Ciudad de México.- En una reunión a puerta cerrada,
diputadas federales y el secretario de Hacienda y Crédito Público,
Arturo Herrera Gutiérrez, acordaron crear un grupo de trabajo para
definir las asignaciones del Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre
Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de
2021.
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, la mañana de
este 10 de agosto un grupo de legisladoras y el funcionario tuvieron un
encuentro virtual para revisar las reducciones a los programas
presupuestarios para la igualdad, pero Herrera Gutiérrez reiteró que los
programas de salud y de Derechos Humanos quedaron exentos de recortes.
En el encuentro gestionado por la presidenta de la Mesa Directiva,
Laura Angélica Rojas Hernández, el titular de la Secretaría de Hacienda y
la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, aseguraron que el
Anexo 13 tuvo un incremento de recursos de más de 90 por ciento. Sin
embargo, no explicaron las razones de los recortes a los programas del
Anexo 13, vinculado con los Derechos Humanos de las mujeres.
La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, quien estuvo en la reunión,
expuso en entrevista que todas las legisladoras cuestionaron a Arturo
Herrera pero él no respondió con puntualidad. Además, en opinión de
Almaguer, se pudo notar su desconocimiento sobre la Ley Federal de
Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 58 dice que “No se podrán
realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre mujeres y
hombres”.
Un análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de
Género, de la Cámara de Diputados, detalló que si bien este año al Anexo
13 se le aprobó un presupuesto de 103 mil 517.8 millones de pesos
(mdp), Hacienda sólo autorizó entregar 101 mil 709.6 mdp.
A esto se suman los efectos del decreto de austeridad para las
dependencias y entidades de la administración pública federal, publicado
el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, en el que
se estableció que no se ejercería 75 por ciento del presupuesto
disponible de las partidas de servicios generales y materiales y
suministros.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en el decreto quedaron
exentos de los recortes presupuestarios los programas de salud y de
Derechos Humanos, entre estos los dirigidos a promover la igualdad entre
los géneros. A pesar de esto, en semanas recientes se han denunciado
ajustes a partidas dirigidas a las mujeres.
Entre los montos modificados por Hacienda están los destinados a los
refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, las
Casas de las Mujeres Indígena y Afromexicana, las Alertas de Violencia
de Género y para los gastos operativos del Instituto Nacional de las
mujeres (Inmujeres).
Ante estos intentos de restar los recursos, las diputadas del Grupo
de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva manifestaron su intención
de tener una reunión con el titular de Hacienda para analizar el tema.
Organizaciones civiles se sumaron, por ejemplo, Amnistía Internacional
publicó una petición en línea para que las personas firmaran y exigieran
al Legislativo ejercer su facultad de vigilancia y llamar a comparecer
al secretario de Hacienda y Crédito Público.
La red de organizaciones Nosotras Tenemos Otros Datos también pidió
la intervención de la Cámara de Diputados para que el funcionario
rindiera cuentas sobre los recortes presupuestarios.
Finalmente la reunión se organizó, pero no fue en formato de
comparecencia, es decir, no se trató de un encuentro solicitado por el
pleno de la Cámara de Diputados, donde Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) es mayoría, por tanto no se ejerció control parlamentario sobre
las decisiones del gobierno federal.
Es de recordar que de 2019 a 2020 los recursos del Anexo 13 crecieron
60 por ciento, pero los recursos se concretaron en los programas de la
Secretaría del Bienestar. Cada año, las diputadas de la Comisión de
Igualdad de Género organizan mesas de trabajo con las Secretarías de
Estado para revisar cómo se integrará el Anexo 13 del próximo ejercicio
fiscal. Se espera que en este 2020 también se realicen estas reuniones.
"La megalópolis del mañana será más participativa"
En una entrevista con el diario francés Le Monde, la Jefa de Gobierno narró cómo enfrenta su administración los desafíos que impone el Covid-19
En una entrevista realizada para el diario Le Monde, el periodista Frédéric Saliba platicó con la Jefa de Gobierno de la CDMX, quien comentó al periódico francés cómo enfrenta su administración los desafíos que impone el Covid-19 a una ciudad con 9 millones de habitantes (22 millones, contando a los pobladores de los 59 suburbios del vecino Estado de México).
A la pregunta de Frédéric Saliba sobre cómo imagina la mandataria capitalina la megalópolis "PostCovid-19", Claudia Sheinbaum responde que la primera lección concierne a la necesidad tener un sistema de salud más robusto. "La crisis nos recordó que la salud es un derecho y no una mercancía".
De acuerdo con Sheinbaum, lo anterior está "en el espíritu de la economía moral que propone AMLO. Una economía que no deja que el mercado gobierne solo", por lo que se dijo convencida de que la megalópolis del mañana será también más participativa. "Es una convicción democrática".
En este sentido, con las redes sociales, dice, "estamos en contacto directo con los ciudadanos. Sin necesidad de los medios. Nuestra comunicación es diaria y transparente sobre la gestión de la crisis sanitaria. Pero, se trata especialmente de una relación de responsabilidad mutua entre el gobierno y los ciudadanos".
El gobierno de la CDMX, al alcance de la mano de los capitalinos, a través de las redes sociales.Foto: Cuartoscuro
Sobre la coordinación necesaria con el Edomex, la Jefa de Gobierno afirma estar en contacto diario con el gobernador Alfredo del Mazo:
Nuestra zona urbana común requiere que coordinemos nuestra capacidad hospitalaria. Esta relación permanente, que va más allá de las diferencias políticas, continuará para el manejo de otros males
Claudia Sheinbaum sobre la coordinación con Alfredo del Mazo
La jefa de Gobierno sentada junto al gobernador del Edoméx, en una conferencia mañanera del Presidente López Obrador.Foto: Cuartoscuro
Respecto a lo que "debería cambiar tras el COVID-19, Sheinbaum consideró que la movilidad es el principal factor. "Es claro. La crisis ha demostrado que podemos organizarnos para reducir el tráfico automovilístico. Vamos a crear otras ciclovías. Pero nuestra prioridad sigue siendo el transporte público.
"Las desigualdades sociales también son ambientales: las largas distancias y fuertes desniveles impiden el uso de la bicicleta en la inmensidad de la ciudad. En estos días comenzamos la construcción de un trolebús en los distritos populares del oeste de la ciudad, desatendidos. Una primicia mundial".
Usuarios del Transporte Colectivo Metro durante la contingencia sanitaria por el coronavirusFoto: Cuartoscuro
Otros aspecto relacionado a la movilidad que la administración capitalina busca impulsar, son las "calles lentas (slow streets) en contra del virus" y espacios verdes, "benéficos para el medio ambiente pero también para la salud psicológica y física de los habitantes".
Finalmente, la jefa de Gobierno señaló que la crisis de Covid-19 "nos muestra que necesitamos ir más lejos, con un desarrollo sostenible mejor adecuado a las crisis sanitarias. No volveremos a nuestra vida antes del Covid-19. Estamos entre la espada y la pared, para mal o para bien. Está en nosotros construir un futuro mejor".
En días pasados la titular de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez,
emitió un comunicado y dio varias entrevistas a medios de prensa,
advirtiendo sobre los peligros de que las medidas de austeridad frenen
las actividades esenciales de ese organismo y dejen a más de 7 mil 200
familias afectadas por la violencia y desapariciones sin apoyo y sin
asesoría legal y sicológica. Aún existe mucha incertidumbre sobre los
recortes reales que habrá en esa institución, pero el llamado de auxilio
de la comisionada ha mostrado la vulnerabilidad de ese sistema y la
prioridad que tiene el apoyo a víctimas y los programas de resarcimiento
en el presupuesto federal. Esto resulta especialmente preocupante
considerando que la violencia y la desaparición siguen afectando a
cientos de familias incluso en el marco de la pandemia.
A casi dos meses y medio de iniciada la cuarentena y la campaña de sana distancia
decretada por el gobierno federal ante la pandemia del Covid-19, la
información sobre desapariciones de personas en distintas regiones del
país y los hallazgos de fosas clandestinas no dejan de reportarse en las
redes de los familiares de personas desaparecidas.
Las organizaciones aglutinadas en el Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México, no han parado su lucha, reuniéndose a través de
medios digitales para promover el acuerdo por el que se prohíbe la
incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados
fallecidos a consecuencia del Covid-19; reuniéndose con la Comisión
Nacional de Búsqueda para discutir el proyecto de Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o saliendo con picos y palas en medio de la pandemia a recuperar cuerpos abandonados en fosas clandestinas.
Durante las primeras semanas, los grupos de familiares hicieron eco a la campaña Quédate en casa
y empezaron a organizarse para apoyar a las familias que se quedaron
sin trabajo y sustento por el cierre de negocios o los despidos masivos.
En una de estas campañas señalaban: en tiempos del Covid-19, los
familiares de personas desaparecidas te necesitan más que nunca.
Recuerda que la mayoría de nuestros tesoros eran pilares en su hogar,
hoy sin ellos, cualquier aportación es muy significativa para sus
familias, en especie o en efectivo. Las redes de solidaridad de estas grandes familias no consanguíneas se empezaron a movilizar.
Sin embargo, en Sinaloa, fue imposible Quedarse en casa cuando
el teléfono de Las Rastreadoras de El Fuerte, seguía sonando con
llamadas de auxilio, reportando desapariciones y hallazgos de cuerpos en
fosas clandestinas. Tan solo en el municipio de Ahome, esta
organización ha documentado durante la pandemia la desaparición de 25
personas, entre ellas, el médico Óscar Roberto Blanco Zavala, de 38
años, y ahijado de Mirna Medina, dirigente de Las Rastreadoras; dos
semanas antes había desaparecido el joven Alejandro Bobadiña Orduño, de
31 años, y una semana después Aldo Obed Ramírez López, los nombres son
muchos y cada uno representa una historia no contada por la prensa, una
ausencia que duele, una incertidumbre que enferma. Lo que Zoraida García
Castillo ha llamado La pandemia de los desaparecidoshttps://adondevanlosdesaparecidos.org/2020/05/21/la-otra-emergencia-que-no-para-en-tiempos-de-covid-19/
ha convertido la búsqueda en una actividad esencial que obliga a las
organizaciones de familiares a salir de sus casas y arriesgar su salud y
sus vidas para acompañar a las madres, los padres, las esposas y
hermanas desesperadas que buscan a sus desaparecidos. Cada caso
reportado a la Comisión Nacional de Víctimas ha implicado el
acompañamiento emocional de las familias, la asesoría legal para hacer
la denuncia formal, ¿Cómo guardar la cuarentena cuando las familias
necesitan urgentemente del acompañamiento? ¿Si no lo hacen ellas, quién
lo hará?
Se supone que oficialmente todas las actividades de seguridad
pública, procuración e impartición de justicia, son consideradas como
esenciales (publicado en el Diario Oficial de la Federación el
31 de marzo), sin embargo, la búsqueda de personas desaparecidas ha
dejado de ser prioritaria ante la crisis sanitaria. Mientras tanto las
fosas clandestinas continúan apareciendo: el 22 de mayo Las Rastreadoras
encontraron dos fosas en Los Mochis, un día antes habían acompañado a
las familias a recoger los cuerpos liberados por la fiscalía de dos
jóvenes desaparecidos en marzo en el ejido Ohuira. El grupo de WhatsApp
creado por Las Rastreadoras para informar a la prensa, da cuenta del
ritmo acelerado con el que estas mujeres siguen recuperando tesoros:
dos en un dren, otros más semienterrados en un ejido… tres fosas más a
las que hay que regresar. No se trata de osamentas del pasado, sino de
cuerpos recientes, de personas cuyas vidas fueron interrumpidas por una
pandemia que no respeta cuarentenas.
Los familiares de desaparecidos continúan siendo nuestra conciencia,
nos recuerdan que la crisis sanitaria ha profundizado la crisis
humanitaria en la que vivimos en México. Aún hay 38 mil cuerpos de
personas que esperan ser identificadas, regresar con sus familias y
tener una sepultura digna. Gracias a las presiones del Movimiento por
Nuestros Desaparecidos en México, desde el 20 de marzo pasado se firmó
el acuerdo para la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense,
pero su funcionamiento aún sigue pendiente. Paralelamente, miles de
familiares de víctimas de masacres de migrantes como San Fernando y
Cadereyta, y de desaparición forzada a todo lo largo y ancho de la
nación, esperan que se cumplan los compromisos de verdad, justicia y
reparación. Los recortes presupuestales a la CEAV serían una forma más
de violencia burocrática contra los familiares de las víctimas. No
podemos quedarnos indiferentes en la seguridad de nuestras casas,
tenemos la responsabilidad ética de hacer eco a las voces y luchas de
las familias.
Ciudad de México. Las Casas de las Mujeres Indígenas
(Cami) informaron hoy en conferencia de prensa, en conjunto con otras
organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), Amnistía
Internacional, y Equis Justicia para las Mujeres, que el rubro del
Programa Derechos Indígenas, del cual se desprendía su financiamiento,
fue cancelado.
De eso les informó la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez
Cordero, en una reunión de titulares de varias instancias, entre ellas
Adelfo Regino Montes, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
(INPI), con la sociedad civil el pasado viernes 22 de mayo. Las Cami han
hecho llamados urgentes
al INPI y la Segob desde inicios de abril, para que liberaran los
recursos, sin embargo, no tuvieron respuesta hasta la reunión
mencionada.
La RNR y otras organizaciones informarion que el presupuesto para las CAMI se canceló
Las Cami tienen una función importante en la prevención y atención a
la violencia de género en comunidades indígenas. Las colaboradoras se
comunican con las mujeres en su idioma, prestan espacios de contención
psicosocial, y las acompañan a los Centros de Justicia para Mujeres a la
hora que se deciden denunciar a sus agresores. Además, salen a los
pueblos para hacer talleres y promover la igualdad de género. Existe el
servicio de abogadas y psicólogas, y algunas Cami se han especializado
en servicios de salud y partería.
Sánchez Cordero habría explicado que los recursos están siendo
destinados a la emergencia del COVID-19. Actualmente, el gobierno
estaría tocando puertas por ejemplo de la Unión Europea, para buscar una
cooperación internacional para el financiamiento de las Cami. La vocera
de las Cami, Nelsy Marisela Ku Chay, dijo en entrevista con
Cimacnoticias que entendía esta situación, que era un cambio que no
estaba contemplado en este momento.
“Pero, ¿Cómo se decide qué recursos cancelar, y qué recursos usar?“,
preguntó. “Porque ésto no solamente nos afecta a las Cami, sino a todas
las mujeres a las cuales estamos atendiendo, a las cuales estamos
orientando, estamos siendo al mismo tiempo traductoras y defensoras, y
en ese sentido también se encuentran en riesgo las Cami donde estamos
atendiendo a las mujeres embarazadas.”
La vocera confirmó que una Casa de la Mujer Indígena, en Guerrero, ya
tuvo que cerrar, mientras que cuatro más que fueron construidas el año
pasado y que ya cuentan con la infraestructura, no fueron abiertas. Se
trata de otra casa en Guerrero, y tres más en Chiapas, Oaxaca y Quintana
Roo. “¿De qué sirve un espacio bonito si no se puede operar?”,
preguntó.
“El mensaje es: las mujeres indígenas pueden trabajar sin remuneración”
Bajo esas circunstancias sería entendible que las compañeras que
atienden partos, ya no pueden seguir ofreciendo sus servicios. Kú Chay
opinó además que esta cancelación de financiamiento mandaría un mensaje
de que las mujeres indígenas podrían seguir haciendo su trabajo sin
recursos, pero no es así: “Podemos hablar de muchas cosas positivas en
nuestras comunidades. Y realmente existen todavía estas herramientas de
organización y de apoyo. Pero la otra realidad es que las cosas también
han cambiado”, dijo.
“No podemos pedirle a las compañeras, ‘vamos a hacer un trabajo
gratuito’, porque estamos en la comunidad, porque lo podemos hacer,
porque funciona… yo creo que eso es lo que a veces está pasando. Nos
miran a las mujeres indigenas, nuevamente afirmando nuestros roles de
tener siempre que dar y no recibir ningún recurso económico. Obviamente
hay que evidenciar de que por más comprometidas que estamos, una Cami
requiere de presupuesto.”
La directora de la RNR, Wendy Morales Figueroa, coincidió en que el
mensaje de la cancelación de fondos a las mujeres indígenas sería fatal:
“Es el no tener prioridad, no visibilizar a las mujeres indígenas como
parte de la sociedad. Los hechos no son congruentes con el discurso del
gobierno, porque las Cami trabajan dentro de las comunidades, en
situación de indefensión”, dijo.
Ku Chay recalcó que las Casas necesitarían una respuesta ya para
poder seguir operando. Ella cree que existe un compromiso de la Segob,
de gestionar recursos internacionales. “Pero ¿Por qué precisamente las
Cami se tienen que dejar a la deriva? ¿Por qué precisamente a las
mujeres indígenas, se nos invisibiliza, nos atan las manos, nos cierran
las puertas?” Sería importante que el gobierno no solamente busque cómo
apoyar a las mujeres indígenas, sino hacer la atención a ellas parte de
una política pública, concluyó.
Ciudad de México. Las Casas de las Mujeres Indígenas
(Cami) han hecho llamados urgentes al Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a otras instancias,
para que se liberen los recursos etiquetados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2020. Hasta la fecha, no han tenido respuesta
de la entidad responsable para el manejo de los recursos, el INPI, a
pesar de la importante función que ejercen las Cami para prevenir y
atender la violencia de género.
La presidenta del Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, de
la comunidad mixe en Matías Romero, Oaxaca, e integrante de la Red
Nacional de Casas de la Mujer Indígena, Rubicelia Cayetano Pesado,
explicó el rol importante que tienen las 34 Cami al nivel nacional.
Desde que se iniciaron los primeros proyectos piloto en 2003, han hecho
mucho trabajo para “desnaturalizar“ la violencia de género antes muy
normalizada.
“Incluso hasta ahora, algunas mujeres permiten que sus hijos agredan a
sus esposas. Hoy en día, más que todo el problema es el acceso a la
justicia, ahí es donde nos saturamos.“ Las Cami son espacios que prestan
atención a las mujeres, sobre todo en el tema de la prevención y
atención a las violencias de género, pero en algunos casos también en
salud materna. En la que se ubica en San Mateo del Mar, del pueblo
Ikoots, por ejemplo, habría muchas parteras.
“Ellas atienden partos y se coordinan con los hospitales y centros de
salud, gracias a eso se ha podido reducir las muertes maternas. Las
mujeres prefieren parir en un espacio de confianza, de igualdad y de
respeto como son las mujeres indígenas atendiendo otras mujeres
indígenas, y no llegar a un hospital que es frío, el trato es
irrespetuoso, hay maltrato, y discriminación. Todo el trabajo que hacen
las parteras, es más de respeto, más acorde a la cultura.“
Un espacio de confianza para víctimas de violencia
Lo mismo aplicaría para las Cami como Nääxwiin que se concentran en
la violencia de género: “Llegan y se les escucha, se les orienta, se les
acompaña a los Centros de Justicia, cuando ya deciden denunciar. Se les
brinda traducción de lengua indígena mixe, porque la mayoría de las
mujeres indígenas mixes no hablan bien español, entonces necesitan
intérprete ante juicios orales, los juzgados, los Ministerios Públicos, o
los Centros de Justicia.”
La directora de la Red Intercultural de Refugios, y de un refugio
intercultural en Juchitán, Oaxaca, Rogelia González Luis, tiene más de
17 años de trabajar con la Casa de la Mujer Nääxwiin, en redes contra
las violencias de género en la región del Istmo, y porque la casa
canaliza mujeres que necesitan refugiarse, a su albergue. Ella destacó
la triple función de estas casas: “Son traductoras, son acompañantes,
son las que educan, las que empiezan a cambiar los roles y estereotipos
que hay en los pueblos, en su lengua mixe.”
Sería muy importante ver la situación de vulnerabilidad que viven las
mujeres indígenas, dijo: “Tienen que salir corriendo de sus casas con
sus hijos, sin calzado, sin seguridad, porque las comunidades indígenas,
no es lo mismo que se vive en una comunidad urbana. No hay acceso a
camino, no hay luz, hay pura terracería, ahora que ya empezó a llover
¡mucho menos! Entonces es una situación muy difícil, y todavía con eso,
que les quiten los presupuestos, ¡nosotros no estamos de acuerdo!”
Cayetano Pesado explicó que las Cami no han dejado de atender durante
la contingencia, donde su trabajo normal es ir a las comunidades donde
detectan mayor número de violencias, y proponen a la autoridad hacer
actividades como talleres, foros, encuentros o cine debates, para
prevenir violencias y promover los derechos de las mujeres y la igualdad
de género.
También se hace un trabajo emocional y de contención: “Hay mujeres
que lo único que quieren es ser escuchadas, desahogarse, porque cuando
acuden a la familia, la mamá le dice, ‘aguántate, es tu cruz que tienes
que cargar, aguántate, porque tú te fuiste con ese hombre, tú lo
escogiste.’ Entonces lo único que quieren es que alguien las escuche,
las comprenda y que se puedan desahogar. Y cuando ya están preparadas,
por ejemplo a través nuestros grupos de reflexión, de auto ayuda, las
acompañamos a su proceso legal.”
Para este fin, también hay una psicóloga y una abogada que acuden a
la Cami, enviadas a través de la Secretaría de la Mujer. Cayetano Pesado
contó que el manejo del recurso ha sido complicado a través de las
distintas administraciones. Igual que los Refugios de Mujeres, las Casas
tienen que participar en una convocatoria, en este caso ante el INPI, y
entregar sus proyectos nuevamente todos los años. En 2019, la
liberación de los recursos se atrasó hasta julio, lo que asociaron con
la entrada del nuevo gobierno. Este año, el INPI explicó la demora con
la pandemia.
El discurso del presidente y la no entrega de recursos son contradictorios
“Nos debieron de haber entregado resultados el 6 de abril, y nos
dijeron que se iba a retrasar hasta el 30 de abril por la contingencia”,
contó la defensora. Sin embargo, desde entonces, no ha escuchado nada
de la institución que maneja los recursos. La Red Nacional de Casas de
la Mujer Indígena escribió dos cartas al INPI, exigiendo respuestas, y
una carta a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “para
que presione al INPI, que nos diera respuesta.” Las últimas cartas se
enviaron el 24 y 30 de abril, pero ni en una ni en la otra recibieron
respuesta.
La única institución que se pronunció hasta la fecha fue el
Inmujeres, que recibió la queja en copia. “Nos dijeron que están viendo
la situación de las Cami, pero del INPI, o la Segob, no tenemos ninguna
respuesta”, lamentó. Tanto Cayetano Pesado como González Luis se
opusieron de manera rotunda al discurso que ha manejado el presidente
Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras. “Los pobres” que él quiere
poner primero en la distribución de beneficios, también incluyen a las
mujeres indígenas, insistieron.
“Las mujeres son totalmente invisibilizadas en este proyecto de la
4T”, dijo González Luis. Y Cayetano Pesado agregó: “Cuando el presidente
dice, no hay registro, que no hay violencia, que hay mucha fraternidad,
¡No es cierto! ¡Él ni siquiera lo está viviendo! Nosotras que lo
estamos viviendo de manera cercana, ¡en ésta contingencia el aumento de
la violencia fue significativo!”
Tan solo en el Centro de Justicia para Mujeres en Juchitán, hay 103
expedientes abiertos de enero para abril, relató. “Y ahora sí, esas son
mujeres que se decidieron denunciar la violencia”, ni siquiera serían
las todavía no han dado este paso. “Las Cami son espacios muy
importantes porque es el primer espacio de confianza que tienen las
mujeres para denunciar la violencia”, concluyó.
Ciudad de México. A punto de cumplirse 5 años de
haberse decretado la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11
municipios del Estado de México, incluidos Chimalhuacán y
Nezahualcóyotl, el primero ha recibido para este fin un total de 2
millones 616 mil 451 pesos, en tanto que el segundo tan solo en 2019
recibió 2 millones 249 mil 833 pesos.
Con una segunda AVG decretada, por
desapariciones en la misma entidad, los ayuntamientos decidieron gastar el
dinero de la Alerta en la compra de camionetas, camiones, impresoras, equipo de
cómputo, pinta de bardas para campañas y carteles sobre la Célula de Búsqueda
de Personas Desaparecidas, en tanto las desapariciones y asesinatos violentos
continúan.
Cimacnoticias solicitó a través de
transparencia, información a estos dos municipios para conocer cuánto han
recibido para implementar las acciones de la AVG y cómo lo han invertido. De
esto se desprende que Chimalhuacán recibió durante 2019 un millón 443 mil 874
pesos para la atención de la AVG, los cuales se gastaron en la adquisición de
una camioneta tipo Urvan. También se gastó en archiveros, equipo de cómputo y
un regulador, de acuerdo con el reporte anual de 2019 de las acciones de cada municipio
para la AVG.
Según este reporte, también se
capacitó y certificó a servidoras y servidores públicos en atención a mujeres y
víctimas de violencia; y se rotularon bardas e imprimieron adheribles y
carteles sobre las campañas de difusión de la Célula de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.
De acuerdo con los datos, 2019 fue
el año que más recursos recibió el municipio de Chimalhuacán para hacer frente
a la violencia contra las mujeres. En 2015 recibió 300 mil pesos; en 2016 y
2017 no hubo recurso; para el 2018, se asignaron 872 mil 577 pesos; y para este
2020 el gobierno federal no ha dado dinero. En total, este municipio ha tenido
estos 5 años a su disposición para erradicar la violencia de género: 2 millones
616 mil 451 pesos.
A Nezahualcóyotl, en 2019 se le
asignaron 2 millones 249 mil 833 pesos de un jalón, –casi el doble de lo que
ha recibido Chimalhuacán en estos años–
los cuales se gastaron en la compra de cuatro vehículos tipo camión; una
impresora multifuncional, una computadora, e impresión de publicidad.
Sin embargo, en esta misma solicitud
de información se observó que en 2015, cuando se declaró la AVG ante la
emergencia que desató el aumento en asesinatos de mujeres, hubo 113 y 174
muertes violentas de mujeres en Neza y Chimalhuacán, respectivamente. Para 2019
—cinco años después de la primera AVG— se registraron 230 (casi el doble) y 140 muertes violentas de mujeres,
respectivamente.
Sin resultados con la primera AVG,
la entidad declaró en 2019 para estos municipios una segunda Alerta, pero por
desaparición de mujeres. Al respecto, la FGJ dijo vía transparencia que al 7 de
febrero de 2020 había en la entidad 2 mil 803 mujeres sin localizar, pero
ninguna (según esa información) era habitante de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Lo anterior contrasta con el
testimonio de Lourdes García Arizmendi, mamá de Norma Dianey García, desaparecida
el 15 de enero de 2018 en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Lourdes,
vivir con la incertidumbre a cuestas
Lourdes García Arizmendi está por
saber si su hija Norma Dianey García, —-desaparecida el 15 de enero de 2018 en
los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en Edomex— es una de las tres
mujeres jóvenes que permanecen sin identificar en un Servicio Médico Forense
(Semefo) en Pachuca, Hidalgo.
Busca a su hija desde hace dos años
y tres meses pero es posible que, por las omisiones de la Fiscalía en
Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Norma permaneció todo este tiempo en un Semefo
sin que ninguna autoridad lo supiera. Norma también podría estar viva pero las
autoridades ya no la buscan.
El día de su desaparición, Norma
salió en la noche de su trabajo, en un Coppel. No llegó a su casa. Sus
compañeros dijeron que abordó la combi de siempre. Uno de ellos, con quien
compartió el transporte ese día, escuchó que recibió una llamada y dijo: “ya
casi llego a la base de taxis”.
La única base de taxis en ese
trayecto está en el Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán. Muy cerca de ahí hay un canal residual en el que, durante años,
se han encontrado cuerpos de mujeres. En recuerdo a ellas, madres de otras
víctimas de feminicidio levantaron ahí en 2015 tres cruces rosas; en una de
ellas ahora cuelga una lona con la foto de Norma.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Al día siguiente de la desaparición,
la familia recibió mensajes del teléfono de Norma. Pedían 6 millones de pesos
de rescate. Esa misma noche acudieron al Centro de Atención Ciudadana, de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edomex, en Nezahualcóyotl, para
denunciar el secuestro de su hija pero no hubo quién los atendiera. La denuncia
se levantó el 17 de enero de 2018. Las autoridades dijeron que Norma “se había
ido con el novio” o estaba enojada con ellos.
Dos presuntos secuestradores, padre
e hijo, fueron detenidos días después por el número de cuenta al que pidieron
el depósito. Uno de ellos, el hijo, declaró que contactó a Norma por Facebook,
le ofreció un trabajo y al reunirse con ella la subió en un coche, la violó, la
mutiló y abandonó su cuerpo por Tezoyuca, en Edomex.
Lourdes desconfió de esta versión
porque su hija (con quien tenía estrecha comunicación) no le habló del
ofrecimiento. Las autoridades llevaron al detenido al lugar en el que
presuntamente abandonó el cuerpo, pero ya ahí el hombre dijo no recordar. Los
meses siguientes se buscó el cuerpo de Norma con perros y drones, pero nunca
apareció.
Medio año después, uno de los
presuntos responsables, el hijo, murió “por enfermedad” dentro de la cárcel.
Con él, dijeron las autoridades a la mamá de Norma, también se fue la
posibilidad de saber algo más sobre su hija. Lourdes nunca vio el acta de
defunción del delincuente, por lo que hizo sus propias indagaciones y encontró
que lo asesinaron. El 20 de febrero de 2019 el otro presunto secuestrador (el
padre) salió libre por falta de pruebas y el caso se cerró sin ningún indicio
sobre el paradero de Norma.
De acuerdo con la mamá, la Fiscalía
de Nezahualcóyotl se negó a darle la sábana de llamadas para identificar el
número de la última persona que habló con Norma. Ella la consiguió por sus
medios y encontró que estaba vinculado con quien fuera el novio de su hija,
quien nunca preguntó a la familia sobre el caso y fue llamado a declarar seis
meses después de la desaparición, gracias a su insistencia.
El día de la desaparición de Norma,
él salió dos horas antes del trabajo, también en Coppel, donde fue despedido
después por fraude. Norma y él llevaban tres meses juntos y, a decir de
Lourdes, tenían una relación conflictiva. En su declaración insistió en que
Norma se fue porque estaba harta de vivir con su familia.
Lourdes aún recibe mensajes del
número de su hija en fechas importantes, como su cumpleaños, para pedirle más
dinero. Ella cree que aún podría estar viva, por eso continúa con su búsqueda
en Semefos y Fiscalías.
Pidió ayuda a la Fiscalía de
Chimalhuacán, su municipio. Le dieron mil pesos y no le dan más porque le
exigen recibos de transporte. También le negaron medidas de protección pese a
las amenazas que ha recibido y perdieron documentos del expediente de Norma.
La familia de Norma también pidió a
Coppel una indemnización, pues la empresa dio de baja a la joven por “abandono
de empleo”, pero les piden una hoja de defunción a cambio de entregarles los 4 mil
pesos que le corresponden por 8 años de trabajo.
Apenas juntó dinero, Lourdes fue al
Semefo de Pachuca. Ahí se enteró que desde el 18 de enero de 2018 encontraron
tres cuerpos de mujeres jóvenes, uno de ellos en Acolman, Edomex, que colinda
con el municipio de Tezoyuca.
Hizo las pruebas genéticas de
inmediato, pero los resultados están en un par de semanas o un mes. “Es lo que me llena de rabia. Ellos me
dijeron que se habían contactado con todos los Semefos y eso fue mentira;
mientras, tuve que aprender a ser abogada, a sacar cosas, a manejarme por mí
misma”, declaró en entrevista con Cimacnoticias.
La
periferia
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl son
colindantes entre sí y son contiguos a la Ciudad de México, por lo que miles de
mujeres de diferentes edades se desplazan por sus calles a diario durante todo
el día y la noche para ir de sus casas a sus trabajos o escuelas.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
En esos municipios la violencia
acecha a las mujeres en sus hogares y en la calle, pues en un recorrido por las
avenidas principales se observan trayectos oscuros, llenos de baldíos o
terracería, con transporte público costoso, inaccesible o irregular, y con
caminos en los que todos los días las mujeres sobreviven a chiflidos, insultos,
tocamientos y hasta intentos de raptos, según los relatos de las vecinas.
En el caso de la desaparición de
personas, existe un baile de cifras pues las dependencias reportan datos
distintos. La FGJ dijo vía transparencia que al 7 de febrero de 2020 había un
total de 2 mil 803 mujeres sin localizar, la gran mayoría (756) entre 15 y 17
años de edad, pero ninguna en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Por separado, el municipio de
Chimalhuacán respondió a esta agencia que de agosto de 2014 al 3 de marzo de
2020 tuvo 149 denuncias por desaparición de mujeres. Y en un comunicado público
del 26 de enero, el ayuntamiento aclaró que en 2019 hubo 10 mujeres
desaparecidas o no localizadas.
AVG,
sin mecanismos de seguimiento
Chimalhuacán recibió durante 2019
un millón 443 mil 874 pesos para la atención de la AVG, los cuales se gastaron
en la adquisición de una camioneta tipo Urvan. También se gastó en archiveros,
equipo de cómputo y un regulador, de acuerdo con el reporte anual de 2019 de las acciones de cada municipio
para la AVG.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Según este reporte, se capacitó y
certificó a servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia
EC0497 “Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el
género”; estándar EC0539 “Atención presencial de primer contacto a mujeres
víctimas de violencia de género”; y en “Atención al ciudadano al sector
público”.
También se gastó en la rotulación
de bardas, y la impresión de adheribles y carteles sobre las campañas de
difusión de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
A Nezahualcóyotl, en 2019 se le
asignaron 2 millones 249 mil 833 pesos con 37 centavos, –casi el doble que
Chimalhuacán– los cuales se gastaron en la adquisición de cuatro vehículos
tipo camión; una impresora multifuncional, una computadora e impresión de
publicidad.
Por su parte, en un documento
diferente entregado vía transparencia, la FGJ reportó que desde 2015 a 2020,
estos municipios sólo llevaron a cabo para el cumplimiento de la AVG
capacitaciones, pláticas y eventos, la gran mayoría sobre la implementación del
Protocolo Alba.
Se solicitó a los municipios vía
transparencia que detallaran los costos de cada una de las acciones, pero el
municipio de Chimalhuacán ha obstaculizado el acceso a la información.
De acuerdo con el municipio de
Chimalhuacán, los montos para la AVG y quién los emite han variado mucho
durante estos cinco años, pues en 2015 recibió 300 mil pesos, de parte del
gobierno del estado; en 2016 y 2017 no hubo ningún recurso; para el 2018, se le
asignó 872 mil 577 pesos, también de la
entidad; en el 2019, se le asignó un millón 443 mil 874 pesos, pero para este
año fiscal 2020 el gobierno federal no ha asignado recursos.
María de la Luz Estrada,
coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
(organización impulsor de la AVG), explicó en entrevista que desde el inicio,
la AVG fue un mecanismo venido a menos, pues la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no admitió los
indicadores de cumplimiento que plantearon las organizaciones sociales y hubo
resistencia para adoptar algunas acciones.
La Conavim también complejizó el
funcionamiento de la AVG y actualmente no asume la coordinación de una
estrategia federal que involucre a los gobiernos estatales y a los municipios
para dar seguimiento, de acuerdo con Luz Estrada.
Por su parte, el gobernador de la
entidad, Alfredo Del Mazo, buscó establecer nuevas medidas para las AVG pero
sin tomar en cuenta o evaluar las que se hicieron antes, pues ignoró un
dictamen que el Observatorio elaboró en 2018 sobre el funcionamiento de este
mecanismo.
“La AVG no ha logrado impactar
porque no ha habido ahorita ni anteriormente una política por parte de los
gobiernos federales de realmente estar trabajando para con los gobiernos
locales y obligar así a la coordinación estatal y municipal (…) al final están
trabajando sin metas, sin indicadores y eso te orilla al fracaso porque acaban
los gobiernos haciendo lo que se les ocurre y como no se les evalúa y nadie les
corrige si están frente a impunidad, corrupción, pues al final tienes una
simulación”, expresó la defensora.
Las mujeres se levantan
El 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, un grupo de madres y hermanas de mujeres asesinadas y desaparecidas
en el Valle de México organizaron una manifestación histórica en
Nezahualcóyotl, hacia Palacio Municipal, a un costado de la Fiscalía del
municipio.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Esta marcha fue convocada, entre
otras, por la Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, integrada por
habitantes del Edomex desde 2017, tras la violación y el asesinato de Valeria,
una niña de 11 años atacada en una combi de Nezahualcóyotl.
Esta Asamblea se encarga de
asesorar y acompañar a familiar de mujeres desaparecidas, violencia familiar, o
feminicidio. También trabajan con la comunidad a través de talleres, foros y
otras acciones públicas para visibilizar la violencia contra las mujeres,
señaló en entrevista Yelitza Pareja Ruíz, integrante de la Asamblea.
Con base en información de esta
colectiva, la desaparición es una de las principales problemáticas que
enfrentan estos municipios pues cada semana se les pide ayuda para la difusión
de un caso nuevo de desaparición. Por este delito, en 2019 se declaró la segunda
AVG para la entidad mexiquense.
Pareja Ruiz observó que las
acciones para atender la violencia contra las mujeres son muy distintas en cada
municipio, pues mientras en Chimalhuacán existe una Unidad Especializada para
la Atención de Víctimas de Violencia; en Nezahualcóyotl no existe algo así, y
el Instituto Municipal de las Mujeres imparte talleres para la decoración de
uñas, por ejemplo.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
De acuerdo con el análisis de la
Asamblea, las prioridades para las familias son la búsqueda inmediata, la investigación
policial, el apoyo psicoemocional y económico para las familias, la asignación
de un agente de investigación, y sensibilización a la comunidad.
Pero en ausencia de esta atención,
señaló la también defensora, las familias difunden las fichas de sus hijas,
piden ayuda, preguntan qué hacer, organizan brigadeo, buscan medios de
comunicación, hacen movilizaciones, organizan rifas para sacar dinero y viajan
a otras entidades para buscar.
De acuerdo con Pareja Ruiz, hasta
ahora, lo que realmente está ofreciendo soluciones a las familias es la
conformación de redes comunitarias.
Un ejemplo es Lourdes, la mamá de
Norma, quien ahora forma parte de la “Asamblea Nos Queremos Vivas”, la cual
conoció gracias a la madre de una víctima de feminicidio: Lidia Florencio, mamá
de Diana Velázquez, cuyo cuerpo fue localizado (varios días después de haber
reportado su desaparición) muy cerca de su casa en Chimalhuacán, pero sin que
ahora se haya atrapado a los culpables. El 19 de marzo, Lidia y otras
defensoras instalaron un memorial con la foto de Diana afuera de la Fiscalía de
Chimalhuacán.
Lourdes y Lidia participan juntas
en manifestaciones en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y la CDMX. Ambas Integran
otra colectiva llamada Red de Mujeres del Oriente, conformada por otras 10
mujeres, entre quienes se han integrado nuevas familiares de víctimas.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Al cierre de la marcha del 8 de
marzo, las familias de víctimas de feminicidio y desaparición improvisaron un
mitin afuera de la Fiscalía. Encontraron a las autoridades afuera, resguardando
las instalaciones de justicia. Entre ellas estaba “María Esther Orozco Gómez ”,
fiscal regional, quien escuchó nerviosa las demandas.
Las familias de víctimas de
desaparición denunciaron en la cara de las autoridades las omisiones que en
días pasados vivieron en es Fiscalía; por ejemplo, las hermanas de Dulce
Gabriela Flórez Suárez, habitante de Nezahualcóyotl desaparecida el 12 de
febrero de 2020, dijeron públicamente que ahí se burlaron de ellas por no haber
podido presentar inmediatamente la denuncia, sólo les dieron la carátula del
expediente, las intimidan por hacer ellas sus propias pesquisas y les niegan
información.
La tía de Yadira Galván Peralta
también denunció ante el micrófono que días atrás, cuando fueron a reportar la
desaparición de la joven junto con su bebé, le dijeron que “debía esperar 72
horas”. Las autoridades no hicieron más que decir: estamos rebasados.
Lourdes narró a Cimacnoticias estos hechos el pasado 18 de marzo de
2020. Su hija aún no aparece. Tampoco hay datos sobre Dulce Flores; y
los asesinos de Diana Velázquez continúan impunes.
Ya está aprobado el presupuesto del gobierno para 2020. Y ahí aparece, otra vez y lastimosamente, una visión completamente extraviada para garantizar un futuro deseable para el país. Siento decirlo de manera tan parca, pero es así. El modelo de desarrollo es el equivocado, porque López Obrador ha demostrado no ser diferente a sus predecesores en un punto crítico. El Presidente de México piensa que lo del cambio climático es de guasa. Y sus diputados, como aquellos borregos que supuestamente ya no existen, no hacen sino balar su acuerdo. Y el que bala, otorga.
Así, la Secretaría de Energía recibió un aumento presupuestal de casi 73 por ciento, dividido principalmente entre Pemex y la CFE. Refinerías, termoeléctricas, quema de carbón, gasóleo azufroso... todo eso. Y en el mismo presupuesto 2020 se vuelve a reducir el recurso otorgado a la Semarnat en otro 4 por ciento. Todo para Pemex, para los hidrocarburos.
Mientras, la urgencia mundial de corregir el rumbo en cuanto a emisiones de gases de invernadero ha pasado de alerta amarilla a roja. Ayer, el Programa Ambiental de la ONU presentó un nuevo reporte ya de plano sonando la alarma. Estados Unidos y China, los dos mayores productores de gases de invernadero, no han reducido sus emisiones. Y los 20 países más ricos del mundo siguen produciendo tres cuartas partes de las emisiones globales. México es el decimoquinto país más rico, de modo que tiene su responsabilidad en ese desastre. Y tiene, además, un papel insoslayable en los problemas ambientales propios.
El presupuesto aprobado no hace acuse de recibo de estas noticias. El Presidente vive, en vez, como Narciso: fascinado con la imagen de sí mismo en el espejo de la historia patria. Quiere devolver al país a otros tiempos, y para eso se niega a ver al mundo. Y el mundo ya no es el que recibió a Lázaro Cárdenas, a Francisco Madero, o a Benito Juárez. Vivimos en otra época. En otro momento. Y la historia patria no sirve para entenderlo.
El New York Times publicó ayer un reportaje sobre la crisis del agua en India, y en lugar de verse en el espejo de la Revolución Mexicana, México haría bien en mirarse ante el espejo de India, porque lo que ahí sucede es bastante más relevante para nosotros.
En la historia de India, el monzón ha sido el fenómeno rector del clima. Sus aires cálidos acarician los textos sagrados del hinduísmo. El monzón son unas corrientes que traen un tiempo de lluvias intensas, y otro, también pronunciado, de secas. El monzón produce algo paralelo al clima del centro y sur de México, con su tradicional división en dos estaciones, de lluvias y de secas.
Bien. Pues resulta que con el cambio climático, el monzón ha dejado de existir, o al menos no se da ya de manera nítida, y por eso en algunas zonas de India está lloviendo muy por demás, mientras otras zonas se están desertificando. Los hielos del Himalaya, por su parte, se han comenzado a derretir. Algo parecido, también, a lo que está sucediendo con las nieves de nuestros volcanes.
El desbaratamiento del monzón está sucediendo en el país más poblado del mundo, de mil 300 millones de habitantes, y que, al igual que México, no ha tenido previsión en el tema ambiental. Así, en India como en México, se han hecho de la vista gorda ante la tala cruenta de los bosques, que son indispensables para la captación de agua de lluvia y para la alimentación de los acuíferos. En India, como en México, se ha permitido un desarrollo urbano anárquico y destructivo. Y en India, como en México, se subsidia la producción agrícola sin monitorear los efectos que puedan tener esos subsidios en el cuidado de los bosques y del agua.
Así, los programas para el campo del actual gobierno suelen quedar en manos de la Secretaría de Bienestar, y no en las de la Semarnat (ni en las de Conafor). ¿Conocemos acaso los efectos ambientales de programas como Sembrando Vida? ¿Conocemos los efectos ambientales del subsidio a la producción maicera? Pareciera, más bien, que estamos imitando paso a paso el desastre ambiental de India, y que puede resumirse en una frase: la falta de rectoría de la cuestión ambiental en todos y cada uno de los planes de desarrollo.
Hay que corregir el rumbo. Urge corregirlo. México es un país que ya está deforestado y cuyos ríos están escandalosamente contaminados. Es un país cuyas ciudades y poblados crecen en desorden. Es, finalmente, un país que le apuesta todo al petróleo. Un país que no quiere aceptar su parte en la degradación ambiental. Un país que, como India, comienza a enfrentar grandes desplazamientos de personas, grandes migraciones que pronto van a parecer incontrolables. Basta voltear a Comitán o a Matamoros para intuirlo.
Y ante toda esta realidad, el gobierno invierte el presupuesto de la nación en Pemex.
La dependencia deberá presentar en febrero las reglas de operación de todos los programas
Para 2020, la Secretaría de Bienestar contará con 181 mil
457 millones de pesos, 33 mil millones de pesos más que este año. El
programa con más recursos será la Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores, que contará con 129 mil millones de pesos, 18
mil millones más de los que dispuso este año y cuya meta de atención es
de 8.8 millones de personas.
El programa Sembrando Vida contará con 28 mil millones de pesos, más
del doble de los 13 mil 472 millones de pesos que ejerció en este año.
Esto es, porque se prevé ampliarlo a más entidades. Durante este año se
puso en marcha en Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
El programa de Apoyo para el Bienestar de Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras, tendrá 2 mil 146 millones de pesos, cantidad ligeramente
superior a la de 2019, que fue de 2 mil 41 millones. El año próximo se
destinarán 14 mil millones de pesos para la Pensión de Personas con
Discapacidad Permanente, el cual este año contó con 9 mil 173 millones
de pesos. La dependencia deberá presentar las reglas de operación de
todos estos programas a más tardar en febrero.
Quedaron fuera de esa secretaría las becas para niños y adolescentes
en pobreza extrema que antes eran atendidos por Prospera, programa de
transferencias condicionadas que después de una vigencia de casi 20 años
fue cancelado por la actual administración.
El Presupuesto de Egresos para 2020 contempla mayor gasto
para las empresas del sector energético, tanto para Petróleos Mexicanos
(Pemex) como para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado
el viernes pasado, Pemex contempla un gasto de 523 mil 425 millones de
pesos, lo que significa un aumento de 12 por ciento o 58 mil 823
millones más a lo autorizado el año pasado.
En el caso de la CFE, recibió 456 mil 437 millones de pesos, incremento de 4.99 por ciento respecto de lo aprobado en 2019.
Además, para el ejercicio fiscal de 2020 el Congreso de la Unión
autorizó a la petrolera un déficit de 62 mil 623 millones de pesos,
menor a los 65 mil 445 millones de 2019, y de nada a la CFE.
Dio el visto bueno para que Pemex cuente con un techo de gastos de
servicios personales de 93 mil 746 millones de pesos. El de la empresa
de electricidad asciende a 60 mil 406 millones.
En cuanto al gasto no programable, es decir, el monto que utiliza la
administración para el cumplimiento de obligaciones fiscales, contempla
para la petrolera 113 mil 733 millones de pesos y para la CFE 31 mil 961
millones.
La carga impositiva de Pemex se reduce de 65 por ciento este año a 58 por ciento, baja de siete puntos porcentuales.
Reflejo de prudencia fiscal
Para Grupo Financiero Banorte, el Presupuesto de Egresos
demuestra que el gobierno mantiene responsabilidad fiscal y sigue
enfocado en sus planes sociales.
Esta situación se ve plasmada con claridad en el incremento de los recursos presupuestados para la Secretaría del Bienestar, precisa el banco en un análisis económico.
Una consideración positiva, dice, es que los legisladores modificaran
propuestas para incrementar la eficiencia de la recaudación, hecho que
puede resultar en ajustes menos onerosos.
No obstante, apunta, el ajuste al alza para los ingresos que estima
la administración, junto con un estimado de crecimiento de 2 por ciento,
que es menor a lo esperado por diversos especialistas, mantienen los
riesgos para los ingresos tributarios.
El INE sufrirá el próximo año el mayor recorte al gasto de su historia
Estigmatizados por la Presidencia de la República como reductos de la burocracia dorada,
con elevadas percepciones y sin esquemas de austeridad, algunos
organismos autónomos enfrentarán 2020 con las condiciones más difíciles
que hayan tenido. Desde que se transformó en Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales
(Inai) en 2015, el próximo año será el que menos presupuesto reciba en
su corta historia.
Atrás quedaron los años de crecimiento consistente en sus partidas
anuales que le destinó el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las
reformas constitucionales y legales lo dotaron de autonomía y le
incrementaron de manera sustancial sus recursos en comparación con su
época como instituto federal.
En la pasada administración, con el argumento de las nuevas
facultades que asumiría en su transición por las reformas en materia de
transparencia y posteriormente de protección de datos personales, ese
organismo pasó de ejercer 518.9 millones de pesos en 2013 a mil 98
millones de pesos en el 2018, casi el doble de recursos, lo que
favoreció un aumento sustancial en su plantilla de personal.
Arropado desde la Presidencia en ese periodo, hoy el Inai está convertido en el estereotipo de la ineficacia institucional: con percepciones superiores a los 250 mil pesos, nunca vieron nada de corrupción,
se le ha cuestionado desde Palacio Nacional, imputándoles además
obstaculizar la apertura informativa de las condonaciones fiscales a
grandes contribuyentes.
Entre 2018 y 2019, el Inai redujo su presupuesto de mil 98 millones
de pesos a 900 millones, y para 2020 aún más, para ubicarse en 877
millones de pesos, por abajo, incluso, de su primer año como tal, cuando
gastó 893 millones.
IFT recibirá 10 por ciento menos de lo solicitado
Aunque sin los señalamientos que se han imputado al Inai,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha resentido también
los ajustes presupuestales en este sexenio. Creado en junio de 2013, en
su primer año de operaciones (2014), al IFT se le asignaron 2 mil
millones de pesos de presupuesto, partida que se mantuvo estable
–incluso sin los ajustes inflacionarios–, hasta 2018 con mil 998
millones.
Con la nueva administración, el presupuesto del organismo se redujo
25 por ciento para el actual ejercicio fiscal, cuando se le asignaron
mil 500 millones de pesos. Aunque formalmente se le disminuyó 10 por
ciento respecto de su propuesta presupuestal para 2020 –solicitaron mil
730 millones de pesos–, en realidad en 2020 tendrán un incremento
marginal, incluso por debajo de la inflación, de 2.7 por ciento, pues
erogarán mil 541 millones de pesos.
Aunque proporcionalemente no es el más afectado, con el actual
gobierno el Instituto Nacional Electoral ha resentido la reducción
acumulada de 2 mil 21 millones de pesos para los ejercicios
presupuestales 2019 y 2020, con respecto a sus propuestas de
prerrogativas que ha enviado. Para 2019 el INE argumentó como inviable
el recorte por las seis elecciones locales que organizó, amagando
incluso con la posibilidad de no enterar los impuestos, lo cual no
sucedió.
En 2020, inicia formalmente el proceso electoral para los comicios
intermedios de 2021, a pesar de lo cual se aprobó el recorte
presupuestal más grande de su historia. En contrapartida, el INE se ha
negado a que los ajustes impacten sus salarios o prestaciones que ya
desaparecieron en el gobierno federal, como los gastos médicos mayores o
el fondo de retiro individualizado que gozan solamente una elite de
funcionarios del organismos.
Con un incremento de 4 mil 559.6 millones de pesos, el
presupuesto destinado al rubro de salud para 2020 fortalece, entre otras
partidas, la de atención a la salud; acceso a medicamentos gratuitos
para las personas sin seguridad social; formación y capacitación de
recursos humanos para la salud, Seguro Popular y fortalecimiento a los
servicios estatales de salud.
Con recursos por 128 mil 826.4 millones de pesos, etiquetados en el
Ramo 12, de los cuales 237.1 millones corresponden a una reasignación de
fondos, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 tiene un
incremento de 3.6 por ciento para la Secretaría de Salud, organismos
administrativos desconcentrados e institutos y hospitales de alta
especialidad, pues en 2019 se etiquetaron fondos públicos por 124 mil
266.8 millones de pesos.
Otros organismos del sector también tuvieron un aumento presupuestal.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó de una inversión
por 746 mil 738.8 millones de pesos en 2019 a 825 mil 62 millones
autorizados por la Cámara de Diputados para 2020.
El IMSS aumentará sus recursos para fondos de atención a la salud al
pasar de 217 mil 572.9 millones autorizados este año a 237 mil 562.4
millones previstos para 2020. También se elevaron los recursos para
mantenimiento de infraestructura, pues pasaron de 256.9 a 917.2 millones
de pesos, mientras el programa de adquisiciones aumentará de 6 mil 681 a
9 mil 322.5 millones.
En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste), los recursos aumentaron de 323 mil
322.1 de pesos aprobados en 2019 a 349 mil 442 millones autorizados para
el año próximo. Los rubros más beneficiados son prestación de servicios
de salud, al pasar de 58 mil 962.7 millones de pesos a 63 mil 186.4
millones, mientras prevención y control de enfermedades aumentará su
financiamiento de 4 mil 943.7 a 5 mil 295.9 millones.
La atención a la salud tendrá fondos por 26 mil 55 millones de pesos,
mientras este año se invirtieron 24 mil 909 millones, es decir, hay un
aumentó de mil 146 millones de pesos en la inversión que el Issste
destinará a este rubro.
En cuanto a los recursos adicionales aprobados para el Ramo 12, 120
millones se canalizarán a salud materna, sexual y reproductiva; otros 50
millones de pesos para atención a la salud, los cuales se destinarán a
programas de detección y atención de cáncer infantil, de próstata y de
mama. Además, se autorizaron 34.9 millones de pesos extraordinarios para
la prevención y atención del VIH/sida y otras enfermedades de
trasmisión sexual; y 32.2 millones de ampliación presupuestal para
prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes.
▲ Agrupaciones campesinas hablaron el viernes a medios de información
luego de que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
El Movimiento Campesino, Indígena, Afromexicano Plan de
Ayala Siglo XXI (MciapasXXI) expresó su respaldo al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2020 y celebró la estrategia de crédito a
través de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro), los seguros
agropecuarios y las coberturas de precios.
Expresó su beneplácito porque no se haya cedido ante las presiones de algunas agrupaciones, pues es real que los recursos no llegaban completos cuando pasaban por ellas.
José Jacobo Femat, líder de la Central de Organizaciones Campesinas y
Populares (Cocyp), una de las organizaciones que conforman el
movimiento, indicó que todo el mundo sabe, y los líderes de todas las
organizaciones lo saben que una movilización te permitía negociar
techos financieros con las instituciones, y aquellas agrupaciones afines
al gobierno eran las más beneficiadas con los presupuestos.
Añadió que los dirigentes se quedaban con buena parte de los dineros, desde 20 a 80 por ciento. Por eso ni siquiera se hacían los proyectos, por eso no hay plantas productivas en el campo, entre otras cosas.
Según el MciapasXXI, con el PEF 2020, el impacto es directo a la economía de 80 por ciento de los pequeños y medianos productores rurales.
Además, el que no haya reglas de operación es fundamental, porque
las reglas de operación son un principio de exclusión: cuando no cubres
los requisitos eres anulado.
El movimiento precisó que el gobierno de la Cuarta Transformación se
ha volcado decididamente a desterrar al modelo neoliberal, cuyas
acciones, colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio
de las grandes corporaciones agroalimentarias. Por eso hoy importamos
la mitad de lo que comemos y en el campo hay pobreza, malnutrición,
deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.
Aseveró que las movilizaciones campesinas y las críticas de sectores privados (privilegiados neoliberales), se debieron a los cambios programáticos y por la disminución del presupuesto para el campo.
Esas voces críticas son básicamente de los que durante el periodo
neoliberal se vieron favorecidos por el presupuesto y por las políticas
anticampesinas.
El MciapasXXI está compuesto por la Central Campesina Cardenista, la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez Cioac-Jdld, la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del
Campo y la Cocyp, ente otras.
Sólo cuatro áreas de la Secretaría de Gobernación (SG)
tendrán incremento presupuestal efectivo para el año entrante. En total,
el aumento será de 87.4 millones de pesos, respecto de una bolsa
general a ejercer de 5 mil 891 millones de pesos.
Según un análisis de la dependencia, entre las comisiones,
direcciones y unidades a considerar favorablemente se encuentra la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Si bien el incremento sería casi del doble de lo que tiene
actualmente (25 millones en 2019), sumar 20 millones para el año próximo
resulta limitado si se considera el crecimiento exponencial de las
solicitudes de refugio desde 2013 a la fecha.
De enero a octubre del año en curso, esta comisión registró la
solicitud de refugio de 62 mil 299 personas, casos que se hallaban
consignados en 35 mil 777 expedientes, cuando hace un lustro no se
rebasaba los 2 mil.
Aunque la ley en la materia da 45 días para que la Comar responda si
otorga o no el refugio a migrantes, hay un rezago de 13 mil 112 carpetas
y 29 mil 941 en trámite.
Este año, ante la insuficiencia de presupuesto, la Comar recibió el
apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Otra área a la que se le incrementará el presupuesto es a Prevención de la Violencia contra las Mujeres, con 32 millones más.
Igualmente es un avance, aunque el panorama en el país y las
estadísticas oficiales muestran un nivel muy alto de agresiones contra
las mujeres, desde lesiones hasta homicidios dolosos y feminicidios.
De este último apartado, considerado la forma de violencia más
extrema, de enero a octubre del año en curso ya sumaron 833 víctimas.
A ello se agrega que 19 entidades tienen declarada la alerta de violencia de género.
Otro rubro beneficiado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2020 es la protección a personas en el marco de derechos humanos, con un
ligero aumento de 20 millones, mientras el sistema que atiende a la
niñez obtuvo un magro avance presupuestal de apenas 15 millones.
En términos generales, la SG tendrá para el año entrante una bolsa de
5 mil 891 millones de pesos, cifra similar a lo que gastó, de manera
efectiva, durante el año que concluye.
Hasta 2018, Gobernación era una supersecretaría, porque además de los
asuntos de gobernabilidad tenía todo lo relativo a seguridad pública,
seguridad nacional y protección civil, áreas que pasaron a la naciente
Secretaría de Seguridad, encabezada por Alfonso Durazo.
Aunque operativamente Seguridad ya trabajó por separado este año, en
el Presupuesto de Egresos esa chequera multimillonaria de más de 62 mil
971 millones de pesos la tenía oficialmente Gobernación.
Es por ello que al concretarse operativa y administrativamente los
cambios, la SG ahora tendrá una disminución de 90.6 por ciento del
presupuesto, considerando lo que gastó de manera efectiva en el último
año de la administración anterior, de Enrique Peña Nieto.
En este contexto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración –encabezada por Alejandro Encinas– tendrá una merma de 4.4 por
ciento en términos reales, al pasar de 814 a 778 millones.
En tanto, la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos tiene una baja de 50 por cierto, al pasar de
280 a 138 millones de pesos.