Editorial La Jornada
En diversos ámbitos políticos, empresariales y sociales del país se generó en días recientes la expectativa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría de anunciar medidas novedosas, cambios en el gabinete, rectificaciones de gran calado en el manejo de la economía y también, desde luego, modificaciones sustanciales a la estrategia epidemiológica adoptada a raíz de la expansión del coronavirus.
No ocurrió así. Como lo ha hecho en sus alocuciones trimestrales previas sobre la situación nacional y de su gobierno, el jefe del Ejecutivo federal, si bien dedicó una parte importante del discurso a la crisis sanitaria y económica por la que atraviesan México y el mundo, informó sobre los avances de los programas sociales característicos de su sexenio e insistió sobre el rumbo adoptado por el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018.
En el ámbito de la salud pública es importante recordar que la presente administración realizó desde su inicio el saneamiento de las finanzas de ese sector, devastadas por una acendrada corrupción, y el rescate de la infraestructura hospitalaria, severamente deteriorada por décadas de desatención, restricciones presupuestales, desvíos y saqueos. Así, en la lógica gubernamental, una de las claves para hacer frente a la pandemia de Covid-19 es dar continuidad a esa tarea, además de la adopción de medidas emergentes como el reclutamiento de personal de salud por decenas de miles, la incorporación de la capacidad médica de las fuerzas armadas a la batalla nacional contra el coronavirus y la delegación de las decisiones técnicas en el equipo de especialistas que ha venido informando desde hace un mes sobre el avance de la pandemia y que ha tomado las determinaciones y directrices para contenerla y mitigar sus efectos.
No es muy distinto el razonamiento de López Obrador en lo que se refiere a la atenuación de los desastrosos efectos económicos que causa y seguirá causando la paralización de buena parte de las actividades productivas para reducir los contagios: el gobierno apuesta a la continuación, expansión y profundización de los programas sociales como principal instrumento para asistir a quienes han perdido parcial o totalmente sus ingresos debido al parón económico generalizado.
Ciertamente, buena parte de los afectados por la crisis coyuntural, ubicados en el sector informal, no están incluidos en ninguno de esos programas, y para ese efecto se ha anunciado la otorgación de microcréditos y créditos de vivienda adicionales y creación de más empleos en el marco de los programas sociales y de los proyectos regionales de desarrollo. Está por verse si tales medidas podrán abarcar al conjunto de los damnificados económicos o si se requerirá de acciones adicionales. Lo cierto es que el apoyo gubernamental requerido es urgente y cabe demandar que se materialice a la brevedad.
Para las grandes empresas, es claro que esta vez no habrá medidas de rescate con dinero público ni con exenciones, aplazamientos o créditos fiscales y que no se cumplirán las expectativas de quienes pretendían ver en la emergencia epidémica una oportunidad para un cambio en los lineamientos fundamentales de la Cuarta Transformación. En esta ocasión la contratación de deuda adicional para hacer frente a la crisis tendrá que corresponder a la inciativa privada y no al Estado.
En suma, para bien o para mal, el discurso presidencial de ayer conlleva el mensaje de que la coyuntura sanitaria y económica del momento no va a traducirse en virajes sustanciales y que está siendo abordada en la perspectiva de la transformación nacional en curso.
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