Pedro Miguel
El ala más recalcitrante
de la oligarquía que perdió el control del poder presidencial y sus
voceros oficiosos han pretendido convertir la crisis sanitaria y
económica del momento en una oportunidad para descarrilar a la Cuarta
Transformación. Pero, como se ha dicho, para que este designio pudiera
tener una mínima perspectiva de éxito tendrían que concretarse
escenarios de catástrofe epidémica de enormes proporciones y de
demolición de la economía. El plan ha sido concebido desde una tremenda
incapacidad para entender las lógicas del actual gobierno y las que
operan en el grueso de la sociedad mexicana desde hace algunos años y
sus probabilidades de triunfo son, por ello, muy escasas. En realidad,
la epidemia de Covid-19 –y los quebrantos que conlleva en la producción,
el comercio, el empleo y las finanzas– representa para ese sector de la
casta desplazada una gran oportunidad para empezar a comprender lo que
ocurre en el país desde el derrumbe del programa neoliberal en adelante.
Es claro, por ejemplo, que desde diciembre de 2018 esta vertiente de
la reacción oligárquica dio por hecho que, en lo sustancial, y por
intolerable que le resulte la toma de Palacio Nacional por los plebeyos,
el gobierno de López Obrador era una sucesión presidencial más, que el
programa político del tabasqueño era mera demagogia y que en lo
sustancial la vida pública del país habría de seguir en el rumbo
impuesto en el tramo Salinas-Peña, en el que las instituciones fueron
convertidas en instrumentos de enriquecimiento personal y corporativo.
En consecuencia, la crisis del coronavirus era para ella una doble
bendición: por un lado representaba el ataúd de la Cuarta Transformación
y por el otro, la astronómica oportunidad que cualquier crisis ofrecía,
en los tiempos previos, para detonar un nuevo ciclo de concentración de
riqueza, depauperación de las mayorías y saqueo de las arcas públicas. Y
como daba por hecho que la diferencia entre López Obrador y sus
antecesores es sólo de modales, discurso y símbolos, esa reacción
oligárquica fue corriendo a Palacio a pedir un plan de rescate, es
decir, una nueva transferencia multimillonaria de recursos públicos a
bolsillos privados.
El error de cálculo se hizo evidente de inmediato: este gobierno no
tiene la menor intención de seguir las reglas del régimen oligárquico y
entre sus objetivos coyunturales no está el de crear condiciones para
que unos cuantos multipliquen su riqueza; sus propósitos son, en cambio,
cuidar la salud pública del embate del virus y aliviar hasta donde sea
posible la penuria que se cierne sobre las mayorías. Tales son las
orientaciones prioritarias del presupuesto en la presente circunstancia y
el poder presidencial no va a doblarse ante la presión empresarial. El
desconcierto y el berrinche de algunos de los dueños del dinero ante
esta respuesta dice mucho de lo equivocados que estaban sobre la
naturaleza de este gobierno. Ellos y sus voceros en los medios y las
redes sociales –tanto los de carne y hueso como las hordas de cuentas
falsas que siembran odio y mentiras en Twitter y Facebook– se debaten
entre la rabia y la incredulidad y buscan desesperadamente amplificar su
propio descontento y contagiarlo, con cierto éxito, hacia las clases
medias.
En el ámbito de la salud pública y en el de la economía, los
desplazados del poder y el privilegio llegan a extremos como calificar
de
ocurrenciao
simulaciónel sistema de vigilancia epidemiológica centinela –adoptado por la Organización Mundial de la Salud y sus países miembros– o de tuitear con afán pontificador de verdades evidentes:
El Presidente cree que los empleos los crea el gobierno. Como si el sector público en su conjunto, y el gobierno federal en particular, no hubiese sido, no sea y no habrá de seguir siendo, por mucho, el mayor empleador del país.
Para mayor enojo de este grupo, la Presidencia sigue siendo la
Presidencia, es decir, la jefatura del Estado y la institución que
establece los lineamientos generales de política pública, y los
empresarios más prominentes de México –o para decirlo abiertamente: los
más acaudalados– aceptaron los lineamientos del plan lopezobradorista
para hacer frente a la emergencia económica: demandar el pago puntual de
impuestos y exhortar a que no se despida a nadie y se preserven los
salarios; por su parte, el gobierno redujo significativamente los
precios de los combustibles, comprometió 25 mil millones de pesos para
apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas, extendió algunos de los
programas sociales para beneficiar a cientos de miles y dio una nueva y
severa vuelta de tuerca al gasto de las oficinas públicas.
Ese grupo oligárquico político-empresarial y los comunicadores a su
servicio bien podrían aprovechar la reclusión para empezar a entender en
qué país viven. Ojalá.
Twitter: @Navegaciones
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