Imagen cortesía de la RNDDHM
Ciudad de México. La Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos en México advirtió que no se vislumbra que las amenazas
y hostigamientos a mujeres defensoras y periodistas disminuyan durante
la pandemia del COVD-19, por eso llamó al Estado mexicano a no usar el
pretexto de atender la crisis sanitaria para dejar de proteger a esta
población.
La codirectora ejecutiva de la Red, conformada por 172 defensoras y
periodistas de 21 estados del país, Cecilia Espinosa Martínez, expuso en
entrevista con Cimacnoticias que en los primeros tres meses de este año
las agresiones no ha bajado, por lo que la contingencia podría ser
aprovechada para generar amenazas y hostigamiento a estos grupos de la
población que además, hoy, tienen limitaciones de movilidad para
realizar sus tareas.
Por ejemplo, explicó, preocupa que el 30 de
marzo el gobierno de Yucatán notificó a una defensora de Derechos
Humanos el retiro de escoltas, quienes la acompañaban como una medida de
protección que tenía desde 2017, ante el riesgo permanente en el que
vivía. La defensora, cuyo nombre se resguarda por seguridad, ha sido
amenazada por acompañar a víctimas de feminicidio y desaparición.
El
gobierno yucateco también retiró la protección a una víctima con el
argumento de que las personas deben quedarse en sus casas para evitar la
propagación del virus. Esta situación, arbitraria, preocupa a la Red de
Defensoras porque podría ser una medida que se extienda en todo el país
y ponga en riesgo la vida de las mujeres que están acompañando a
víctimas o defendiendo derechos.
En el actual contexto de
emergencia, explicó Espinosa Matínez, varias defensoras se han dedicado a
difundir información verificada sobre la pandemia, lo que las pone en
el blanco de agresiones, como ocurrió en Oaxaca, donde una comunicadora,
cuya identidad también se resguarda, fue hostigada por informar sobre
las medidas de protección y las carencias de la atención durante la
contingencia sanitaria.
Espinosa Martínez aseguró que si bien el
contexto de pandemia es una emergencia en todo el país, antes de
retirar escoltas a una defensora amenazada, las autoridades deben
realizar una valoración del riesgo para decidir si es necesario y
pertinente; sin embargo, en el caso de Yucatán esto no sucedió, y
tampoco se hizo con conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, organismo que en 2017 ordenó las medidas de protección.
La
defensora aseguró que una decisión de este alcance no puede ser
arbitraria, se debe consultar a la persona beneficiaria de protección,
hacer una revisión del caso y, en acuerdo con la defensora, tomar una
determinación, ya que ella es la única que sabe la situación de riesgo
que prevalece en su entorno y los riesgos que ha vivido.
Expuso que la situación de violencia y agresiones en el país no es
menor. Por ejemplo, en enero la Red registró 20 agresiones contra 16
defensoras, tres de ellas periodistas. En febrero, se registraron 45
agresiones contra 21 defensoras, de las que 9 son periodistas y 3
colectivas de mujeres; y en marzo documentaron 55 actos de violencia
dirigidos a 13 periodistas, 14 defensoras y 3 colectivas.
En el
primer trimestre de este 2020 han sido asesinadas cuatro defensoras: en
enero fue asesinada Isabel Cabanillas de la Torre, quien luchaba contra
el feminicidio en Chihuahua. En marzo se encontró el cuerpo de la
defensora de los pueblos indígenas, Paulina Gómez-Palacio Escudero, en
Zacatecas; en ese mes también fue ultimada la periodista María Elena
Ferral Hernández, en Veracruz; y a estos crímenes se sumó el de la
defensora de la comunidad trans, Karla Valentina Camarena del Castillo,
asesinada en Guanajuato.
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