Esos recursos cubren durante 10 años el
presupuesto de la Secretaría de Gobernación o casi cinco el gasto del
Congreso, que es de $15 mil 994 millones
En nueve años, de 2015 a 2023, el capítulo 1000 Servicios
Personales del Instituto Nacional Electoral (INE) ha costado 78 mil 932
millones de pesos, y para el próximo año de los 20 mil 221 millones
autorizados para su presupuesto, ese rubro absorberá 11 mil 178
millones, explica el proyecto de dictamen de reforma constitucional en
materia electoral.
El INE es un organismo grande y burocrático, añade el
proyecto, que detalla cómo el capítulo 1000 incluye siete conceptos:
sueldos del personal permanente, sueldos del personal transitorio,
remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social, otras
prestaciones sociales y económicas, previsiones salariales y pago de
estímulos a servidores públicos.
Tan sólo el pago de estímulos ascenderá a mil 384.96 millones en 2023.
El total de nueve años del capítulo 1000 del INE equivale, por
ejemplo, al dinero que se prevé para un año en el Presupuesto de Egresos
para dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes, que contará con 77 mil 411 millones; alcanzaría para
casi 10 veces al gasto de Gobernación, que será de 7 mil 868 millones; o
a casi cinco años del gasto del Congreso, que es de 15 mil 994
millones.
Para 2023, el presupuesto de Agricultura será de 70 mil 527 millones;
el de Medio Ambiente, de 75 mil 627 millones; el gasto del Conacyt será
de 31 mil 655.
El proyecto de dictamen incluye un análisis del Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de la cámara, que calculó un ahorro de 6 mil
244.1 millones de pesos anuales, si se aplican las medidas propuestas
por el Ejecutivo, de recorte al gasto a los partidos, disminución de
consejeros electorales y la reducción de diputados y senadores que
implicaría un ahorro anual de 6 mil 244.1 millones de pesos.
De ese monto, 5 mil 936 millones corresponderían a eliminar el
financiamiento a los partidos para sus actividades ordinarias; 17.6
millones por eliminar cuatro consejeros electorales, y 290.5 millones
por suprimir 200 diputados y 32 senadores, según el análisis, que se
agregó al proyecto de dictamen.
Morena calcula que desaparecer direcciones y unificar estructuras en
el INE, así como prohibir la renta de inmuebles implicaría un recorte de
3 mil millones de pesos.
Las economías que se presumen por bajar de 11 a siete los consejeros
del INE y los integrantes de las dos cámaras del Congreso, contrastan,
sin embargo, con sus respectivos presupuestos. Para el INE, el gasto de
2023 quedó aprobado en 20 mil 221 millones; el Senado contará con 4 mil
728 millones y la Cámara de Diputados 8 mil 572 millones.
Un ahorro adicional, de una sola vez, por 6 mil 788 millones de pesos
se lograría con la extinción de los organismos públicos locales
electorales y de la disolución de los tribunales electorales, también
indica el centro de estudios.
Además, el proyecto de dictamen explica, respecto del financiamiento a
los partidos, que, en América Latina, México es de los países que más
fondos públicos destina al gasto electoral y de actividades ordinarias
de los institutos políticos.
Por ejemplo, cita que en las elecciones de 2018 para las actividades
electorales se entregó a los partidos y candidatos independientes, el
equivalente a 113.62 millones de dólares, sólo por detrás de Brasil, que
destinó 478.11 millones de dólares.
Peña Nieto no vive en la capital de España. Vive en un barrio tan
exclusivo que sus vecinos son Penélope Cruz y Javier Bardem, y algunas
estrellas de la prensa del corazón, dice el diario español. “Vive, según
han confirmado dos vecinos y una tercera fuente, en la exclusiva
urbanización Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de
Guadalix, a 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol”.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El expresidente Enrique Peña Nieto se instaló en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa’ o ‘visado dorado’,
un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que
destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos
españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles
por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos)”, dice
este día El País.
El mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene
viajando por el mundo desde que dejó el poder en México, en 2018, muy
probablemente en aviones privados porque nunca se le ha visto en
aeropuertos. Se sabía desde hace mucho tiempo que tenía residencia en
España, pero se desconocía el estatus migratorio.
Ahora el diario con sede en Madrid lo ha aclarado. Básicamente está
allá porque, ese político que vienen de la clase media mexicana y sólo
tuvo empleos en la burocracia, es multimillonario. Se desconoce si la
Fiscalía General de la República (FGR) en México investiga su riqueza,
aunque es muy probable que no. El Fiscal Alejandro Gertz Manero parece
haber sellado un pacto con la clase política mexicana y, salvo si se
atraviesan en sus intereses personales, no investiga a nadie.
El País dice hoy que Peña Nieto, señalado como uno de los
presidentes mexicanos más corruptos, solicitó una autorización inicial
de residencia y trabajo que se le concedió en octubre de 2020. Según
fuentes citadas por el diario, es tipo de visas fueron creadas en 2013
por el Gobierno de Mariano Rajoy y es para migrantes multimillonarios.
Le permite a España, pues, atraer capitales.
“Ha sido durante todos estos años la vía más rápida y
privilegiada para que decenas de magnates rusos, chinos o empresarios
venezolanos se instalen en España”, dice el diario. “El político compró
en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior
en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta
en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario
idealista.com le atribuye un valor superior a los 500 mil euros”.
El local, dice el texto firmado por los periodistas María Martín y
Francesco Manetto, fue escriturado el 18 de septiembre de 2020. No tiene
hipoteca, es decir, se pagó de contado. Se le hizo una remodelación
reciente “es ahora un piso de lujo, según relata uno de los vecinos. El
inmueble se mantiene vacío, asegura, aunque en alguna ocasión se ha
juntado gente para cenar en la terraza y el acento mexicano ha acabado
colándose por las ventanas del resto de los vecinos. El expresidente ha
llegado incluso a participar en al menos una junta vecinal, según uno de
los propietarios, que ha declinado dar más detalles de la reunión”.
Enrique Peña Nieto vive ahora en un barrio exclusivo y es vecino de artistas como Penélope Cruz. Foto: Cuartoscuro.
“Peña Nieto, sin embargo, no reside en la capital y tiene
hoy como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem y a
algunas estrellas de la prensa del corazón. Vive, según han confirmado
dos vecinos y una tercera fuente, en la exclusiva urbanización
Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, a 40
kilómetros al norte de la Puerta del Sol”, dice El País.
Su casa, según el registro de la propiedad, “es un chalet construido
en una parcela de 2 mil 500 metros cuadrados y consta de dos plantas y
un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega. El resto es
jardín. Un seto de cipreses protege la intimidad del exdirigente
priista, que mantiene una enorme bandera de España ondeando en la
explanada de la entrada”, continúa el texto de María Martín y Francesco
Manetto.
En la arbolada urbanización, en la que se ven pasar ferraris de color
amarillo y los últimos modelos de coches de lujo, no puede entrar nadie
que no esté autorizado por los residentes. Esa es parte de su
exclusividad, así como la presencia de seguridad privada que hace rondas
continuas por las callejuelas silenciosas que conectan a casi 300
chalets”, sostiene el diario español.
El inmueble no pertenece a Peña Nieto, sino a una
constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500
euros, según el registro que cita El País. “El dueño de esta
constructora es un empresario que también entró en el negocio de la
consultoría informática y se internacionalizó en mercados como el de
Chile y México. A pesar de los repetidos intentos para hablar con él, el
empresario no se ha puesto en contacto con este periódico”.
El
expresidente negó en 2019 residir en España. En la imagen se ve a Peña
Nieto y su exesposa Angélica Rivera en el homenaje al exgobernador
Alfredo del Mazo González, en enero de 2019. Foto: Artemio Guerra Baz,
Cuartoscuro.
El diario dice que la autorización de residencia y trabajo de Peña
Nieto expira en octubre de este año. “Tras ese periodo de dos años de
estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la
nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual. En el
caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por
cinco años más”.
En febrero de 2019, Peña negó que estuviera en España. “Es
absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en
Madrid”, dijo en Twitter. “Mi familia y yo vivimos en México. No tengo
contemplado mudarme a España ni a ningún otro país’.
En los gobiernos anteriores hubo un pacto con los grandes
contribuyentes para que no se ejerciera acción penal en su contra por
eludir responsabilidades y evasión tributaria, por lo que la
administración pasada sólo abrió casos judiciales contra algunos muy pequeños, nada significativos, sostuvo el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda.
En reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, a pregunta de los legisladores, el procurador informó que, en
coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se
hacen estudios para que, sin aumentar impuestos, se calcule la tasa
efectiva que deben pagar los grandes contribuyentes con el fin de
incrementar los márgenes de recaudación.
Hay una trasnacional que paga 0.9 por ciento de su utilidad y
debería pagar cuando menos 2.5. Esto es, paga 90 centavos de cada 100
pesos, sin que precisara el nombre de la empresa.
Romero Aranda informó que entre septiembre y octubre podrán girarse
órdenes de aprehensión por siete denuncias contra los cabecillas de
compañías dedicadas a la emisión de facturas falsas, y señaló que esta
práctica para evitar el pago de impuestos causó un quebranto por 500 mil
millones de pesos entre 2014 y 2018. Comprar y vender facturas falsas se convirtió en un deporte nacional.
Anunció que el miércoles, en la reunión de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, se firmará un convenio macro para realizar
investigaciones conjuntas contra la evasión fiscal, en especial en
contra de la emisión de facturas falsas, con el compromiso de que lo
recuperado será entregado a cada entidad.
Agregó que, en contraste con el sexenio pasado, ahora el presidente
Andrés Manuel López Obrador encabeza las mesas de defraudación fiscal,
por lo que el tema se lleva al más alto nivel y esto ha permitido elevar la recaudación.
Desde la reforma para que no sólo se aprieten las tuercas a
empresas, sino que se haga responsables a asesores, abogados o
contadores, a partir de la primera denuncia penal se logró la
recuperación de 30 mil millones de pesos.
Al respecto, indicó que cuando la Procuraduría Fiscal presentó las primeras querellas hubo
contribuyentes que por iniciativa propia se acercaron y prefirieron
regularizar su situación fiscal. Uno pagó 9 mil millones y otro hizo un
anticipo por casi 9 mil millones; por otra disputa, de mil 300 millones,
el acuerdo reparatorio, que incluyó no sólo lo defraudado, sino los
adeudos previos, desembolsó otros 9 mil millones.
Durante el encuentro, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena)
afirmó que en el pasado se toleró un comportamiento específico de las
grandes empresas para no pagar impuestos, y se refirió al denominado
perdón fiscal a Televisa en 2013 por 3 mil 334 millones de pesos.
Expuso que incluso grandes contribuyentes presumen en sus informes
a la Bolsa Mexicana de Valores pagos con una tasa que realmente es
inferior a la aprobada para el impuesto sobre la renta. En
respuesta, el procurador fiscal anunció que se comparará el pago de los
impuestos de las personas morales contra lo que realmente dan con la
finalidad de encontrar áreas de mejora legislativa.
Detecta la SFP gasto total de lo asignado: $20.5 mil millones
Software caro e inoperante y pago millonario a titulares,son algunas de las anomalías
En el ejercicio fiscal 2018, directivos de la extinta
Policía Federal (PF) incurrieron en una serie de irregularidades que
ocasionaron daño al erario por sobrecosto en la compra de equipo
tecnológico para un programa de seguridad nacional, mismo que resultó
inoperable, así como por la entrega de cheques millonarios a
funcionarios de la corporación sin que se justificara.
En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) verificó la adquisición de bienes y servicios de parte
de la PF por 2 mil 53 millones de pesos, equivalente a 53.2 por ciento
del presupuesto total ejercido en tres partidas presupuestales, cuyos
principales resultados corresponden a la 33701, que es por gastos de
seguridad pública nacional.
Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la
República (FGR) investiga presuntas irregularidades por desvíos
millonarios en la extinta corporación, que ascenderían a unos 2 mil
millones de pesos, y entre los acusados se encuentran los ex titulares
de la PF, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes entre
otras cosas se habrían otorgado cheques nominativos a su favor por sumas
millonarias.
En la auditoría, el órgano fiscalizador encontró un contrato por el
que se pagaron 499 millones 998 mil pesos a un proveedor para la
adquisición de un sistema de cómputo, respecto al cual no se efectuó un
estudio de mercado que justificara el precio ofrecido por el proveedor
ni que se garantizaran las mejores condiciones para el Estado, además de
que su valor se determinó en 20 millones de pesos, de acuerdo con
investigaciones realizadas en el mercado de software.
En otro contrato, por 172 millones 166 mil pesos, el vendedor no
cumplió con la entrega correcta de tres equipos adquiridos: uno era
inoperable y los otros dos carecían de los componentes necesarios para
funcionar.
Respecto de estos dos contratos no se verificó la legalidad de los
documentos presentados por proveedores para cerciorarse de la
procedencia de los bienes y programas adquiridos, pues se decía que
la tecnología venía del extranjero, pero no se comprobaron las gestiones
que permitieran su ingreso al país, pagos por su adquisición ni para el
uso de licencias, enfatizó la ASF.
Otra incosistencia hallada en la auditoría fue que, en 2018, la PF
ejerció recursos por 42 millones 700 mil pesos que se entregaron con
cheques a funcionarios de la corporación. En las actas
circunstanciadas no se señalaron las razones que hicieron imposible la
obtención de los documentos soporte ni se anexaron a ellas informes de
resultados de las operaciones o investigaciones realizadas, lo cual era
requisito para justificar su ejercicio, indicó la ASF.
También se usaron 801 millones 877 mil pesos para patrullaje y
vigilancia sin que hubiera evidencia documental de la prestación de ese
servicio; en otro convenio con una empresa, se pagaron 59 millones 374
mil pesos para la capacitación a 991 agentes, pero no hay listas de
asistencia que acreditaran la capacitación.
La actual administración analiza si es procedente
denunciar a funcionarios de la dependencia por no cumplir con las reglas
de operación
Gustavo Castillo García
Entre 2006 y 2018 en la Policía Federal (PF) se ejercieron más de 20
mil millones de pesos correspondientes a la partida 33701,
correspondiente a gastos de seguridad pública nacional; de ellos, la
Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que durante los gobiernos
de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto los responsables de
la corporación utilizaron la totalidad del dinero asignado, pero no
cumplieron con las reglas de operación y documentalmente no acreditaron
el destino del dinero.
Por ahora, en el gobierno federal se analiza si es procedente
denunciar a funcionarios de ambas administraciones, como Genaro García
Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal
entre 2006 y 2012, además de diversos mandos de la Policía Federal y de
otras instituciones que estaban encargadas de supervisar el destino de
los recursos, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de
seguridad.
En el ámbito del Poder Ejecutivo, indicaron las fuentes consultadas,
hay quienes opinan que ya prescribieron los delitos del sexenio
calderonista, pero también existen voces que consideran lo contrario por
estimar que se trataron de ilícitos continuados de una administración a
otra y que tuvieron un impacto grave para el desarrollo de las labores
de seguridad en el país.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se asignaron para gastos en la
Policía Federal, como parte del rubro 33701, alrededor de 7 mil
millones de pesos, mientras en el de Peña Nieto fueron 13 mil 500
millones de pesos.
Los funcionarios entrevistados –quienes hablaron con la condición de
permanecer en el anonimato– indicaron que a partir de la denuncia
presentada en febrero de 2019 por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC) y las revisiones llevadas a cabo por la
Auditoría Superior de la Federación a diversos ejercicios
presupuestales, se descubrió que la partida 33701 fue ejercida de manera
discrecional y sin que se dejaran los respaldos documentales que
motivaron las operaciones.
Las fuentes refirieron que los titulares de las dependencias como la Policía Federal, de la SSPC, no pueden revisar de motu proprio la información documental relacionada con el gasto ejercido ni la comprobación del destino que se dio a los recursos.
Por eso, indicaron que Alfonso Durazo Montaño, titular de la SSPC,
tenía que haber presentado una denuncia ante la SFP para que se revisara
lo concerniente al contrato con la empresa israelí Rafael Advanced
Defense Systems, la cual había vendido en alrededor de 2 mil 400
millones de pesos el sistema de inteligencia conocido como Rafael.
Lo anterior debió ser la consecuencia de que dicha compañía
presentara una demanda por incumplimiento de contrato –que hasta la
fecha sigue en litigio– en el cual se exige que las autoridades cubran
lo estipulado en el documento firmado en 2015, cuando Martínez Zamora
era secretaria general de la Policía Federal.
De esta revisión han surgido las irregularidades en los recursos que
deben ser analizados para posibles sanciones a funcionarios y ex
servidores por medio de las denuncias presentadas ante la Fiscalía
Anticorrupción y la Seido, que judicializaron el expediente del que
ahora se solicitaron y se obtuvieron 19 órdenes de aprehensión en contra
de ex empleados de la PF.
El TFJA ratificó que Andrés León y Juan Bravo inflaron los costos de la estructura en el sexenio de Calderón
▲ El 28 de abril de 2010, León Reguera y Bravo Hernández dictaminaron un
supuesto cambio de acero inoxidable en la obra, lo que incrementó el
costo del proyecto en 316.5 millones de pesos; sin embargo, el nuevo
material era igual al original.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA) falló en contra de los principales responsables
del proyecto Estela de Luz que se construyó en el sexenio de Felipe
Calderón, por lo que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández,
ex asesores técnico-administrativos de la empresa III Servicios,
tendrán que devolver 446 millones 414 mil 898 pesos a la Hacienda
Pública federal por la compra de acero inoxidable de mayor precio al
pactado, lo que encareció la construcción de la estructura.
Andrés León y Juan Alberto Bravo pueden impugnar la sentencia del
TFJA por amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en
materia administrativa.
En las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) se encontró que los encargados de la obra inflaron el precio del
acero del monumento conmemorativo por el bicentenario de la
Independencia, por lo que el tribunal ratificó el resultado de esos
informes.
La Estela de Luz que se inauguró en enero de 2012 fue muy polémica,
ya que desde su construcción se incrementó el costo que pasó de 400
millones de pesos, considerados en el proyecto original, a más de mil
millones.
Ayer miércoles, por mayoría de nueve votos, la sala del TFJA aprobó
el proyecto de la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien consideró
infundados los argumentos de los ex servidores públicos, pues señaló que
no se vulneró su derecho al debido proceso y que la sanción se
encuentra fundada y motivada.
Asimismo rechazó el argumento de los ex servidores públicos de que no
hubo daño a la hacienda pública porque el dinero salió de Banjército y
fue pagado a la paraestatal III Servicios.
Se analiza la naturaleza de Banjército, así como de la empresa
estatal mayoritaria III Servicios, concluyéndose que si los recursos
pactados en el contrato para el desarrollo integral de la construcción
del monumento Estela de Luz, fueron aplicados de forma indebida, con
independencia de si permanecieron, pertenecían o no la hacienda pública
federal, resulta inconcuso, ello no exime de responsabilidad a los
actores, pues el destino de los recursos fue diverso a lo originalmente
pactado, de ahí lo infundado del argumento.
Urby Genel recordó que el 28 de abril de 2010, León Reguera y Bravo
Hernández dictaminaron un supuesto cambio de acero inoxidable que
incrementó el costo del proyecto en 316.5 millones de pesos; sin
embargo, el nuevo material era igual al original.
El Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer el financiamiento público para las fuerzas partidistas en 2021, el cual será de 7 mil 226 millones de pesos. Este monto representa un aumento nominal de más de 37 por ciento con respecto al de 2020, cuando fue de 5 mil 239 millones de pesos.
Como cada año, los consejeros electorales se lavaron las manos con respecto a la injustificable cuantía de estos recursos, aclarando que ellos no hacen sino aplicar la fórmula establecida en la Constitución, por la que el total se obtiene multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral por 65 por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), para luego distribuirlo asignando 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de diputaciones federales.
En teoría, el otorgamiento de recursos públicos a estas instituciones trata de garantizar la separación entre el poder político y el económico, la cual queda obviamente en entredicho cuando los candidatos a cargos de elección popular acuden a la iniciativa privada en busca de financiamiento para sus actividades de campaña o para la operación cotidiana de sus plataformas. Es decir, se pretende atajar las tentaciones de incurrir en actos de corrupción para impulsar las carreras de los políticos.
Lamentablemente, la historia se ha encargado de probar que ninguna cantidad de dinero basta para poner a salvo a la democracia de las lacras de la corrupción y la captura oligárquica. En efecto, el generoso financiamiento otorgado por el Estado a los partidos, lejos de mantener a raya los actos de corrupción, se ha convertido en un verdadero imán para personajes carentes de escrúpulos, quienes usan el servicio público como una mera fachada para el enriquecimiento personal.
No sólo no ha servido la inversión millonaria en los partidos: ha resultado a todas luces contraproducente. Al eliminar el sistema de cuotas que los militantes aportaban para el funcionamiento de los partidos a los cuales se encontraban afiliados, las cúpulas partidistas dejaron de responder a sus bases y comenzaron una perversa relación simbiótica con las burocracias que las alimentan. En este proceso se diluyó la identidad ideológica de estas instituciones, pues ya no representan a sectores de la sociedad comprometidos con ellos y capaces de exigirles cuentas, sino que hablan y actúan únicamente en su propio nombre.
Ante realidades como las descritas, resulta inevitable cuestionar la utilidad de que los ciudadanos mantengan a las instituciones políticas y a los órganos electorales –este año, el INE dispuso de 11 mil 421 millones de pesos para su operación– tal como existen en la actualidad. En cambio, parece claro que éstos deben pasar por una profunda restructuración que los haga cumplir con los propósitos para los cuales la ley les asigna recursos tan generosos, a la vez que ajusta sus gastos a una escala que no constituya una ofensa para la ciudadanía a la cual presuntamente sirven
El presidente Andrés
Manuel López Obrador se trasladó ayer con varios de sus colaboradores
al ex hangar presidencial del aeropuerto capitalino para ofrecer su
habitual conferencia matutina, allí, al pie del avión Boeing 787
comprado en el sexenio de Felipe Calderón, estrenado en el de Enrique
Peña Nieto y desechado en el actual. Tanto él como el secretario de
Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el director de Banobras, Jorge
Mendoza Sánchez, y el titular de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto
Ortega, dieron información detallada sobre el precio original de la
aeronave, su costo actual, según avalúo, su situación financiera y de
propiedad, así como los desplazamientos que tuvo en el pasado y los
costos de traslado y mantenimiento que se han pagado en el actual. Se
expuso también la inversión en el nuevo hangar presidencial: la cifra
conjunta entre el aparato y su base principal ronda 8 mil millones de
pesos; por añadidura, en el sexenio anterior los gastos ocasionados por
los viajes en ese avión ascendieron a más de 408 millones de pesos.
Si se revisan cifras como el monto que se ha debido destinar de la
hacienda pública para adquirir la aeronave, lo que aún falta por pagar y
lo erogado en su operación y mantenimiento, resultan claros los motivos
por los cuales López Obrador ha exhibido en diversas ocasiones la
información del transporte presidencial –ahora en desuso y a la espera
de comprador–, así como su rotunda negativa a habilitarlo como medio de
transporte para él y sus colaboradores.
En efecto, el despilfarro cometido con la adquisición del avión
presidencial es una muestra palpable y lacerante de la frivolidad con la
que los ocupantes de Los Pinos dilapidaron sumas estratosféricas para
rodearse de lujos innecesarios y hasta vulgares, y también, en
contraparte, de su completa insensibilidad ante las necesidades de más
de la mitad de la población que se encontraba, ya desde entonces, en uno
o en varios indicadores de pobreza.
La vida principesca que se daban los gobernantes del ciclo neoliberal
a costa del erario no siempre era constitutiva de delito o
irregularidad, como no lo fueron la compra del Boeing 787 ni las
excéntricas modificaciones realizadas al avión; en muchos otros casos
hubo infracciones a la ley, como la abusiva utilización de aeronaves
oficiales para viajes recreativos de funcionarios, práctica que era
común y frecuente, pero llegó a documentarse en muy pocas ocasiones y
sólo en una tuvo consecuencias: la salida del cargo de David Korenfeld,
quien debió abandonar la dirección de la Comisión Nacional del Agua
cuando fue descubierto usando un helicóptero de la dependencia que
presidía para irse de vacaciones.
Legales o ilegales, los generalizados excesos de la clase política
derrotada en las urnas en 2018 son expresión de una grave inmoralidad
que mermó en forma significativa la capacidad de las instituciones para
atender a sectores de la población desprovistos de escuelas, hospitales,
servicios, trabajo y vivienda. Sin embargo, las expresiones de
insensibilidad y la frivolidad fueron tan cotidianas y repetidas que
amplias franjas de la opinión pública terminaron por normalizarlas. Por
así decirlo, es un escándalo que muchas personas de buena voluntad sigan
sin escandalizarse ante tales aberraciones. Peor aún, no faltan quienes
encuentran indignantes la negativa del actual gobierno a utilizar el
avión de marras y su empeño por venderlo para resarcir en alguna medida
el cuantioso derroche que significó su adquisición y uso.
En tanto no se aprecie en toda su magnitud el divorcio entre el país y
los círculos presidenciales del pasado reciente –del cual la aeronave
es una prueba inapelable–, la corrupción y el dispendio seguirán
teniendo asideros. Por ello, la exhibición y la información ofrecidas en
la conferencia presidencial de ayer resultaba necesaria y pertinente.
López Obrador da su conferencia con la nave de fondo
Es tan grande que las personas se ven pequeñas, afirma el mandatario
▲ El Presidente presentó a los medios la nave adquirida hace dos sexenios y usada sólo en el anterior.
Con el lujoso avión presidencial de fondo, como
escenografía para su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que el Boeing Dreamliner 787-8 es ejemplo de los
excesos que se cometieron en el periodo neoliberal. Es un insulto al pueblo de México habiendo tanta pobreza, por lo faraónico que es.
Deploró el nivel de irracionalidad, de enajenación con el lujo y los privilegios que se tuvo para denominarlo José
María Morelos y Pavón, quien encarnaba la lucha por la igualdad, cuando
pudo llevar el de Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna,
Porfirio Díaz o de Carlos Salinas de Gortari, porque tendría más apego a
la realidad.
Ayer, desde lo que fue el hangar presidencial, en cuya remodelación
el gobierno de Enrique Peña Nieto erogó casi mil millones de pesos para
guardar la aeronave adquirida por Felipe Calderón, el Presidente recordó
que por ella –que se encuentra en venta– se iban a terminar de pagar 7 mil millones de pesos nada más por mantenimiento, porque su adquisición fue financiada con recursos públicos, de viajes al año significan alrededor de 150 millones de pesos.
El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo
es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país,
cómo había lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Los
funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un
gobierno de ricos para ricos con un pueblo pobre.
No estoy diciendo una mentira, eran muy excesivos, y recordó que se usaban helicópteros oficiales hasta para ir a jugar golf. Había la idea de que el avión presidencial daba poder, que era un símbolo de fortaleza, pero no es así, era ostentación.
López Obrador describió que el Boeing TP-01 es tan grande, tan grande que las personas se ven pequeñas. Es monumental.
Acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, así
como por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y
los funcionarios responsables del proceso de venta de la aeronave y de
la rifa del equivalente a su valor, recordó el otro negocio que en pasadas administraciones tenían proyectado con la construcción –ya cancelada– del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Implicaba cerrar la Base Militar de Santa Lucía –donde actualmente se
construye la obra– y también el Aeropuerto Internacional Benito Juárez,
lo que representaba desmontar el hangar presidencial –ahora conocida
como Base Aérea Militar 19– para hacer un gran negocio inmobiliario, una especie de Santa Fe.
Agregó que, a diferencia de lo que costó la remodelación de este
lugar, su gobierno gastó 500 millones de pesos para ampliar la Terminal 2
del aeropuerto, la cual inauguró el viernes pasado.
Insistió en que se acabaron lujos, el derroche y los gastos superfluos, aunque no les guste a sus adversarios, pero ya es el momento de decir basta y de seguir impulsando la transformación de México.
La Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía
General de la República (FGR) vive una reingeniería que incluye la
sustitución de programas informáticos que tienen alto costo para la
institución por otro software que permitirá la integración de bancos de
datos relacionados con huellas dactilares, voz de presuntos
delincuentes, huellas balísticas y registros biométricos, informó en
entrevista con La Jornada, Felipe de Jesús Gallo, titular de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC).
Gallo señaló que se han dejado de pagar grandes cantidades a la
empresa francesa que suministró el equipo y el software que da soporte
al llamado Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por
sus siglas en inglés), ya que desde que se creó Plataforma México
–cuando Genaro García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad
(SSP) federal– la compañía cambió el pago general de mantenimiento a un
cobro por dato o huella que se suba, cada confronta de información o
consulta que se realice a la base de datos. El sistema AFIS se adquirió
cuando la entonces PGR era parte de la administración pública federal,
se compró con una firma francesa (Sagem Securité AS, en 2008 y 2009),
por la adquisición de equipo, instalación y distribución, así como
capacitación de personal la hoy FGR pagó entre 2008 y 2009 un total de
190 millones 742 mil 933 dólares.
De acuerdo con la propia FGR, mientras en 2016 la hoy fiscalía pagó 3 millones 832 mil 640 pesos por mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, en 2018 la cifra aumentó a 9 millones 300 mil pesos.
Gallo dijo que la firma francesa primero tenía un contrato anual
que pagaba el gobierno federal y los mantenimientos se pagaban por cada
una de las entidades usuarias, que no nada más eran federales, sino
también estados y municipios, y se generaba una cuota de mantenimiento
por el uso de su software.
Luego, explicó el jefe de la Policía Judicial Federal y del área de periciales: Cuando
se creó Plataforma México se cobró por transacción, cada consulta o
cotejo tenía un costo y la empresa lo reflejaba en una factura hacia el
Sistema Nacional de Seguridad Pública y los estados se encargaban del
pago de mantenimiento de los sistemas periféricos.
Puntualizó que si bien el sistema adquirido a Sagem se encuentra
operando al cien por ciento, sin fallas ni atrasos [...], aunque el
contrato con Sagem concluyó en agosto de 2019. Pero se debe señalar que
estamos en una evaluación biométrica diferente y no se renovará ese
contrato.
Sostuvo que la migración de lo que hoy es AFIS a otra plataforma será
por: “el alto costo que representa; que es una plataforma cerrada y no
permite compartir archivos con otro software o periféricos, compartirlos
con otra tecnología.
“Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de
Plataforma México, evalúa otra plataforma a la cual se pueden migrar los
registros que ya tiene AFIS y se incluirá reconocimiento facial, los
registros balísticos y voz. Estamos a meses de que se haga el anuncio de
la migración y será más amplia, gratuita, segura; es tecnología
abierta, y se puede utilizar cualquier tipo de periférico para cargar
cualquier tipo de archivo o realizar consultas, y tiene las
acreditaciones para el uso forense.
Es muy probable que la nueva plataforma sí se integre con apoyo de empresas y autoridades de Estados Unidos.
Se ha modificado el viejo esquema de certificación que tenían los servicios periciales de la FGR. Estaban
mal diseñados, actualmente estamos certificados en una norma específica
para periciales en todo el mundo, la ISO-EC 17027:17. Dijo que ya
se tienen cuatro especialidades certificadas a escala internacional, se
trabaja para el reconocimiento de dos más y se espera que las 26
especialidades que posee la FGR pasen por ese procedimiento.
Sostuvo que la norma ISO 9000 se puede aplicar a cualquier empresa; pero que en el caso de periciales de la FGR estaba
diseñado de una manera arcaica y a conveniencia del perito, ya que
aunque se tenían protocolos, éstos tenían 72 horas para entregar sus
resultados, sin importar que en ese lapso se tuviera que dejar en
libertad a un detenido o una persona sujeta a investigación.
De
no entrar en operación en 2021, iniciará la etapa de pérdidas,
estimadas en 18 mil mdp ese año, concluye un informe de la Cámara de
Diputados
▲ La construcción del Tren Interurbano México-Toluca debió haber
terminado en 2018. Ha registrado retrasos por diversas razones, entre
ellas la oposición de habitantes de las zonas en la que se trazó su
recorrido.Foto Cuartoscuro.com
Periódico La Jornada
Sábado 23 de mayo de 2020, p. 9
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó en 2013
el proyecto de Tren Interurbano México-Toluca, con una inversión de 49
mil 82 millones de pesos y se planeó la entrada de operación en 2018.
Las Conclusiones del Análisis del Informe de Resultados de la Cuenta
Pública 2018, elaboradas por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de
la Cámara de Diputados, identificaron que el proyecto de inversión
original registra un sobre costo de 18 mil 633 millones de pesos, cifra
que se suma al incremento de 8 mil 371 millones por concepto de
construcción de infraestructura y ambos conceptos totalizan más de 27
mil millones.
En materia de impacto ambiental no hubo coordinación entre las
secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, ni se evitaron o redujeron los impactos
provocados” por la obra. En la manifestación de impacto ambiental –en su
modalidad de regional–, no se señaló el tramo que estaría a cargo del
gobierno de la Ciudad de México, no se incluyeron fuentes de
financiamiento ni los costos de las medidas de mitigación propuestas.
Además, en los 38 impactos ambientales no se consideró el beneficio de
la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera, los impactos en la
hidrología ni el uso de bancos de préstamo y tiro (soportes).
No se autorizaron debido a que las obras contravenían lo aprobado y
por la existencia de juicios de amparo en esa materia, lo que evidenció
que a 2018 se desconocieran los impactos ambientales generados por la
construcción del proyecto y de obras complementarias. Por otro lado, se
generaron costos, problemas sociales y jurídicos.
En cuanto a la factibilidad económica, refiere el libro octavo
elaborado por la UEC que depende de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, los costos aumentaron 19.6 por
ciento, ya que se agregó el gasto generalizado de viaje, el valor de
rescate anual de la obra civil y la liberación de recursos de los
vehículos de transporte público.
El proyecto original de la (SCT) estimó un valor presente neto de 21
mil 548 millones de pesos, “por lo que los beneficios son mayores que
los costos; la tasa interna de retorno (TIR) con la que se lograría el
punto de equilibrio del proyecto era de 13.4 por ciento, y una tasa de
rendimiento inmediata de 10.5 por ciento, con inicio de operaciones en
2020, ya que se esperaba que a partir de ese año se obtuvieran
beneficios crecientes.
Sin embargo, la cuantificación de los costos no incluyó las
compras recientes de material rodante ni consideró 15 de los trenes
adquiridos; además, los beneficios empezaron a cuantificarse a partir de
2020, a pesar de que las proyecciones de demanda tenían como inicio de
operaciones 2019, por lo que los indicadores de rentabilidad no fueron
confiables.
De la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2020, se obtiene que el gobierno federal destinará recursos para la
ejecución del proyecto hasta 2022; no obstante, no estará listo antes
del año 2021, y se estima una pérdida de 18 mil millones de pesos, y
si el tren entrara en operación en 2024, ésta podría aumentar a 37 mil
740 millones, por tanto se determinó que si se continúa postergando la
entrada la operación del tren, se dejarían de percibir beneficios y se
comenzarían a generar costos de mantenimiento de la infraestructura ya
existente.
En ese mar de opacidad, la SCT suscribió cinco contratos de supervisión de la obra. Y en
ninguno de los reportes de las empresas se contó con los mínimos
establecidos en los contratos suscritos, además de que sólo incluyen el
avance en términos monetarios, pero no el progreso físico, y, en
consecuencia, no se acreditó el desarrollo de las obras, por lo que mil
464 millones 700 mil pesos asignados a las empresas encargadas de la
supervisión no fueron administrados con eficiencia, eficacia y economía.
Ciudad de México. A punto de cumplirse 5 años de
haberse decretado la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11
municipios del Estado de México, incluidos Chimalhuacán y
Nezahualcóyotl, el primero ha recibido para este fin un total de 2
millones 616 mil 451 pesos, en tanto que el segundo tan solo en 2019
recibió 2 millones 249 mil 833 pesos.
Con una segunda AVG decretada, por
desapariciones en la misma entidad, los ayuntamientos decidieron gastar el
dinero de la Alerta en la compra de camionetas, camiones, impresoras, equipo de
cómputo, pinta de bardas para campañas y carteles sobre la Célula de Búsqueda
de Personas Desaparecidas, en tanto las desapariciones y asesinatos violentos
continúan.
Cimacnoticias solicitó a través de
transparencia, información a estos dos municipios para conocer cuánto han
recibido para implementar las acciones de la AVG y cómo lo han invertido. De
esto se desprende que Chimalhuacán recibió durante 2019 un millón 443 mil 874
pesos para la atención de la AVG, los cuales se gastaron en la adquisición de
una camioneta tipo Urvan. También se gastó en archiveros, equipo de cómputo y
un regulador, de acuerdo con el reporte anual de 2019 de las acciones de cada municipio
para la AVG.
Según este reporte, también se
capacitó y certificó a servidoras y servidores públicos en atención a mujeres y
víctimas de violencia; y se rotularon bardas e imprimieron adheribles y
carteles sobre las campañas de difusión de la Célula de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.
De acuerdo con los datos, 2019 fue
el año que más recursos recibió el municipio de Chimalhuacán para hacer frente
a la violencia contra las mujeres. En 2015 recibió 300 mil pesos; en 2016 y
2017 no hubo recurso; para el 2018, se asignaron 872 mil 577 pesos; y para este
2020 el gobierno federal no ha dado dinero. En total, este municipio ha tenido
estos 5 años a su disposición para erradicar la violencia de género: 2 millones
616 mil 451 pesos.
A Nezahualcóyotl, en 2019 se le
asignaron 2 millones 249 mil 833 pesos de un jalón, –casi el doble de lo que
ha recibido Chimalhuacán en estos años–
los cuales se gastaron en la compra de cuatro vehículos tipo camión; una
impresora multifuncional, una computadora, e impresión de publicidad.
Sin embargo, en esta misma solicitud
de información se observó que en 2015, cuando se declaró la AVG ante la
emergencia que desató el aumento en asesinatos de mujeres, hubo 113 y 174
muertes violentas de mujeres en Neza y Chimalhuacán, respectivamente. Para 2019
—cinco años después de la primera AVG— se registraron 230 (casi el doble) y 140 muertes violentas de mujeres,
respectivamente.
Sin resultados con la primera AVG,
la entidad declaró en 2019 para estos municipios una segunda Alerta, pero por
desaparición de mujeres. Al respecto, la FGJ dijo vía transparencia que al 7 de
febrero de 2020 había en la entidad 2 mil 803 mujeres sin localizar, pero
ninguna (según esa información) era habitante de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Lo anterior contrasta con el
testimonio de Lourdes García Arizmendi, mamá de Norma Dianey García, desaparecida
el 15 de enero de 2018 en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Lourdes,
vivir con la incertidumbre a cuestas
Lourdes García Arizmendi está por
saber si su hija Norma Dianey García, —-desaparecida el 15 de enero de 2018 en
los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en Edomex— es una de las tres
mujeres jóvenes que permanecen sin identificar en un Servicio Médico Forense
(Semefo) en Pachuca, Hidalgo.
Busca a su hija desde hace dos años
y tres meses pero es posible que, por las omisiones de la Fiscalía en
Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Norma permaneció todo este tiempo en un Semefo
sin que ninguna autoridad lo supiera. Norma también podría estar viva pero las
autoridades ya no la buscan.
El día de su desaparición, Norma
salió en la noche de su trabajo, en un Coppel. No llegó a su casa. Sus
compañeros dijeron que abordó la combi de siempre. Uno de ellos, con quien
compartió el transporte ese día, escuchó que recibió una llamada y dijo: “ya
casi llego a la base de taxis”.
La única base de taxis en ese
trayecto está en el Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán. Muy cerca de ahí hay un canal residual en el que, durante años,
se han encontrado cuerpos de mujeres. En recuerdo a ellas, madres de otras
víctimas de feminicidio levantaron ahí en 2015 tres cruces rosas; en una de
ellas ahora cuelga una lona con la foto de Norma.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Al día siguiente de la desaparición,
la familia recibió mensajes del teléfono de Norma. Pedían 6 millones de pesos
de rescate. Esa misma noche acudieron al Centro de Atención Ciudadana, de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edomex, en Nezahualcóyotl, para
denunciar el secuestro de su hija pero no hubo quién los atendiera. La denuncia
se levantó el 17 de enero de 2018. Las autoridades dijeron que Norma “se había
ido con el novio” o estaba enojada con ellos.
Dos presuntos secuestradores, padre
e hijo, fueron detenidos días después por el número de cuenta al que pidieron
el depósito. Uno de ellos, el hijo, declaró que contactó a Norma por Facebook,
le ofreció un trabajo y al reunirse con ella la subió en un coche, la violó, la
mutiló y abandonó su cuerpo por Tezoyuca, en Edomex.
Lourdes desconfió de esta versión
porque su hija (con quien tenía estrecha comunicación) no le habló del
ofrecimiento. Las autoridades llevaron al detenido al lugar en el que
presuntamente abandonó el cuerpo, pero ya ahí el hombre dijo no recordar. Los
meses siguientes se buscó el cuerpo de Norma con perros y drones, pero nunca
apareció.
Medio año después, uno de los
presuntos responsables, el hijo, murió “por enfermedad” dentro de la cárcel.
Con él, dijeron las autoridades a la mamá de Norma, también se fue la
posibilidad de saber algo más sobre su hija. Lourdes nunca vio el acta de
defunción del delincuente, por lo que hizo sus propias indagaciones y encontró
que lo asesinaron. El 20 de febrero de 2019 el otro presunto secuestrador (el
padre) salió libre por falta de pruebas y el caso se cerró sin ningún indicio
sobre el paradero de Norma.
De acuerdo con la mamá, la Fiscalía
de Nezahualcóyotl se negó a darle la sábana de llamadas para identificar el
número de la última persona que habló con Norma. Ella la consiguió por sus
medios y encontró que estaba vinculado con quien fuera el novio de su hija,
quien nunca preguntó a la familia sobre el caso y fue llamado a declarar seis
meses después de la desaparición, gracias a su insistencia.
El día de la desaparición de Norma,
él salió dos horas antes del trabajo, también en Coppel, donde fue despedido
después por fraude. Norma y él llevaban tres meses juntos y, a decir de
Lourdes, tenían una relación conflictiva. En su declaración insistió en que
Norma se fue porque estaba harta de vivir con su familia.
Lourdes aún recibe mensajes del
número de su hija en fechas importantes, como su cumpleaños, para pedirle más
dinero. Ella cree que aún podría estar viva, por eso continúa con su búsqueda
en Semefos y Fiscalías.
Pidió ayuda a la Fiscalía de
Chimalhuacán, su municipio. Le dieron mil pesos y no le dan más porque le
exigen recibos de transporte. También le negaron medidas de protección pese a
las amenazas que ha recibido y perdieron documentos del expediente de Norma.
La familia de Norma también pidió a
Coppel una indemnización, pues la empresa dio de baja a la joven por “abandono
de empleo”, pero les piden una hoja de defunción a cambio de entregarles los 4 mil
pesos que le corresponden por 8 años de trabajo.
Apenas juntó dinero, Lourdes fue al
Semefo de Pachuca. Ahí se enteró que desde el 18 de enero de 2018 encontraron
tres cuerpos de mujeres jóvenes, uno de ellos en Acolman, Edomex, que colinda
con el municipio de Tezoyuca.
Hizo las pruebas genéticas de
inmediato, pero los resultados están en un par de semanas o un mes. “Es lo que me llena de rabia. Ellos me
dijeron que se habían contactado con todos los Semefos y eso fue mentira;
mientras, tuve que aprender a ser abogada, a sacar cosas, a manejarme por mí
misma”, declaró en entrevista con Cimacnoticias.
La
periferia
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl son
colindantes entre sí y son contiguos a la Ciudad de México, por lo que miles de
mujeres de diferentes edades se desplazan por sus calles a diario durante todo
el día y la noche para ir de sus casas a sus trabajos o escuelas.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
En esos municipios la violencia
acecha a las mujeres en sus hogares y en la calle, pues en un recorrido por las
avenidas principales se observan trayectos oscuros, llenos de baldíos o
terracería, con transporte público costoso, inaccesible o irregular, y con
caminos en los que todos los días las mujeres sobreviven a chiflidos, insultos,
tocamientos y hasta intentos de raptos, según los relatos de las vecinas.
En el caso de la desaparición de
personas, existe un baile de cifras pues las dependencias reportan datos
distintos. La FGJ dijo vía transparencia que al 7 de febrero de 2020 había un
total de 2 mil 803 mujeres sin localizar, la gran mayoría (756) entre 15 y 17
años de edad, pero ninguna en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Por separado, el municipio de
Chimalhuacán respondió a esta agencia que de agosto de 2014 al 3 de marzo de
2020 tuvo 149 denuncias por desaparición de mujeres. Y en un comunicado público
del 26 de enero, el ayuntamiento aclaró que en 2019 hubo 10 mujeres
desaparecidas o no localizadas.
AVG,
sin mecanismos de seguimiento
Chimalhuacán recibió durante 2019
un millón 443 mil 874 pesos para la atención de la AVG, los cuales se gastaron
en la adquisición de una camioneta tipo Urvan. También se gastó en archiveros,
equipo de cómputo y un regulador, de acuerdo con el reporte anual de 2019 de las acciones de cada municipio
para la AVG.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Según este reporte, se capacitó y
certificó a servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia
EC0497 “Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el
género”; estándar EC0539 “Atención presencial de primer contacto a mujeres
víctimas de violencia de género”; y en “Atención al ciudadano al sector
público”.
También se gastó en la rotulación
de bardas, y la impresión de adheribles y carteles sobre las campañas de
difusión de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
A Nezahualcóyotl, en 2019 se le
asignaron 2 millones 249 mil 833 pesos con 37 centavos, –casi el doble que
Chimalhuacán– los cuales se gastaron en la adquisición de cuatro vehículos
tipo camión; una impresora multifuncional, una computadora e impresión de
publicidad.
Por su parte, en un documento
diferente entregado vía transparencia, la FGJ reportó que desde 2015 a 2020,
estos municipios sólo llevaron a cabo para el cumplimiento de la AVG
capacitaciones, pláticas y eventos, la gran mayoría sobre la implementación del
Protocolo Alba.
Se solicitó a los municipios vía
transparencia que detallaran los costos de cada una de las acciones, pero el
municipio de Chimalhuacán ha obstaculizado el acceso a la información.
De acuerdo con el municipio de
Chimalhuacán, los montos para la AVG y quién los emite han variado mucho
durante estos cinco años, pues en 2015 recibió 300 mil pesos, de parte del
gobierno del estado; en 2016 y 2017 no hubo ningún recurso; para el 2018, se le
asignó 872 mil 577 pesos, también de la
entidad; en el 2019, se le asignó un millón 443 mil 874 pesos, pero para este
año fiscal 2020 el gobierno federal no ha asignado recursos.
María de la Luz Estrada,
coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
(organización impulsor de la AVG), explicó en entrevista que desde el inicio,
la AVG fue un mecanismo venido a menos, pues la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no admitió los
indicadores de cumplimiento que plantearon las organizaciones sociales y hubo
resistencia para adoptar algunas acciones.
La Conavim también complejizó el
funcionamiento de la AVG y actualmente no asume la coordinación de una
estrategia federal que involucre a los gobiernos estatales y a los municipios
para dar seguimiento, de acuerdo con Luz Estrada.
Por su parte, el gobernador de la
entidad, Alfredo Del Mazo, buscó establecer nuevas medidas para las AVG pero
sin tomar en cuenta o evaluar las que se hicieron antes, pues ignoró un
dictamen que el Observatorio elaboró en 2018 sobre el funcionamiento de este
mecanismo.
“La AVG no ha logrado impactar
porque no ha habido ahorita ni anteriormente una política por parte de los
gobiernos federales de realmente estar trabajando para con los gobiernos
locales y obligar así a la coordinación estatal y municipal (…) al final están
trabajando sin metas, sin indicadores y eso te orilla al fracaso porque acaban
los gobiernos haciendo lo que se les ocurre y como no se les evalúa y nadie les
corrige si están frente a impunidad, corrupción, pues al final tienes una
simulación”, expresó la defensora.
Las mujeres se levantan
El 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, un grupo de madres y hermanas de mujeres asesinadas y desaparecidas
en el Valle de México organizaron una manifestación histórica en
Nezahualcóyotl, hacia Palacio Municipal, a un costado de la Fiscalía del
municipio.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Esta marcha fue convocada, entre
otras, por la Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, integrada por
habitantes del Edomex desde 2017, tras la violación y el asesinato de Valeria,
una niña de 11 años atacada en una combi de Nezahualcóyotl.
Esta Asamblea se encarga de
asesorar y acompañar a familiar de mujeres desaparecidas, violencia familiar, o
feminicidio. También trabajan con la comunidad a través de talleres, foros y
otras acciones públicas para visibilizar la violencia contra las mujeres,
señaló en entrevista Yelitza Pareja Ruíz, integrante de la Asamblea.
Con base en información de esta
colectiva, la desaparición es una de las principales problemáticas que
enfrentan estos municipios pues cada semana se les pide ayuda para la difusión
de un caso nuevo de desaparición. Por este delito, en 2019 se declaró la segunda
AVG para la entidad mexiquense.
Pareja Ruiz observó que las
acciones para atender la violencia contra las mujeres son muy distintas en cada
municipio, pues mientras en Chimalhuacán existe una Unidad Especializada para
la Atención de Víctimas de Violencia; en Nezahualcóyotl no existe algo así, y
el Instituto Municipal de las Mujeres imparte talleres para la decoración de
uñas, por ejemplo.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
De acuerdo con el análisis de la
Asamblea, las prioridades para las familias son la búsqueda inmediata, la investigación
policial, el apoyo psicoemocional y económico para las familias, la asignación
de un agente de investigación, y sensibilización a la comunidad.
Pero en ausencia de esta atención,
señaló la también defensora, las familias difunden las fichas de sus hijas,
piden ayuda, preguntan qué hacer, organizan brigadeo, buscan medios de
comunicación, hacen movilizaciones, organizan rifas para sacar dinero y viajan
a otras entidades para buscar.
De acuerdo con Pareja Ruiz, hasta
ahora, lo que realmente está ofreciendo soluciones a las familias es la
conformación de redes comunitarias.
Un ejemplo es Lourdes, la mamá de
Norma, quien ahora forma parte de la “Asamblea Nos Queremos Vivas”, la cual
conoció gracias a la madre de una víctima de feminicidio: Lidia Florencio, mamá
de Diana Velázquez, cuyo cuerpo fue localizado (varios días después de haber
reportado su desaparición) muy cerca de su casa en Chimalhuacán, pero sin que
ahora se haya atrapado a los culpables. El 19 de marzo, Lidia y otras
defensoras instalaron un memorial con la foto de Diana afuera de la Fiscalía de
Chimalhuacán.
Lourdes y Lidia participan juntas
en manifestaciones en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y la CDMX. Ambas Integran
otra colectiva llamada Red de Mujeres del Oriente, conformada por otras 10
mujeres, entre quienes se han integrado nuevas familiares de víctimas.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Al cierre de la marcha del 8 de
marzo, las familias de víctimas de feminicidio y desaparición improvisaron un
mitin afuera de la Fiscalía. Encontraron a las autoridades afuera, resguardando
las instalaciones de justicia. Entre ellas estaba “María Esther Orozco Gómez ”,
fiscal regional, quien escuchó nerviosa las demandas.
Las familias de víctimas de
desaparición denunciaron en la cara de las autoridades las omisiones que en
días pasados vivieron en es Fiscalía; por ejemplo, las hermanas de Dulce
Gabriela Flórez Suárez, habitante de Nezahualcóyotl desaparecida el 12 de
febrero de 2020, dijeron públicamente que ahí se burlaron de ellas por no haber
podido presentar inmediatamente la denuncia, sólo les dieron la carátula del
expediente, las intimidan por hacer ellas sus propias pesquisas y les niegan
información.
La tía de Yadira Galván Peralta
también denunció ante el micrófono que días atrás, cuando fueron a reportar la
desaparición de la joven junto con su bebé, le dijeron que “debía esperar 72
horas”. Las autoridades no hicieron más que decir: estamos rebasados.
Lourdes narró a Cimacnoticias estos hechos el pasado 18 de marzo de
2020. Su hija aún no aparece. Tampoco hay datos sobre Dulce Flores; y
los asesinos de Diana Velázquez continúan impunes.
Sugiere a la Jucopo comprobar con facturas subsidios y subvenciones
▲ El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, cuestiona que en la revisión de gastos de esta legislatura correspondientes a 2018. la ASF haya ignorado recorte de 400 millones de pesos en San Lázaro.
El contralor interno de la Cámara de Diputados, Jorge Torres Castillo, recomendó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comprobar con facturas los gastos de legisladores que se contemplan en los subsidios y subvenciones, porque en el periodo de septiembre a diciembre de 2018 aún falta aclarar el destino de 433 millones 635 mil pesos.
El órgano revisor de las finanzas en San Lázaro corroboró las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que observó la falta de comprobación de esos recursos. En respuesta, el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, rechazó la conclusión de la contraloría y ordenó un nuevo informe.
Jorge Torres Castillo, quien fue colocado en la contraloría por Porfirio Muñoz Ledo, también exigió a la Jucopo que dé cumplimiento a lo dispuesto en la norma para que en lo subsecuente no se le excluya, ya que las revisiones que hace la ASF son a la Cámara, y la Contraloría Interna forma parte de ésta, por lo que existe una lógica técnica para que coordine y dirija los trabajos, y las áreas auditadas atiendan debidamente los requerimiento de la ASF.
Al conocer los resultados del análisis al tercer informe de la cuenta pública 2018 de la ASF, que realizó la contraloría de la Cámara de Diputados, avalando la observación a las irregularidades de la actual legislatura en sólo cuatro meses (los 433 millones 635 mil pesos), Mario Delgado los desacreditó, no recibió el documento a Jorge Torres y menos aceptó que se lo explicara.
Integrantes de la Jucopo confirmaron que Delgado ordenó al director de servicios administrativos y financieros, Juan Carlos Cummings, a quien colocó en esa posición desde el año pasado, resolver tan grave enredo.
Hace tres días, el coordinador de Morena restó relevancia a la revisión de la ASF porque sacó a flote irregularidades, que su mismo órgano revisor confirmó, y expuso otros argumentos:
“Respecto a las observaciones de la Cámara, hoy nos presentó una evaluación la Contraloría Interna; necesitamos más información en la Junta. Entonces, regresamos al contralor interno su reporte, porque queremos que sea más específico. Nos sorprende mucho que la ASF haya ignorado por completo, primero, que llegamos a recortar 400 millones de pesos en septiembre de 2018 y no se hable absolutamente nada de eso; que hayamos puesto lineamientos de comprobación de los recursos, a los que acceden los diputados, y parece que se les pasó de noche.
Sí queremos diferenciar lo que nos corresponde, estrictamente a esta administración, para no tener ni una sola observación. Y por supuesto, aquellos procesos que vengan de la legislatura anterior, ver en qué fallaron y cuáles no se respetaron.
Los sueldos de los altos funcionarios de organismos autónomos registraron una baja mínima respecto del año anterior, de acuerdo con los Manuales de percepciones 2020publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación. En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) los salarios de los consejeros permanecieron sin cambios.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se estableció que las percepciones ordinarias netas de la presidenta serán de 109 mil 999 pesos mensuales, lo que significa una baja mínima con respecto a los 106 mil 683 pesos establecida para el año pasado, es decir, sólo se ajustó por la inflación.
Sin embargo, la caída es de 45 por ciento si se le compara con el sueldo bruto del ombudsperson en 2018, cuando cobró 198 mil 641 pesos.
En el caso de los visitadores generales o especiales, el director ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y los secretarios ejecutivos y técnicos del Consejo Consultivo, los salarios netos de este año serán de 108 mil 811, contra 134 mil 328 de 2019 y 181 mil 758 de 2018.
Ayer, la CNDH destacó en un comunicado que estas modificaciones buscan reorientar los recursos destinados a servicios personalespara beneficiar a todo el personal operativo, suprimiendo, además, las percepciones extraordinarias al personal de mando, fuente de privilegios y despilfarro.
En lo que se refiere al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus siete comisionados ganarán este año 105 mil 786 pesos mensuales, cifra casi igual a la de 2019 (105 mil 720), pero 21 por ciento menor que los 133 mil 823 de 2018.
Los secretarios percibirán 97 mil 16 pesos mensuales, y los directores generales, jefes de ponencia y el titular del Órgano Interno de Control, 90 mil 936 pesos. Dichas cantidades son casi iguales a las de 2019, pero difieren más frente a las de 2018, cuando los salarios en ambas categorías eran de hasta 107 mil 203 y 95 mil 161, respectivamente.
En el caso del INAI, en 2020 y 2019 ya no se incluyeron rubros que aparecían todavía en 2018, como la ayuda de 11 mil 460 pesos mensuales para cubrir los gastos de mantenimiento y depreciación de los autos de los comisionados, además de 4 mil pesos en vales de gasolina y 2 mil 500 pesos de crédito para sus teléfonos celulares.
En el INE la austeridad no llegó; sus consejeros ganarán este año los mismos 170 mil pesos mensuales (muy por encima de los 108 mil del presidente Andrés Manuel López Obrador, establecidos como el tope salarial) que recibieron en 2019.
Como informó este diario, el Manual de percepciones de dicho organismo se publicó a finales de enero, sin que hubiera cambios con respecto a lo que aprobó su junta ejecutiva en diciembre de 2019.
▲ El PAN estuvo a punto de perder el registro por falta de militantes;
aparece en la lista con 234 mil 450 afiliados, sólo 505 más del mínimo
exigido.
Al concluir el periodo para depurar sus padrones de
militantes, los partidos políticos perdieron 9.2 millones de afiliados.
Los más afectados son PRI y PRD, que se quedaron sin 76 y 75 por ciento
de sus miembros, respectivamente, mientras el PT y MC perdieron 51 por
ciento.
De acuerdo con el informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos (DEPPP) del Instituto Nacional Electoral (INE) con
corte al 31 de enero pasado, el PAN se habría quedado a punto de perder
el registro por falta de militantes, pues aparece con 234 mil 450,
apenas 505 más de los 233 mil 945 que se requieren (0.26 por ciento del
padrón nacional).
Otro caso que llama la atención es el de MC, el cual aparece en el
documento con 229 mil 474, es decir, no tendría registro. Sin embargo,
la DEPPP recordó que un millón 339 mil 392 nuevos registros están
pendientes de compulsar, por lo que los números que presentan las
fuerzas políticas se incrementarán.
El representante de MC ante el INE informó que tras haberse iniciado
dicha revisión hace unos días, ya contaban con una membresía de 294 mil
72, pero el dato no alcanzó a aparecer en el documento.
La depuración de los padrones de militantes de los partidos políticos
se realizó durante 2019 en acatamiento a un acuerdo del Consejo General
del INE ante el creciente número de denuncias por afiliaciones
indebidas que registraban las fuerzas políticas. En el procedimiento,
los institutos tuvieron que revisar si tenían la documentación que
acreditaba la membresía de las personas, y si no la tenían, debieron
hablar con ellas para saber si querían estar en dichos institutos y, en
caso contrario, darlos de baja.
Al iniciar la revisión en enero de 2019, las fuerzas políticas tenían
13 millones 549 mil 895 militantes y terminaron el 31 de enero con 4
millones 289 mil 470.
El PRI reportaba 6.5 millones y quedó en 1.5, 76 por ciento menos. El
PRD, con 5 millones, terminó con un 1.2 millones (–75 por ciento). El
PT pasó de 508 mil 210 a 249 mil 384 (–51 por ciento); MC, de 466 mil
197 a 229 mil 474 (–51 por ciento), y PAN, de 376 mil 988 a 234 mil 450
militantes (–38 por ciento).
Morena fue el que menos decrecimiento tuvo, 12 por ciento, al quedar con 278 mil 332 de los 317 mil 595 integrantes que tenía.
El único partido que logró crecer 50 por ciento en este periodo fue el PVEM: tenía 304 mil 311 y terminó con 460 mil 554.
El informe de la DEPPP se entregó ayer a la Comisión de Prerrogativas
y ésta acordó remitirlo al Consejo General del INE para su análisis.
Los partidos podrán seguir afiliando ciudadanos hasta el 31 de marzo,
cuando el sistema de captura de altas y bajas del INE quedará
inhabilitado con el fin de que pueda llevar a cabo el proceso de
verificación del número mínimo de militantes para la conservación del
registro. Se revisará que no tengan duplicados con otras fuerzas
políticas.
Entre los mecanismos que utilizan los partidos para realizar las
afiliaciones de manera indebida se encuentra el de recoger fotocopias de
las credenciales de elector a la hora de entregar algún programa social
o dadivas de diverso tipo.
La presidenta de la Comisión, Adriana Favela Herrera, recomendó a los
partidos políticos que sigan utilizando la aplicación diseñada por el
órgano electoral para registrar su membresía, a fin de que puedan contar
con los archivos electrónicos y no los pierdan como sucedía cuando los
tenían en papel.
