CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. El plan que el presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó el pasado domingo 5 de abril para hacer
frente a la crisis económica derivada del COVID-19, no tiene perspectiva
de género ni propone estrategias para atender las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia.
Así lo dijeron la
coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Gloria Ramírez Hernández y la abogada feminista Patricia
Olamendi Torres, durante su participación en el programa Análisis
Feminista, que se transmite los martes por Violeta Radio 106.1.
Respecto al mensaje que López Obrador ofreció el fin de semana,
Olamendi Torres señaló que el mandatario no hizo aportaciones
sustantivas a la atención de la crisis económica y social, no presentó
una mirada diferente y a pesar de que hizo una propuesta para atender el
desempleo, está no tenía una visión de género ni para las trabajadoras y
jefas de familia.
Por su parte Ramírez Hernández aseguró que
el plan del Ejecutivo fue un resumen trimestral de gobierno, pero no
ofreció nada nuevo en torno a los Derechos Humanos de las mujeres.
Consideró que en el mensaje, López Obrador ratificó el combate a la
pobreza, pero no mencionó en ninguna ocasión la palabra “mujer”, porque
no ha comprendido el tema.
A decir de la catedrática, en estos
días tanto ONUMujeres, la ONU y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) han dado elementos sobre la importancia de la
visión de género en la atención de la pandemia y han hecho un llamado
urgente para atender a las mujeres.
No obstante y considerando
los elementos que debe tener un plan contingencia, enfatizó Ramírez
Hernández, al plan del gobierno federal le faltaron elementos en materia
de política financiera, económica y de género, lo que calificó de una
ausencia alarmante.
Mujeres beneficiadas
Al ser cuestionadas por la periodista Lucía Lagunes, sobre la reforma
que en marzo aprobó el Congreso para modificar el artículo cuarto
constitucional y establecer la obligación del Estado de dar apoyos
económicos para personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y
becas a estudiantes de todos los niveles del sistema de educación
pública, las analistas aseguraron que no es suficiente para atender a
las mujeres.
Patricia Olamendi destacó que es lógico que se
diga que los programas sociales atienden a más mujeres, por ejemplo, en
el caso de pensión para adultos mayores las ciudadanas tienen mayor
esperanza de vida, viven más que los hombres. Eso no es necesariamente
un beneficio mayor, refleja una realidad, dijo.
Las adultas
llegan más (a los programas), agregó, porque no tuvieron posibilidad de
cotizar en una instancia de pensiones, sólo les queda como beneficio
llegar a ese programa. Esa pensión universal, expuso, habla de una
problemática, igual que el programa de empleo para jóvenes, para quienes
no encuentran trabajo por no haber estudiado o estar en el trabajo
informal.
Olamendi dijo que esta reforma en materia de
programas sociales es “una reforma extraña” porque ya existe la Ley de
Planeación, que considera programas con una perspectiva de Derechos
Humanos y de Género. Una reforma constitucional no era necesaria,
tenemos una visión general que no necesariamente reconoce problemática
de las mujeres, aseguró.
A su vez Gloria Ramírez dijo que no
se puede considerar aumentar el número de mujeres en los programas
sociales sin tomar en cuenta la situación en que viven. En esta
contingencia, detalló, la economía de los cuidados recae en las mujeres,
por ello llamó a ver qué está pasando con grupos como las enfermeras o
las trabajadoras del hogar.
Apoyos a familias
Como participación especial, la economista feminista Magdalena García
Hernández presentó la propuesta de “política anticrisis con perspectiva
de género frente al COVID-19”, creada por las organizaciones MIRA y
Pensadoras Urbanas, para ofrecer propuestas con enfoque de género a la
crisis económica.
La especialista dijo que hay muchas más
mujeres desempleadas, con una tasa de más de 30 por ciento, por ello
desde la sociedad civil, dijo, se propone una política anticrisis para
apoyar con una “renta básica” a 73 por ciento de los hogares, a fin de
responder a derechos básicos como el derecho a la alimentación.
Otro tema abordado en esta emisión fue la violencia en el hogar durante
la pandemia, y aunque las especialistas reconocieron que las
autoridades han afirmado que están abiertas las líneas telefónicas como
el 911, en realidad no se sabe qué tipo de intervención o seguimiento se
hace a cada llamada.
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