Ciudad de México. A punto de cumplirse 5 años de
haberse decretado la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11
municipios del Estado de México, incluidos Chimalhuacán y
Nezahualcóyotl, el primero ha recibido para este fin un total de 2
millones 616 mil 451 pesos, en tanto que el segundo tan solo en 2019
recibió 2 millones 249 mil 833 pesos.
Con una segunda AVG decretada, por
desapariciones en la misma entidad, los ayuntamientos decidieron gastar el
dinero de la Alerta en la compra de camionetas, camiones, impresoras, equipo de
cómputo, pinta de bardas para campañas y carteles sobre la Célula de Búsqueda
de Personas Desaparecidas, en tanto las desapariciones y asesinatos violentos
continúan.
Cimacnoticias solicitó a través de
transparencia, información a estos dos municipios para conocer cuánto han
recibido para implementar las acciones de la AVG y cómo lo han invertido. De
esto se desprende que Chimalhuacán recibió durante 2019 un millón 443 mil 874
pesos para la atención de la AVG, los cuales se gastaron en la adquisición de
una camioneta tipo Urvan. También se gastó en archiveros, equipo de cómputo y
un regulador, de acuerdo con el reporte anual de 2019 de las acciones de cada municipio
para la AVG.
Según este reporte, también se
capacitó y certificó a servidoras y servidores públicos en atención a mujeres y
víctimas de violencia; y se rotularon bardas e imprimieron adheribles y
carteles sobre las campañas de difusión de la Célula de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.
De acuerdo con los datos, 2019 fue
el año que más recursos recibió el municipio de Chimalhuacán para hacer frente
a la violencia contra las mujeres. En 2015 recibió 300 mil pesos; en 2016 y
2017 no hubo recurso; para el 2018, se asignaron 872 mil 577 pesos; y para este
2020 el gobierno federal no ha dado dinero. En total, este municipio ha tenido
estos 5 años a su disposición para erradicar la violencia de género: 2 millones
616 mil 451 pesos.
A Nezahualcóyotl, en 2019 se le
asignaron 2 millones 249 mil 833 pesos de un jalón, –casi el doble de lo que
ha recibido Chimalhuacán en estos años–
los cuales se gastaron en la compra de cuatro vehículos tipo camión; una
impresora multifuncional, una computadora, e impresión de publicidad.
Sin embargo, en esta misma solicitud
de información se observó que en 2015, cuando se declaró la AVG ante la
emergencia que desató el aumento en asesinatos de mujeres, hubo 113 y 174
muertes violentas de mujeres en Neza y Chimalhuacán, respectivamente. Para 2019
—cinco años después de la primera AVG— se registraron 230 (casi el doble) y 140 muertes violentas de mujeres,
respectivamente.
Sin resultados con la primera AVG,
la entidad declaró en 2019 para estos municipios una segunda Alerta, pero por
desaparición de mujeres. Al respecto, la FGJ dijo vía transparencia que al 7 de
febrero de 2020 había en la entidad 2 mil 803 mujeres sin localizar, pero
ninguna (según esa información) era habitante de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Lo anterior contrasta con el
testimonio de Lourdes García Arizmendi, mamá de Norma Dianey García, desaparecida
el 15 de enero de 2018 en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Lourdes, vivir con la incertidumbre a cuestas
Lourdes García Arizmendi está por
saber si su hija Norma Dianey García, —-desaparecida el 15 de enero de 2018 en
los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en Edomex— es una de las tres
mujeres jóvenes que permanecen sin identificar en un Servicio Médico Forense
(Semefo) en Pachuca, Hidalgo.
Busca a su hija desde hace dos años
y tres meses pero es posible que, por las omisiones de la Fiscalía en
Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Norma permaneció todo este tiempo en un Semefo
sin que ninguna autoridad lo supiera. Norma también podría estar viva pero las
autoridades ya no la buscan.
El día de su desaparición, Norma
salió en la noche de su trabajo, en un Coppel. No llegó a su casa. Sus
compañeros dijeron que abordó la combi de siempre. Uno de ellos, con quien
compartió el transporte ese día, escuchó que recibió una llamada y dijo: “ya
casi llego a la base de taxis”.
La única base de taxis en ese
trayecto está en el Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán. Muy cerca de ahí hay un canal residual en el que, durante años,
se han encontrado cuerpos de mujeres. En recuerdo a ellas, madres de otras
víctimas de feminicidio levantaron ahí en 2015 tres cruces rosas; en una de
ellas ahora cuelga una lona con la foto de Norma.
Al día siguiente de la desaparición,
la familia recibió mensajes del teléfono de Norma. Pedían 6 millones de pesos
de rescate. Esa misma noche acudieron al Centro de Atención Ciudadana, de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edomex, en Nezahualcóyotl, para
denunciar el secuestro de su hija pero no hubo quién los atendiera. La denuncia
se levantó el 17 de enero de 2018. Las autoridades dijeron que Norma “se había
ido con el novio” o estaba enojada con ellos.
Dos presuntos secuestradores, padre
e hijo, fueron detenidos días después por el número de cuenta al que pidieron
el depósito. Uno de ellos, el hijo, declaró que contactó a Norma por Facebook,
le ofreció un trabajo y al reunirse con ella la subió en un coche, la violó, la
mutiló y abandonó su cuerpo por Tezoyuca, en Edomex.
Lourdes desconfió de esta versión
porque su hija (con quien tenía estrecha comunicación) no le habló del
ofrecimiento. Las autoridades llevaron al detenido al lugar en el que
presuntamente abandonó el cuerpo, pero ya ahí el hombre dijo no recordar. Los
meses siguientes se buscó el cuerpo de Norma con perros y drones, pero nunca
apareció.
Medio año después, uno de los
presuntos responsables, el hijo, murió “por enfermedad” dentro de la cárcel.
Con él, dijeron las autoridades a la mamá de Norma, también se fue la
posibilidad de saber algo más sobre su hija. Lourdes nunca vio el acta de
defunción del delincuente, por lo que hizo sus propias indagaciones y encontró
que lo asesinaron. El 20 de febrero de 2019 el otro presunto secuestrador (el
padre) salió libre por falta de pruebas y el caso se cerró sin ningún indicio
sobre el paradero de Norma.
De acuerdo con la mamá, la Fiscalía
de Nezahualcóyotl se negó a darle la sábana de llamadas para identificar el
número de la última persona que habló con Norma. Ella la consiguió por sus
medios y encontró que estaba vinculado con quien fuera el novio de su hija,
quien nunca preguntó a la familia sobre el caso y fue llamado a declarar seis
meses después de la desaparición, gracias a su insistencia.
El día de la desaparición de Norma,
él salió dos horas antes del trabajo, también en Coppel, donde fue despedido
después por fraude. Norma y él llevaban tres meses juntos y, a decir de
Lourdes, tenían una relación conflictiva. En su declaración insistió en que
Norma se fue porque estaba harta de vivir con su familia.
Lourdes aún recibe mensajes del
número de su hija en fechas importantes, como su cumpleaños, para pedirle más
dinero. Ella cree que aún podría estar viva, por eso continúa con su búsqueda
en Semefos y Fiscalías.
Pidió ayuda a la Fiscalía de
Chimalhuacán, su municipio. Le dieron mil pesos y no le dan más porque le
exigen recibos de transporte. También le negaron medidas de protección pese a
las amenazas que ha recibido y perdieron documentos del expediente de Norma.
La familia de Norma también pidió a
Coppel una indemnización, pues la empresa dio de baja a la joven por “abandono
de empleo”, pero les piden una hoja de defunción a cambio de entregarles los 4 mil
pesos que le corresponden por 8 años de trabajo.
Apenas juntó dinero, Lourdes fue al
Semefo de Pachuca. Ahí se enteró que desde el 18 de enero de 2018 encontraron
tres cuerpos de mujeres jóvenes, uno de ellos en Acolman, Edomex, que colinda
con el municipio de Tezoyuca.
Hizo las pruebas genéticas de
inmediato, pero los resultados están en un par de semanas o un mes. “Es lo que me llena de rabia. Ellos me
dijeron que se habían contactado con todos los Semefos y eso fue mentira;
mientras, tuve que aprender a ser abogada, a sacar cosas, a manejarme por mí
misma”, declaró en entrevista con Cimacnoticias.
La periferia
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl son
colindantes entre sí y son contiguos a la Ciudad de México, por lo que miles de
mujeres de diferentes edades se desplazan por sus calles a diario durante todo
el día y la noche para ir de sus casas a sus trabajos o escuelas.
En esos municipios la violencia
acecha a las mujeres en sus hogares y en la calle, pues en un recorrido por las
avenidas principales se observan trayectos oscuros, llenos de baldíos o
terracería, con transporte público costoso, inaccesible o irregular, y con
caminos en los que todos los días las mujeres sobreviven a chiflidos, insultos,
tocamientos y hasta intentos de raptos, según los relatos de las vecinas.
En el caso de la desaparición de
personas, existe un baile de cifras pues las dependencias reportan datos
distintos. La FGJ dijo vía transparencia que al 7 de febrero de 2020 había un
total de 2 mil 803 mujeres sin localizar, la gran mayoría (756) entre 15 y 17
años de edad, pero ninguna en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Por separado, el municipio de
Chimalhuacán respondió a esta agencia que de agosto de 2014 al 3 de marzo de
2020 tuvo 149 denuncias por desaparición de mujeres. Y en un comunicado público
del 26 de enero, el ayuntamiento aclaró que en 2019 hubo 10 mujeres
desaparecidas o no localizadas.
AVG, sin mecanismos de seguimiento
Chimalhuacán recibió durante 2019
un millón 443 mil 874 pesos para la atención de la AVG, los cuales se gastaron
en la adquisición de una camioneta tipo Urvan. También se gastó en archiveros,
equipo de cómputo y un regulador, de acuerdo con el reporte anual de 2019 de las acciones de cada municipio
para la AVG.
Según este reporte, se capacitó y
certificó a servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia
EC0497 “Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el
género”; estándar EC0539 “Atención presencial de primer contacto a mujeres
víctimas de violencia de género”; y en “Atención al ciudadano al sector
público”.
También se gastó en la rotulación
de bardas, y la impresión de adheribles y carteles sobre las campañas de
difusión de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
A Nezahualcóyotl, en 2019 se le
asignaron 2 millones 249 mil 833 pesos con 37 centavos, –casi el doble que
Chimalhuacán– los cuales se gastaron en la adquisición de cuatro vehículos
tipo camión; una impresora multifuncional, una computadora e impresión de
publicidad.
Por su parte, en un documento
diferente entregado vía transparencia, la FGJ reportó que desde 2015 a 2020,
estos municipios sólo llevaron a cabo para el cumplimiento de la AVG
capacitaciones, pláticas y eventos, la gran mayoría sobre la implementación del
Protocolo Alba.
Se solicitó a los municipios vía
transparencia que detallaran los costos de cada una de las acciones, pero el
municipio de Chimalhuacán ha obstaculizado el acceso a la información.
De acuerdo con el municipio de
Chimalhuacán, los montos para la AVG y quién los emite han variado mucho
durante estos cinco años, pues en 2015 recibió 300 mil pesos, de parte del
gobierno del estado; en 2016 y 2017 no hubo ningún recurso; para el 2018, se le
asignó 872 mil 577 pesos, también de la
entidad; en el 2019, se le asignó un millón 443 mil 874 pesos, pero para este
año fiscal 2020 el gobierno federal no ha asignado recursos.
María de la Luz Estrada,
coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
(organización impulsor de la AVG), explicó en entrevista que desde el inicio,
la AVG fue un mecanismo venido a menos, pues la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no admitió los
indicadores de cumplimiento que plantearon las organizaciones sociales y hubo
resistencia para adoptar algunas acciones.
La Conavim también complejizó el
funcionamiento de la AVG y actualmente no asume la coordinación de una
estrategia federal que involucre a los gobiernos estatales y a los municipios
para dar seguimiento, de acuerdo con Luz Estrada.
Por su parte, el gobernador de la
entidad, Alfredo Del Mazo, buscó establecer nuevas medidas para las AVG pero
sin tomar en cuenta o evaluar las que se hicieron antes, pues ignoró un
dictamen que el Observatorio elaboró en 2018 sobre el funcionamiento de este
mecanismo.
“La AVG no ha logrado impactar
porque no ha habido ahorita ni anteriormente una política por parte de los
gobiernos federales de realmente estar trabajando para con los gobiernos
locales y obligar así a la coordinación estatal y municipal (…) al final están
trabajando sin metas, sin indicadores y eso te orilla al fracaso porque acaban
los gobiernos haciendo lo que se les ocurre y como no se les evalúa y nadie les
corrige si están frente a impunidad, corrupción, pues al final tienes una
simulación”, expresó la defensora.
Las mujeres se levantan
El 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, un grupo de madres y hermanas de mujeres asesinadas y desaparecidas
en el Valle de México organizaron una manifestación histórica en
Nezahualcóyotl, hacia Palacio Municipal, a un costado de la Fiscalía del
municipio.
Esta marcha fue convocada, entre
otras, por la Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, integrada por
habitantes del Edomex desde 2017, tras la violación y el asesinato de Valeria,
una niña de 11 años atacada en una combi de Nezahualcóyotl.
Esta Asamblea se encarga de
asesorar y acompañar a familiar de mujeres desaparecidas, violencia familiar, o
feminicidio. También trabajan con la comunidad a través de talleres, foros y
otras acciones públicas para visibilizar la violencia contra las mujeres,
señaló en entrevista Yelitza Pareja Ruíz, integrante de la Asamblea.
Con base en información de esta
colectiva, la desaparición es una de las principales problemáticas que
enfrentan estos municipios pues cada semana se les pide ayuda para la difusión
de un caso nuevo de desaparición. Por este delito, en 2019 se declaró la segunda
AVG para la entidad mexiquense.
Pareja Ruiz observó que las
acciones para atender la violencia contra las mujeres son muy distintas en cada
municipio, pues mientras en Chimalhuacán existe una Unidad Especializada para
la Atención de Víctimas de Violencia; en Nezahualcóyotl no existe algo así, y
el Instituto Municipal de las Mujeres imparte talleres para la decoración de
uñas, por ejemplo.
De acuerdo con el análisis de la
Asamblea, las prioridades para las familias son la búsqueda inmediata, la investigación
policial, el apoyo psicoemocional y económico para las familias, la asignación
de un agente de investigación, y sensibilización a la comunidad.
Pero en ausencia de esta atención,
señaló la también defensora, las familias difunden las fichas de sus hijas,
piden ayuda, preguntan qué hacer, organizan brigadeo, buscan medios de
comunicación, hacen movilizaciones, organizan rifas para sacar dinero y viajan
a otras entidades para buscar.
De acuerdo con Pareja Ruiz, hasta
ahora, lo que realmente está ofreciendo soluciones a las familias es la
conformación de redes comunitarias.
Un ejemplo es Lourdes, la mamá de
Norma, quien ahora forma parte de la “Asamblea Nos Queremos Vivas”, la cual
conoció gracias a la madre de una víctima de feminicidio: Lidia Florencio, mamá
de Diana Velázquez, cuyo cuerpo fue localizado (varios días después de haber
reportado su desaparición) muy cerca de su casa en Chimalhuacán, pero sin que
ahora se haya atrapado a los culpables. El 19 de marzo, Lidia y otras
defensoras instalaron un memorial con la foto de Diana afuera de la Fiscalía de
Chimalhuacán.
Lourdes y Lidia participan juntas
en manifestaciones en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y la CDMX. Ambas Integran
otra colectiva llamada Red de Mujeres del Oriente, conformada por otras 10
mujeres, entre quienes se han integrado nuevas familiares de víctimas.
Al cierre de la marcha del 8 de
marzo, las familias de víctimas de feminicidio y desaparición improvisaron un
mitin afuera de la Fiscalía. Encontraron a las autoridades afuera, resguardando
las instalaciones de justicia. Entre ellas estaba “María Esther Orozco Gómez ”,
fiscal regional, quien escuchó nerviosa las demandas.
Las familias de víctimas de
desaparición denunciaron en la cara de las autoridades las omisiones que en
días pasados vivieron en es Fiscalía; por ejemplo, las hermanas de Dulce
Gabriela Flórez Suárez, habitante de Nezahualcóyotl desaparecida el 12 de
febrero de 2020, dijeron públicamente que ahí se burlaron de ellas por no haber
podido presentar inmediatamente la denuncia, sólo les dieron la carátula del
expediente, las intimidan por hacer ellas sus propias pesquisas y les niegan
información.
La tía de Yadira Galván Peralta
también denunció ante el micrófono que días atrás, cuando fueron a reportar la
desaparición de la joven junto con su bebé, le dijeron que “debía esperar 72
horas”. Las autoridades no hicieron más que decir: estamos rebasados.
Lourdes narró a Cimacnoticias estos hechos el pasado 18 de marzo de
2020. Su hija aún no aparece. Tampoco hay datos sobre Dulce Flores; y
los asesinos de Diana Velázquez continúan impunes.
20/AJSE/LGL
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