CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. De cara a una inminente crisis económica provocada por
la pandemia del COVID-19, la economista Magdalena García Hernández propuso que
México nacionalice las nóminas privadas, es decir, que asuma el salario que
pagan las pequeña y medianas empresas y entregue un ingreso básico a la
población trabajadora y desempleada, durante los seis meses que se prevé dure
la emergencia de esta contingencia sanitaria.
La especialista explicó
en entrevista con Cimacnoticias, que la propuesta es que el Estado garantice un
ingreso a las y los trabajadores que en la actualidad perciban de cero a cinco
salarios mínimos mensuales (lo que equivale ganar de cero a 18 mil 700 pesos al
mes), con la idea de que las personas que están confinadas en casa puedan tener
recursos económicos para sobrevivir en medio de una economía congelada.
La idea, según se
detalla en un documento elaborado por el proyecto “Pensadoras Urbanas”,
encabezado por García Hernández, es tener una medida de “salvamento” para
la población más vulnerable. En opinión de la especialista, entregar ese dinero
a las familias beneficiará a personas desempleadas y trabajadoras formales e
informales, cuya preocupación principal durante esta pandemia es garantizar su
alimentación.
Salvar a las familias y no a las empresas
Ahora que las economías
se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos
severas, el pasado 3 de abril la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) presentó un informe en el que señaló que aunque no se sabe
cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto
más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos
negativos.
En esta etapa de
emergencia, expuso Magdalena García Hernández, la prioridad deben ser las vidas
humanas y satisfacer las necesidades básicas, no las empresas en sí.
Nacionalizar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas es una decisión
que beneficiará la economía porque las personas que reciban este ingreso
también son consumidoras y lo utilizarán para consumir productos y servicios
para su sobrevivencia, argumentó.
La economista aseguró
que en la etapa de emergencia no habrá producción en muchos sectores, como se
manifestó el pasado 30 de marzo en el acuerdo de actividades esenciales durante
la emergencia generada por el virus, presentado por la Secretaría de Salud y
donde se consideró primordial la provisión de alimentos, agua potable corriente
y constante para toda la población, insumos e instrumentos médicos para salvar
vidas.
Entonces, precisó, se
requiere que el gobierno intervenga y entregue recursos directamente a los
hogares en una especie de “renta básica de emergencia”. Cabe decir
que, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta marzo
de 2020 el ingreso promedio de la población era de 6 mil 545 pesos mensuales,
pero en el caso de las mujeres la cifra era de 5 mil 536 pesos.
¿A quiénes se tiene que apoyar?
La propuesta consiste en
entregar un ingreso de 10 mil 900 pesos mensuales, en promedio, a 73 por ciento
de los hogares que pertenecen a los rangos de ingreso equivalente de cero a
cinco salarios mínimos o donde las personas están desocupadas. En cada hogar,
también en promedio, hay 3.7 integrantes, según la encuesta intercensal 2015
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), por ello el ingreso
se entregaría por hogar y sería el equivalente para asegurar la compra de una
canasta básica.
Para cuantificar el
universo a atender, “Pensadoras Urbanas” hizo cálculos con base en
información oficial del Inegi y del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), por tanto, en la población beneficiada
consideró a las personas trabajadoras que perciben ingresos equivalentes de
cero a cinco salarios mínimos, población desocupada y personas disponibles para
trabajar e interesadas en trabajar pero que no lograron conseguir empleo.
Se consideraron a todos
estos grupos porque, de acuerdo con la especialista, en este momento de bajos o
nulos ingresos, estas personas requerirán de recursos para sobrevivir, además
de que la mayoría de esta población son mujeres.
Por otra parte, la política
de nacionalización de nóminas considera la desigualdad de género. De acuerdo
con García Hernández, hasta 2019, dos mujeres por cada hombre estaban
disponibles e interesadas en trabajar, pero no conseguían empleo y en el mismo
año había seis mujeres ocupadas por cada 10 hombres, lo que revela una baja
participación económica de las mexicanas que no acceden al empleo por la discriminación
laboral y las cargas en las tareas de cuidado y del hogar.
¿Cuánto hay que invertir?
El documento elaborado
por “Pensadoras Urbanas” se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con el objetivo de entregar toda la información estadística y económica
utilizada para sustentar la propuesta, para que la dependencia pueda ampliar o
mejorar los alcances de las estimaciones, a fin de revisar la viabilidad. En
este análisis se expone que a cada hogar se le otorgaría en promedio 436.12 dólares,
es decir, 10 mil 900 pesos mensuales.
García Hernández explicó
que si la etapa de emergencia dura seis meses, los recursos requeridos son de
1,627.3 miles de millones de pesos, es decir, 65 mil millones de dólares, lo
que significa 6 por ciento del PIB anual mexicano, revisado al 2 de abril de
2020.
Además, sería necesario
ajustar las estimaciones para hogares rurales y hogares urbanos, ya que cada
uno necesita de distintos montos para asegurar la adquisición de la canasta
básica y mantenerse al margen de la línea de pobreza. La economista resaltó que
el beneficio para el gobierno es que el dinero que entregue a las familias se
regresará al Estado porque se gastará, principalmente, en alimentos, transporte
público, limpieza y cuidados.
¿Derechos sociales universales?
Una de las
recomendaciones del reciente informe de la Cepal es llamar a reforzar los
sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables. El
organismo recomendó ampliar los programas no contributivos como las
transferencias directas de efectivo a las personas más vulnerables, las
prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo, el crédito sin intereses a
las empresas para el pago de salarios y los aplazamientos del pago de
préstamos.
En este contexto, aseguró
García Hernández, lo universal de la pandemia actual, unido a la certeza de que
se puede presentar de nuevo en cualquier momento, sería una piedra angular para
cambiar el mundo neoliberal que nos ha agobiado, precarizado y enfermado desde
la década de los años setenta.
El ingreso básico, como
propone “Pensadoras Urbanas”, pero de manera permanente y no sólo en una
emergencia, es un tema a debate. En octubre de 2017 el Fondo Monetario
Internacional explicó en una publicación que el Ingreso Básico Universal es
una transferencia que se está probando en varios países porque para algunos
economistas puede enfrentar la desigualdad de manera más eficaz que los
programas focalizados.
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