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8/09/2026

Una superpotencia impotente



En el ámbito estratégico, Rusia sigue siendo uno de los más poderosos rivales de Estados Unidos. El otro es China, que no sólo lo es en lo estratégico sino también en todo lo demás: en los terrenos de la economía, la tecnología, las finanzas, la organización social y la cultura, el país asiático está en curso de desbancar a la superpotencia americana. Y a pesar de las afinidades siempre mutables, India apunta a ser un tercer adversario potencial, aunque no en lo inmediato. Pero, tras la fracasada guerra arancelaria contra Pekín, la bravuconería entronizada en la Casa Blanca se ha cuidado de recurrir a sus proverbiales andanadas de insolencia verbal contra esos países. La prepotencia es la otra cara de la cobardía, y tanto Trump como sus empleados tienen claro que la correlación de fuerzas no les da como para una embestida frontal ante cualquiera de esos tres, ni contra otros, más pequeños pero igualmente dotados de arsenales nucleares, como Pakistán o Corea del Norte.

De esa manera queda en evidencia, de paso, el embuste de las proclamas de Marco Rubio y compañía en contra del “comunismo” o, más gracioso aún, en contra del “terrorismo narcoislámico marxista”, la bestia quimérica que pretende aglutinar todos los cocos con los que se ha venido intoxicando desde hace décadas a importantes (aunque menguantes) sectores de la opinión pública estadunidense.

En cambio, sosegados (por ahora) los disparatados reclamos territoriales sobre Canadá y Groenlandia, la hostilidad de Washington está siendo dirigida hacia cinco naciones sobre las cuales el trumpismo calculó que podría tener victorias fáciles como la que logró en Venezuela, vía una agresión militar sangrienta y delictiva, o en Honduras y Colombia, mediante escandalosas injerencias electorales: Cuba, Irán, Brasil, España y México. Se trata, claro, de historias muy diferentes entre sí, no sólo por las contrastadas posiciones de los cinco en el tablero geopolítico internacional, sino por los antecedentes de cada una de esas naciones en sus relaciones con Estados Unidos. Ya llegará el turno de hablar de los tres últimos. Cabe centrarse por ahora en los dos primeros.

Con sistemas y orientaciones muy distintas, Cuba e Irán tienen poco en común, salvo el haber desafiado durante décadas el designio de someterlos. Desde 1959, en un caso, y desde 1979, en el otro, tanto la isla caribeña como el Estado sucesor del antiguo imperio persa, se liberaron del poder neocolonial de Estados Unidos, reivindicaron su plena soberanía y han enfrentado por ello toda suerte de agresiones militares y económicas, así como una propaganda adversa masiva y sostenida que permea en el conjunto de los medios occidentales y que ha alineado en su contra a buena parte de los aliados históricos de Washington. Envalentonado por el éxito fácil que le significó el secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en Caracas y el realineamiento forzado del gobierno que preside Delcy Rodríguez, Trump intentó repetirlo en Teherán, con mucha mayor bestialidad, y menos de dos meses después asesinó a buena parte de la plana mayor de la república islámica, incluido el máximo dirigente del país, el ayatola Alí Jamenei. Recurrió, además, a acciones inequívocamente terroristas, como la masacre de alumnas de una escuela que fue impactada por un misil Tomahawk. Los trumpistas calcularon que eso bastaría para provocar la caída del régimen o, cuando menos, la llegada al poder de gobernantes obsecuentes.

Fue una rotunda equivocación: el Estado iraní no sólo encajó el golpe sino que respondió cerrando el estrecho de Ormuz, destruyendo buena parte de las instalaciones militares de Washington en la península arábiga y arrastrando a su agresor a una guerra asimétrica de desgaste. Desde entonces, Trump ha estado buscando la manera de disfrazar su derrota y presentarla como victoria. Es posible que si Teherán hubiese sucumbido, el gobernante estadunidense habría lanzado a continuación una incursión militar sobre los cubanos. Pero hoy el país más poderoso del mundo –y eso lo tienen claro hasta los halcones del trumpismo que lo desgobiernan– no tiene la capacidad para sostener dos guerras en dos frentes, y menos si se trata de países con la determinación de independencia como Irán y Cuba.

En todo caso, sin guerra abierta de por medio, la capacidad cubana de resistir al bloqueo no ha resultado menos dañina para el poderío estadunidense que la iraní a los bombardeos. Porque para la autoestima de la Casa Blanca es casi inconcebible que tras décadas, años y meses de un cerco genocida y creciente contra la isla, el gobierno cubano siga empeñado en defender la soberanía y que las cubanas y los cubanos de a pie, aun viviendo las carencias más agudas, no se hayan alzado en contra de sus dirigentes. De alguna manera, a Rubio y sus secuaces la guerra económica de desgaste le salió al revés: día tras día, el que Cuba se crezca ante el castigo colectivo le avisa al mundo que la superpotencia es impotente.

4/19/2026

Fracking: repensar la energía


Pedro Miguel

Durante muchos años, la técnica de extracción conocida como fracking ha sido severamente cuestionada por sus nocivos impactos ambientales. En estos días, la presidenta Claudia Sheinbaum –quien ha sido una voz crítica a ese método extractivo– anunció la integración de una comisión científica que analizará la posibilidad de emplear el fracking para extraer gas natural en dos regiones del país. Tiene tres razones fundamentales para esta disposición a considerarlo: la primera es el conjunto de avances tecnológicos que hacen posible minimizar los efectos perniciosos de ese modo de obtención de gas natural; la segunda, el hecho de que, de cualquier forma, buena parte de la generación eléctrica en México depende del gas natural que se importa desde Estados Unidos, que allá ese insumo –que es el combustible para las plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de electricidad– es extraído mediante fracking y las afectaciones al planeta no conocen fronteras; la tercera, estrechamente relacionada con la anterior, es la necesidad de avanzar en la consolidación de la soberanía energética.

No faltarán, desde luego, las voces que de manera perversa o desinformada simplifiquen y caricaturicen este paso presidencial como una disyuntiva entre soberanía y destrucción ambiental, pero el proceso que conllevará la decisión final no está en esa balanza, sino en algo mucho más complejo que no sólo incluye consideraciones técnicas y de protección ecológica, sino también una consulta a la sociedad en las regiones en las que podría autorizarse el fracking.

Pero ya que se ha iniciado el examen del método extractivo con tan mala fama, sería conveniente ampliar el horizonte y revisar las posibilidades técnicas y económicas de avanzar por otras vías en la sustitución de la generación eléctrica con base en hidrocarburos y corregir el déficit tendencial de energía, un fenómeno al que se enfrenta prácticamente la totalidad de los países en el corto, mediano o largo plazo.

Sería sensato que la comisión presidencial no se limitara al asunto del fracking y que analizara, por ejemplo, las posibilidades reales y los plazos para convertir una parte sustancial de la irradiación solar que recibe el territorio mexicano en electricidad; o la perspectiva de convertir en biocombustibles la biomasa generada por el campo; o la viabilidad de obtener hidrógeno verde en grandes cantidades de los amplios litorales del país; o la revisión de los yacimientos geotérmicos que hasta ahora no han sido aprovechados por su pequeña dimensión y que podrían generar en forma distribuida la electricidad requerida en asentamientos próximos a ellos. No estaría de más, incluso, hacer una revisión científica exhaustiva del estado actual de la tecnología nuclear y ver en qué medida podría ser razonable dejar de lado las objeciones que ésta generaba hasta hace unas décadas.

En suma, la comisión establecida por la Presidenta podría ir mucho más allá de estudiar la extracción de crudo y gas natural de yacimientos rocosos mediante la inyección de agua, formular una propuesta seria y fundamentada para la transición energética que el país requiere y diseñar una matriz energética sustentable para las próximas décadas, tomando en cuenta las singularidades y potencialidades de sus regiones.

Además de los aspectos institucionales, ambientales y económicos del abasto energético, tendría que pensarse en las modalidades sociales de generación. La concentración de esa tarea en dos grandes empresas estatales, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cimentó durante décadas el desarrollo del país y significó movilidad social y bienestar para la población, pero ese modelo resulta ya insostenible en la realidad actual.

El autoconsumo y la producción de energéticos en pequeña escala –particularmente, en el sector social de la economía, como comunidades, cooperativas y ejidos– deben complementar y delimitar el aporte de ambas entidades a las necesidades nacionales. No se trata únicamente de cubrir necesidades de combustibles y electricidad, sino también de impulsar la reactivación económica, la organización social y la asimilación de modalidades tecnológicas entre sectores para los cuales el abasto energético ha sido una pesada carga que se traduce en gasto de combustibles y recibos de luz, y transformar esa desventaja en desarrollo social.

Un ejemplo: si se impulsa la generación de electricidad en pequeñas localidades, se tendrá la base para una infraestructura que permita la adopción masiva de la electromovilidad en todo el territorio, en la medida en que los habitantes de esos sitios podrán comercializar los excedentes de su producción en estaciones de carga para vehículos eléctricos. En suma, si la comisión eleva la mirada y no se limita a formular una respuesta al dilema de fracking sí o fracking no, sentará los fundamentos para una nueva política de Estado –con propuesta de reforma constitucional incluida– en materia de energía.

4/12/2026

Trump, derrotado

Pedro Miguel

Desde noviembre de 2024, es decir, desde antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, la publicación Responsible Statecraft advertía que “la capacidad misilística de Estados Unidos se está agotando rápidamente” y que eran, ya para entonces, “insuficientes para abastecer a Ucrania con los interceptores necesarios para mantener sus sistemas de defensa antimisiles (https://is.gd/KzcEAX).

La situación empeoró significativamente a raíz de las respuestas iraníes de abril, junio y octubre del año pasado a previas agresiones de Tel Aviv y de Washington; el Pentágono no sólo tuvo que fortalecer las defensas de sus bases militares en la región del Pérsico, sino que también requirió ayudar a Israel a reponer sus dotaciones de la munición antibalística que gastó en interceptar centenares de drones y de misiles balísticos y crucero.

Es importante recordar que tanto los drones kamikaze como los misiles crucero, subsónicos y de vuelo bajo, pueden ser interceptados mediante una diversidad de medios, que va desde las ametralladoras y cañones antiaéreos convencionales hasta los misiles tierra-aire portátiles (Manpads), los aviones caza y también, desde luego, por las baterías del famoso Domo de Hierro israelí, concebido para contrarrestar los cohetes artesanales que han sido lanzados desde Gaza.

En cambio, la intercepción desde tierra de misiles balísticos, como los que ha desarrollado Irán en grandes cantidades, requiere de misiles estadunidenses Patriot 3 y Thaad y los israelíes Stunner del sistema Honda de David. El otro medio disponible para este propósito es el de los sistemas Aegis instalados en barcos de guerra de Estados Unidos.

En sus respuestas del año pasado a los atentados y bombardeos de Netanyahu y Trump, la república islámica fue perfeccionando una estrategia que aplicaría a fondo en 2026: carente de una fuerza aérea y de una armada significativas, Irán ideó un modelo de guerra asimétrica concebido para someter a sus adversarios mediante la derrota aritmética y económica de sus defensas antibalísticas: misiles que tienen un costo de entre 700 mil y 12 millones de dólares, y una fabricación limitada, han sido lanzados en pares para destruir en el aire drones iraníes Shahed y similares que pueden ser producidos en masa por 20 mil o 30 mil dólares (https://is.gd/w8TcJw).

A sabiendas de que la gran mayoría de sus drones y misiles de crucero serán derribados mediante diversos sistemas, los militares iraníes confían en sus misiles balísticos para lograr una ventaja sobre sus agresores.

Según el conteo del think tank británico Royal United Services Institute, las existencias israelíes de misiles antiaéreos Arrow 2 y Arrow 3 se acabaron el 27 de marzo; las de Stunner y Tamir, el 6 de abril; en cuanto a las de Thaad, llegarían a su término entre el 11 y el 17 de abril, y no habrá Patriot 3 el 26 de este mes si la confrontación mantenía su ritmo, lo que dejaría a Israel-Estados Unidos a merced de los misiles balísticos de Teherán. Si a eso se le suma la desastrosa jornada del 2 de abril, en la que Washington perdió más de media docena de aeronaves en suelo iraní, más los impactos económicos generados por el cierre del estrecho de Ormuz, la creciente oposición estadunidense a la guerra y el descontento de las petromonarquías por ser lanzadas como carne de cañón frente a Irán, es fácil entender por qué Trump se rindió –aunque disfrazara la derrota de comienzo de negociaciones de paz– el martes pasado.

Quienes condujeron a semejante fracaso a la superpotencia fueron, en primer lugar, Benjamin Netanyahu, quien según un chisme de The New York Times engatusó a Trump haciéndole creer que bastaba con decapitar al gobierno de la república islámica para que la institucionalidad iraní se desmoronara (https://is.gd/RyrlA4) y, por el otro, su secretario de “guerra”, Pete Hegseth, quien había llevado a cabo una purga de mandos profesionales en el Pentágono (https://is.gd/4DGHcY) para remplazarlos por incondicionales dispuestos a decir “sí” a cualquier tontera que se pasara por la mente del millonario presidente, los cuales fueron incapaces de realizar una evaluación estratégica correcta de las fuerzas en el golfo Pérsico.

De acuerdo con diversas fuentes, el círculo cercano a Trump usó durante el conflicto información privilegiada para especular con los vaivenes de los precios petroleros y los zigzagueos declarativos de su figura central.

Es posible que el autoproclamado dictador estadunidense (https://is.gd/ub6Qnr) haya aprovechado la catástrofe a la que llevó a su país para acrecentar su fortuna personal y familiar; igualmente significativo es que la ignorancia y la bastedad mental de él y de su equipo les impidieron ver que, más allá de los aspectos meramente militares, estaban a punto de romperse los dientes ante un país cohesionado y unificado en lo fundamental, que infravaloraran la cohesión institucional de Irán y que sobrevaloraran los movimientos de disidencia y protesta en esa nación.

Ahora Trump podrá gesticular y amenazar todo lo que quiera, pero está derrotado.

navegaciones@yahoo.com

3/15/2026

Cálculos peligrosos

Pedro Miguel


De acuerdo con la información disponible y verificable, en el escenario bélico del golfo Pérsico las cosas le están saliendo muy mal al presidente estadunidense Donald Trump. Si imaginó que con asesinar a la cúpula del régimen iraní lograría el desmoronamiento de la república islámica, se equivocó garrafalmente y a estas alturas ya habría debido cesar a quien le metió semejante plan en la cabeza.

Trump no sólo subestimó la fortaleza política interior del gobierno de los ayatollahs, sino también la capacidad de respuesta misilística de Irán. A estas alturas, los proyectiles de Teherán han causado estragos en Israel, pero, sobre todo, han neutralizado cuatro de los ocho grandes radares estadunidenses en la región y han provocado una importante devastación en las bases militares que Washington mantiene en diversos países de la región.

Y si creía que con meras amenazas podría mantener abierto el estrecho de Ormuz, unos buques petroleros en llamas le demostraron lo contrario en menos de 24 horas.

Eso no quiere decir que la circunstancia sea favorable para Irán. Dejando de lado las tinieblas de la desinformación y la propaganda, 12 días de ataques aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel deben haber causado una grave destrucción en la infraestructura civil y militar de ese país y un elevado número de muertes.

Hasta ahora, la victoria iraní consiste en sobrevivir a la magna y perversa agresión bélica en su contra, degradar las defensas bélicas del enemigo –tanto por la eliminación directa de sistemas como por el agotamiento de sus municiones– y conservar al menos una parte del arsenal balístico propio para emplearlo cuando tales defensas hayan perdido un nivel significativo de eficacia.

Todo esto configura panoramas inciertos, por cuanto resulta imposible tener balances mínimamente precisos de los logros y pérdidas de cada parte en el terreno estrictamente bélico.

En el ámbito político, el hundimiento del régimen iraní parece menos probable que el colapso de la presidencia trumpiana, por cuanto la guerra ha actuado como elemento de unificación en el país asiático y como un factor de polarización en Estados Unidos.

En el país vecino del norte, el rechazo a la confrontación crecerá cada semana que ésta se prolongue y conforme sigan aumentando –así sea a cuentagotas– las inevitables bajas estadunidenses.

El grupo en el poder en Washington se enredará cada vez más en su contradictoria e incoherente exposición de motivos: que si los bombardeos sobre Irán fueron un “ataque preventivo”, que si fueron para liberar a los iraníes de la maldad satánica de los ayatollahs, que si se trataba de defender la civilización, que si se buscaba eliminar el riesgo –inexistente, según todas las fuentes confiables– de que Irán desarrollara armas nucleares.

Incluso si Trump llegara a admitir, como lo hizo con todo cinismo en la agresión a Venezuela, que lo que quería era apoderarse de recursos petroleros ajenos, la afirmación sonaría hueca. Hace dos décadas, en vísperas de la invasión de Irak, George W. Bush al menos se preocupó por engatusar a buena parte de la opinión pública con la coartada de que era necesario suprimir las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía el gobierno de Bagdad.

En esta ocasión, en cambio, su sucesor en el cargo pateó intempestivamente el tablero de unas negociaciones que iban viento en popa y ninguno de los integrantes de su equipo ha sido capaz de explicar por qué se han gastado el dinero de los contribuyentes a un ritmo de mil 500 millones de dólares diarios en una aventura bélica sin propósito explícito (https://is.gd/RgBRVb).

Pero el elemento más peligroso de esta complicada ecuación es el régimen israelí. Si se tiene en mente la actuación de Benjamin Netanyahu y su grupo de sionistas sociópatas ante las incursiones del 7 de octubre de 2023, resulta obligado concluir que para ellos, cada ataque a Israel representa un pretexto inmejorable para aplicar el poderío bélico de Tel Aviv en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

El genocidio perpetrado en Gaza se ha extendido a Cisjordania y a Líbano sin solución de continuidad y la fase actual del robo israelí de territorios abarca además a Siria. Y si las tendencias de la guerra –que obliga a sus adversarios a invertir millones de dólares para interceptar proyectiles que cuestan una vigésima parte que los interceptores, o menos– empiezan a favorecer a Irán, el régimen genocida bien podría esgrimir el pretexto de una “amenaza a la existencia” de Israel para acabar de un bombazo con la vida de cientos de miles de iraníes. A fin de cuentas, Netanyahu tiene el instinto criminal para hacerlo y cuenta con la presencia en la Casa Blanca de un delincuente tan peligroso como él, dispuesto a garantizarle impunidad y cobertura.

Ojalá ( inshallah) que los gobernantes de Teherán hayan comprendido que tal desenlace no es imposible, que Trump se invente alguna de sus salidas fársicas al laberinto en el que se metió y que el mundo consiga parar a tiempo una espiral que puede conducirnos a todos al infierno.

6/15/2024

Plan Claudia

Pedro Miguel

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia, el fondo del discurso de los estamentos oligárquicos desplazados del poder era el siguiente: está bien, reconocemos tu triunfo, pero gobierna como si fueras Ricardo Anaya o, por lo menos, José Antonio Meade. Ya podía el tabasqueño ceñirse la banda presidencial, pero que no se le ocurriera tocar intereses corruptos, poner fin a los múltiples mecanismos para sangrar el erario, denunciar contratos leoninos, suspender el subsidio a guarderías subrogadas, dejar de mantener zánganos de la llamada sociedad civil, disolver fideicomisos fraudulentos, dejar sin apapachos a los cortesanos de Los Pinos.

En esos y otros reclamos se les fue a los derrotados buena parte del sexenio y cuando llegó el momento de avizorar la sucesión los enlazaron, sin solución de continuidad, con el discurso de campaña de Xóchitl Gálvez, agregándoles una montaña de difamaciones, infundios, desinformación y robo descarado de consignas acuñadas por la Cuarta ­Transformación (4T).

No aprenden. Ahora que se toparon con el formidable mandato popular para Claudia Sheinbaum y para las reformas conocidas en conjunto como plan C , recurren a una treta discursiva semejante: está bien, admitimos que ustedes volvieron a ganar, pero, por favorcito, no se les vaya a ocurrir llevar a la práctica lo que le ofrecieron al pueblo ni las demandas que de él recogieron.

Al chantaje de los mercados –es decir, del puñado de magnates que han apostado filones de sus fortunas a la desestabilización del tipo de cambio y de la bolsa– se unen las voces plañideras que piden ser tomadas en cuenta para distorsionar la esencia de las reformas inminentes: no ignoren a las minorías, no destruyan la democracia, cuidado con atentar contra la certeza jurídica, miren que está en juego la división de poderes, que no se enojen los mercados, ay, los contrapesos, y así.

Por supuesto, las 18 reformas constitucionales y las dos legales que AMLO propuso el 5 de febrero no ponen en peligro los derechos de las minorías, ni la democracia, ni la certeza jurídica, ni la división de poderes, ni los contrapesos. Al contrario, buscan dar reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos; fortalecer la democracia participativa y depurar la representativa; instaurar un Poder Judicial absolutamente autónomo ante el Ejecutivo, pero también ante el poder del dinero a trasmano; dar certeza jurídica a todo mundo, incluidos de manera prioritaria los beneficiarios de los programas sociales que aún carecen de rango constitucional; proteger la salud de la población; reactivar el campo; cuidar el ambiente con mayor eficiencia; proteger el salario, mejorar las pensiones y el derecho a la vivienda y con ello, robustecer el mercado interno; impulsar la movilidad en el territorio nacional; garantizar un ejercicio austero, honesto y eficiente del poder público y avanzar en la construcción de la paz.

Enriquecido y ampliado con las propuestas formuladas por Sheinbaum en su campaña –apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años de edad, becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública, la no relección y modificaciones a Ley del Issste–, El Plan C bien podría denominarse plan Claudia. Porque suyo es también el paquete de AMLO, por más que la oligarquía desplazada siga apostando a una ruptura o cuando menos a un enfriamiento entre el mandatario saliente y su sucesora. Por increíble que parezca, aún no entiende que este proceso no es sólo un asunto entre dirigentes, sino un fenómeno colectivo y multitudinario.

La virtual presidenta electa planteó la pertinencia de abrir un periodo de escucha y diálogo con todos los sectores previo al inicio de sesiones de la próxima legislatura, en la cual deberán aprobarse las cinco reformas más urgentes.

Diálogo y escucha, sí, sin excluir a nadie: con los intereses minoritarios afectados por la 4T y con los despistados medrosos que tienen pesadillas porque ya somos Venezuela, también, pero sobre todo, con los sectores populares. Si los perdedores del 2 de junio están esperando arreglos en lo oscurito, ne­gociaciones turbias y cabildeos para perpetuar corruptelas, se van a topar con pared: no tienen cartas para negociar, salvo la amenaza de perpetuar sus campañas sucias, su basura mediática y su guerra de mentiras, pero el 2 de junio evidenció que ese arsenal no sirve para nada.

La magnitud del triunfo del 2 de junio permite a la 4T cambiar las viejas reglas del juego que tuvo que aceptar para iniciar esta revolución pacífica y democrática desde el poder presidencial. Certeza jurídica no significa mantener inalteradas de aquí al fin del mundo las normas legales depredadoras del neoliberalismo, sino poder confiar en un entorno en el que las leyes se cumplan, en el que la justicia sea justa y en el que los fallos judiciales no sean meras simulaciones ni resultado de transacciones inmundas. Y eso es parte del país nuevo que se está construyendo.

X: @PM_Navegaciones

10/09/2022

Wikileaks y Guacamaya

Pedro Miguel

El archivo de Wikileaks con los cables diplomáticos de Estados Unidos sobre México contenía 2 mil 995 documentos y pesaba unos 20 megabytes en texto plano. Incluso con la tecnología de 2011, cabía perfectamente en una memoria USB y hasta en la de un teléfono celular de gama media. Revisar esa información y encontrar en ella conjuntos que pudieran dar una base coherente a notas informativas y empezar a armar textos publicables –es decir, inteligibles para lectores no especializados– le tomó a un equipo de seis profesionales del periodismo más de dos semanas y dio pie para decenas de titulares de primera plana.

La autenticidad de la información estaba sustentada por el prestigio de la fuente –hasta la fecha, ni uno solo de los millones de documentos divulgados por Wikileaks ha sido desmentido ni cuestionado en su veracidad–, una organización pequeña pero pública, con un líder que tiene nombre y apellido y que ya por entonces era sujeto de una persecución implacable. Wikileaks había registrado su nombre de dominio 12 años antes y desde 2006 empezó a revelar información sobre delitos cometidos desde el poder por gobiernos y que había permanecido oculta. En 2010, para cuando se dio a conocer el documento llamado Asesinato colateral –uno de los más contundentes testimonios sobre los crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Irak–, Assange había ganado ya varios premios de periodismo por su trabajo informativo.

La organización y su fundador tienen una concepción articulada y pública acerca de su tarea: la difusión de la verdad es un poderoso instrumento de las sociedades para evitar los excesos y atropellos de los poderes políticos y económicos y una herramienta de libertad. A la mitad del camino, Assange sumó a la lista de poderes abusivos el mediático, el cual suele ser extensión y cómplice de los otros dos. Y no ignora que la máxima concentración de esos tres factores se llama Estados Unidos, cuyo gobierno es la principal fuente de violaciones a los derechos humanos, sociales y nacionales en el mundo.

Ni Wikileaks ni su fundador han buscado causar impactos políticos determinados en ningún escenario nacional; han confiado en que la fuerza de la verdad es capaz de impulsar por sí misma las causas de la democracia, la transparencia y el empoderamiento social y ciudadano. Wikileaks no cobra ni ha cobrado a nadie por la información que divulga, sea por canales propios u otros medios. La organización se ha sostenido con donaciones voluntarias y con los derechos de autor correspondientes a publicaciones del propio Assange y de algunos integrantes del equipo.

La entidad que se hace llamar Guacamaya y que dice haber extraído mediante ciberataques decenas de terabytes de los ordenadores militares de Chile, Colombia, México, Perú y El Salvador, se presenta como organización de hacktivistas con una ideología anticolonialista, partidaria de Abya Yala y adscrita en lo general a lo que se ha denominado altermundismo. Afirma luchar contra las trasnacionales depredadoras, pero no se ha sabido que alguna revelación significativa afecte a esos conglomerados. No hay forma de saber si realmente hackeó servidores de fuerzas armadas o si corrompió a empleados y/o funcionarios para obtener volúmenes de información que, con la tecnología actual, ocupan un disco duro de medio kilo y cuya transferencia por Internet tardaría aun semanas.

Los institutos militares atacados son en casi todos los casos de gobiernos que impulsan la recuperación de soberanía nacional, la búsqueda de justicia social, el empoderamiento de pueblos y minorías y el fin del saqueo de recursos naturales. De todos los países mencionados, la inmensa mayoría de las revelaciones hasta ahora conocidas corresponde a México, y se han dado a conocer justamente cuando la presidencia de López Obrador se encuentra en uno de los momentos cruciales de la reorientación de las fuerzas armadas hacia tareas civiles y en un punto crítico del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos anteriores con participación militar: la guerra sucia de Echeverría y López Portillo y la atrocidad de septiembre de 2014 en Iguala.

Quienes han accedido a la información de Guacamaya han optado por publicar de inmediato documentos crudos pero poco sustanciales y el tratamiento periodístico ha sido, hasta hoy, un compendio de exageraciones, distorsiones y manipulaciones sensacionalistas. Lo difundido coincide con la agenda de las oposiciones oligárquicas –las partidistas y las que se nombran sociedad civil– que pretendieron privar a la Cuarta Transformación de un instrumento fundamental de gobierno y pacificación, como es una corporación policial con disciplina, entrenamiento y presencia territorial permanente.

Aunque algunos propagandistas de la reacción oligárquica pretendan establecer una semejanza, Wikileaks y Guacamaya no tienen nada en común.

Twitter: @Navegaciones

9/18/2020

Victorias de septiembre


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se va a ver en aprietos para desechar las dos peticiones de consulta popular formuladas por el Presidente de la República y por un amplio grupo de ciudadanos para decidir si se investiga o no a los cinco ex presidentes del periodo neoliberal. Más allá de los laberintos jurídicos del asunto, es indiscutible que ambas demandas expresan un sentir nacional abrumadoramente mayoritario, tal y como se manifiesta en las encuestas realizadas: entre tres cuartas partes y 90 por ciento de la ciudadanía piensa que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña deben ser llevados ante un tribunal para que respondan por lo que le hicieron al país en sus respectivos periodos.

La primera de las peticiones generó escepticismo en las filas propias y total incredulidad en las ajenas: sería imposible reunir en dos semanas los casi 2 millones de firmas necesarias para presentar al Legislativo una solicitud de consulta popular como iniciativa ciudadana. En un principio pareció, además, que las dos convocatorias –la que impulsó un grupo de ciudadanas y ciudadanos y la que planteó el diputado Gerardo Fernández Noroña– podrían colisionar y dividir esfuerzos. Pero la organización para el trabajo hormiga aprendida en lustros de resistencia contra el régimen neoliberal no se había olvidado, la colaboración solidaria fluyó y decenas de miles de ciudadanos la pusieron en práctica en todos los rumbos del país; con tesón, sin desanimarse por resultados magros, sin dinero ni recursos, se consagraron a colocar mesas receptoras, a difundir e incluso a visitar casa por casa. No había forma de saber de antemano, es decir, antes de las 48 horas previas a la fecha límite, cómo íbamos.

Como solía hacerlo cuando tenía el poder presidencial, la reacción oligárquica no prestó atención al enorme esfuerzo que se desplegaba en el territorio nacional. De ahí su sorpresa cuando, al filo del reloj, se presentaron en el Senado más de 2 millones y medio de firmas respaldando la consulta. Algunos medios y comentaristas incluso deslizaron con mala entraña que las adhesiones a la petición habían sido fabricadas en un día. Sólo vieron, si acaso, la parte final del proceso: la hazaña de clasificar y foliar y empacar los formatos, cada uno de los cuales contenía entre ocho y 10 firmas, lo cual significó ordenar algo más de un cuarto de millón de hojas de papel. Un dato de contraste: a lo largo de un año, con todo y el apoyo de aportaciones monetarias oscuras, Felipe Calderón y Margarita Zavala sudaron para reunir las casi 250 mil firmas que eran requisito previo para el registro de México Libre que a última hora fue denegado por el INE, precisamente por las aportaciones turbias.

El trabajo colectivo acabó con la frustración de los partidarios de la Cuarta Transformación (4T), quienes durante alrededor de dos años habían debido permanecer ayunos de movilizaciones, reactivó al movimiento y llevó aire fresco a Morena, cuyos liderazgos inter-nos confluyeron en una tarea mucho más importante que la de disputarse los puestos directivos.

El 15 en la mañana, el Presidente anunció que enviaría al Legislativo su propia petición de consulta, lo que refrendó y fortaleció el carácter popular del Ejecutivo federal y sus lazos con el movimiento. En la ceremonia del Grito, el Zócalo se quedó vacío por obvias razones sanitarias, pero cada uno de los millones de firmantes vivió el festejo como propio y presencial.

La otra victoria fue el sorteo de la Lotería Nacional por el equivalente al costo del avión presidencial. En forma insólita e insospechada, la aversión de la sociedad por la frivolidad y el despilfarro de los gobiernos corruptos se manifestó en la compra masiva de cachitos de lotería, y también contra los pronósticos de los críticos, la operación distó mucho de ser ruinosa. Pero lo importante del sorteo no fue sólo lo recaudado en términos netos (que no fue poco) para dotar de recursos a los hospitales públicos, sino que los 4 millones 700 mil cachitos vendidos (casi 80 por ciento del total de boletos emitidos) representan otros tantos votos de confianza al gobierno de la 4T. No es exagerada la comparación entre esta rifa y las donaciones populares que se desbordaron tras la expropiación petrolera en solidaridad con la presidencia del general Cárdenas. Por añadidura, se le dio una nueva imagen a la Lotería Nacional, una institución entrañable que fue impregnada por el desprestigo del régimen oligárquico. No sobra el dato: para muchos de los compradores, fue su primera vez como jugadores de lotería y se contribuyó a mover dinero en una economía urgida de dinamismo.

Las oposiciones siguen sin asomarse al fondo de los procesos y tienen, por ello, el entendimiento anémico. No percibirán, desde luego, que en este mes patrio el movimiento que se llama Cuarta Transformación se alzó con dos grandes triunfos.

Twitter: @Navegaciones

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9/11/2020

¿Y dónde está Morena?




La campaña de odio e intoxicación de la opinión pública en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la reacción mantiene desde el primero de diciembre de 2018 es continuación de la que empezó más de 12 años antes, con el peligro para México, el mesías tropical y el huevo de la serpiente, o incluso antes, con la fabricación de los videoescándalos de 2004.
A la postre fue posible superar el permanente y poderoso operativo propagandístico de la reacción mediante la organización popular que encarnó en Morena. Allí se logró convertir el descontento en esperanza y se construyó la gran red que impulsó la insurrección cívica del primero de julio de 2018. Morena fue el eje articulador entre la propuesta de nación y las causas sociales más diversas; el horizonte de justicia, bienestar y probidad gubernamental adquirió significaciones precisas en los ámbito de los derechos humanos, el ambientalismo, las luchas campesinas, las reivindicaciones de género, las demandas urbanas y laborales.
Pero la conquista de la silla presidencial y el inicio de la revolución pacífica tuvieron un costo altísimo: la desarticulación del organismo promotor de la transformación –muchos de cuyos dirigentes y cuadros debieron ocuparse en tareas de gobierno–, la contaminación del partido por las lógicas del viejo régimen y el surgimiento de ambiciones y luchas por el poder como fin en sí mismo.
Peor aun, la materialización en curso de la Cuarta Transformación dejó al partido sin un programa explícito propio, y en lugar de colaborar en la construcción de uno, quienes aspiran a hacerse con el control de Morena han optado por la autopromoción personal y por descalificar a sus competidores por la vía de partidarios del denuesto fácil. Esas pugnas, aunadas a la pandemia, han empantanado el proceso de transición que habría debido emprenderse con la dirección provisional electa en febrero y abrieron la vía para que el Tribunal Electoral impusiera, por medio del INE –organismos, ambos, dominados por las lógicas oligárquicas del viejo régimen–, un abusivo e ilegal protectorado sobre el partido.
En estas circunstancias, la reacción, que no tiene nada que ofrecer al país salvo el retorno al pasado de corrupción, autoritarismo y descomposición neoliberal, ha buscado apoderarse sin escrúpulo alguno de banderas que hasta hace dos años le resultaban ajenas, adversas y hasta odiosas: el combate a la corrupción, el feminismo, las causas ecológicas, los derechos humanos y las luchas campesinas.
Ahora mismo hay en curso dos conflictos que objetivamente constituyen oxígeno puro para la alicaída y desarticulada oposición oligárquica y reaccionaria: la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico por víctimas reales que han contado con el apoyo de grupos oscuros, y las protestas de agricultores chihuahuenses por el cumplimiento del acuerdo de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos que obliga al país a compensar al vecino con una cantidad de recursos hídricos.
La convergencia en el tiempo de ambos asuntos puede ser casual por lo que hace a sus componentes legítimos, pero ciertamente no lo son el inusitado respaldo que han concitado, las dimensiones que han adquirido ni las trágicas consecuencias del segundo, las cuales deben ser obligadamente esclarecidas, sin duda, porque no puede permitirse el retorno de la impunidad para agentes de seguridad del Estado.
Más allá de lo fundamentadas que pudieran estar las inconformidades con la operación de la CNDH, las acciones de protesta exhiben una desmesura que poco abona a legitimarlas, como la destrucción de expedientes depositados en el recinto de la calle de Cuba.
Independientemente del nivel de llenado –o de vaciado– de las presas de Chihuahua, resulta llamativo, por decir lo menos, que grupos de agricultores se animen a acciones que difícilmente habrían adoptado en el régimen anterior, como atacar a la fuerza pública para tomar y cerrar represas.
Aunque en ninguno de los casos fuera posible demostrar que los conflictos hayan sido organizados y promovidos por la reacción, en ambos es patente el aprovechamiento propagandístico de las respectivas crisis por parte de los sectores desplazados en 2018, quienes deben estar observando con deleite la ausencia de Morena en el escenario nacional.
En tanto que el gobierno debe hacer frente a situaciones difíciles como las señaladas, en el partido del Presidente se desarrolla una lucha desoladora en la que proliferan las campañas de desprestigio, así sean de bajo perfil, y la propaganda personalista, como si un nombre y un apellido fueran la solución mágica. La abnegación y la combatividad de la militancia son conducidas a la lucha intestina. Es patente en varios el abominable recurso al marketing político. Y de debate de ideas y de reflexión y acción ante los problemas nacionales, ni una palabra.
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9/04/2020

Paradojas



Desde la campaña, López Obrador delineó sin ambigüedades el cauce que buscaría dar al clamor popular contra los ex presidentes y tomó distancia de la oferta de Ricardo Anaya de enjuiciar a Peña Nieto. A pesar de eso, mucha de la banda que protagonizó la insurrección electoral del primero de julio habría estado muy feliz si el acto inaugural de este gobierno hubiera sido meter presos a un par, una tercia o un póker de antiguos habitantes de Los Pinos. No ocurrió así porque hay poderosas razones éticas, legales y hasta pragmáticas que lo impiden: la 4T no es una venganza popular, sino un proyecto de país; no está en las atribuciones del Presidente encarcelar a nadie; si lo hubiera hecho habría dilapidado su legitimidad con un arrebato y en una de esas le habría dado a los imputados el pretexto –las ganas nunca les faltaron– para una rebelión armada. No hay de otra: para llevar a los sátrapas ante un tribunal debe recorrerse un largo y complicado camino legal y político y es lo que se está haciendo.
Si algunos sectores de clase media que apoyaron a AMLO y que nunca fueron capaces de percibir su propia condición de privilegio (inútil recordarles que el lema de campaña no era precisamente por el bien de todos, primero nosotros) hoy se sienten traicionados por la transformación en curso y se arrojan en brazos de la oposición políticoempresarial; en contraste, no poca de la abnegada militancia que resistió dos sexenios de horror y sudó en la construcción del triunfo de 2018 se deja reducir a la zozobra y la desesperanza porque el PRI encabezará la mesa directiva de la Cámara de Diputados en este periodo legislativo; unos pocos incluso asumen que ocurrió una traición y que la 4T ya fue liquidada.
En septiembre del año antepasado mucha de la militancia de Morena se comió crudo a Ricardo Monreal porque operó para que se concediera licencia a Manuel Velasco a fin de que se fuera a Chiapas a terminar su periodo como gobernador, y otro tanto le ocurre ahora a los diputados morenistas –con su coordinador a la cabeza– que votaron a favor de la priísta Dulce María Sauri para presidir la cámara baja. Y sí: es algo difícil de asimilar para quienes detestamos –me incluyo– la pudrición priísta. Cómo es posible, se exclama, “que nos hayamos partido el alma para echar a los tricolores del poder y que ahora les cedamos la titularidad de San Lázaro”. Tampoco es fácil entender que la ley obligue a los legisladores a votar en un sentido determinado (¡entonces para qué votan!), pero es así: la ley orgánica, el reglamento y el acuerdo interpartidista de principios de la legislatura no dicen que en el tercer periodo de sesiones la presidencia de la mesa directiva le corresponda a la que arrancó la legislatura como tercera fuerza (o sea, el PT), sino a la tercera fuerza (o sea, el PRI).
Si las bancadas oficialistas en las cámaras hubieran negado la licencia de Velascoo hubiesen bloqueado a Sauri, habrían violado normas legales y, peor aún, sembrado la semilla de un diferendo institucional de mal pronóstico que nos habría distraído de lo principal: el impulso y el respaldo a la transformación del país.
Y peor es el caso del Tribunal Electoral ordenando al INE que meta las garras en los procesos internos de Morena, porque la injerencia, además de ser un manifiesto agravio, violenta principios constitucionales y legales, además del estatuto del partido. Lo malo es que ese tribunal es una institución de última instancia y que sólo hay tres lados para dónde hacerse: el acatamiento, la ruptura con el orden legal adverso o el berrinche.
El factor común en las tres circunstancias mencionadas es la tremenda dificultad de lograr un cambio revolucionario pacífico en un marco legal diseñado para perpetuar el viejo régimen, desde la perversa incrustación de organismos autónomos en el texto constitucional hasta el reglamento de la Cámara de Diputados. Una primera y sumamente incómoda paradoja es que se deben cambiar las leyes respetando la ley. Y sin pelearse.
La tarea es enorme y el sentido común indicaría que debe ser llevada a cabo con espíritu de unidad, sin protagonismos y dejando a un lado ambiciones personales. Pero el necesario debate se transforma en una feria de vanidades y desbocadas ansias de poder, tanto en las cámaras como en Morena, cuyas pugnas internas –expresión, a su vez, de la orfandad y el vacío que dejó la conquista del Ejecutivo federal– llevaron a la parálisis del partido y a la sustitución de la democracia y el debate por el litigio judicial y, a últimas fechas, por el marketing político, que es a fin de cuentas una abominable manifestación de la distorsión de la política por el poder del dinero. Lamentablemente, ante la inminencia de la encuesta del INE, ya varios andan en eso.
La segunda tarea paradójica consiste en lo siguiente: todos los pretendidos transformadores debemos transformarnos, lo que significa, por ejemplo, asumir que el poder no es para servirse, sino para servir, y actuar en consecuencia.

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8/28/2020

¿Ex gobernantes a juicio?

Pedro Miguel
La Jornada
Quienes quieran adherirse a la petición para realizar una consulta nacional sobre el juicio a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto tienen la primera quincena de septiembre para hacerlo. Se debe reunir un número de firmas equivalente a 2 por ciento del padrón electoral. El documento deberá ser presentado ante la Suprema Corte de Justicia, la que, a su vez, dictaminará sobre su constitucionalidad y, en caso de aprobarla, la turnará al Instituto Nacional Electoral para que organice la consulta.
En numerosas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la necesidad de contar con un respaldo popular documentado para emprender procesos penales a los que él, también lo ha dicho, se opone, aunque estaría dispuesto a acatar la decisión mayoritaria expresada en la consulta.
Estamos ante una de esas disyuntivas en las que están en juego y contrapuestas la razón legal, la razón de Estado y la voluntad del pueblo.
Desde la primera de esas perspectivas, todo presumible delito debe ser sometido a proceso, a menos que haya prescrito la acción legal, como es el caso de la mayor parte de los ilícitos atribuidos a los ex gobernantes, particularmente los de índole patrimonial con afectación a las finanzas públicas. Por acción o por omisión, los mencionados incurrieron en delitos de sangre: Salinas dejó pasar o propició el homicidio de cientos de opositores; Zedillo permitió o indujo masacres de campesinos; Fox mandó a la policía a actuar a sangre y fuego en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca; Calderón fue promotor de un genocidio y Peña Nieto toleró que subordinados suyos participaran en matanzas en Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Iguala y Asunción Nochixtlán, entre otros sitios.
Por lo que hace a los crímenes contra la seguridad de la nación y traición a la patria, el sentido común indica que los cometieron todos los referidos: Salinas desmanteló la propiedad pública, Zedillo endeudó al país por muchas generaciones con el Fobaproa, Fox inició la entrega de los recursos naturales a los intereses extranjeros, Calderón sumió al país en una guerra y Peña consumó la entrega del sector energético a manos privadas. Todos ellos fueron, además, impulsores principales de un modelo económico que multiplicó el número de pobres, concentró la riqueza en unas cuantas manos, incrementó la desigualdad y se tradujo para millones en hambre, enfermedad y carencias educativas.
Estos hechos son conocidos por todo mundo y explican por qué 89.4 por ciento de las personas apoya un juicio contra Peña, 88.5 respalda llevar a tribunales a Salinas, 82.1 piensa que se debe hacer otro tanto con Calderón, 78 quiere que se enjuicie a Fox y 74.3 considera que sedebe imputar a Zedillo (https://is.gd/Kq7DmH). Pero hay muchísima distancia entre ese repudio abrumador a los jefes políticos de la mafia neoliberal y la integración de expedientes, la recolección de pruebas y la formulación de imputaciones que correspondan con delitos existentes en el marco legal, en el cual no existen figuras comoprivatización de bienes nacionales,impulso a la pobreza extrema,inducción de guerra interna,destrucción del tejido socialoejercicio frívolo y dispendioso del poder público.
Como se ha dicho aquí, los candidatos a los juicios y sus secuaces tuvieron a su cargo durante varias décadas la redacción de las leyes, la designación de jueces y magistrados, el mando de procuradurías y el resguardo de archivos y pruebas, y es razonable suponer que usaron sus posiciones para construirse un espeso blindaje legal para garantizarse la impunidad. Ello, sin considerar que disponen hasta la fecha de cuantiosos recursos –diversos testigos han señalado, por ejemplo, que Salinas se robó la mitad de la llamadapartida secretapresidencial– y de los bufetes de abogados fundados por sus amigos y colaboradores.
En suma, la perspectiva de llevar a estos individuos ante los tribunales conlleva el riesgo de procesos anticlimáticos que desemboquen en respectivas exoneraciones y que consumirían, para colmo, preciosos recursos humanos y económicos que pueden ser orientados a la transformación del país. Ese riesgo explica en buena medida la reticencia presidencial a actuar como parte promotora de los juicios, su propuesta de limitar el ajuste de cuentas entre la nación y sus sátrapas del pasado reciente al ámbito del repudio social generalizado y el castigo garantizado de pasar a la historia como un recuerdo infame; de ahí su determinación de dejar la última palabra a la sociedad.
Desde luego, lo anterior no es prueba de un supuestopactoentre el mandatario y su inmediato antecesor en el cargo ni expresa voluntad alguna de encubrimiento: la Fiscalía General de la República está obligada a actuar hasta las últimas consecuencias ante la cloaca destapada por la denuncia de Lozoya y las que se acumulen, con o sin consulta ciudadana.
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8/07/2020

Pura gente decente


Hace cosa de una década las cumbres iberoamericanas daban oportunidad para departir al entonces jefe de Estado de España, Juan Carlos de Borbón, y al que era presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En un par de ocasiones coincidieron con el usurpador mexicano Felipe Calderón, y con el difunto Alan García, quien por segunda vez ejercía la presidencia peruana. En esos encuentros fastuosos hablaban de democracia, transparencia, paz, derechos humanos y esas cosas, y se presentaban como paladines bicontinentales de los más sagrados principios éticos.
Algunos de esos cónclaves fueron amenizados por célebres ideólogos de la derecha como Mario Vargas Llosa, quien además de ser un gran novelista, resultó ser usuario de paraísos fiscales y propietario de una empresa offshore que liquidó un día antes de recibir el premio Nobel, como salió a relucir años más tarde en los papeles de Panamá.
Alan García no pudo soportar la presión de las pesquisas judiciales que lo señalaban como culpable de haber recibido sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht; el 17 de abril de 2019, ya con la policía en la sala de su casa dispuesta a detenerlo, subió a su habitación y se pegó un tiro en la cabeza.
Los infortunios del rey que Francisco Franco le heredó a España empezaron de distinta manera: su popularidad, hasta entonces imbatible, empezó a menguar cuando fue pillado matando elefantes en África en momentos en que los españoles atravesaban por una severa crisis económica. Posteriormente se supo que el soberano había recibido de la casa real saudiárabe muchas decenas de millones de euros como comisión por conseguir inversionistas para la construcción de un tren entre Medina y La Meca y que le había regalado a una amante 65 de esos millones.
Por añadidura, el señor Borbón recurrió al lavado de dinero, a empresas fantasma y –también– a paraísos fiscales para realizar sus trapicheos. Algunos de éstos fueron realizados cuando la inmunidad absoluta con que la Constitución de 1978 apapacha al rey de España había cesado, se supone, en el momento de su abdicación, el 19 de junio de 2014, y las fiscalías suiza y española tienen bajo el microscopio las cuentas del emérito. Abrumado por el contagioso descrédito que emana de su padre, Felipe VI se vio forzado a renunciar a la herencia paterna y a quitarle la generosa pensión –equivalente a casi 6 millones de pesos anuales– de la que venía gozando desde que se retiró. En tales circunstancias, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón optó por salir del país y se refundió en una lujosa casa de campo en el municipio dominicano de La Romana, propiedad de un muy próspero exiliado cubano.
Por su parte, Álvaro Uribe Vélez, fundador de grupos paramilitares y operador de estrategias genocidas en Colombia, se encuentra en régimen de prisión domiciliaria desde esta semana. Es otro de los derechistas neoliberales cuya popularidad parecía eterna, pese a su corrupción, sus vínculos con el narcotráfico, lo sangriento de sus dos mandatos –obtenidos mediante prácticas fraudulentas– y su total sumisión a Washington. Aunque el papel de Uribe en la comisión de violaciones masivas a los derechos humanos debería ser objeto de una minuciosa investigación penal, su detención sólo está vinculada, hasta ahora, con un proceso por soborno y fraude procesal.
Por lo pronto, Felipe Calderón se encuentra en libertad y no hay, que se sepa, pesquisas judiciales en su contra. Pero el que fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está sujeto a proceso en Estados Unidos por narcotráfico y tanto en esa nación como en México se investiga por lo mismo al ex jefe de la Policía Federal durante el calderonato, Luis Cárdenas Palomino. En el sexenio pasado, Calderón consiguió evitar, gracias a la protección de su sucesor, Enrique Peña Nieto, que la Corte Penal Internacional de La Haya lo procesara por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en su administración. Pero con esos dos de sus más cercanos colaboradores involucrados en actos delictivos graves, parece difícil que logre mantenerse al margen de acusaciones formales.
Faltan muchos otros, desde luego.
Así suelen ser las derechas en el mundo: honorabilidad y decencia son dos de las etiquetas favoritas que sus representantes se ponen en la solapa cuando acuden a reuniones internacionales con el portafolio lleno de discursos sobre la democracia, el estado de derecho, la transparencia, los derechos humanos y esas cosas.
Y miren nada más.
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7/31/2020

El esófago del acusado

Pedro Miguel

A su llegada a México, el ex director de Pemex en tiempos de Peña Nieto fue hospitalizado por un diagnóstico de anemia, debilidad generalizada y problemas sensibles en el esófago. Según comentó la doctora Laura Hernández, médica siquiatra, podría tratarse de esófago de Barret, que consiste en un cambio de epitelio normal del esófago (células que lo recubren) a uno anormal (se le conoce como metaplasia a ese cambio de epitelio), debido a la exposición continua de ácidos gástricos del estómago al esófago (o sea de abajo para arriba) por enfermedad de reflujo crónico. Y remató: qué estrés tan importante debió haber traído a cuestas.
No es necesario estar familiarizado con los procesos de somatización para aceptar que en una situación similar muchas personas tarde o temprano enfermarían. Porque no es para menos: de lo que formule la boca del acusado depende, en buena medida, el derrumbe definitivo del mundo en el que él nació, creció y se malcrió. Es el punto más débil en el blindaje histórico del régimen neoliberal y de lo que declara en el juicio será posible ver el interior del régimen oligárquico y neoliberal que se instauró en México durante casi cuatro décadas y que para él fue patio de juegos, universidad y fuente de riquezas.
Veamos: el hombre, nacido en 1974, tenía 14 años cuando se perpetró el golpe de Estado electoral que impuso a Salinas en la Presidencia y que empujó al país en forma abierta y desembozada por la senda del neoliberalismo. Su padre formaba parte del grupo que fue ascendiendo los peldaños de la burocracia priísta hasta hacerse con una enorme cuota de poder en el sexenio de De la Madrid, en el que fue subsecretario del Trabajo; ya en el Salinato, encabezó el Issste y, luego, la Secretaría de Energía.
El ahora acusado pertenece a la segunda generación de hijos de priístas –la primera es la del propio Salinas– que gozaron de preparación académica de élite y acceso fácil a los negocios y que no tuvieron contacto con el México real: se desenvolvían en despachos de lujo, nunca debieron preocuparse de qué comer, cómo transportarse ni dónde vivir, y para ellos el país no era un universo de necesidades insatisfechas, sino un centro comercial pletórico de oportunidades de negocio. En ese ambiente se asoció a Peña Nieto, Videgaray y otros logreros que florecían en el estado de México, en donde el ejercicio del poder era sinónimo de corrupción, tráfico de influencias y completa impunidad.
El último tramo del ciclo neoliberal fue la transposición al ámbito nacional de esa forma de gobernar, y en ella el acusado fue pieza clave desde la transición, en 2012. Jugó con las mismas reglas y operó con ellas la deshonestidad en lo electoral y en lo financiero hasta que, bajo las lógicas del mismo sistema, fue desechado (salió de la dirección de Pemex en 2016) por necesidades políticas del jefe.
Si hubiera que definir en una expresión el mundo en el que creció y se desarrolló el indiciado, acaso la correcta sería la articulación corrupta entre el poder político y el económico. En ella, todo –escuelas, hospitales, arte y cultura, medicamentos, sepelios, policía, seguridad nacional, deuda pública, beneficencia, activismo social, academia, pensiones, medios informativos, automóviles, obras de infraestructura– era visto como negocio para los gobernantes.
Sería ingenuo suponer que la victoria popular de 2018 barrió del todo con esa inmundicia. No: aunque derrotada, persiste, enquistada en los más diversos ámbitos del quehacer nacional, a la espera de un fracaso de la Cuarta Transformación y de una oportunidad para regresar al poder de la Presidencia; prosigue su trabajo de socavar el prestigio y la autoridad del actual gobierno; cuenta con medios poderosos, con mucho dinero y con plumas y rostros que aún gozan de credibilidad entre los incautos y los intoxicados de odio.
De lo que diga o calle el acusado depende, en buena medida, la supervivencia de esos despojos de lo que fue su mundo: si salen a la luz los nombres de amigos y socios que fueron cómplices del saqueo de Pemex, si se divulgan negocios aún ocultos y fortunas escondidas, resultará inevitable el derrumbe definitivo de lo que López Obrador ha llamado adecuadamente la mafia del poder.
La verdad médica dice que la voz se genera en una zona llamada laringe a partir del aire expelido por los pulmones. Pero la vivencia sicológica –y la del canto– sabe que el estómago desempeña un papel fundamental en la fonación. Lo que se tiene guardado y pugna por salir no viene de la tráquea, sino del esófago. En esos tubos, confesar y vomitar son sinónimos.
En el esófago del acusado hay un hervidero de secretos ácidos y corrosivos –las líneas generales se conocen, pero los detalles aún no dichos pueden ser pruebas penales–, capaces de provocar una metaplasia o algo peor al más robusto de los tubos digestivos. Más allá del respeto a los derechos humanos, es evidente la pertinencia de cuidarlo.

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7/24/2020

El sistema electoral no sirve




El sistema electoral vigente en México no fue diseñado para garantizar procedimientos democráticos, sino para perpetuar el régimen oligárquico, corrupto y neoliberal que fue derrotado en 2018. Es un andamiaje institucional gatopardista que ha asegurado por décadas la confluencia de los partidos en un consenso de continuismo, simulación y tolerancia a la impunidad y la descomposición; también ha garantizado el sometimiento de la vida interna de las fuerzas políticas con registro a las determinaciones (arbitrarias, tendenciosas y sesgadas la mayor parte de las veces) del IFE-INE y del Tribunal Electoral. En uno y otro faltan tanto las atribuciones legales como la voluntad política para sancionar acciones y conductas fraudulentas, pero tienen atribuciones en exceso para imponer decisiones sin derecho a apelación y para manejar presupuestos excesivos y fuera de toda decencia.
Vale la pena analizar este último punto. Los cargos oficiales han sido por tradición un excelente sitio para efectuar negocios sucios y de allí la distorsión cultural, aún no erradicada, de ver en el servicio público un camino rápido al enriquecimiento. Pero incluso la actividad política y partidista en sí misma, es decir, al margen de puestos en el gobierno, fue convertida en el periodo neoliberal en un sector pletórico de oportunidades de negocio, en el contexto de los enormes y onerosos aparatos partidistas financiados con dinero del erario.
Esa distorsión, que data de los tiempos de Zedillo –cuando se aprobó una reforma que le abría a los partidos la llave de los presupuestos–, volvió a los institutos políticos manantial financiero para proveedores de toda suerte que han hecho su agosto tanto en los periodos electorales como fuera de ellos. Consultores, asesores, publicistas, agentes de relaciones públicas, casas encuestadoras, despachos de abogados y contadores, mercadólogos, impresores y productores de materiales audiovisuales o digitales –por no hablar de los operadores encargados de la compra de voluntades– han vivido durante décadas de este singular mercado al que le importa un pepino las formas de expresión de la soberanía popular; lo único que le interesa es su propia perpetuación. Los partidos, por su parte, en razón de la normatividad vigente, se ven presionados a gastar a manos llenas y sin ton ni son. El desproporcionado aparato verificador del INE, oneroso y absurdo, se limita a verificar que las facturas se apeguen a los formatos correctos.
Poco se habla de estas miserias del régimen de partidos y menos aún de esa visión mercantilista que lo ha impregnado y que se resume en la expresión “ marketing político”, un quehacer de suyo perverso que pretende imponer lógicas comerciales al quehacer político. Para esa actividad, el candidato es un producto, sus propuestas son ofertas, los votantes son consumidores, la ciudadanía es un mercado y, a fin de cuentas, la boleta que se deposita en la urna es un documento negociable. No sólo ocurre en la política, claro: la extrapolación de las lógicas mercantiles a las más diversas actividades humanas es un fenómeno estrechamente asociado al neoliberalismo y ocurre en la educación, la información y la religión, entre otras relaciones sociales que deben apegarse a sus propias reglas y preservar su propia dignidad.
Más allá de lo afortunadas o desafortunadas que hayan sido las designaciones de los nuevos consejeros electorales en la Cámara de Diputados –el tiempo lo dirá–, el sistema electoral y el régimen de partidos siguen estando regidos por los intereses de castas académicas, por el cálculo del beneficio personal o faccioso y por el inconmensurable amor a los presupuestos. Para la Cuarta Transformación no será fácil salir de este pantano. Si el INE y el Tribunal Electoral se mantienen recalcitrantes a los lineamientos de honestidad, austeridad y servicio a los demás que se ha buscado inculcar desde el Ejecutivo federal al resto del Estado, será necesario pensar en una reforma política, así sea a contrarreloj, para sanearlos, adecuarlos a la nueva realidad nacional e imbuirles un sentido del que carecen: el de la democracia participativa, cuya construcción, en complemento a la representativa, es uno de los objetivos de este gobierno. En cuanto a los partidos, el parteaguas de 2018 trazó una clara división entre los que respaldan la transformación nacional –y que no están exentos, sin embargo, de contagiarse de los vicios del viejo régimen– y los que, ayunos de propuestas, no tienen más programa que obstaculizar o hasta derrocar a la Presidencia lopezobradorista. El año entrante se sabrá si la ciudadanía lo ha comprendido así y les niega la conservación del registro o si logran seguir cabalgando sobre descontentos coyunturales y localizados. Pero esta institucionalidad electoral y este régimen de partidos no sirven. Deben reformarse.

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7/17/2020

El Frenaaa de los telectuales


En 2006, poco después del fraude electoral perpetrado por el IFE de Luis Carlos Ugalde, la presidencia de Vicente Fox y los desgajamientos priístas comandados por Elba Esther Gordillo, una colección de escritores, académicos, artistas, locutores y ex funcionarios o funcionarios en ciernes dio a conocer un manifiesto que en su parte medular decía: “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos (…) partidos y candidatos tienen el derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer sus inconformidades”.
En los días y semanas siguientes la instancia mencionada dio expresiones contundentes de parcialidad; desechó el recuento total de sufragios que pedía la coalición Por el Bien de Todos, descalificó la gran mayoría de las 375 impugnaciones al proceso y, a la postre, emitió uno de los fallos más incoherentes y vergonzosos de que se tenga memoria: tras reconocer algunas de las graves irregularidades del proceso electoral –como la intromisión presidencial, las transgresiones cometidas por el Consejo Coordinador Empresarial y la guerra sucia del régimen en contra de AMLO– concluyó que no se podía comprobar el impacto deesos delitos en los resultados electorales ydeclaró presidente electo a Felipe Calderón.
Durante el espuriato resultante ninguno de los signatarios convocó a la creación de contrapesos cuando se propició desde el gobierno el exterminio de quienes fueron genéricamente categorizados por Héctor Aguilar Camín –uno de los abajo firmantes de ayer y de hoy– como hijos de puta, a pesar de que entre las víctimas había una gran proporción de campesinos mariguaneros y amapoleros, personas empujadas a los bajos escalones de la delincuencia por el desempleo y el hambre e incluso miles de bajas colaterales, es decir, gente que no tenía nada que ver. No lo habían hecho antes, cuando Salinas saqueaba a mansalva la propiedad pública e imponía políticas que expulsaron del campo a millones de personas; por el contrario, algunos de ellos fueron ideólogos destacados del régimen. No lo hicieron cuando Zedillo dejó al país embargado durante décadas con el Fobaproa. No pidieron contrapesos legislativos cuando Fox unció a México al ASPAN, cuando surgieron evidencias de la corrupción que imperaba en Los Pinos ni cuando su ocupante recurrió a un autoritarismo violento y represivo en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca. Y ninguno de los signatarios del manifiesto calderonista de 2006 pidió la movilización del electorado cuando una presidencia de legitimidad tan enclenque como la de Peña –según los resultados oficiales, éste obtuvo 38.2 por ciento de los sufragios, una gran parte de ellos, comprados– sometió al Congreso a punta de cheques para crear una hegemonía sin contrapesos denominada Pacto por México, al amparo de la cual se consumó un nuevo ciclo de reformas constitucionales desastrosas para el país.
Ahora, un grupo más reducido emite algunas calumnias manidas en contra de la Cuarta Transformación (4T) y convoca a conformar un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana para que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo con la finalidad de que el gobierno federal respete la pluralidad democrática.
La intención es nítidamente reaccionaria: estos ciudadanos no tienen ningún futuro que proponer a la nación, pero detestan que el Congreso apruebe presupuestos redistributivos, que consagre la equidad como principio constitucional o que sancione la corrupción y las modalidades del fraude electoral como delitos graves; les gustaría, en cambio, que echara atrás el cimiento legal de los programas sociales para adultos mayores, campesinos, jóvenes desempleados, estudiantes y discapacitados; pretenden restaurar, en suma, la República simulada bajo la que se escondía una oligarquía feroz que los mimaba con contratos, prebendas y distinciones.
Proponen vías distintas, pero en el fondo quieren lo mismo que el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), la furibunda secta anticomunista que organiza en forma periódica embotellamientos de protesta en algunas ciudades: el naufragio de un proyecto de país que obtuvo la mayoría absoluta en las urnas y que no se propuso colocar en la Presidencia a un nuevo administrador, sino acabar con un régimen podrido, violento, corrupto y antinacional e instaurar un nuevo orden político, social y económico verdaderamente democrático, con sentido social y orientación soberana.
Ahora los “telectuales“ –así fueron bautizados por los moneros de El Chamuco esos personajes de la corte neoliberal a los que la magia de Televisa consagró como poseedores de las más preclaras masas encefálicas del país– lanzan la convocatoria a su propio frente opositor. A ver si no terminan participando en los embotellamientos que promueve Gilberto Lozano.

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7/05/2020

1 de julio: dos años



Como algunos siguen sin entenderlo, va de nuevo: lo que ocurrió en 1 de julio de 2018 no fue una elección, sino una sublevación. La mayoría absoluta de la ciudadanía no fue a las urnas para poner a un nuevo administrador en la cabeza del régimen, fue para destruir el régimen. La decisión no fue entre Anaya, Meade, El Bronco o López Obrador, sino entre mantener el modelo neoliberal y oligárquico o enterrarlo.
Sí, de seguro hubo voto de hartazgo, de exasperación y de rabia por 30 años de agravios sistemáticos y profundos del poder público a la sociedad, pero millones de personas sufragaron además por un proyecto alternativo de país que se había venido gestando desde que inició el viraje hacia el neoliberalismo, en 1982, y que ya en este siglo encarnó en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y no, el suyo no era el mejor proyecto, sino el único posible: ni Anaya ni Meade fueron capaces de construir algo mínimamente viable por la simple razón de que ambos eran náufragos del desastre neoliberal en el mundo y en México.
Dicho de otro modo: la columna vertebral de la aplicación local de ese modelo era la integración supeditada a Estados Unidos; primero en lo comercial, luego en lo económico y en los últimos sexenios del ciclo, en seguridad nacional y pública; pero la llegada de Trump a la Casa Blanca cortó de tajo cualquier perspectiva de continuidad en el proyecto y ni el PRI ni el PAN fueron capaces de imaginar –acaso porque el espíritu de dependencia se les había convertido en horma– un programa basado en el ejercicio efectivo de la soberanía, en la recuperación de segmentos nacionales cruciales para la economía y en la apuesta por el mercado interno. Su reflejo desesperado, el más grotesco posible, fue tomar abierto partido por Hillary Clinton en el proceso electoral del país vecino.
Aunque carezca de doctorados en Harvard, Yale, el CIDE, el ITAM o el Colmex, la gente común percibió con nitidez que cualquier intento de perpetuación de un régimen ya huérfano de plan y de rumbo sería catastrófico de necesidad para la nación; aun así, no fue empresa fácil derrotarlo en las urnas porque sería necesario enfrentarse a todo un arsenal de instrumentos de adulteración de la voluntad popular, incluidos organismos electorales que desde 2006 fungían no como árbitros de la contienda, sino como mecanismos de legitimación del fraude. Basta con hojear los diarios del primer semestre de 2018 para concluir que en los comicios de ese año las mapacherías no fueron muy distintas a las de procesos electorales previos y que, como siempre, los que debían ser guardianes de la democracia se limitaron a mirar hacia otro lado. Hubo robo de urnas y papelería electoral, hubo compra furtiva o abierta de sufragios, inducción del voto y sólo entre el primero de julio y el día anterior, una decena de asesinatos directamente vinculados a la elección. En entidades como Puebla, el morenovallismo entonces gobernante perpetró además una descarada alquimia con las actas y boletas.
Para superar los mecanismos del fraude –que eran capaces de adulterar el veredicto del pueblo hasta en 7 u 8 por ciento– no sólo era necesario obtener más votos que cualquier candidato del régimen, sino lograr la mayoría absoluta y un poco más, así como organizar un ejército capaz de cubrir la totalidad de los centros de votación para impedir los trastupijes del Prianrd. Es claro, en suma, que así se haya desarrollado en forma de una elección, el proceso que culminó hace dos años fue, en el fondo, una insurrección en contra de un régimen tan odioso como insostenible.
Y sí, como resultado de esa insurrección se conquistó la Presidencia para un proyecto de transformación profunda y radical que no se propone administrar el régimen, sino acabar con él, con sus usos y costumbres, con sus normas y con sus prácticas habituales de gobierno. Como consecuencia, las lógicas de funcionamiento institucional tradicional hoy se encuentran dislocadas, al igual que los términos en los que el poder político se relacionaba con la sociedad.
Y sí, hay descontento, no sólo el de la casta política desplazada y de los logreros y capitanes de empresa que se comían el erario a mordiscos, sino también de miles de personas de clase media, trátese de los intoxicados veteranos de las campañas de odio contra AMLO o de quienes sienten que la 4T no les ha hecho justicia; algunos de estos últimos incluso se sumaron a la sublevación de julio del 18 sin tener muy claro hacia dónde apuntaba. Con los desplazados y los envenenados (AMLO nos está volviendo Venezuela o es un peligro para México) no hay mucho que hacer; a los desilusionados, por su parte, habría que recordarles que la transformación en curso no se propuso beneficiar en primer término a unas decenas o centenas de miles de clasemedieros, sino a las decenas de millones de pobres y de pobres extremos a los que el Estado les había dado la espalda desde siempre.
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