Para que la población
votante tenga más información y criterios el 1 de julio, la ciudadanía
espera que quienes aspiran a la Presidencia comiencen a definir las
ofertas al electorado. Entre tanto se han observado distintos esfuerzos
por elevar el nivel propositivo de las campañas, con énfasis en los
temas de la política social y económica.
En su edición de abril (https://goo.gl/7TYrHh), la revista Brújula Ciudadana
recoge varias reflexiones respecto a la insuficiencia de las políticas
social y económica impulsadas en el país, las cuales impiden salir de la
crisis y orillan desde hace décadas a buena parte de la población a
vivir en pobreza y cruzar, o intentar pasar, la frontera con Estados
Unidos. Un primer tema que merece nuestra atención son los riesgos y
amenazas que enfrenta la política social como tal en México.
Un artículo de la revista destaca que dicha política se ha vuelto
cada día más compleja por su fundamento en concepciones simplistas del
modelo económico predominante, que ha privilegiado al mercado y anulado
la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la
población.
Parte del problema, dicen los analistas, está en el error de igualar
la política social y los programas diseñados para superar la pobreza.
Quienes igualan la política social y dichos programas, se escudan en la
supuesta falta de capacidad de las personas para aprovechar todas las
oportunidades abiertas por el libre mercado.
Este pensamiento no ha hecho más que degradar el nivel de vida de la
población, agudizar el problema de la desigualdad y la discriminación y,
al mismo tiempo, generar el caldo de cultivo para la violencia crónica
que se ha expandido por todo el país. Son políticas para administrar la
pobreza, no para superarla.
La referencia es directa a los programas de transferencia monetaria
focalizados, que fomentan el individualismo al tiempo que desmantelan
las visiones colectivas, comunitarias y solidarias. Un segundo tema que
llama la atención es la política salarial, que en uno de los artículos
de Brújula Ciudadana se describe como una antipolítica social,
porque va en sentido contrario a la dignificación del trabajo,
desincentiva a la juventud y mantiene en la pobreza a gran parte de las
familias del país.
Pese a los escasos o nulos resultados de la política social, es
preocupante observar cómo han proliferado los programas sociales. Los
datos de Coneval señalan que existen más de 6 mil 400 programas de este
tipo en los tres niveles de gobierno. Además de los problemas ya
apuntados, la mayoría funciona en total desarticulación y es común que
se dupliquen, haciendo que algunas personas se benefician de varios
servicios o apoyos, mientras otras no reciben ni uno.
A todo ello se suma la facilidad con que la clase política utiliza
los programas sociales en tiempos electorales para ampliar o mantener
sus clientelas a nivel nacional. Se trata de una de las
manifestaciones de la corrupción más arraigadas en las estructuras
partidarias que resisten a cualquier tipo de blindaje, como en más de
una ocasión se ha intentado, porque cada año se destinan a ellos
millones, y su verificación se ha hecho muy difícil hasta hoy.
De esto da cuenta el reportaje titulado La Estafa Maestra,
que rastrea el destino de los fondos aprobados para la Sedesol en 2013 y
2014. Otro de los textos de la revista profundiza en el tema salarial, y
explica cómo el modelo de crecimiento económico predominante en México
ha fomentado tres grandes problemas: una caída de la ocupación en el
campo de casi 1.7 millones de personas; la ampliación del sector
dedicado a actividades por cuenta propia, y el flujo de migrantes hacia
el país del norte.
No sólo eso, la población que tuvo la suerte de tener un empleo, se
tuvo que contentar con negocios de muy baja productividad
(micronegocios), en contraste con las proyecciones que se tenían de que
se ubicarían en empresas más modernas del sector exportador. A esto se
le denomina precarización del empleo. Un problema al que también ha
contribuido la liberación de los mercados y la inserción de México en el
mercado global.
Al depender de la exportación de manufacturas y de tratados
comerciales como el TLCAN, México ha consolidado una política laboral
que tiene como fundamento principal el deterioro planeado de la calidad
del empleo para atraer y preservar inversiones. En este contexto de
desigualdad social también puede uno referirse al tema de la política
educativa, que debería ser uno de los pilares para generar mejores
condiciones para el desarrollo personal y la dinámica social.
Según otro artículo de Brújula Ciudadana, los esfuerzos que
un gobierno tiene que hacer en el área de la educación deberían
concentrarse en el desarrollo profesional del magisterio y el
fortalecimiento de la escuela pública.
Sin embargo, la política educativa en México se desvió de esas metas y
se pusieron todos los esfuerzos en una reforma educativa que padece
tres grandes problemas: le asignó a la evaluación una función correctiva
que intenta resolver problemas de naturaleza administrativa y política,
con lo cual se alentó la simbiosis SEP-SNTE; no se ha planteado
en la administración Peña Nieto cómo mejorar la calidad educativa en los
centros escolares, y uno de los puntos de partida de la reforma ha sido
la desconfianza hacia los docentes, la escuela y las autoridades de los
estados.
Urgen más acciones sistemáticas educativas y menos publicidad
envolvente. Poner el acento en la necesaria reorientación de los
programas sociales y las políticas salarial y educativa, es un desafío
importante que no debe soslayarse. Por el contrario, se requieren más
esfuerzos para que las campañas electorales trasciendan los espots, y se
asuma en serio la discusión de los temas nacionales y sus soluciones.
La imagen que José Antonio Meade utilizó sin permiso.
Foto: Marco Antonio Cruz
Por
La Redacción (apro).- El coordinador de Fotografía de la revista Proceso,
Marco Antonio Cruz, denunció públicamente que José Antonio Meade,
candidato presidencial del PRI, utilizó y difundió en su cuenta de
Twitter una imagen de su autoría sin permiso y fuera de contexto.
En su cuenta de Facebook, el fotoperiodista documental con una
trayectoria de más de 40 años, escribió: “El día de ayer el candidato
Meade utiliza sin permiso una fotografía de mi autoría en un tuit, lo
peor fuera de contexto”.
Se trata de una fotografía en blanco y negro en la que aparece una
mujer de edad avanzada con el rostro cubierto con sus manos y un fondo
con nopales. Sobre la imagen usada por Meade se escribió: “El modelo de
soberanía alimentaria fue aplicado en los años setenta con José López
Portillo, resultando un desastre para el campo”.
A la foto la acompaña una frase del candidato del PRI a la
Presidencia: “Lo que nos espera con la soberanía alimentaria”
#AsíNoAndrés”.
Al respecto, Marco Antonio Cruz aclaró: “La imagen es de Andrea Islas
García, campesina, ciega posiblemente por cataratas que vivía como
miles de campesinos por la pobreza en el campo resultado de los diversos
gobiernos del PRI, la imagen es de 1994 durante el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari.
Buenavista, Municipio de Otumba.
Mac 1994”.
Hasta el cierre de esta edición, el mensaje del coordinador de Foto de Proceso
había sido compartido en Facebook más de dos mil 960 veces y tenía
decenas de comentarios de apoyo. Incluso, algunos con la sugerencia de
demandar al exsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Marco Antonio Cruz es fundador del diario La Jornada, fundador y director de la agencia de información fotográfica Imagenlatina. Desde hace más de 20 años imparte talleres en distintos centros de fotografía, así como universidades públicas y privadas.
Además de ser jurado en distintos premios, ha recibido múltiples
reconocimientos. El más reciente fue la Medalla al Mérito Fotográfico
2017, entregado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH).
En el estudio de quienesnos estudian desde los tanques pensantes del poder imperialista, esto es, los estrategas militares y organismos de inteligencia de Estados Unidos, se encuentra su permanente proyección de situaciones o escenarios futuros que pueden hacer peligrar su seguridad nacional, que, traducido, significa identificar los reales o potenciales riesgos a los intereses estratégicos de su país como poder hegemónico del sistema imperialista mundial. Cada cuatro años, los expertos en distintos temas y regiones del planeta se reúnen y elaboran documentos llamados Tendencias Globales ( Global Trends), en los que identifican, por ejemplo, ¨(y dentro de una larga lista de conflictos y regiones), a los movimientos autonómicos de los pueblos originarios como enemigos del mercado y las democracias tuteladas, por sus tendencias colectivistas, la defensa de sus territorios y recursos frente a las corporaciones, así como la predominancia en su organización social de la propiedad comunitaria de la tierra, causas, según los militares, de la criminalidad y la insurgencia. En la página electrónica del Consejo Nacional de Inteligencia estadunidense, sus publicistas sostienen: En una época de confusión cuando la visibilidad en el futuro es baja, una cosa es clara: poder anticipar y planificar el cambio es más crítico que nunca.(http://www.rebelion.org/docs/222324.pdf)
Independientemente de que la futurología del Consejo Nacional de Inteligencia en muchas ocasiones se equivoca en sus predicciones, debido en parte a la racionalidad sesgada por razones de clase de sus científicos y especialistas, obnubilados también por el etnocentrismo racista que generalmente ignora, minimiza o subestima las capacidades de los pueblos para resistir por todas las vías a la explotación capitalista y a sus formas de dominación, lo cierto es que no vendría mal, desde el pensamiento crítico, a partir de un diagnóstico lo más ajustado a la realidad actual, y tomando en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas, así como las condicionantes históricas de las últimas décadas, intentar discurrir algunas de los eventuales proyecciones en torno a las elecciones presidenciales de 2018.
De esta manera, si hacemos un recuento de lo que han sido los últimos procesos electorales en los que la Presidencia ha estado en juego, marcados por fraudes memorables, caídas del sistema, compra de votos, coacción del electorado por el terrorismo mediático, manipulación de encuestas, uso ilegal de los recursos públicos, ratón loco, urna embarazada, carrusel, operación tamal, tarjetas de Soriana, robo de urnas, alteración cibernética de resultados y todo tipo de violaciones a las leyes en la materia por el régimen de partidos de Estado, en complicidad con las propias instituciones y tribunales electorales, lo más probable es que las elecciones de 2018 serán similares o peores a las pasadas. Sin ir más lejos, y después de la experiencia en las elecciones recientes en el estado de México, alguien medianamente informado podría pensar: ¿Qué la conducta de Enrique Peña Nieto (y la de sus allegados y cómplices) en el proceso electoral será ejemplar? ¿Qué se ceñirá a lo que la ley mandata, guste o no, como afirma el responsable de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández?
Si además de este apretado recuento del modus operandi del sistema en las últimas décadas, marcado por la prevalencia del fraude electoral y la imposición de gobiernos a todas luces ilegítimos, añadimos la actual crisis económica, política y social que ha llevado al país a una situación de emergencia nacional, agravada exponencialmente por los terremotos de septiembre pasado, que pusieron al desnudo el oportunismo y el uso político de la muerte y la desgracia de centenares de víctimas y damnificados, la corrupción y la inoperancia de las instituciones de los tres niveles de gobierno, el panorama que se presenta para el próximo año resulta poco menos que aterrador. Nada apunta a que el proceso electoral se efectuará en las mínimas condiciones de normalidad y certidumbre. Que México gane todos los primeros lugares en cuanto a cualquier parámetro de desgracias e infamias, como la escalofriante nota informativa de que de cada 10 mujeres asesinadas en América Latina, siete corresponden a nuestro país, el número de homicidios dolosos, que ya sobrepasaron los 200 mil, los más de 40 mil desaparecidos forzados, cuyo caso paradigmático, los estudiantes de Ayotzinapa, siguen sin ser encontrados, mientras la red de complicidades que participó en este crimen de Estado y lesa humanidad, permanece intacta; todo este infierno cotidiano de un país inmerso en una crisis humanitaria, advierte que el proceso electoral de 2018 no será precisamente una fiesta de la democracia. Ahora, con mayor razón, se espera una elección determinada por los descomunales intereses de un Estado criminal, cuyos grupos dominantes están decididos a imponer, nuevamente, a quien les garantice la continuidad del sistema capitalista globalizado. Estos grupos están decididos a utilizar cualquier medio para continuar el estado de cosas, incluyendo el uso de todo el aparato represivo legal y la acción violenta de su otro brazo armado, el crimen organizado, como una forma de control social y de las resistencias ciudadanas y anticapitalistas.
La única fuerza política organizada en torno a posiciones decididamente anticapitalistas que realmente está haciendo un diagnóstico de esta catástrofe y las proyecciones posibles para las elecciones del próximo año, es la unificada en torno del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han decidido conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuya vocera, sea candidata independiente a la Presidencia de la República. Esta fuerza política no pretende elaborar proyectos de nación desde arriba e integrar gabinetes de notables, que a la hora de los fraudes y las represiones sean letra muerta y abajo firmantes. Busca la reconstitución de los pueblos y el establecimiento de alianzas con todos los explotados del campo y la ciudad para organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia frente a la catástrofe; vislumbra no una alternancia, sino una transformación del país, más allá de las simulaciones democráticas de 2018, en las que se advierte, de nueva cuenta, una elección de Estado y los poderes fácticos.
1. El presidente del INE, el acomodaticio Lorenzo Córdova, ha anunciado que en lugar de dos se realizarán tres debates entre candidatos presidenciales; habló de realizarlos en tres lugares: en el Centro, el Norte y el Sur, dando el argumento de que así se conocerán más a los presidenciables. Podrían hacerse seis o 10, pero ni así los conocerán porque son políticos que dicen un discurso para ganar votos y luego hacen lo que los poderosos del empresariado quieren. Así ha sido con los políticos desde hace más de un siglo: el pueblo ha vivido engañado, saqueado, reprimido y aún no despierta.
2. Ignoro cuándo se iniciaron los debates presidenciales en el mundo, pero de lo que estoy seguro es que fueron los yanquis quienes los impusieron como moda “democrática” en los EEUU; los demás países dependientes lo copiaron sin el menor pudor o vergüenza. Desde entonces esos debates y otros, en la televisión mexicana se convirtieron en una farsa mediática, comercial, engañosa, que sólo han servido para lucimiento de quienes tienen el control económico y político. Para eso han sido usados esos actos que nunca, positivamente, han tenido en cuenta el pueblo.
3. En México siempre “han ganado los debates” los candidatos que pagan más o los más cercanos a los medios de información. Quienes siempre han dicho “la última palabra” o quienes imponen “la verdad”, son los comentaristas de las llamadas “mesas de análisis” que la TV selecciona a propósito. Dado que esos “debates” nunca los ha mirado el pueblo sino sólo las clases medias que crecen cada día, entonces son espectáculos que le permiten obtener como un negocio más –de políticos y empresarios- miles de millones de pesos a las empresas televisivas.
4. Los debates benefician a los candidatos que más gritan como Fernández de Cevallos, a quienes payasean más y usan mentiras para ganarse al auditorio, como Fox o a quienes conocen muchos trucos mediáticos. En México se recuerda mucho aquel primer “debate” de 1994 entre los candidatos Ernesto Zedillo del PRI, Fernández de Ceballos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Estos dos últimos se habían puesto de acuerdo –según luego se publicó- en vapulear sólo al PRI, pero Cevallos, en un revire, sorprendió a Cárdenas, golpeando también al PRD.
5. En ningún debate se aprende algo interesante; o de plano se registran discursos memorizados que de nada sirven; o se convierten en chismes, en dimes y diretes de mercado para gente necia, que hacen reír y que muchos les mentemos la madre a los enemigos o a todo el acto. En alguna ocasión, en 2006, aplaudí que López Obrador no le entrara a la farsa de los debates; no entró ni tuvo necesidad de él porque de todas maneras la consigna empresarial había sido dada: “¡AMLO no puede llegar!”; pero también los comentaristas tras debate habían sido escogidos para desprestigiar a AMLO.
6. ¿Quién ganó el debate pasado entre Trump y la Clinton? Obvio, para los Republicanos ganó el primero y para los del partido Demócrata ganó Hillary. Igual sucede en México y en todo el mundo: es un problema de seguidismo, de propaganda, de disciplina de partido obligada. Este es parte del planteamiento de Nietzsche acerca de “la verdad” que construye e impone el poder político, económico y de los medios de información. Por más argumentos válidos, fuertes, que posea el contrario, jamás tendrá “la verdad” oficial que se difunde por todos lados.
7. En el sistema capitalista, sistema dominado por los políticos y empresarios del más alto nivel, lo más importantes es que los políticos sean disciplinados y sometidos para garantizar sus intereses de dominación. Si un candidato no acude a los muchos llamados e invitaciones de los empresarios para exponer sus objetivos y programa de gobierno y, al mismo tiempo es rebelde ante señalamientos de las autoridades electorales, las instituciones y los llamados debates, es catalogado como un personaje peligroso que debe combatirse o desconfiarse de él. Así ha sido.
La mentira como proyecto cultural y comunicacional del neoliberalismo.
Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto del Cultura y Comunicación UNLa
Una democracia seria debería sancionar con todo rigor las mentiras electorales. Antes, durante y después. Debería haber tribunales populares instruidos con todo el poder para ejecutar leyes que resguarden el voto, como documento histórico que es, y como exigencia de cumplimiento político inexcusable. Justicia exigente al máximo que debería encarcelar al que promete falsedades, para ejecutar traiciones, tanto como al que corroe votos para imponer fraudes. La voluntad democrática de los pueblos debería contar con blindajes de hierro y con castigos ejemplarísimos. Para que nadie se atreva a la falacia y para que nadie se sorprenda del castigo ejemplar y contundente. Por el engaño (también electoral) nos han traicionado más que por la publicidad… y ya es mucho decir. Es que estamos verdaderamente hartos de la democracia burguesa… urge el avance de la democracia participativa y de las bases.
Debería haber un comité popular de ética que sometiera a escrutinio y sanción el papel de aquellos “medios de comunicación” que solidarizaran con el plan de las mentiras en campaña y que, como resultado de su connivencia delincuencial probada, perdieran todo permiso para el uso de “medios” de manera definitiva… de por vida. Para garantizar la legitima libertad de expresión de la voluntad democrática. Por salud cultural y comunicacional para todos.
Debería exigirse, al lado de los requisitos para gozar de una candidatura (y del dinero del pueblo que eso conlleva en muchos países) la firma de compromisos de promesas, pasar de la palabrería de la “buena voluntad” aparente, a los proyectos realizables con explicación del sustento conceptual, político, técnico y financiero. Uno por uno caso por caso. Debería ser una exigencia pasar la prueba, el examen, que las bases decidan para garantizar el nivel de conocimiento y aceptación que desde la base debe tener cualquier candidato a cualquier cargo “público” o “privado”. Sin excusas porque de los cargos “privados” también salen dediciones que involucran a lo “público”.
Reina el desparpajo de la impunidad. Reina la alevosía en el descaro premeditado. Reina la estratagema del engaño que “embriaga” con demagogia a los votantes para traicionar lo dicho haciendo lo indecible. Reina el absolutismo de la desfachatez oligarca, irresponsable e impúdica, borracha de munición “antidisturbios” y oropel de “informativos” centrales. Ellos sonríen, bailan y cantan. Ellos se aplauden, se abrazan y se besan. Reina el relato de empresarios triunfadores de avaricia macabra sobre el abismo de las falacias donde pende de un hilo inflacionario la verdad que teje la amargura. Por decreto de “necesidad y urgencia”. Hay que ver el desastre que han hecho en México, en España, en USA…
Así las cosas nos llenan con “frases hechas” inyectadas de estafa. Nos llenan las calles con propaganda de “cambios” y “futuro”. Nos llenan el oído con promesas endulzadas entre nepotismo promiscuo y capitalismo de amigos. Nos infectan la vida con su oratoria esculpida con cinceles de predicadores. Hablan de progreso a cambio de votos; hablan de felicidad a cambio de votos; hablan de empleo, educación, justicia, salud y vivienda a cambio de votos y prometen oportunidades a granel, aquí y allá, oportunidades a raudales, oportunidades para todos y en todas partes… igualdad de de oportunidades pero no igualdad de condiciones. Eso es sólo para ellos. La mentira como moneda de curso legal.
Es la pachanga desaforada de la “plus-mentira” convertida en parte del paisaje y en forma de resignación. Muchas personas aceptan que los “políticos” mientan porque andan en “campaña”. Como si fuese lógico o natural. La mentira premeditada queda liberada de toda culpa o penitencia. Reina la inmoralidad misma y se hace Cultura. El vacío de principios. La desfiguración alevosa de la realidad cómo signo de clase. El dogmatismo de la falacia, el fundamentalísimo de la irracionalidad impune. Y entonces lo falso es real.
Y, entonces, parece que la gracia es competir para ver quién miente “más bonito”. Quién promete “pobreza cero”, “hambre cero”, “desempleo cero”, “insalubridad cero”, “analfabetismo cero”… con desparpajo, sonrientes, rozagantes y cínicos. Acaso el “plus” de la mentira en la “pos-verdad” sea su capacidad de consenso aplastante, su manera de obturar la duda. Incluso su glamour autoritario. La “plus-mentira” basada en componentes dinámicos de usurpación simbólica para asesinar la verdad con las banderas de lo que se niega o se combate. Hitler se hizo llamar “socialista”, Franco en nombre de Dios produjo matazones diabólicas. Así que ni la “pos-verdad” ’ni la “plus-mentira” son novedades ni hallazgos teóricos actuales y acaso un factor decisivo, o de su vigencia, sea el uso de las tecnologías subordinándolas a sus fechorías. La tecnología aporta su “prestigio” para hacer más contundente el desprestigio de la verdad. Total pasará nada. Y todo conduce a la anti-política. Los procesos electorales convertidos, por las mafias en el poder, en emboscadas ideológicas.
Estamos en una encrucijada de importancia suprema donde toda idea de “democracia” está en peligro y bajo amenaza. Es litigio filosófico profundo y crítico que atañe a la “verdad” sus búsquedas, encuentros y desencuentros siempre históricos. No sobre el valor de su existencia social e histórica sino sobre sus depredadores aunque en la “pos-verdad” se los niegue. Y todo esto pone de relieve la responsabilidad social por la verdad, su lugar y sus desafíos.
Es fundamental desplegar fuerzas políticas empeñadas en sellar con la verdad cada pliegue de las luchas sociales; marcar con el fuego de la verdad cada hecho social o individual de las masas y para las masas. La verdad que expresa la ética política de la lucha emancipadora. La verdad desde las bases con sus derrotas y sus victorias. La verdad y sus procesos, sus logros reveladores como saltos cualitativos de conciencia y compromiso. La verdad que es táctica inmediata de combate, la verdad revolucionaria siempre. En suma, si el capitalismo anhela manipular la percepción, las creencias y la confianza de los pueblos con mentiras, rumores y calumnias, con promesas prefabricadas para que se conviertan en todo lo contrario, para venderse en campañas políticas modelo farándula; para imponer “guerras económicas” y convencernos de que la voluntad popular no es confiable o lograr que nadie pueda reconocer la verdad de las luchas y eso deje de tener importancia… entonces hay que doblar la apuesta por la verdad que habita en las bases, en los pueblos y en sus luchas. Mentir no es una gracia.
En su anteproyecto
de presupuesto para 2018 presentado ayer, el Instituto Nacional
Electoral (INE) solicitó un monto 63 por ciento mayor al que se asignó
en 2012 a las últimas elecciones presidenciales organizadas por el
Instituto Federal Electoral (IFE), con lo que el organismo alcanzaría
una asignación de 25 mil 45 millones de pesos, de los cuales 18 mil 256
millones se destinarían a su gasto operativo y 6 mil 788 millones de
pesos a las distintas fuerzas partidistas. Como el mismo INE reconoce,
esto significa un encarecimiento de 39 pesos por elector, con lo que
garantizar cada sufragio pasaría de costar 166 a 205 pesos.
El primer hecho que debe considerarse al analizar este incremento de
nueve mil millones de pesos es que a partir de la reforma electoral
promulgada en enero de 2014 el INE adquirió una serie de atribuciones y
responsabilidades con las que no contaba su antecesor, lo cual, aunado
al componente inflacionario –en el primer semestre de 2017 la inflación
rebasó 6 por ciento, un techo no alcanzado en varios años– provee una
sólida justificación operativa para el ajuste.
Sin embargo, la razón operativa no equivale a legitimidad social. Es
necesario recordar que los organismos encargados de organizar y vigilar
los comicios han experimentado severos problemas de transparencia en el
manejo de recursos, como ocurrió con el proyecto para edificar un nuevo
complejo que albergara la sede del INE a un costo inicial de mil
millones de pesos. Cancelado a principios de año debido a los recortes
presupuestales implementados por el gobierno federal, la onerosa idea
causó un escándalo social no sólo por carecer de cualquier
justificación, sino porque el instituto electoral arrastra un severo
déficit de credibilidad que se remonta a 2006: 11 años en que los
principales procesos electorales han concluido con el escepticismo y la
desconfianza de los ciudadanos en la medida que el IFE/INE y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido omisos
en hacer cumplir la ley y mostrado su aquiescencia hacia los partidos en
el poder.
Tanto en 2006 como en 2012, los respectivos comicios
presidenciales fueron repertorios de desaseo e incluso franca
ilegalidad. En el primer caso, el entonces titular del IFE, Luis Carlos
Ugalde, violó sus atribuciones al adelantar el anuncio del triunfo de
Felipe Calderón y no hizo nada para impedir que el presidente Vicente
Fox usara el poder público para distorsionar las preferencias
ciudadanas, delito admitido por el propio mandatario en turno en una
entrevista realizada en 2010. En 2012, el último encargado de ese
instituto antes de la reforma, Leonardo Valdés Zurita, decidió ignorar
el escándalo del reparto de tarjetas Soriana y Monex por parte del
equipo de campaña priísta, pese a que se encontraba a la luz el
operativo de compra masiva de votos mediante los denominados monederos
electrónicos.
Como consecuencia, los gobernantes han llegado a sus cargos con un
déficit de legitimidad de origen, lo que ha significado un enorme costo
económico, político y social: durante más de una década, la vida
nacional se ha desenvuelto bajo presidencias impugnadas, carentes de la
capacidad de producir consensos y generar en torno suyo la unidad
necesaria para un proyecto de Estado. Queda claro que la responsabilidad
de esta prolongada crisis institucional recae en las autoridades
electorales por su incompetencia para conducir con pulcritud los
procesos.
En suma, el debate no radica en la justificación operativa de los 25 mil millo
nes
solicitados; por el contrario, el malestar social ante los abultados
gastos del instituto deriva de la reiterada constatación de que el
organismo electoral no sirve a su función declarada, consistente en
realizar y calificar elecciones limpias y con resultados creíbles.
Mientras prevalezca tal estado de cosas, los procesos que en una
democracia sana debieran ser una forma de resolver diferencias y
conflictos –naturales en toda sociedad– seguirán conformando nuevas
fuentes de disputa, y alimentarán la sensación de que el asignado al INE
es dinero tirado a la basura.
En las campañas electorales para elegir gobernador en el Estado de
México el próximo 4 de junio, el candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza, recurrió a la tradicional
estrategia de su partido de prometer programas de apoyos económicos para
las mexiquenses y las jefas de familia así como promover el
auto-empleo.
En sus actos proselitistas, el candidato priista que asegura que quiere
ser el “gobernador de las mujeres” y afirma que, de ganar, construirá la
“universidad rosa”, implementara el “transporte rosa” y el “salario
rosa”, programas en favor de las mujeres que son similares a las
promesas que hicieron sus antecesores que ganaron la gubernatura.
Por ejemplo, al asumir como gobernador de la entidad que ha sido desde
siempre bastión priista, en septiembre de 2011, Eruviel Ávila Villegas
prometió cerrar las brechas de desigualdad, mejorar el índice de
bienestar social y la calidad de vida de la población mexiquense, pero
seis años después de dar apoyos económicos, la entidad sigue inmersa en
la pobreza y la inseguridad.
Con esta tradición del PRI en la entidad más poblada del país, el
candidato priista ha propuesto continuar con el legado y los programas
sociales pero además propone ideas que no son nuevas, por ejemplo el
actual Gobernador hizo campaña con la promesa del “transporte rosa”,
política de la que no ha informado públicamente cuántas unidades y rutas
hay.
La plataforma electoral que el candidato de la coalición integrada por
el PRI y los partidos Vede Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza
(Panal) y Encuentro Social (PES) presentó ante el Instituto Electoral
del Estado de México, señala que promoverá apoyos a jefas de familia con
mecanismos de opciones productivas e impulsar la “autogeneración de
empleo”.
LEGADO PRIISTA
Durante las campañas electorales de 2011, los candidatos al gobierno del
Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, por el Partido Acción
Nacional (PAN); Alejandro Encinas, por la coalición de los partidos de
la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia; y
Eruviel Ávila Villegas, abanderado por el Revolucionario Institucional
(PRI), Nueva Alianza (Panal) y el Verde Ecologista de México (PVEM)
hicieron escasas propuestas para las mujeres.
En la campaña de 2011, Ávila Villegas, quien ganó la elección con 64.94
por ciento de los votos, firmó 600 compromisos, pero en materia de
género se centró en ofrecer programas de “apoyos económicos”.
En su campaña, el candidato priista prometió “apoyo a mujeres”, como
seguridad alimentaria, créditos, unidades móviles médicas y transporte
rosa, es decir, exclusivo para mujeres; estímulos fiscales para empresas
que emplearan jefas de familia; el aumento al presupuesto en seguridad y
el combate a la corrupción.
En la recta final de su mandato, en su cuarto Informe de Gobierno, Ávila
Villegas dijo que llevaba 5 mil 247 de los 6 mil compromisos, 87 por
ciento del total de acciones a las que se comprometió a realizar.
En su informe de Gobierno se afirma que el motor del desarrollo del
Estado de México se encuentra en las mujeres, “no sólo porque
representan el grupo social mayoritario, sino porque gracias a su
potencial mejoran la calidad de vida de su familia y transforman
positivamente sus comunidades”, se dice.
Hoy, asegura la administración estatal, son más de 900 mil mujeres que
han sido apoyadas en su alimentación, salud, educación, vivienda e
ingreso, además de contar con mayores servicios para prevenir la
violencia en su contra y fomentar la equidad de género.
La realidad es que en esta entidad, donde viven 16 millones 187 mil 608
de habitantes, 51.6 por ciento mujeres, sólo logró reducir la carencia
de acceso a educación y alimentación, pero para 2014 había 3.3 millones
de personas en pobreza que no podían adquirir una canasta básica, según
cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).
PROMESAS “EN GRANDE”
En su rendición de cuentas, la administración estatal indica que uno de
los programas más emblemáticos para las mexiquenses es el llamado
Mujeres que Logran en Grande, mediante el cual asegura que 560 mil
mujeres han sido beneficiadas a través de apoyos económicos.
El propósito de este programa que opera el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMyBS) y que no es exclusivo para mujeres, es
otorgar dinero a las mexiquenses de entre 18 y 59 años de edad, así como
a integrantes de hogares, de 18 años de edad en adelante, que tengan un
ingreso inferior a la línea de bienestar económico.
Este programa se divide en tres áreas: Mujeres que Logran en Grande que
da de uno a cinco apoyos económicos de 550 pesos cada uno para
contribuir al gasto de los hogares; Mujeres en la Construcción que
otorga cursos de capacitación para el trabajo; y Mexiquenses que Logran
en Grande que da apoyo monetario a personas en pobreza que realicen
trabajos o acciones en beneficio de su comunidad cada vez que se les
pida.
En el caso de la vertiente Mujeres en la Construcción, se trata de
capacitación en electricidad, plomería, colocación de piso y azulejo o
recubrimiento de muros, que se ha dado a 4 mil 400 mujeres, a quienes se
les entrega una caja de herramientas para que puedan auto-emplearse.
Esta es la política para promover el auto-empleo de las mexiquenses en
una entidad donde, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y el Inegi, la tasa de informalidad laboral
de las mujeres es de 57.7 por ciento, lo que significa que no cuentan
con seguro médico, fondo para el retiro o derecho a guarderías.
En su reciente informe de gobierno, Ávila Villegas indica que con este
Programa se han realizado transferencias económicas para respaldar a
aproximadamente 114 mil 600 mujeres. En toda su administración han sido
beneficiadas más de 642 mil mujeres, con una inversión de alrededor de
mil 841 millones de pesos.
Así, el Gobierno del estado dice que una característica que define a
esta administración es el apoyo a las mujeres por medio de Acciones para
la Mujer, a través de las cuales diversas dependencias estatales
entregan beneficios a mujeres en los rubros de alimentación, salud,
educación, ingreso y autoempleo.
Por ejemplo, a las madres adolescentes, menores de 20 años de edad se
les otorgan “canastillas de maternidad”; también se dan cursos para el
trabajo como decoración con listón, decoración con globos, corte de
cabello y peinado, uñas de acrílico, decoración con bombones, nieves
artesanales, pintura en tela y bisutería. Actualmente, cerca de 560 mil
mujeres reciben apoyo a través de Acciones para la Mujer.
ALERTA DE GÉNERO
El 8 de diciembre de 2010 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11
municipios del Estado de México ante los 922 homicidios de mujeres
registrados de 2005 a 2010.
Al respecto, el año pasado el informe del Gobierno del Estado de México
indicó que tiene un firme compromiso con el respeto a los derechos de
las mujeres para que puedan tener una vida plena en todos los aspectos.
Para combatir y erradicar la violencia de género está el programa
Mexiquense Por una Vida Sin Violencia, un programa que, de acuerdo con
Ávila Villegas, es considerado uno de los “más exitosos” en su tipo a
nivel nacional, porque proporciona asesorías jurídicas, psicológicas y
de trabajo social a mujeres en situación de violencia.
Como parte de las acciones de la AVG, la administración local informó
que hizo acciones de sensibilización como talleres con estudiantes;
atención telefónica; atención en cinco albergues; y atención en los
Centros de Atención y Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de
Género.
Sin embargo, las acciones que se desprenden de la Alerta son
identificación y difusión de zonas de riesgo, búsqueda inmediata de
mujeres y niñas desaparecidas, incremento de patrullajes, recuperación y
alumbrado de espacios públicos y órdenes de protección en casos de
violencia familiar.
También está la tarea de crear un grupo de especialistas para la
revisión de expedientes de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres,
la investigación y resolución de casos vinculados a la violencia de
género, la implementación de mecanismos de supervisión y sanción a
servidores públicos que comentan irregularidades, entre otras acciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
XALAPA,
Ver. (apro).-El Comité Ejecutivo Nacional del PAN instruyó al líder
estatal del partido, José de Jesús Mancha Alarcón, a candidatos a las
alcaldías municipales y a liderazgos panistas a desprestigiar en todos
sus discursos a Morena y su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador
vinculándolos con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en
una cárcel de Guatemala.
La misiva de instrucción fue rubricada
por Damián Zepeda Vidales, secretario general panista, quien pide a la
militancia panista que “en todos los pronunciamientos públicos” sobre la
detención de Duarte, se le exija aclarar y explicar sus vínculos con
López Obrador.
La carta, que contiene seis puntos, fue exhibida
por la diputada federal de Morena Rocío Nahle en su red social Twitter,
en donde acusó una guerra sucia orquestada desde el PAN nacional para
detener el crecimiento de Morena, aprovechando la coyuntura de la
detención de Duarte de Ochoa en Guatemala y a quien muchas veces durante
el pasado proceso electoral de renovación gubernamental se le acusó de
inyectar económicamente a los candidatos de Morena a las diputaciones de
Veracruz.
Aquí el documento completo de la guerra sucia
del PAN. Con la firma estampada del secretario general. Porque ahora lo
niegan. Increíble!!! pic.twitter.com/AjpVWn4Eiz
Situación
de cooptación de militantes de Morena que ha sido rechazada por López
Obrador, pero señalada por el senador priista, Héctor Yunes y por el
gobernador panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares.
La
misiva tiene la exigencia concreta de que candidatos y militantes
panistas “no entren en polémica” con simpatizantes de Morena que exijan
pruebas, y responder que esos “nexos ya están demostrados”; asimismo,
se les suplica a los panistas “no profundizar en el tema”.
La
carta del CEN alude también a que los discursos y pronunciamientos que
aludan a los nexos Duarte-López Obrador deberán ser compartidos en sus
redes sociales.
Observatorio Ciudadano insiste en dialogar con aspirantes
El Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género,
Desaparición y Feminicidio en el Estado de México aseguró que las y los
candidatos a la gubernatura sólo tienen interés en el voto de las
mexiquenses pero no en sus vidas por eso no tienen propuestas serias en
materia de violencia hacia las mujeres.
A unos días de que arrancaron las campañas por la gubernatura de la
entidad, actualmente encabezada por Eruviel Ávila, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el Observatorio difundió un
comunicado donde critica que las y los candidatos desconozcan las
problemáticas que enfrentan día a día las mujeres y sólo las vean como
botín político,
De acuerdo con esta agrupación ciudadana, no hay perspectiva de género
en las propuestas de campaña de Josefina Vázquez Mota (PAN), Delfina
Gómez Álvarez (Morena), Alfredo del Mazo Maza (PRI-PAN-PES-PVEM), Juan
Zepeda Hernández (PRD), Oscar González Yáñez (PT) y los independientes
Isidro Pastor Medrano y María Teresa Castell de Oro.
“Las integrantes de esta organización social, comprometida con la
erradicación de la violencia en territorio mexiquense y todo el país,
consideramos que las mujeres seguimos siendo vistas como un botín
político al que se le sigue tratando como un objeto sin capacidad de
emitir una opinión o sin capacidad de acción en espera de dádivas”,
señala el comunicado.
La agrupación consideró que las propuestas presentadas hasta el momento
sólo han sido comentarios u oportunidades de atacar a las y los
oponentes políticos sin un verdadero sustento de fondo ni líneas de
acción concretas que generen un impacto real en la vida de poco más de
ocho millones de mujeres mexiquenses.
Estas mujeres a diario enfrentan situaciones de violencia en las calles,
transporte público, espacios laborales, espacios públicos, oficinas de
gobierno, escuelas, y sus propios hogares y comunidades, destacó el
Observatorio.
DIÁLOGO NECESARIO
Agregaron que los discursos plagados de descalificaciones pero carentes
de propuestas concretas por lo que hicieron un llamado, por segunda vez,
a las y los aspirantes a la gubernatura del Estado de México a
compartir sus propuestas en el tema, sustentadas y con perspectiva de
género.
También pidieron entablar un diálogo con quienes están preocupadas por
la situación, para escuchar y debatir sus iniciativas en un tema
trascendental para el desarrollo y el abono a la democracia del estado y
la garantía de una vida libre de violencia para las mexiquenses.
Entre las propuestas que hicieron la semana pasada las y los aspirantes a
la gubernatura mexiquense dirigidas a la población femenina están:
Alfredo del Mazo propuso un “salario rosa”; Juan Zepeda ampliar la
Alerta de Violencia de Género a todo el estado; Oscar González, cárcel
para los feminicidas, mientras Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez
Álvarez criticaron a los gobiernos priistas por los casos de feminicidio
registrados en la entidad.
El Observatorio también hace un llamado a mostrar un verdadero
compromiso con las mujeres del estado y evitar que se repitan los 263
posibles casos de feminicidios que documentaron en territorio mexiquense
durante 2016, muchos de ellos en municipios con Alerta de Violencia de
Género activada desde 2015.
En el documento, firmado por la coordinadora del Observatorio, Yuritzi
Hernández de la Rosa, se expone además que en 56 de los 125 municipios
que conforman el Estado de México se presentó, por lo menos, un caso de
posible feminicidio, es decir, en 44.8 por ciento de los municipios
mexiquenses.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Cada vez más la ciudadanía y en especial las mujeres nos cansamos de los
discursos que lucran con el dolor. Hoy en el Estado de México el
feminicidio se volvió el tema político más lucrativo de las campañas.
En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo
Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida
libre de violencia para las mujeres. Lejos está de hacer honor a la Ley
que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política
contra una candidata.
Lo escrito por el ex mandatario el pasado martes en su cuenta de
Twitter, en donde se burla de la candidata a la gubernatura del Estado
de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, al poner en duda la
capacidad de esta política para tomar sus propias decisiones, retrata la
violencia política que sigue imperando en la era de la paridad, razón
por la cual se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política
Contra las Mujeres.
De acuerdo con el protocolo, se entiende por violencia política “todas
aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el
marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o
ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas
inherentes a un cargo público”.
Negarle a cualquier candidata el albedrío y reducirla a una marioneta,
como aseguraban de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez
Mota, es menoscabar su derecho político a participar en la vida
pública; es poner en tela de juicio la capacidad de las mujeres para
estar en la política.
En 2007, cuando anunció la promulgación de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV) Calderón aseguró
que “eliminar la violencia contra la mujer (sic) es una condición
indispensable para su participación en la vida pública”, ¿será que una
vez que dejó Los Pinos dejó de creer en lo que dijo?
MÁGICAS PROMESAS
De esos discursos “políticamente correctos” están llenas las campañas
electorales en el Estado de México. El feminicidio se volvió el tema
electoral, sin importarles el dolor de cientos de familias. No hay
candidatura en Edomex que no asegure que, de ganar, terminarán con el
feminicidio, así de mágico.
Por ejemplo el candidato priista, Alfredo del Mazo, dice que erradicará
el feminicidio ¡cuando su partido ha gobernado el Estado de México
durante 84 años! y durante los dos últimos sexenios se recrudeció la
violencia contra las mujeres, se niega el acceso a la justicia a las
víctimas de feminicidio y, en su momento, en el gobierno de Enrique Peña
Nieto se defendieron con uñas y dientes para no decretar la Alerta de
Violencia de Género.
La misma entidad en donde las madres de víctimas de feminicidio, ante la
falta de justicia, se han visto orilladas a ser defensoras del derecho a
la vida de las mujeres, cuando una de las madres emblemática, doña
Irinea Buendía, tiene que vivir protegida por las amenazas recibidas por
su exigencia de justicia para su hija y todas las víctimas del odio
misógino.
¿Cómo creerle a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, cuando su
compañero de partido y ex mandatario violenta a otra mujer y ella guarda
silencio? ¿cómo creerle si cuando su partido tuvo el poder de la
Presidencia no se avanzó en la erradicación de la Violencia Feminicida
que hoy, dice ella, sí desterrará del Edomex?
Es difícil creer que toman en serio la desigualdad que viven las mujeres
de Estado de México cuando escuchamos propuestas como "salarios Rosa".
¿Por qué no simplemente se comprometen a cumplir con la ley que prohíbe
la desigualdad? y señala que a trabajo igual salario igual.
¿Cómo creerles, cuando durante 18 años ningún partido ha garantizado los
recursos necesarios para aplicar a cabalidad la Norma 046 para la
atención y prevención de la violencia en el entorno familiar y de
violencia sexual?
Creerán que las mujeres votantes, las ciudadanas, son tontas y que frases y colores las convencerán...
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
En
2012, para finalizar el sexenio de Felipe Calderón, en México más de 8
millones de personas padecían desempleo, de acuerdo con información del
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía
de la UNAM. Agregando que con los desempleados se podría llenar el
Estadio Azteca 53 veces.
En tanto, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizaba 2
millones 437 mil 409 personas “desocupadas” en México. Sin embargo, el
CAM contó con otra cifra muy superior, llegando a los 8 millones 710 mil
108 las personas con interés en trabajar que no encuentran empleo.
Además, en
su momento en CAM reveló que el gobierno federal ocultó al 72% de la
población desempleada, y dicho sea de paso no contempló a quienes
sufrían una situación crónica de desempleo.
Aún con
esto, Felipe Calderón se había hecho calificar “el presidente del
empleo”, resultado de una metodología inadecuada usada por el Inegi.
Sobre el tema Luis Lozano Arredondo, miembro de dicho Centro, explicó
que “fue a partir del panismo que el Inegi evadió la metodología
internacional para hacer cálculos de empleo y desempleo”.
El ecónomo
también mencionó que en 2005 la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) le pidió al gobierno mexicano homologar la
metodología del desempleo de acuerdo con los criterios internacionales.
“El rector
de estadísticas de la OCDE le mandó un oficio a Gilberto Calvillo Vives,
entonces director del Inegi, donde le decía que revisara la metodología
para el cálculo del desempleo”, dio a conocer una investigación de
Contralínea.
La
consecuencia del desacato, argumentó, “México presenta una tasa menor de
desempleo que nueve de los 11 países miembros de la OCDE, entre los que
se encuentran Canadá, Francia, Alemania, Grecia y España”.
Ante ello,
“los investigadores del CAM aseguran que las cifras que arroja el Inegi
han sido utilizadas políticamente por Felipe Calderón, quien hasta
asegura que durante su gestión se ha superado el récord en la generación
de empleos”, se señaló.
En una de
sus últimas afirmaciones, Felipe Calderón, durante su visita a la presa
La Yesca, en marzo de 2012, dijo: “El año pasado generamos casi 600 mil
nuevos empleos; ahora en dos meses llevamos 181 mil, lo cual es una
buena noticia que refleja no sólo la recuperación económica del país,
sino lo más importante, que hay empleos formales para los mexicanos”.
Sin embargo,
los autores del documento aseguraron que “la tasa de desocupación no
corresponde con la tasa de desempleo, la cual se ha agudizando desde que
en diciembre de 2006 Felipe Calderón asumió la Presidencia de la
República, al pasar del 12.7% a la cifra más alta que alcanzó: el 16.4%.
Mientras, el
Inegi reportó, de 2006 a 2011, como tasa de desocupación, un rango del
3.5% al 6.2%, lo que muestra una diferencia de al menos 10 puntos
porcentuales entre ambas mediciones”, se declaró.
Por lo
tanto, para finales del sexenio, el que se decía “el presidente del
empleo”, principalmente durante su campaña política, se convirtió en el
“presidente antiobrerista”. Siendo cuestionado por expertos, quienes
aseguraron que “en los hechos, sus políticas en la materia se enfocaron a
la destrucción de fuentes de trabajo y a la aniquilación de las
conquistas laborales”. Ya que, “las políticas del mandatario
fomentaron la subordinación institucional a los intereses de un puñado
de particulares, debilitaron el mercado interno y contribuyeron a la
pauperización de los trabajadores”.
Las
anteriores, como conclusiones que formaron parte de un diagnóstico
realizado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) según el
cual “el gobierno calderonista consolidó tendencias originadas en la
administración de Vicente Fox y terminó por configurar una ‘docena
trágica’ de años para los trabajadores”.
Durante este
sexenio, con el PRI a la cabeza de la presidencia de la República,
Enrique Peña Nieto, copia el mismo calificativo propagandístico, y se
autonombra “el gobierno del empleo”. Esto, porque, según él, “en ninguna
otra administración se ha logrado generar un millón de empleo en tan
sólo un año”.
Lo anterior,
lo mencionó durante el lanzamiento de la Cita Médica Digital del IMSS;
“de enero a noviembre que es el dato a dar, estamos alcanzado por
primera vez en la historia de nuestro país, un millón de empleos
generados en lo que va de este año y auténticamente este sea convertido
el gobierno del empleo. Ningún otro gobierno ha logrado generar los
empleos que ha habido en esta administración”, apuntó.
Sin embargo,
haciendo un repaso a su administración, México cerró el 2013 como el
sexto país con mayor número de desempleados entre los miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es
decir, las personas desempleadas en el país aumentaron de 2 millones 496
mil personas en el 2012 a 2 millones 539 mil en el 2013. “Es decir, el
mercado laboral empeoró en el primer año del gobierno de Enrique Peña
Nieto”.
Para 2014,
4n julio se registró la tasa de desempleo más elevada en los 20 meses
que llevaba el gobierno de Peña Nieto. Según el Inegi informó que el
desempleo afectó a 5.47% de la población económicamente activa (PEA).
Con ello superó la tasa de 5.42% de desocupación registrada en enero del
2013 y que resultaba la más alta hasta antes de darse a conocer la más
reciente Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE), de ese 2014.
Para agosto
de este año, se dio a conocer que al cierre de julio, la tasa de
desempleo creció a 7.7%, cuatro décimas más respecto del 7.3% de junio,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con 7.7% de
desempleo, Tabasco seguía encabezando a escala nacional la mayor tasa de
desocupación, seguido de Sonora con 5.6%; Estado de México, 5.4%, y la
Ciudad de México con 5.2%. En tanto, Campeche, al cierre del mes de
julio, tuvo 4% de desempleo.
No es la
primera vez que Peña Nieto presume que ha creado “millones de empleos”.
Sin embargo, el nuevo informe de la OCDE “Perspectivas del empleo 2016”
reconoce que el desempleo en México fue de 4.2% en 2015, debajo del
promedio de 6.5% del organismo.
En tanto, la
directora de Gabinete de la OCDE y Sherpa ante el Grupo de los 20
(G20), Gabriela Ramos, precisó que “si bien la tasa de desempleo de
México es una de las más bajas entre los 35 países que integran al
organismo, la calidad del empleo no es muy positiva.
México está
muy, muy atrás en el tema de empoderamiento económico de las mujeres, ya
que tiene la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de
la OCDE, solo superada por Turquía y la más baja entre los países de la
Alianza del Pacífico”.
Hace cuatro años, en campaña, el ahora Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, empleó una táctica que llamó la atención
para bien de los medios internacionales que coincidieron en que a partir
de su persona podía empezarse a escribir un momento especial para
México: comprometió y firmó 266 proyectos ante Notario Público. Hoy, en
la coyuntura del Cuarto Informe de Gobierno, aquel listado de promesas
no tiene tantas luces. Hay sin realizar 205 compromisos; es decir, el
nivel de incumplimiento es de 77 por ciento.
En la tercera revisión de SinEmbargo a los compromisos de
Peña Nieto, es posible advertir que ha acelerado el paso, pero no lo
suficiente como para cumplir con las promesas que lo hicieron Presidente
en 2012. Necesitaría otros dos sexenios para alcanzar sólo lo que
ofreció
por Linaloe R. Flores, Daniela Barragán, Ivette Lira, Dulce Olvera, Juan Luis García y Shaila Rosagel
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Faltan dos años para
que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto y los 266 compromisos que
empeñó en campaña y firmó ante Notario Público están cumplidos apenas
en 22.9 por ciento.Ante solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), la
Presidencia de la República acepta que hay rezago, pero no explica cuál
es la razón para el incumplimiento. La respuesta de la Primera
Magistratura fue que la Administración concluirá el 30 de noviembre y
entonces, los 266 compromisos estarán listos.
En los primeros 18 meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había
entregado 4.5 por ciento y al completar dos años, había alcanzado el 4.8
por ciento de sus promesas. El año pasado, cuando llegó a la mitad de
su mandato, tenía el 10.52 por ciento. Un año después, en la coyuntura
de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, tiene 22.9 por ciento. Los
números, obtenidos por este observatorio, reflejan un ritmo lento en
los primeros años peñanietistas, pero bastante velocidad en 2015 y 2016.
Analizado por ámbitos, el listado de compromisos de Peña Nieto
muestra huecos en la Transparencia, la Cultura, el Medio Ambiente y la
Política. El primer compromiso de la lista peñanietista es la creación
de una comisión anticorrupción a través del Sistema Nacional
Anticorrupción. La legislación para el sistema fue promulgada por el
Primer Mandatario este año, pero la comisión no ha sido conformada. Los
Pinos sostiene en una respuesta a través del INAI que ese órgano
equivale a la Secretaría de la Función Pública; pero es la hora que la
titularidad de esta cartera está acéfala, después de la renuncia de
Virgilio Andrade Martínez.
Sobre los compromisos del Presidente hay nubarrones. Vienen del
exterior. El Fondo Monetario Internacional en su informe “Panorama
Económico Regional” vislumbra que la economía mexicana no crecerá al
tres por ciento sino hasta la próxima década, a pesar de las reformas
estructurales y los recortes al Gasto Corriente.
Eso es en cuanto al futuro. Pero en el presente, la calificadora
Standard and Poor’s (S&P) ha modificado de “estable” a “negativa” la
calificación de impago de la deuda del Gobierno mexicano. A la tasa de
crecimiento le puso el adjetivo de “decepcionante” dado que este país ha
realizado más enmiendas estructurales que otros países.
El cumplimiento de las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto
está en riesgo si se toma en cuenta que cada año se ha profundizado el
ajuste al gasto público. El año pasado, el Gobierno federal reaccionó a
la subida del precio del petróleo con un ajuste de 124.3 millones de
pesos. Este año ha decidido dos recortes. En febrero anunció uno por 132
mil 300 millones de pesos y en junio, para hacer frente a las
consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión,
presentó otro de poco más de 30 mil millones.
Una de las dependencias más afectadas por los recortes es la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo
Ruiz Esparza, porque es la que concentra el mayor número de las promesas
pronunciadas en campaña. A Comunicaciones le corresponde 154 de las
cuales, sólo 27 están cumplidas.
Ejemplo de la perturbación económica sobre los compromisos es la
cancelación del 243 que implicaba la construcción del tren
transpeninsular desde Mérida, Yucatán, hasta Puerto Venado, Quintana
Roo. Ante una solicitud de información, Los Pinos admite que fue
cancelado por el recorte de 2015.
Con todo, si el Presidente ha cumplido 15.25 compromisos por año,
requiere otros 13.44 años para terminar. Su Gobierno tendría que
extenderse 11.44 años más.
Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió
en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el
siglo y en México había ganado por primera vez un político que no
provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción
Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la
Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal
de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
En 2016 la temática languidece. Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de
la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha
atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la
legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no fue suficiente
para contrarrestar una marea que trajo consigo más señalamientos, más
acusaciones.
No había pasado un mes de su petición de perdón por el escándalo
inmobiliario y de nueva cuenta una propiedad inmobiliaria puso al
Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, en el centro de la
suspicacia. El diario inglés The Guardian aseguró que la llamada Primera Dama usaba un departamento de lujo en Miami, propiedad de un posible contratista del Gobierno.
Para Ernesto Gómez Magaña de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, el
primer eslabón del combate a la corrupción es la declaración patrimonial
de los funcionarios públicos. Pero la propuesta de decenas de
Organizaciones no Gubernamentales de que este documento incluyera bienes
patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de
interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo
que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad
del político. Informa lo que quiere y si es que quiere. Alejandro
González de la organización Gestión Social (Gesoc) evalúa que se ha
perdido una oportunidad para avanzar en el ejercicio de la Transparencia
gubernamental.
El compromiso número uno de Enrique Peña Nieto firmado en campaña
ante Notario es la creación de una Comisión para abatir la corrupción.
Este organismo1 sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, una
dependencia que nació en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988) como Secretaría de la Contraloría. La “casa blanca” modificó
el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue
nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta
decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis
Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un
vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el
otro, la de Economía.
Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo
conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra
pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto
San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron
propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su
esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron
propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a
precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés.
Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto
promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.
Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17
meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.
Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a
estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción,
implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.
CULTURA: ¿QUÉ PASA AQUÍ?
El problema sustancial que radica en la clase política mexicana es
que tiene una enorme confusión entre lo que es la responsabilidad del
Estado democrático en la construcción cultural de los individuos y el
entretenimiento. Son palabras del investigador Alberto Soto Cortés, de
la Universidad Iberoamericana. La cultura, afirma, es
menospreciada y vista como una serie de actividades prescindible o
superflua porque la idea de cultura está determinada por la propia
experiencia de los actores políticos en material cultural.
Los cuatro compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto en este
ámbito, aún no cumplidos, están relacionados con espacios públicos de
recreación en lugar de contribuir “en beneficio de la construcción
cultural”, es decir, brindar posibilidades y herramientas al ciudadano
para ejercer expresiones culturales de su agrado y convertirse en un
actor cultural, critica Soto.
El experto en arte y cultura, Alberto Soto Cortés, expone que el
mandatario debió haber garantizado transparencia en el ejercicio de
gasto en la cultura. Pero, a la vez, indica que esta ausencia refleja la
falta de compromiso con la cultura.
El mandatario se comprometió ante notario público a construir el
Parque Ecológico, Cultural y Deportivo de la Zona Metropolitana de
Zacatecas-Guadalupe. En junio del año pasado, dependencias del gobierno
estatal anunciaron que el también llamado Eco Parque Centenario estaría
listo en la primera semana de septiembre de 2015.
Sin embargo, justamente un año después, será inaugurado oficialmente
en la primera semana de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de
Infraestructura de Zacatecas. El área de comunicación social de esa
secretaría informó a este Observatorio que los avances de la obra llevan
un 98 por ciento, pero falta terminar la Casa de la Tierra, la cual
será un salón de exposición, así como detallar unos senderos.
El Secretario de Infraestructura (Sinfra), Francisco Ibargüengoitia
Borrego, lo calificó como la obra más ambiciosa del gobierno estatal, ya
que se invirtieron 203 millones de pesos. Durante un recorrido de
supervisión de trabajos, informó la prensa local, aseguró que el
Ecoparque contribuirá a conservar, restaurar y recuperar el ecosistema a
través de la educación, la recreación y el deporte. Para ese entonces
prometió que estaría listo “a más tardar” en marzo.
Para su tierra, Atlacomulco, Estado de México, Peña Nieto prometió
mejorar la imagen urbana, áreas verdes y deportivas en la cabecera
municipal y construir un parque ecológico con unidad deportiva. El
proyecto contempla el rescate de espacios públicos, desde plazas y foros
al aire libre hasta una pista para skateboarding y un área para adultos
mayores.
Aunque han habido supervisiones de los avances, aún no se concluye.
Además se busca la unificación de las plazas y espacios públicos
desde la Alameda Central, pasando por la escuela Rafael Fabila, la
secundaria Isidro Fabela, el Palacio Municipal, el atrio y explanadas,
así como el Teatro del Pueblo y el Templo Señor del Huerto.
Finalmente, en el paquete de compromisos el Presidente se ofreció a
construir el Auditorio Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos. Sin
embargo, al estar rodeado de patrimonio arqueológico, el proyecto se ha
retrasado por las especificaciones y condiciones del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
Muy lejana ha quedado la imagen de Enrique Peña Nieto en Nueva York,
donde hace dos años prometió a inversionistas que para 2017, el
crecimiento estaría por encima del cinco por ciento. La última semana de
agosto, la SHCP redujo su perspectiva de crecimiento económico para
este año a un rango de entre 2.0 y 2.6 por ciento, desde un previo
de entre 2.2 y 3.2 por ciento
De los 104 compromisos que integran el rubro de Infraestructura y
Turismo, la actual administración sólo ha cumplido 22. Hace cuatro años
se hablaba de un Plan Nacional de Infraestructura (PNI); de un nuevo
aeropuerto y de “Mover a México” en trenes. Nada de ello ocurrió debido
al impacto de los recortes presupuestales enmarcados en un plan de
austeridad.
Sólo para 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
se aprobaron 299 mil 660 millones 885 mil 683 pesos para proyectos de
inversión en diferentes rubros de infraestructura, tanto inmobiliaria
como económica. Ahora, tras los recortes, el dinero que se tiene al
tercer trimestre es ya de 195 mil 767 millones 724 mil 317 pesos. Es
decir, hay una variación a la baja de 103 mil 893 millones 161 mil 365
pesos, respecto a lo aprobado al inicio del año fiscal. Ese recorte es
el equivalente a 34.67 por ciento de lo que fue aprobado en un
principio.
Por sectores, las dependencias más afectadas son la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y Petróleos Mexicanos (Pemex), además
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Para 2017, el recorte total al gasto programable, asciende a más de
311 mil millones de pesos. Este año que termina tuvo como sostén las
coberturas petroleras, pero si en 2017 los precios del petróleo
continúan a la baja, habrá, inminentemente, más recortes, según lo dicho
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.
Otro factor que poco ayuda es el del crecimiento..
De acuerdo con Leonardo Martínez Flores, doctor en Economía Urbana y
profesor de la Universidad Iberoamericana, para que una economía pueda
crecer, tiene que reunir varias condiciones. Una de ellas es la creación
de infraestructura.
Desde su perspectiva, si se deja de invertir en infraestructura se
afectan las variables estructurales con las que hay que contar para
hacer que crezca la economía, “si no se invierte en infraestructura es
como ponerle una camisa de fuerza a la economía; no se puede producir
más y por lo tanto la economía no crece”.
Pero mira también, un problema estructural de las administraciones
mexicanas, la política del borrón y cuenta nueva, razón por la que
gobierno tras gobierno surgen nuevos planes y programas de
infraestructura que se inician desde cero, lo que no permite que se
avance en la materia.
“Lo que ha faltado a los gobiernos federales es una visión
estratégica de largo plazo para la creación de infraestructura. Si los
gobiernos federales hubieran tenido un plan estratégico de largo plazo,
los recortes presupuestales no tendrían por qué parar por completo la
creación de muchos tipos de infraestructura”, sostiene el especialista.
POLÍTICA: A TRAVÉS DE SPOTS
“La política cuesta mucho dinero. Hay políticos que se enriquecen con
los cargos públicos, también es cierto que mucho de ese dinero es
reinvertido para asegurar mecanismos de control político y electoral.
Aquí, históricamente, ha faltado transparencia ante los ciudadanos”,
expone Gustavo López Montiel, politólogo del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de México (ITESM).
En materia política, los compromisos de campaña del Presidente Peña
Nieto no fueron muchos ni tampoco espectaculares. Pero, en cuanto fueron
aprobadas las reformas estructurales, el Gobierno invirtió en la
difusión de estas enmiendas. En cada “anuncio” se reflejaba un supuesto
logro del Presidente.
Peña Nieto presentó la Reforma Educativa en febrero de 2013. Para
entonces, la Secretaría de Educación Pública destinó 81 millones 400 mil
pesos para la producción de una campaña mediática, de acuerdo con su
estrategia anual de comunicación. Estudios Churubusco Azteca se encargó
de la producción con subcontratos a otras empresas.
Así nació “Pizarrón”, donde un profesor –casi con los mismos efectos
cinematográficos de Fred Astair– camina sobre el muro de un salón. Este
comercial tuvo un costo de siete millones 500 mil pesos. También se
produjo y difundió “Lista”, en el que una profesora pasa asistencia a
los héroes de la Independencia, con un gasto de dos millones 200 mil.
En cuando a la Reforma Energética, en julio pasado, Pemex y la CFE
solicitaron a Estudios Churubusco Azteca la producción de los spots. Este organismo, a su vez, subcontrató a The Mates Contents,
la productora de Pedro Torres, creador de las versiones mexicanas de
Big Brother o Mujeres Asesinas. Los resultados fueron cuatro spots, cada
uno con un costo de siete millones 300 mil pesos.
Los mexicanos pudieron presenciar tales mensajes políticos, mientras
los compromisos se diluyeron. Ha quedado lejos la promesa de eliminar
100 diputados federales, los seleccionados por la vía de representación
proporcional, mejor conocidos como plurinominales, y bajar las tarifas
de luz. El primero se ha olvidado. El segundo fue cumplido a través de
los spots.
Eduardo Huchim, analista de procesos electorales, piensa: “Además de
la corrupción y una resistencia a la transparencia, la impronta que
dejará Peña Nieto en la Historia de México serán unas reformas cuyos
alcances no se ven aún en la realidad”.
Cuatro años han transcurrido desde que Enrique Peña Nieto se colocó
la banda presidencial y es la hora en que la política de seguridad no ha
quedado clara. Al llegar al Gobierno, Peña Nieto, desapareció la
Secretaría de Seguridad Pública y sus elementos pasaron a depender de la
Secretaría de Gobernación. Luego, adquirió una política de silencio que
para el investigador Pablo Monzalvo de la Universidad Iberoamericana se
debió a que deseaba romper con su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.
Aunque no en el discurso, la guerra continuó. Fue en este ámbito en
el que ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. No obstante una
crisis acentuada, el camino para llegar al paradero de los estudiantes
aún no está claro, ni definido.
De los siete compromisos identificados por este observatorio en el
ámbito de Seguridad, sólo uno está cumplido: la instalación de la Red de
Mando y Videovigilancia Metropolitana en 30 municipios del Valle de
México. Con este proyecto se puso en marcha el Centro de Control,
Coordinación, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C5) de la capital
mexiquense. En la presentación del proyecto estuvo acompañado por el
Gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Peña Nieto señaló que “el C5 es un centro de inteligencia para poder
ampliar el poder institucional con el que cuenta el Estado de México” y
dijo que “la delincuencia organizada ha crecido en su capacidad por lo
que esto nos da a la tarea a los gobiernos de ampliar nuestros
esfuerzos”.
Pero el entrenamiento a policías continúa pendiente.
En 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan de diez
puntos para cimentar el Estado de Derecho que ahora también ha quedado
rezagado. Édgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y
Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD), piensa que si el Presidente guardaba silencio respecto a la
Seguridad era porque intentaba desvincularse por completo de la
estrategia calderonista. Pero sus tácticas (aquí menciona los decálogos
con los que reasumió el Estado de Derecho) lo vinculan de manera
estrecha con ese pasado de combate al crimen organizado que causó un
trauma social en los mexicanos.
Para Martín Barrón, Peña Nieto tuvo la oportunidad de crear un plan
transexenal y no lo hizo. Este profesor-investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) sostiene que en los últimos 20
años se han anunciado: el sistema de seguridad pública, en el sexenio de
Ernesto Zedillo Ponce de León; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
y de la Policía Federal Preventiva [PFP], con la participación de las
fuerzas armadas en tareas de seguridad pública con Vicente Fox Quesada;
luego, la eliminación del carácter preventivo de ésta y su crecimiento
de seis mil efectivos a 35 mil en el sexenio de Felipe Calderón.
En ese mismo cambio, agrega el profesor-investigador, el Presidente
creó por decreto la Gendarmería, que apenas tiene cinco mil efectivos y
ya ha costado casi cuatro mil millones de pesos en menos de un año.
SALUD: UNA BATALLA PARA PRIVATIZAR
La principal promesa del entonces candidato Enrique Peña Nieto fue la
universalización de la salud. Es decir, acceso a la salud para todos en
un país en el que los partos afuera de los hospitales empezaron a
hacerse notorios, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) mostraban sus finanzas teñidas de rojo.
Por otro lado, el recorte al gasto en el marco de austeridad
anunciado por la Secretaría de Hacienda afectó el cumplimiento de los 21
compromisos correspondientes a este ámbito. En cuatro años de Gobierno
hay un acumulado de 8 mil 562 millones de pesos. Para Carlos Welti
Chanes del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) este es un factor para el freno de
los programas de salud. “Si uno analiza las reducciones, que pueden no
ser importantes en términos de montos, sí pueden verse en cuanto a los
programas”, exclama.
En el sexenio de Peña Nieto, la reforma del sector salud no terminó
de consolidarse como una iniciativa ley. El proyecto encontró una
oposición férrea. El grupo #Yosoy17 rechazó la intención por
considerarla una forma de privatización.
“Podemos apreciar muy bien el recorrido que tuvo la
propuesta originaria que hizo Peña en campaña de la Seguridad Social
Universal en el 2012. Esta propuesta era demagógica, inviable. Ofreció
un Seguro Universal de Salud, una Pensión Universal, un Seguro de
Desempleo, de Trabajo. Y cuando tomó la Presidencia de la República
planteó otro proyecto”, dijo el investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco (UAM) Gustavo Leal Fernández.
En febrero, el ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), José Ramón Narro Robles, suplió a la entonces titular de
la Secretaría de Salud (SSA) Mercedes Juan López en el cargo, y presentó
de la mano de Peña un Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los
Servicios de Salud. En primera instancia, el convenio significó una
alianza entre el programa Prospera, el Seguro, el Seguro Popular, y las
instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la SSA y
el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE). Los derechohabientes de cualquiera de las instituciones
podían acudir a la red. Fue un proyecto federal al que se añadieron
todos los estados.
“Se llevaron a tres estados de corbata. El caso más penoso fue el de
Oaxaca. ¿En qué momento se consultó al sector salud de las posibilidades
que tenían de entrar a ese acuerdo? Nunca. El otro caso fue el Edomex,
una entidad que por un lado tiene una de las bolsas más grandes del
Seguro Popular, pero también una desigualdad extraordinaria. ¿En qué
momento lo consultaron?”, cuestiona Leal.
Para este especialista que ha estudiado la política pública en el
sector desde los años ochenta, el contenido del acuerdo peñanietista es
pobre y no será efectivo.
Desde que en febrero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió
al Congreso de la Unión la Reforma Educativa, la disidencia magisterial
representada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
se convirtió en su gran oposición. Han sido cuatro años de
manifestaciones tanto en la Ciudad de México como en Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, los estados emblemáticos de esta resistencia.
En 2013, un plantón de 40 mil maestros colmó el Zócalo de la Ciudad
de México durante un mes y en junio de este año, el conflicto estalló en
Nochixtlán, Oaxaca con once muertos y por lo menos 60 heridos, una
tragedia cuyos móviles y orígenes aún no han sido identificados de
manera oficial.
Pese a todos los pesares, el Gobierno sostiene que no dará marcha
atrás en la reforma educativa. Y la CNTE sostiene lo mismo: seguirá con
sus protestas.
Para los especialistas, los compromisos firmados ante Notario Público
no tienen relación con este meollo. En materia educativa de los 18
compromisos que hizo el Presidente, sólo ocho se han cumplido. Sin
embargo, para Manuel Gil Antón, experto en educación de El Colegio de
México (Colmex) existe un problema para evaluar los compromisos debido a
que la Reforma Educativa sustituyó a varios de ellos.
Pero para José Fernández Santillán, politólogo en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), más que la
infraestructura de las escuelas comprometidas dentro de los compromisos
de Peña hace falta destrabar la maraña entre Gobierno y CNTE en aras de
que se cimente un modelo educativo en el país.
Sergio Martínez Romo especialista de las políticas públicas de
Educación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que en
este ámbito hay tres tipos de compromisos: los que se apoyan en
gestiones locales, con sus costos asociados; los que no tienen una
gestión local efectiva y los “compromisos nuevos”. Ejemplifica: “El
construir cuatro infotecas en La Laguna por ejemplo, fue producto de la
gestión de cuatro rectores. Ese compromiso se apoyó mucho en lo local y
le costó su reelección al rector por haber comprometido el dinero en las
infotecas”.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: MILLONES SIN INTERNET
Aunque la Agenda Nacional Digital fue montada en Internet como una
mega plataforma de datos abiertos, este observatorio estima que el
compromiso signado por el mandatario no ha sido cumplido. La razón que
pesa es que esa plataforma no muestra el grado de avance de estrategias
políticas que marcaron el pulso discursivo de la presente administración
como la campaña “Mover a México” o los mismos compromisos firmados ante
Notario.
El compromiso 106 a la letra dice: “Establecer una Agenda Digital por
un México conectado que permita cerrar la brecha digital y democratizar
el acceso a las TIC”. Pero en cuatro años de Gobierno, el acceso a
Internet no ha variado. Datos del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (Inegi) indican que al segundo trimestre del año
pasado 46.3 millones de mexicanos -42.6 por ciento de la población
mayor de seis años- no cuenta con acceso a Internet por falta de
recursos económicos
Otro de los compromisos que sigue sin cumplirse es la creación del
Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (CENTA) de Querétaro, cuya
edificación se inició en 2013 con una inversión inicial de 120 millones
de pesos.
Juan Carlos Jáuregui Correa, coordinador en Doctorado en Ingeniería,
de la Universidad Autónoma de Querétaro, expone: “El problema que veo es
que el recurso que se destina a ciencia y tecnología es poco. Falta
algún mecanismo que nos permita impulsar la creación de empresas
mexicanas y que impulse la competitividad del país en base al
conocimiento y no en base a la mano de obra barata. No hay una política
integradora entre economía y universidades generadoras de conocimiento y
de investigación y la sociedad en su conjunto”.
Para Oswaldo Sánchez Mercado, coordinador de Tecnología Educativa en
la Universidad del Valle de México (UVM), en México sí hay recursos,
pero la corrupción es la que impide que los proyectos se desarrollen.
“Cuando bajan recursos, porque hay, el tema es que se
desvían. Hay iniciativas muy interesantes en las universidades e
institutos de investigación, pero si se desvían el objetivo nunca se va a
cumplir. No se destina a lo que se debe hacer. La corrupción es el
problema, porque recursos hay”, opina.
En 2015, el Presidente aseguró que su Gobierno seguiría con una
apuesta en la economía del conocimiento. Para avalar sus palabras
mencionó el compromiso de incrementar año con año el presupuesto a la
ciencia, tecnología e innovación hasta llegar en 2018 al 1 por ciento
del PIB.
Si bien el presupuesto en este ámbito creció en lo que va del
sexenio, la ciencia y la tecnología jamás se convirtió en un eje
temático.
Hasta el momento, hay dos compromisos cumplidos en este ámbito que en
año de Olimpiadas puso en jaque al Gobierno debido al comportamiento
del Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), Alfredo Castillo Cervantes. El funcionario se mostró en fotos
con su novia quien habría viajado con recursos de la Comisión. No sólo
fue el escándalo amoroso del hombre principal del Deporte mexicano.
México trajo cinco medallas ganadas en la última etapa de los juegos.
Pese a la controversia, Castillo Cervantes fue ratificado por el Presidente en su cargo.
En enero de 2015, el gobierno de Yucatán entregó los trabajos
de remodelación, mantenimiento y modernización del Complejo Deportivo
“Kukulcán”-compromiso 243-, lo que representó una inversión superior a
los 324.2 millones de pesos.
Además, de acuerdo con el directorio de instalaciones deportivas de
la Comisión del Deporte de Guanajuato, existe en el municipio Valle de
Santiago la Unidad Deportiva “Santiago Lira”, la cual cuenta con rampas
en la entrada principal para el acceso a personas en silla de ruedas. La
Unidad Deportiva en el municipio Acámbaro, informó la Dirección de
Obras Públicas municipal, concluyó “hace unos tres meses”, es decir, en
mayo.
Falta la Unidad Deportiva en Acolman, Estado de México, en
construcción desde principios de 2015. Contará con tres canchas de
fútbol y cuatro más de usos múltiples. El proyecto tiene una inversión
de 64.4 millones de pesos y en abril de este año tenía un avance del 53
por ciento, pero ya no tendrá la alberca semiolímpica anunciada por el
Presidente Municipal, Vicente Anaya Aguilar.
Aunque el Gobierno asegura que ya estableció una plataforma para
reorganizar el sistema deportivo del país y transformar a México en una
potencia en la materia, Héctor Quispe, maestro en Gestión y Dirección de
Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid, considera
que el talón de Aquiles del deporte mexicano es la falta de auditorías a
las Federaciones, lo cual llevó a la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade) a retirarles el 60 por ciento del presupuesto
en año olímpico sin especificar en qué se emplearía ese dinero.
“Que las Federaciones estén peleadas con la Conade no es algo nuevo,
pero durante los Juegos Olímpicos en Río 2016 se acentuó el conflicto
porque hay más intereses”, señala.
De acuerdo con el experto en Deporte, las Federaciones tienen “la
misma estructura rancia” de hace más de 20 años, por lo que es
importante que se defina una nueva estructura sin “caciques internos”.
Estudioso de las políticas públicas en el ámbito, le parece importante
que se aclare qué se hace con el dinero y si hay delitos qué perseguir.
“En las competencias internacionales, no solo compite la capacidad de
los atletas, también compiten las estructuras del país de donde viene,
el tipo de apoyos y la cultura”, expone.
En los compromisos que conciernen al Deporte, Peña Nieto emula al
pasado. Los gobiernos panistas también prometieron “otorgar mayores
apoyos a nuestros atletas de alto rendimiento”; por ejemplo. Y a decir
de Quispe, hay “elefantes blancos” como el Centro Nacional de Desarrollo
de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento que costó 500 millones de
pesos.
MEDIO AMBIENTE: EL OLVIDO
Sólo dos compromisos empeñó el Primer Mandatario en este ámbito. El
cumplimiento del primero está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) y el segundo le corresponde a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ninguno ha sido cumplido.
Vanesa Pérez- Cirera, del Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo Sostenible y la Equidad Social (IIDSES) de la Universidad
Iberoamericana, destaca cuatro ejes en política ambiental
donde el Gobierno debe poner atención a estas alturas del sexenio.
Detener la pérdida de biodiversidad, replantear el manejo hídrico del
país, convertir la minería en una industria ambiental y socialmente
responsable y finalmente, apostar por una economía baja en emisiones.
En el caso de la pérdida de biodiversidad, la especialista advirtió
que se trata de “la crisis ambiental más importante de todos los
tiempos” y explicó que a nivel internacional se ha perdido alrededor del
30 por ciento de las especies en los últimos 50 años. Aunado a ello, el
propio Presidente ha señalado que México es uno de los 17 países con
mayor biodiversidad en el planeta.
La especialista expone algunos datos: Conanp está encargada de
mantener los servicios ecológicos de 26 millones de hectáreas, o sea,
cerca del 13 por ciento del territorio y únicamente recibe el 2.4 por
ciento del presupuesto ambiental.
En diciembre pasado, más de 40 organizaciones civiles y científicos
de todo el país escribieron una carta a Peña Nieto para
exigirle duplicar el presupuesto de la Conanp y triplicarlo para el
final del sexenio, luego de que se redujera 27 por ciento del
presupuesto a la Semarnat en la iniciativa para este año. “Todavía en la
historia de México, el medio ambiente se considera como un tema de
categoría tres […] El sector ambiental ha sido uno de los más afectados
en cuanto a los recortes presupuestales, a pesar de ser el que nos
provee de todos los bienes y servicios que usamos como economía. No hay
congruencia en la prioridad que se le da”, apunta la investigadora.
Para Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento
de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
unidad Xochimilco, frente a las restricciones presupuestarias que
aquejan al Gobierno federal y a las finanzas públicas, y por otro lado,
de cara a la gran cantidad de temas por resolverse en los rubros de
medio ambiente y campo, el resultado ha sido que la iniciativa privada
muestre más interés en generar soluciones.
“Tenemos un Estado, un Gobierno sumamente debilitado.
Tiene que ver en la forma en la que se fondea. Hay una dependencia muy
estrecha de la renta petrolera. No es gratuito que cada vez que en los
mercados internacionales se reduzca el precio del petróleo”, expresa.
La actual administración, abunda Pérez- Cirera, se ha concentrado en
pocos temas medioambientales. [Su actuar en el rubro] ha
sido deficiente, salvo en el caso de las áreas nacionales protegidas.
Hay una falta de priorización sobre la importancia del sector ambiental
en el bienestar social y económico de México. Hay un descuido muy grande
en los temas de biodiversidad. [El Gobierno] nos queda a deber
bastante”.
Punto en el que Constantino Toto coincidió: “[Peña Nieto] le queda a
deber mucho a la Nación. Tengo al impresión de que en materia de campo y
medio ambiente, el avance ha sido prácticamente nulo, la crisis
atmosférica de hace poco, pone en perspectiva una parte del problema”.
CAMPO: EL ÚLTIMO BASTIÓN
En su toma de protesta, el Presidente Peña Nieto dijo: “Vamos a
generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que
está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una
política pública que permita cambiar la realidad social y económica del
campo en el país”.
Después, en noviembre de 2013, el primer mandatario externó que su
política modificaría el rostro del agro mexicano al presentar el
programa “Un nuevo campo para México”.
Al concluir su cuarto año de Gobierno, no hay una política definida y
exclusiva para el campo donde hay más de siete millones de trabajadores
mexicanos. El ámbito que antes significó el arranque de cualquier
gobierno priista, para Peña Nieto no representa una cuestión merezca
planes gubernamentales dirigidos.
“Los problemas de campo son de viejo puño para nuestro
país y dependen de los recursos naturales que México conserve”,
puntualiza Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del
Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
A pesar de que a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se le incrementaron ocho mil 111
millones de pesos, por lo que cuenta con 84 mil 827 millones de pesos,
señaló que los problemas del campo están asociados a la disponibilidad
de los recursos naturales con los que cuenta el país y no sólo depende
del dinero que se le asigne a la dependencia.
Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador en el Colegio de la
Frontera Sur, coincide al denunciar que desde hace tiempo los apoyos que
se destinan en el campo –en teoría– deberían ser entregados a los
productores agrícolas de bajos recursos, no obstante, en muchas
ocasiones se concentran en productores de gran escala que no requieren
ningún tipo de subsidio.
Mier subraya que “en términos generales el Gobierno de Peña Nieto no
ha hecho grandes cambios”, y afirma que la actual política del Gobierno
se centra en aumentar la producción, pero eso no garantiza la seguridad
ni soberanía alimentaria.