del Instituto electoral, entre los llamados “intelectuales”: Castañeda. Aguilar Camín, Zukermann, defensores de la mafia neoliberal, se dijo que el presidente López Obrador dio la orden por venganza, abundando de que México deberían aceptarse más partidos de los ocho existentes. Diría que haya 20 o 30 partidos, con la única condición: “que no reciban dinero público ni de particulares ni salarios gigantescos del erario, sino de cuotas de afiliados”.
3. Entonces los políticos serán los más conscientes y entregados luchadores sociales. Nosotros en los años 60 y 70 –antes que existiera el circo electoral- los 100 o 200 militantes de cada organización, tuvimos que aportar mensualmente para la publicación de nuestros volantes y periódicos, así como sacar de nuestra bolsa el dinero de los pasajes y comida en nuestros viajes en la República de propaganda y construcción de círculos de estudio y discusión. ¡Cuándo sufríamos para obtener el dinero para una fianza de un compañero preso!
4. Los partidos no son partes, sino agrupaciones humanas que persiguen rumbo, acompañamiento, objetivos de una sociedad. No todas las agrupaciones políticas se han dado el nombre de partidos, pero sin duda todas las organizaciones que han luchado y se han enfrentado, pudieron llamarse partidos, Ejemplo: insurgentes y realistas en la Independencia; liberales y conservadores (1856/76); revolucionarios (los Flores Magón y Madero) y porfiristas. Concluida la revolución de 1910-17, puede hablarse de “herederos de la revolución y reaccionarios; de izquierda y derecha a partir de la Francia de 1789.
5. Aunque ya se hablaba de partidos (como el partido Liberal Mexicano) en los hechos el primer partido electoral fue el PRI (partido de gobierno) que nació en 1929 y que sólo fue confrontado por la “Guerra Cristera” o “Cristiada”. En 1939, para oponerse al gobierno reformista de Cárdenas del PRI, nació el PAN con el apoyo total de los empresarios, los hacendados y el clero.; luego se fundaría el PPS y el PARM que serían modelo político de estar colgados de la ubre del Estado. Sin embargo el gobierno se encargó de subsidiar a los tres y luego a unos 15 siguientes.
6. Hoy la derecha, los medios de información, la mayoría de los políticos, no hablan más de clases sociales y obviamente prohíben hablar de lucha de clases. Dicen que son términos muy desgastados y que ya no existen. Prefieren hablar de chismes personales, de confrontaciones entre políticos para esconder que no es un problema entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, en acumuladores de riquezas y miserables y hambrientos. Quieren acabar con la corrupción ignorando o silenciando que sólo es parte del capitalismo. Los expresidentes de México no fueron malos; fueron unos malditos burgueses que por naturaleza odiaban a los trabajadores. (9/IX/20)
A pocas semanas de los
comicios presidenciales, Donald Trump espera que su compinche y asesor
para América Latina (AL) en el Consejo Nacional de Seguridad, Mauricio
Claver-Carone, consiga ser elegido presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el BID se vota en función del poder accionario de los países
miembros (Estados Unidos cuenta con 30 por ciento), y los peones de
Washington (Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, etcétera) garantizan, en
principio, 75 por ciento que requiere el candidato trumpista. La
elección será en forma digital (videoconferencia) y tendrá lugar el
sábado próximo.
Argentina, México, Chile, Uruguay, Perú y Canadá (junto con países de
la Unión Europea, miembros del BID pero que no votan) y el candidato
demócrata Joe Biden, expresaron su desacuerdo con la designación de
Claver-Carone. Proponen postergar la votación para marzo, y mantener la
norma de colocar un presidente latinoamericano a la cabeza del
organismo.
El BID está conducido por una asamblea de gobernadores (ex ministros
de Hacienda, presidentes de banco central, altos funcionarios públicos) y
desde su creación en 1959 ha sido la primera fuente de financiamiento
multilateral de AL y el Caribe.
La trayectoria del BID revela que el organismo ha sido un instrumento
al servicio del neoliberalismo y el poder corporativo global, habiendo
promovido funestas políticas de libre comercio y apoyado programas de
ajuste estructural.
En 1994, por ejemplo, se colocó en el primer lugar en la defensa del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). En 2002, durante una de sus reuniones anuales en Fortaleza
(capital del estado de Ceará, nordeste de Brasil), los movimientos
sociales invitaron a la población a barrer con escobas el banco del hambre, en una plaza céntrica de la ciudad.
Un año después, en la 44 asamblea anual del BID celebrada en Milán,
la globalización neoliberal impuesta por los gobiernos latinoamericanos
fue puesta a revisión. Allí, varios especialistas probaron que en las
pasadas dos décadas el BID había contribuido a empeorar la distribución
de la renta, con reducción de la inversión pública, abandono de
cualquier política industrial y regional, y renuncia a la
responsabilidad de proveer servicios públicos.
En efecto, de 1980 a 2000, con apenas 8 por ciento de participación
en el PIB mundial, la deuda externa de AL saltó de 205 a 740 mil
millones de dólares (mmd). Las exportaciones de la región crecieron de
92 mil a 406 mmd, mientras las importaciones subieron de 93 mil a 418
mmd. El mayor aumento tuvo lugar en México, donde las exportaciones
pasaron de 16 mil a 180 mmd. Por consiguiente, ningún país
latinoamericano pudo reducir los niveles de pobreza, o mejorar la
calidad de vida de la población.
Lo irónico es que la designación de Claver-Carone tampoco fue bien
recibida por los que, justamente, aplicaron el modelo neoliberal de
hambre y exclusión. A finales de agosto, en una declaración conjunta,
los ex presidentes Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Felipe González,
Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos y Julio María Sanguinetti dijeron que
la postulación carece de legitimidad (sic), y constituye una agresión a la dignidad latinoamericana (sic).
Sus voceros lamentan que, con Claver-Careone, las decisiones del BID estarían ideologizadas (sic), yendo contra la posición de neutralidad
de quien conduce un organismo técnico-financiero. ¿Y José A. Fourquet,
el director ejecutivo de Estados Unidos en el BID (nombrado por W. Bush
en 2001), que durante seis años trabajó como agente encubierto de la CIA
en AL y solía decir: Somos la alta gerencia de esta compañía llamada Estados Unidos? (revista Poder, México, 27/10/03).
Si tal es el razonamiento, el titular saliente del BID, Luis Moreno
Ocampo, ex embajador de Andrés Pastrana (1998-2002) en Washington,
artífice del Plan Colombia y ahijado político del narcoparamilitar Álvaro Uribe, habría sido ideológicamente aséptico...
¿Cuán distinto sería Claver-Carone de un Moreno Ocampo, o del ignoto
Fourquet? De ascendencia cubana, el aspirante ha sido un entusiasta
soporte del payaso venezolano Juan Guaidó, y uno de los responsables en
desactivar la política de Barack Obama hacia Cuba, restableciendo
sanciones, bloqueos y embargos.
Si Biden gana las elecciones, queda con una piedra en el zapato del
BID. Si pierde, nada cambia para AL. Trump eligió a Claver-Carone con el
fin de contrarrestar a China en el hemisferio occidental. Pero lo único
que le importa son los votos del estado de Florida. Así, romper el
quórum sería el único camino para evitar que Claver-Carone y Trump se
salgan con la suya. O nombrar a un presidente interino hasta marzo, de
forma similar a lo ocurrido en la Organización Mundial de Comercio.
