Mostrando las entradas con la etiqueta CFE. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta CFE. Mostrar todas las entradas

7/24/2020

Emilio Lozoya destapa la olla podrida de la corrupción en México


emilio_lozoya_odebrecht_mexico.jpg
Foto: http://udgtv.com/
México (Prensa Latina) La aprehensión del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y su aceptación de testigo protegido, destapa la olla podrida de la corrupción en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que ello permitirá 'aclarar muchas cosas, porque se va a saber si se compró la reforma energética' aplicada por su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), mediante la cual se destruyó el sector con una virtual quiebra de Pemex y la Comisión Federal de Energía (CFE).

La idea era, según el mandatario, poner en crisis a las dos empresas estatales más importantes del país para privatizar totalmente el sector con lo cual el petróleo y la generación de energía eléctrica quedarían a cargo de la iniciativa privada, principalmente extranjera, con las petroleras norteamericanas y las eléctricas de España a la cabeza.

 Con López Obrador ocurre lo impensable por los que apostaron a ese panorama: los cuatro ejecutores más importantes de la ola de corrupción que puso al borde de la quiebra a Pemex y la CFE, están presos en México, España, Estados Unidos y Canadá.

España accedió extraditar a Lozoya, en Estados Unidos se tramita la de Genaro García Luna, brazo derecho del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y en Canadá a Tomás Zerón, involucrado con el cártel de Guerrero, estos últimos bajo el gobierno de Peña Nieto.

 Lozoya es el más mencionado por estar ya en México y haber comenzado a hablar como prometió, pero sin revelaciones públicas hasta ahora, en tanto López Obrador prometió que todo lo que diga se publicará, aunque ya se saben muchas cosas.

El propio López Obrador adelantó algo al señalar que la relevancia del caso Lozoya no sólo se circunscribe a la reforma energética por la cual se fraguaba la quiebra de Pemex y de la CFE, sino también al asunto Odebrecht y sus sobornos para obtener contratos.

De igual manera, la compra con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, empresa subsidiaria de Altos Hornos de México de Alonso Ancira, también detenido en España, pero ya en libertad condicional tras el pago de un millón de euros.

Según los trascendidos, Lozoya entregó 15 horas de grabación de supuestas negociaciones y presuntos sobornos que se dispersaron no solo respecto a Odebrecht sino también para aprobar la Reforma Energética del gobierno de Peña Nieto que hundió al sector, así como la compra de las plantas Fertinal y Agro Nitrogenados en 2014.

En diciembre de 2016, la constructora brasileña llegó a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, para reducir sus sanciones económicas y sentencias a cambio de dar detalles de los sobornos que dio a distintos funcionarios de varios países, entre ellos de México.

Dicho compromiso sirvió también de marco para un montaje contra el gobierno de Venezuela a fin de intentar sacar al presidente Nicolás Maduro, y contra Luiz Inácio Lula da Silva para impedir su participación en las elecciones que ganaría holgadamente en Brasil.

Esto tomando como plataforma una 'investigación' que comenzó en una gasolinera en Brasil llamada Lava Jato, la cual alcanzó a funcionarios latinoamericanos como el peruano Alan García, quien se suicidó antes de enfrentar su arresto.

Odebrecht pagó cerca de 800 millones de dólares en sobornos en toda la región para obtener contratos con valor global superior a los tres mil 340 millones de dólares.

Solamente en el caso Lozoya, la constructora repartió sobornos por 10,5 millones de dólares en México en varias partidas, una de ellas por 4,5 millones de dólares de 6,0 millones remitidos a un personaje con el seudónimo de 'Latino'.

A cambio obtuvo contratos energéticos clave en México como el proyecto Los Ramones Fase II Norte, promovido por Pemex, para la adquisición de materia prima de la planta petroquímica Etileno XXI, y otro plan en la refinería de Tula, Hidalgo.

Tres exdirectivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva confesaron, como parte de un acuerdo para reducir sus condenas, que el principal beneficiario de los sobornos en México fue Lozoya.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló recientemente que, de los 10,5 millones de dólares, tres millones 150 mil dólares fueron destinados a Lozoya, 5,6 millones se asignaron al personaje identificado como 'Latino' y cuyo nombre real no se ha revelado, y de 1,6 millones restantes no se precisa el destinatario.

Las transferencias fueron realizadas a través de Zecapan SA, una empresa fachada creada en Islas Vírgenes Británicas, vinculada con Lozoya y su familia, incluida su esposa.

Lozoya habría recibido además casi cuatro millones de dólares más por la empresa Altos Hornos, por la compra de una fábrica inservible de fertilizantes que nunca pudo operar con un sobreprecio además de 200 millones de dólares.

Gracias a Lozoya, México pagó casi 500 millones de dólares por pura chatarra. La Fiscalía General de la República lleva, además, el expediente conocido como La Estafa Maestra que involucra a Lozoya y a 11 dependencias federales del gobierno de Peña Nieto, ocho universidades, más de 50 funcionarios y 186 empresas, donde se repartieron 350 millones de dólares en contratos ilícitos.

Por La Estafa Maestra, sólo Rosario Robles, exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto, enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, y ahora decenas de presuntos culpables tienen sus bardas en remojo.

Los trascendidos indican que, en Pemex, con Lozoya, ocurrió el presunto desvío entre las 11 dependencias involucradas, con tres mil 576 millones de pesos (más de 162 millones 500 mil dólares); nadie ha sido condenado, y por eso hay tanto nerviosismo ante la posibilidad de que enliste a las decenas de encartados en el fraude que, además, deberán devolver lo robado.

López Obrador proclamó que el objetivo no es solamente encarcelar a los culpables de tamaña corrupción, sino recuperar el dinero robado y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que ya se han congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con el caso Lozoya.

Reconoció que hay más funcionarios relacionados en el expediente Odebrecht, por lo que aseguró se realizarán las investigaciones, pero descartó dar más detalles al respecto porque la indagatoria se encuentra en curso.

Aunque tampoco se han hecho público los nombres de los involucrados, la revista Proceso menciona que en su primera declaración firmada en España por Lozoya solo en el caso Odebrecht, menciona a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al exfuncionario Luis Videgaray Caso, quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña.

En la instalación hospitalaria, donde todavía se encuentra recluido, el extitular de Pemex comenzó a hablar y, con base en esos testimonios se llamará a los testigos e involucrados en el caso Odebrecht, según fuentes cercanas a la Fiscalía.

La primera declaratoria de Lozoya en España fue filtrada a militantes del Partido Acción Nacional, principal opositor al gobierno de López Obrador, identificados con Calderón presuntamente por el periodista español Antonio Navalón, cercano al juez Baltasar Garzón, defensor del exjefe de Pemex, según lo publicado el viernes 17 de julio en El Universal por el columnista Mario Maldonado.

 Según Maldonado, es probable que estén involucrados integrantes del círculo calderonista, legisladores en esa época, entre ellos Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, así como Mariana Gómez del Campo, Luisa María Calderón y Gil Zuarth, pero todavía no hay revelaciones explícitas.

Es factible que también estén implicados José Rosas Aispuro, Francisco Domínguez, Carlos Mendoza Davis, Martín Orozco y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes hoy son gobernadores de Durango, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes y Tamaulipas, respectivamente.

La olla podrida de la corrupción está al fuego y reverbera como nunca nadie imaginó. La aprehensión de esos cuatro individuos, y la gestión por extraditar a los tres que faltan, más el empresario dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, y otros exfuncionarios que huyeron del país, expresa la voluntad de López Obrador de terminar con la corrupción en México.

Lo más polémico de la postura del mandatario es su insistencia en no procesar judicialmente a los expresidentes implicados en esos y otros actos ilícitos, actitud que ha reiterado en las numerosas ocasiones, en las cuales se le ha criticado o cuestionado al respecto.

En la última ocasión en que abordó el tema en una mañanera a instancias de los periodistas, quienes argumentaron cómo los caminos de esos grandes hechos de corrupción conducen sobre todo a Felipe Calderón y Peña Nieto, el mandatario dijo que, en última instancia, lo sometería a consulta popular y si la gente decide que esos exgobernantes sean juzgados, lo acatará.



https://www.alainet.org/es/articulo/208057    

6/11/2020

La CFE eleva tarifas de porteo entre 427 y 811% a compañías privadas

Se busca homologar pagos


CFE Intermediación de Contratos Legados, estableció un aumento de entre 427 y 811 por ciento a las tarifas de porteo, que son los derechos que pagan las compañías privadas por la utilización de las líneas de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta actualización de los costos se aplicará a los denominados contratos de autogeneración.
En la víspera, la Comisión denunció la existencia de un mercado paralelo de electricidad incentivado por 284 contratos legados que ocasionan que la CFE deje de percibir 22 mil 800 millones de pesos en los últimos tres años.
Al respecto, Ramses Pech Razo, especialista en temas energéticos explicó que ese monto ha sido transferido al usuario final y lo que se pretende es que esta cantidad, sea reconocida y absorbida por las empresas que operan bajo la figura de autoabastecimiento según los contratos de antes de 2014. Es decir, la utilidad de estas empresas se reducirá al reconocer el costo y no se traslade al consumidor.
Señaló que la intención de la CFE es homologar el pago de la transmisión para los contratos legados que tienen condiciones muy ventajosas bajo una formulación para su cálculo hasta antes de la reforma energética en 2014 y la petición es igualar esa cotización a la del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
No más abusos, el mensaje
Acusó que algunas empresas abusaron de esta figura al incluir en las actas constitutivas a socios adicionales, ligando a la empresa que dieron permiso de generación, pero no tenían el mismo tipo de negocio.Es decir, diferente objetivo de la sociedad de cada empresa que se adiciono a la empresa que genera la electricidad.
De esta manera, los contratos legados de autogeneración tendrán la opción de incorporarse voluntriamente a las actuales condiciones del MEM y absorber el aumento de costos o emprender una defensa jurídica.
El mensaje es claro y debemos de ver desde un punto de vista neutral que la CFE utilizará todo lo que este a su alcance para poder tener la mayor cantidad de mercado en la generación y suministro en los próximos años, dijo Ramses Pech .
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), las tarifas de transmisión de alta y media tensión aumentan de 0.049 pesos a 0.2785 y 0.2586 pesos por kilvatio hora (kv/h), que representan un aumento de 468.3 y 427.7 por ciento, respectivamente.
Por su parte, la tarifa de baja tensión registró el aumento más importante de 811.1 por ciento al pasar de 0.09799 pesos por kv/h, a 0.8928 pesos.
Estas tarifas se aplicarán a las plantas de autoabastecimiento tanto térmicas como renovables con permisos que fueron entregados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) antes de la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 y que son conocidos como contratos legados.
Santiago Barcón Palomar, integrante del comité consultivo de la CRE, consideró que las empresas de contratops legados podrían recurrir a nuevos amparos. Lo que se esta presentando es una acentuamiento de la polarización.
Eventualmente se pueden ganar los pleitos legales, pero el problema en una controversia jurídica es que se rompe el diálogo y al final al Águila no le vas a ganar, sentenció.

Periódico La Jornada

6/10/2020

La CFE deja de captar 22 mil 800 mdp por mercado negro

Simulan sociedades de autoabasto

Descarta la empresa que busque eliminar a participantes privados

Foto
▲ Según la Comisión Federal de Electricidad, la suspensión de pruebas a algunas plantas únicamente es de manera transitoria.


La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció ayer la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica mediante la simulación de sociedades de autoabasto. Lo anterior ocasionó que la empresa no percibiera en los pasados tres años alrededor de 22 mil 800 millones de pesos, monto que se socializa y compensa con los cargos a los consumidores.
La figura de autoabasto surgió en 1992, ante la solicitud de las grandes empresas mineras, acereras y cementeras, entre otras, a las que se autorizó generar energía eléctrica para autoconsumo.
Sin embargo, se ha presentado una distorsión, porque se han convertido en sociedades de autoabasto en las que se comercializa la energía.
Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, explica que esa distorsión genera un mercado paralelo inequitativo, injusto, que compite con el mercado eléctrico mayorista, pero la figura jurídica los protege, aclaró.
Por ejemplo, dijo, se detectó una sociedad de autoabasto de 10 mil 500 integrantes, de los cuales algunos se han convertido en socios con una participación de un peso. Eso es algo totalmente irregular desde el punto de vista de una sociedad mercantil.
En conferencia de prensa, explicó que dichas sociedades son resultado de legislaciones pasadas, en las cuales se protegió de manera irregular la figura de autoabasto y se les fijaron tarifas de porteo (flete por conducción de energía) muy por debajo de las que existen a escala mundial.
A éstos se les denominó contratos legados, que suman 284 y tienen un costo promedio de 7 mil 500 millones de pesos anuales, los cuales son pagados por los consumidores.
Precisó que en 2018 tuvieron un impacto de 7 mil 800 millones de pesos y en 2019 de 7 mil millones. Se calcula que este año serán unos 8 mil millones que la CFE dejará de percibir por las tarifas preferenciales. Lo que se busca es que estos costos se paguen a la comisión, subrayó el funcionario.
Acompañado por Martín Mendoza, director general de Suministro Básico, y Luis Bravo, responsable de Comunicación Social, recordó que esos contratos, denominados legados y que permiten un mercado alterno, están protegidos por la Ley del Servicio Público.
Los protegen absolutamente todas las condiciones previas que existían y que ya no tienen incluso los actuales jugadores del mercado eléctrico mayorista, destacó.
Este mercado protegido de autoabasto aparece con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado el 17 de diciembre de 1992, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 1992, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la cual se incluyen nuevos esquemas de producción de generación de energía: productores independientes, autoabastecedores, importadores y exportadores.
Morales Vielmas aseguró: Todos estos esquemas, de alguna manera, era una inconstitucionalidad.
Politizado, el debate sobre energías renovables
Sobre la discusión de las energías renovables, admitió que ésta se ha politizado, porque hay importantes intereses económicos.
Mario Morales sostuvo que no hay intención de eliminar a los participantes privados, y reiteró que la suspensión de pruebas preoperativas de algunas plantas es transitoria.
Sólo se suspendieron de manera temporal a 19 centrales que estaban en pruebas y que significaban 2 mil 300 megavatios, pero más de 184 centrales están operando normalmente y no han tenido ninguna afectación, declaró.
El director de Intermediación de Contratos Legados de la CFE aseveró que hay una sobrecapacidad instalada derivada de la entrega de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de manera indiscriminada.
Por ejemplo, se autorizó una capacidad de generación de 132 mil megavatios a pesar de que la demanda máxima que se registró en junio de 2019 alcanzó 49 mil. Adicionalmente, puntualizó, hay 81 mil 500 megavatios instalados e interconectados.
Por su parte, Martín Mendoza, director general de Suministro Básico, informó que hasta el cierre de mayo pasado la CFE había dejado de percibir 3 mil 700 millones de pesos como resultado de la estabilidad de las tarifas hasta que termine la pandemia.
El funcionario detalló que esa cifra derivó de dejar de cobrar los excedentes de consumo a unos 2 millones de usuarios que aumentaron su suministro y tuvieron que ser catalogados como tarifa doméstica de alto consumo y permanecieron en la tarifa básica.

Foto Notimex/ Guillermo González
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de junio de 2020, p. 20

5/24/2020

Empresas de energía renovable deben pagar más: CFE


Las empresas de energía renovable en México deberían pagar parte del costo para asegurar el flujo continuo en la red eléctrica, manifestó el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, mientras se debate el futuro de esta industria privada en el país.
En entrevista con Reuters, aseveró que tiene la instrucción presidencial de que la compañía estatal siga generando al menos 54 por ciento del consumo eléctrico en el país.
Subrayó que la CFE favorece una energía más limpia y buscará reducir todavía más el uso de combustóleo como fuente importante de generación.
No lo pagan las eólicas y las fotovoltaicas, no pagan a la CFE el respaldo, dijo el funcionario, refiriéndose al costo de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, mayormente gas natural, para garantizar un flujo ininterrumpido a la red. Eso no lo puedo permitir, enfatizó.
Bartlett aseguró que el gobierno mexicano no pretende restaurar el monopolio eléctrico estatal, pero busca que la CFE sea una empresa poderosa.
El mes pasado el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), órgano regulador de la red eléctrica en México, emitió un fallo, respaldado por Bartlett, que impedía que docenas de nuevas plantas de energía renovable se conectaran al sistema.
FotoEl Cenace citó la emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus como justificación, argumentando que la naturaleza intermitente de la energía eólica y solar no es consistente con garantizar un suministro constante del servicio.
Por su parte, la Secretaría de Energía publicó el viernes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, que fue dado a conocer por el Cenace el pasado 29 de abril.
▲ Manuel Bartlett Díaz.Foto José Antonio López/archivo
La decisión provocó cartas de queja dirigidas a la Secretaría de Energía por la Unión Europea y Canadá, cuyos gobiernos mostraron su molestia porque sus compañías habían sido excluidas. Ambos textos coinciden en que el documento que modifica las reglas para la entrada en operación de plantas de energía limpia desincentiva la inversión privada extranjera y nacional.
Las asociaciones empresariales mexicanas también criticaron la medida al señalar que deja en el limbo más de 6 mil millones de dólares de inversiones en plantas de energía renovable programadas para comenzar a operar este año o el próximo.
En un fallo provisional esta semana, un juez ordenó al Cenace que se retirara y permitiera a las compañías de energía renovable continuar con las pruebas necesarias para poner en funcionamiento las plantas.
El lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó la determinación de defender a la industria eléctrica nacional para poder cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y sostuvo que se pondrá orden en el sector eléctrico.
Calificó de leoninos los contratos entregados bajo condiciones muy ventajosas a los particulares, tanto para adquirir gas como en la compra de energía eléctrica, dentro de un plan que marginaba del mercado de energías renovables a la CFE para dejar todo el mercado a particulares, aseveró.


Periódico La Jornada

Sábado 23 de mayo de 2020, p. 21



5/17/2020

Giro en modelo eléctrico garantiza suministro: Sener

Corrige desbalance generación-demanda

La nueva política sobre confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), emitida por la Secretaría de Energía (Sener) el viernes pasado, busca garantizar al país una operación ordenada, continua y eficaz, aseguró ayer Rocío Nahle García, titular de la dependencia federal.
En su cuenta de Twitter, manifestó que la confiabilidad del SEN es la capacidad del sistema para satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho, por lo que no se limita a las energías renovables.
La Sener agregó que el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del SEN es necesario para mantener la seguridad e independencia energética, tal como se establece en la Constitución, donde señala que el servicio público de transmisión y distribución es un área estratégica del gobierno federal. Subrayó que uno de los beneficios es que garantiza un ordenamiento eficaz.
Explicó que, debido a la pandemia de Covid-19, se redujo de manera drástica la demanda eléctrica en los sectores industrial y comercial, por lo cual aumentó el desbalance prexistente entre la capacidad de generación eléctrica y la demanda.
Ello compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y el sistema de salud durante la emergencia, añadió.
México alcanzará la autosuficiencia energética mediante el uso óptimo y sustentable de todos sus recursos de energías primarias a través de una política integral de desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas e industriales orientada al aumento de la productividad del sector energético para mantener bajas tarifas a los usuarios finales, enfatizó.
La Sener añadió que la planeación y confiabilidad del SEN requiere una regulación económica racional para la incorporación acelerada y progresiva de todas las energías.
Sin embargo, añadió, las energías intermitentes se deben incorporar mediante la intervención y apoyo de centrales con disponibilidad total que proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento.

Directrices y precio
Ramsés Pech, especialista en el sector energético, consideró que dicho documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, sólo contienen directrices que los reguladores energéticos deberán seguir y sujetarse para cumplir con los ejes de política establecidos en la ley de la industria eléctrica. Al no influir en el mercado, declaró, quedará al libre albedrío la decisión del monto a invertir.
Comentó que ante la emergencia ocasionada por la pandemia, es indispensable considerar cómo se puede realizar la inversión para la conectividad de la electricidad en el país, lo cual puede lograrse mediante modelos de asociación pública-privada.
La política, destacó, no influye en la decisión final del precio de generación que comercializará, al no determinar un precio tope u orientado.
Ante el reforzamiento, construcción de nuevas líneas independientes y uso de equipos adicionales, aseveró, la inversión deberá ser absorbida por cada proyecto, lo cual incrementará el monto total de la inversión inicial.
El experto añadió que el incremento puede ocasionar una desventaja competitiva en el número de años en la recuperación de la inversión y en el costo de generar cada megavatio para cubrir los costos operativos, administrativos y financieros.
Consideró que varios países se están moviendo hacia el uso de energías limpias, por lo que no trascender a ello dejará a México fuera de la economía.

Periódico La Jornada

11/25/2019

A Pemex y CFE, mayores recursos el año próximo


El Presupuesto de Egresos para 2020 contempla mayor gasto para las empresas del sector energético, tanto para Petróleos Mexicanos (Pemex) como para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado el viernes pasado, Pemex contempla un gasto de 523 mil 425 millones de pesos, lo que significa un aumento de 12 por ciento o 58 mil 823 millones más a lo autorizado el año pasado.

En el caso de la CFE, recibió 456 mil 437 millones de pesos, incremento de 4.99 por ciento respecto de lo aprobado en 2019.

Además, para el ejercicio fiscal de 2020 el Congreso de la Unión autorizó a la petrolera un déficit de 62 mil 623 millones de pesos, menor a los 65 mil 445 millones de 2019, y de nada a la CFE.

Dio el visto bueno para que Pemex cuente con un techo de gastos de servicios personales de 93 mil 746 millones de pesos. El de la empresa de electricidad asciende a 60 mil 406 millones.

En cuanto al gasto no programable, es decir, el monto que utiliza la administración para el cumplimiento de obligaciones fiscales, contempla para la petrolera 113 mil 733 millones de pesos y para la CFE 31 mil 961 millones.

La carga impositiva de Pemex se reduce de 65 por ciento este año a 58 por ciento, baja de siete puntos porcentuales.


Reflejo de prudencia fiscal

Para Grupo Financiero Banorte, el Presupuesto de Egresos demuestra que el gobierno mantiene responsabilidad fiscal y sigue enfocado en sus planes sociales.

Esta situación se ve plasmada con claridad en el incremento de los recursos presupuestados para la Secretaría del Bienestar, precisa el banco en un análisis económico.

Una consideración positiva, dice, es que los legisladores modificaran propuestas para incrementar la eficiencia de la recaudación, hecho que puede resultar en ajustes menos onerosos.

No obstante, apunta, el ajuste al alza para los ingresos que estima la administración, junto con un estimado de crecimiento de 2 por ciento, que es menor a lo esperado por diversos especialistas, mantienen los riesgos para los ingresos tributarios.

Periódico La Jornada

10/18/2019

“Ganar perdiendo”: la CFE y la industria privada

¡Que salga a la luz!
FRAGUA


Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció en febrero la existencia de contratos “leoninos” referentes a la construcción de ductos de gas natural para generar energía eléctrica en el país. Entonces comenzó una larga negociación con las cuatro empresas implicadas que concluyó en un acuerdo con tres de ellas el 27 de agosto y el 11 de septiembre con la otra. Las empresas son: · IEnova, de Carlos Ruiz Sacristán, Secretario de Comunicaciones y Transportes con Zedillo.
· Carso Energy, de Carlos Slim.
· TransCanada Energy, compañía canadiense y estadounidense.
· Fermaca, a partir de 2014 comprada mayoritariamente por Partners Group, un fondo de inversiones transnacional.
Esta querella permite hacer un análisis del gobierno en turno, que nos permitirá a los proletarios comprender nuestra realidad para tomar acción y partido.
“Candil de la calle, oscuridad de la casa”, o de la burguesía nacional
En la “mañanera” del 27 de agosto, AMLO apareció acompañado de tres personajes de la burguesía nacional: Carlos Salazar Lomelín (presidente del Consejo Coordinador Empresarial), Antonio del Valle (presidente del Consejo Mexicano de Negocios) y Carlos Slim.
Quienes antes dijeran que AMLO era “el mayor peligro para México”, aparecieron ahora para celebrar que habían llegado a un acuerdo. Ambas partes se desvivieron en agradecimientos. La razón de la satisfacción de los empresarios es simple: conservaron su tajada y hasta vieron cómo sacar mejor partida.
¿Quién “ganó” qué? Analicemos la cuestión con la previa aclaración de que el acuerdo no se ha hecho público al cierre de esta edición, excepto por un borrador del mismo, que publicó The Wall Street Journal.
1. En los contratos anteriores, la renta por transportar el gas aumentaba con el tiempo. Ahora, se pagará una tarifa fija. Según anunció AMLO, el ajuste ahorra 4 500 millones de dólares (mdd), un descuento de entre 5 y 10% del total del valor de los contratos.
2. El plazo del contrato aumentó entre cinco y 10 años, punto clave para que las empresas accedieran al acuerdo, pues así conservan sus ganancias proyectadas.
3. Debido a la inflación, el dinero no vale lo mismo en el tiempo. Antes, por ejemplo, con un peso alcanzaba para comprar unas papas y un refresco, mientras hoy con 10 no se alcanza a pagar ni uno solo. Así, algunos analistas financieros dicen que el ahorro real será sólo de 600 mdp, pues la nivelación de tarifa toma el valor inflado del dinero al final del contrato para hacer indistintamente el cálculo sobre los primeros años.
4. Para las empresas, recibir tarifa fija en los primeros años implica que recibirán más dinero al inicio, el cual usarán para negociar mejores créditos con los bancos. Asimismo, Slim dijo en esa “mañanera” que hay en puerta otros 1 600 proyectos de inversión para infraestructura, como apalabrando su participación en ellos.
5. El ducto quedará en manos de los privados al terminar el contrato, anulando posibilidades de que pasarán a manos de los mexicanos.
6. La CFE tenía que pagar desde el inicio la cuota, aun cuando los ductos no estaban en operación. Pues bien, no hubo devolución de dichos pagos.
Haga usted las cuentas, los empresarios efectivamente son “candil de la calle” y en el caso de Carso, además, “oscuridad de su casa”. No escatiman en desdecirse ni en contradecirse siempre y cuando sigan enriqueciéndose a costa de la explotación del pueblo. Si no lo cree, pregunte a los empleados de Slim cuánto ganan.
“Lo que a la sombra se urdiese, a la luz del día aparece”, o del imperialismo gringo
¿Qué tienen aquí que ver los gringos? Además de que tienen inversiones en las dos empresas en disputa, lo siguiente:
1. El origen del gas es texano. En julio, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, mandó una carta a AMLO para quejarse del proceso de arbitraje de los ductos. Básicamente, le dijo que este problema no se trata de una discusión entre la CFE y la industria privada, sino también de las faltas del gobierno mexicano para con las empresas. Este tipo de presión política e intervencionista tiene como objetivo proteger los intereses texanos por sobre cualquier tipo de autodeterminación nacional.
2. Nancy Pelosi es la titular de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Tiene un papel importante en la aprobación del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Tal cual, advirtió a México que si no avanzaba el tema de gasoductos se complicaría la firma. Pelosi, además, es consejera de Sempra Energy, propietaria de IEnova, que además financia sus campañas políticas.
Observamos claramente cómo el imperialismo vive. Este tipo de apalancamiento político, “urdido a la sombra”, merma la soberanía mexicana y beneficia a la burguesía transnacional e intenta que el gobierno mexicano vuelva a ser un lacayo de la burguesía internacional.
“Cuando el río suena, agua lleva”, o de las comunidades en pie de lucha
Muchas comunidades por donde pasan los ductos se oponen a estos proyectos. En diferentes poblados, como Chila de Juárez o San Miguel Papaxtla, Puebla, les han querido aplicar “expropiaciones exprés”. ¿Si a los campesinos les expropian fuera de la ley (lo cual más bien es un despojo) porque a las grandes compañías no se les expropia nada?
Se han formado Consejos Regionales de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio y el Agua en Puebla, Hidalgo, Morelos y otras entidades. Otro caso que ha sonado es el de los yaquis de Loma de Bácum, Sonora. Estas comunidades tienen en común que han sufrido hostigamientos, amenazas, invasiones, promesas incumplidas, imposición y compra de autoridades, presencia de policías, militares y paramilitares, y, en el peor de los casos, asesinatos.
Cruz Buitimea fue baleado en una reyerta por el gasoducto en Loma de Bácum, Sonora; Samir Flores fue ejecutado en la puerta de su casa, en Almincingo, Morelos. En 2014, AMLO se solidarizaba con las comunidades morelenses en resistencia. “México no es territorio de conquista[…] Imagínense, quieren construir una termoeléctrica en la tierra en donde nació el mejor dirigente social que ha habido en la historia de México, Emiliano Zapata.” En febrero de 2019, en cambio, los llamó “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores” y aventuró la vergonzosa tesis de que el asesinato de Samir podría ser para afectar la consulta para la termoeléctrica Huexca. Los crímenes siguen impunes. Asimismo, el gobierno no ha implementado verdaderas consultas informadas para la ejecución de proyectos de infraestructura ante las comunidades afectadas, como lo marca la ley.
Estas oposiciones son la clara muestra de la encarnizada lucha de clases que vive el país. A pesar de las diversas posturas y desarrollos políticos de las comunidades, en el sentido más primario, su oposición responde a un instinto de clase: desconfianza natural hacia los gobiernos y empresas corruptos, defensa ante el despojo, lucha por la vida digna. Y a pesar de que la derecha, los empresarios y el mismo gobierno los han querido descalificar, queda claro que es imperante atender sus quejas, porque “si el río suena, agua lleva”.
“Claro como la luz del día”, conclusiones
Este texto muestra intereses de la burguesía y las contradicciones del gobierno al querer conciliar lo irreconciliable: a los empresarios con el pueblo. Los empresarios dicen que el trato fue “ganar-ganar”, pero vemos que el gobierno sale perdiendo en muchos puntos y, sobre todo, pierden las comunidades en resistencia y el pueblo.
Nosotros denunciaremos las incongruencias y faltas del actual gobierno. Insistimos en la necesidad de analizar la realidad desde nuestra clase social, en la necesidad de organizarnos para que, si México va a vivir una transformación, ésta sea verdaderamente en beneficio del pueblo.
Nota
Este artículo fue publicado como parte de la sección "Análisis" del No. 47 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Octubre, 2019. 

10/11/2019

CFE alista baja de tarifas y venta de gas: Bartlett

Se sacó ventaja de la renegociación en gasoductos, aseguró

En la renegociación de los contratos de construcción de gasoductos no se logró la reducción que el gobierno federal habría querido, pero se evitó que el país enfrentara una situación financiera terrible; además, se reducirán las tarifas y habrá gas para vender, sostuvo el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
El funcionario compareció ayer ante comisiones de la Cámara de Diputados, un encuentro que se esperaba áspero por las preguntas críticas que supuestamente la oposición traía bajo el brazo, pero que al final transcurrió de manera tersa. De entrada, el funcionario pidió a los legisladores: Espero que tengamos una relación amistosa.
La principal queja se centró en la reducción de tarifas en estados con clima extremo. Bartlett respondió que éstas fueron fijadas de manera errática por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Primero las bajó al suelo y luego las subió a las nubes. Sus integrantes (de la CRE) son cambiados para bien y tendrán más cuidado.
Anunció que determinar una tarifa sociales preocupación del gobierno y, ante la pregunta del PAN respecto de cuándo se reducirá el costo de la electricidad, afirmó que en 2019 las tarifas no sólo se han reducido 3.3 por ciento en términos reales, sino que incluso estamos subsidiando a los privados, que son nuestra competencia. El Presidente no quieren que suban de ninguna manera. Este año ya se cumplió”, señaló.
También afirmó que las grandes empresas cometen fraude con las sociedades de cogeneración. Esto es, explicó, no sólo venden electricidad a CFE, sino que, con los excedentes autorizados por la Comisión Reguladora de Energía, han creado sociedades de miles de usuarios que utilizan la red, pero no pagan. También reconoció que, en zonas importantes del país, hay organizaciones y movimientos sociales que no pagan, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene una revuelta.
Únicamente la perredista Mónica Almeida López le solicitó explicar la polémica sobre su declaración patrimonial, para dejar de poner en tela de juicio la inquebrantable promesa de erradicar la corrupción de esta cuarta transformación. Bartlett no respondió.
Y a pregunta de los legisladores sobre la reducción de tarifas y condonación de deudas por recibos desproporcionados, expuso que el gobierno debe distinguir entre “la necesidad de la población empobrecida del país y lo que son movimientos políticos para no pagar. Eso es un poco el huachicol en el pago”.
Durante la comparecencia, el ex titular de CFE y diputado priísta, Enrique Ochoa Reza, le preguntó si, al resolverse el conflicto por los gasoductos, la empresa aprovechará para comercializar gas a los grandes usuarios, y si en este sexenio se ampliará la infraestructura de generación eólica y solar.
Bartlett sostuvo que la apuesta de generación de electricidad limpia será inversión en presas agrícolas para incrementar la capacidad hidroeléctrica.
Señaló que se trata de un mito que la generación eólica y solar son más baratas que otras alternativas, porque la continuidad del servicio requiere de un respaldo. Dijo que se logró la renegociación de los contratos de gasoductos tras presentar demandas en instancias internacionales contra las compañías.
Explicó que además de cambiar la naturaleza de la tarifa –la original implicaba el cobro del transporte y de la construcción del gasoducto– se logró la conexión a las plantas de CFE. Los gasoductos no iban a ningún lado, no a las plantas. Era una burla, que ya se quitó, porque vamos a tener gas en todas las plantas, las que tenemos y las que vamos a construir. Tendremos gas incluso para vender. Así que nos fue muy bien, indicó el funcionario.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 11 de octubre de 2019, p. 6

8/28/2019

El cambio de tarifas, base del acuerdo


En lugar de financiar los ductos, la CFE pagará por el transporte del gas
Se reducirá la erogación proyectada de 12 mil mdd a 7 mil 500 mdd
Recibirá 8 mil 200 millones de pies cúbicos al día


Foto
▲ Tras la firma del acuerdo sobre venta y traslado de gas, los empresarios negaron que en los contratos firmados con la anterior administración federal se hayan cometido abusos. En la imagen, funcionarios del gabinete dialogan con los líderes de Carso Energy, Carlos Slim; Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, entre otros.
El acuerdo alcanzado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la mayoría de las empresas constructoras de los gasoductos que le suministrarán el combustible se sustentó principalmente en la modificación del esquema tarifario, que pasó de ser un pago por financiar los ductos a un precio por el transporte del gas. Con ello se logró una reducción de 28 por ciento, en promedio, que permitirá a la empresa pública reducir la erogación proyectada de 12 mil millones de dólares a 7 mil 500 millones.
Al explicar las negociaciones con Carso Energy, Ienova y TC Energía, el director de la CFE, Manuel Bartlett, señaló que los términos razonables y equitativos pactados parten también de la base de que estas empresas preservarán la posesión de los ductos y podrán ampliar los contratos. Así, la CFE se asegura el suministro de 8 mil 200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63 por ciento serán para las plantas generadoras de electricidad de la comisión y 37 por ciento para la industria nacional.
Anunciado en el contexto de la conferencia presidencial en Palacio Nacional, adonde acudieron los presidentes de los consorcios, Bartlett precisó que Fermaca no aceptó los términos de los nuevos contratos, por lo que ayer mismo continuaron las pláticas con esa empresa.
Pieza clave para que prosperaran las negociaciones, por ser el primer consorcio en acordar la modificación tarifaria, Carlos Slim, del Grupo Carso Energy, resumió la esencia del cambio: En el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que comenzaba con cifras menores y había una renta sustancial posterior. La parte relevante fue que se hicieran, en lugar de tener rentas crecientes, rentas iguales.
Slim explicó que este cambio posibilitó que la CFE pague un importe menor durante la vigencia de los contratos y que, dadas las tasas de interés bajas que hoy hay en los mercados mundiales, pueda tener un efecto también en valores presentes.
Subrayó que con la renegociación, México tendrá acceso al mercado de gas más barato del mundo, que permitirá sustituir el uso de diésel y el combustóleo, con un costo de entre una cuarta y una tercera parte del precio que se paga actualmente por éstos, además de ser mejor para el medio ambiente.
–¿El acuerdo es un reconocimiento de que en la firma de los contratos anteriores se cometieron abusos?
–Totalmente falso, fueron proyectos en los que no hubo corrupción. En nuestro caso, lo confirmo y lo firmo. Ya señalaba yo que hay un problema de las formas de pago; en los anteriores (contratos), los pagos eran crecientes y en éste son planos.
Mediador en las negociaciones, Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, también negó la existencia de excesos del sector en la firma original de los contratos: Definitivamente, los acuerdos no tenían una situación de ilegalidad ni de corrupción. Aquí lo que estamos viendo es la búsqueda, por parte de la CFE, de mejores condiciones.
Con el acuerdo, que implicará ahorros por 4 mil 500 millones de dólares para la hacienda pública, se anticipa que podrá entrar en operación el gasoducto marino sur Texas-Tuxpan (770 kilómetros), que tiene capacidad para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios, los cuales podrán ser distribuidos en 14 centrales de generación de electricidad de la CFE, señaló Bartlett.
La CFE tiene cinco proyectos de construcción que estarán listos a mitad del sexenio y se asegura tener el gas suficiente para alimentarlos.
Además, permitirá suministrar mil 40 millones de pies cúbicos diarios a la industria nacional, 40 por ciento del consumo total en las regiones del Golfo y el centro del país. Con la operación de este gasoducto hay posibilidades claras de distribuir el combustible en la península de Yucatán.
Los otros ductos involucrados en las negociaciones son: Salamayuca-Sásabe (614 kilómetros); Guaymas-El Oro (331 kilómetros); Tula-Villa de Reyes (438 kilómetros) y Tuxpan-Tula (276 kilómetros).
Además, permanecen en negociaciones con la empresa Fermaca los ductos de La Laguna-Aguascalientes (452 kilómetros) y Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara (374 kilometros).
Bartlett destacó que la renegociación de las tarifas posibilitará a la empresa del Estado tener capacidad para continuar la inversión. Ese fue el logró principal de esta negociación. La CFE mantiene una tarifa baja con el fin de tener capacidad de inversión, los empresarios conservan sus inversiones en los ductos y eso permite que haya una situación de ganar y ganar; es decir, la propiedad de los ductos se respeta y los propietarios obtienen un beneficio inmobiliario en esos ductos.
El director de CFE Energía, Miguel Santiago Reyes Hernández abundó en el tema tarifario, pues si bien, explicó, el promedio de reducción es de 28 por ciento, en el caso de las negociaciones con el Grupo Carso la ampliación del volumen de gas transportado permitió que el pago que realizará la CFE sea entre 33 y 38 por ciento menor al originalmente contratado. Hubo algunos otros arreglos donde la reducción fue entre 19 y 32 por ciento.

Foto Yazmín Ortega Cortés
Periódico La Jornada

7/28/2019

CFE: recuperación con sentido social

Editorial La Jornada


Una semana después de haber asumido la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador anunció el combate frontal a la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el fin de los subsidios a la iniciativa privada en materia energética, y el diseño de un plan para recuperar la autosuficiencia nacional en el sector. 

Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la ex paraestatal sufrió un abandono deliberado con el propósito de quebrarla y ceder el negocio energético a actores privados, designio ejemplificado por el hecho de que en tres décadas el sector público pasó de generar el total de la energía que se consumía en el país a producir sólo 54 por ciento.

Debe recordarse que el deterioro de la CFE se agudizó de manera alarmante en el último tramo del sexenio pasado, cuando pasó de perder 9 mil 923 millones de pesos en todo 2017 a una merma de 39 mil 864 millones sólo en la primera mitad de 2018. Por ello, resulta significativo el informe que la empresa productiva del Estado presentó el jueves, según el cual durante el primer semestre de este año las pérdidas se redujeron a 2 mil 810 millones de pesos e incluso se logró una utilidad neta de 11 mil 130 millones si se considera por separado el segundo trimestre.

Las anteriores cifras apuntan a la existencia de una auténtica voluntad política para rencauzar la industria eléctrica nacional con un enfoque soberanista y de recuperación del sentido social que debe tener este sector estratégico: no como fuente de ganancias exorbitantes para un puñado de grandes compañías, en su mayor parte extranjeras, sino como una palanca fundamental del desarrollo, además de una herramienta en el combate a las abismales brechas de bienestar entre las distintas regiones y estratos socioeconómicos del país.

Cabe saludar el compromiso, refrendado ayer, de continuar fortaleciendo a la Comisión mediante inversiones en mantenimiento que permitan incrementar el volumen de producción, sin trasladar el costo de dichas erogaciones a los precios que pagan los ciudadanos por este insumo de primera necesidad. 

Por último, no puede pasarse por alto que para cumplir estos propósitos será necesario demostrar firmeza en lo tocante al ofrecimiento de reducir subsidios a la iniciativa privada con la finalidad de que estos recursos puedan canalizarse a la recuperación del sector público.

Anuncia AMLO plan para fortalecer CFE

No aumentarán tarifas de energía
La IP mantendrá su participación de 46% en el sector, precisó


Foto
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, en Palacio Nacional.

La participación de particulares en el sector eléctrico continuará en el rango de 46 por ciento de la generación de energía, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar el plan de rehabilitación y mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “No es un misterio: ya se trabaja en una planeación conjunta con el sector privado… No hay pleito ni confrontación”, sostuvo.
En conferencia de prensa, el mandatario se refirió a algunos proyectos de desarrollo económico: por un lado aseguró que no habrá aumento de tarifas de energía eléctrica y persistirá, hasta el final del sexenio, la participación estatal mayoritaria de 54 por ciento. También aseguró que el suministro está garantizado. Asimismo, refrendó el plan de construcción en el tiempo programado (dos años y medio) del aeropuerto de Santa Lucía, por lo que pidió a los jueces no aplicar tácticas dilatorias en la resolución de amparos interpuestos por opositores a la obra.
En la víspera, la Secretaría del Medio Ambiente emitió la manifestación de impacto ambiental, con base en la cual se podría avanzar en los trabajos, pero falta la conclusión de los procedimientos judiciales.
A nuestro juicio, aseveró, los amparos son improcedentes. Esperamos que la justicia sea pronta y expedita porque nos demora el tiempo de construcción. Seremos respetuosos. Ya tenemos todo. Lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos... Fue un avance tener ya el estudio de impacto ambiental.
A lo mejor, añadió, “lo que quieren nuestros adversarios es que no cumplamos en tiempo y forma, pero vamos a cumplir y lo estamos haciendo respetando todo el procedimiento legal.
“En otros tiempos, imagínense cómo dieron la autorización de impacto ambiental para construir (el aeropuerto de) Texcoco. ¿Lo supieron ustedes?, ¿se supo?... Nada, era un telefonazo: ‘Nos urge, hagan el estudio para llenar el expediente’. Pura formalidad”.
El Presidente destacó además que a ocho meses de iniciado su gobierno ha mejorado la producción de petróleo, al pasar de 507 mil barriles diarios en enero pasado a 706 mil, precisamente por mejoras en el mantenimiento a seis refinerías que estaban abandonadas.

Abandono de plantas
Sostuvo que en administraciones anteriores se abandonaron deliberadamente las plantas para restar capacidad productiva a la CFE y dejar en manos de particulares este mercado. De continuar esa tendencia, advirtió el mandatario, el sexenio actual concluiría con una participación de 75 por ciento del sector privado y sólo una cuarta parte del público, por lo que ahora la vía es la modernización y fortalecimiento de los recursos públicos.
Recordó que el esquema productivo actual de la industria eléctrica se inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se modificó la ley secundaria para abrir el sector a la iniciativa privada, que llevó a un desplazamiento de la CFE y al aumento de las tarifas.
Por ello, subrayó, ahora se necesita fortalecer esta empresa, hacer más eficiente su operación, darle mantenimiento, generar ahorros y modernizar el sistema, el cual incluye –por ejemplo– 60 hidroeléctricas.
Prometió emitir en breve un informe acerca del robo y deudores en esta empresa, así como analizar esquemas de subsidios para incentivar el desarrollo productivo.
El Presidente estuvo acompañado en la conferencia por Carlos Andrés Morales Mar, director de Operaciones de la CFE, quien presentó un informe relativo a las 157 plantas y 469 unidades de generación de energía, con capacidad efectiva de 42 mil 71 megavatios, así como de los primeros resultados del mantenimiento que ha hecho posible la recuperación del equivalente a 10.84 por ciento en la generación de electricidad en todo el país, para quedar muy por encima del nivel mínimo operativo requerido.
Mencionó, a pregunta expresa, que las pérdidas no técnicas (robo de energía) se ubican en 11 por ciento, en particular en el centro del país. Igualmente se revisa el saqueo de cables y estructuras de transmisión, por lo que ponen en marcha estrategias para la detección automatizada de los hurtos.
Al mismo tiempo se avanza en un programa de recuperación de cartera vencida. Hay casos, como el de Tabasco, que tenían hasta 25 años sin pagar su luz, indicó el ingeniero Morales.
El Presidente propuso emitir en una semana un informe pormenorizado acerca de los deudores de la CFE, cuidando las restricciones que prevé la ley –en cuanto a datos personales–, como se dio con la condonación de impuestos.

Foto María Luisa Severiano
Periódico La Jornada

7/15/2019

Ex mandos del gobierno irían contra la CFE por gasoductos

Continúan las negociaciones
IEnova y CFE: choque con ex funcionarios

De no llegar a un acuerdo en torno a los litigios internacionales que plantea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la revisión del contrato del gasoducto marino que corre de Texas a Tuxpan, Veracruz, que construyeron IEnova y TC Energy-TransCanada, la empresa productiva del Estado se confrontará con ex funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como del Banco de México (BdeM) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras instituciones, que ahora forman parte del grupo directivo y del consejo de administración de IEnova, subsidiaria de la estadunidense Sempra, que a su vez tiene en su consejo a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El director general de la CFE, Manuel Bartlett, acusó el 11 de febrero, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tres empresas (IEnova, TC Energy-TransCanada y Carso Energy, de Grupo Carso) habían firmado durante la administración de Enrique Peña contratos leoninos y abusivos para la construcción de siete gasoductos, mismos que tenían a la comisión prácticamente al borde de la quiebra.
El mes pasado la compañía eléctrica anunció que empezaría procesos de arbitraje en caso de no llegar a algún acuerdo con la primera empresa del sector privado en ganar una licitación para la distribución de gas natural en México.
Según informes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y de la compañía, el presidente del consejo de administración de IEnova es Carlos Ruiz Sacristán, quien fue titular de la SCT en el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Antes estuvo en la dirección general de Pemex, fue subsecretario de Egresos de la SHCP y en el banco central se desempeñó de director del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios.
José Julián Sidaoui funge de consejero independiente de la empresa subsidiaria de Sempra y previamente laboró de subgobernador, tesorero general y director general de operaciones del BdeM. Además, fue subsecretario de Egresos de la SHCP.
Tania Ortiz Mena es la directora general de IEnova. Previamente, entre 1994 y 1999, fue subgerente comercial de productos refinados de PMI, subsidiaria de Pemex que se encarga de los asuntos internacionales. Entre sus funciones estaba revisar los petrolíferos residuales que van al exterior del país.
Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México entre 1998 y 2002, también es consejero independiente de la firma de energía. Trabajó de diplomático en Venezuela y Zambia.
IEnova ostenta su misión en desarrollar, construir y operar infraestructura energética que impulse el crecimiento de México, en un marco de ética de seguridad, respeto y compromiso con nuestros colaboradores, el medio ambiente, las comunidades a las que pertenecemos, nuestros clientes y accionistas.
El vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos de IEnova es Abraham Zamora. Entre 2017 y 2018 fue jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores (Luis Videgaray), y entre 2015 y 2017 ocupó el cargo de director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Alberto Felipe Mulás Alonso es consejero propietario de la empresa y miembro del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte. También se encuentra dentro de los consejos de Grupo Modelo, Grupo Financiero Santander, Grupo Comex, Organizaciones Ramírez (controladora de Cinépolis) y de Farmacias del Ahorro.
René Buentello es el abogado general de IEnova. Comenzó su carrera en Grupo Carso, de Carlos Slim. Posteriormente ingresó a Pemex, empresa en la que de 2002 a 2008 estuvo en las áreas de transporte y logística de gas y refinación.
IEnova es la primera empresa de infraestructura energética que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente la CFE se encuentra en mesas de negociación con dichas compañías para revisar los contratos de los gasoductos antes de comenzar los litigios en Londres y París.
Joseph A. Householder es consejero propietario de IEnova. De igual forma, presidente y director de operaciones de Sempra. Es miembro de la junta directiva de Advanced Micro Devices y del Instituto de Ejecutivos de Impuestos, así como del Instituto Estadunidense de Contadores Públicos Certificados, el Colegio de Abogados del estado de California y de la Asociación Estadunidense de Abogados.

Periódico La Jornada

7/02/2019

Inicia negociación la CFE con firmas que edifican oleoductos

Reunión Bartlett-directivos de Fermaca

Petición de arbitraje internacional envía señal negativa a inversionistas, afirma la Cámara de Comercio de EU


Foto
▲ La Comisión Federal de Electricidad informó que comenzó demandas de arbitraje mundial contra los contratos para siete gasoductos de las empresas IEnova, TransCanada, Carso Gasoductos y Fermaca. Los juicios se realizarán en Londres y Francia, aseguró en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. La imagen corresponde a pobladores de Santiaguillo, Aguascalientes, que bloquearon la construcción de un ducto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó ayer a negociar con empresas a las que señaló de beneficiarse de cláusulas abusivas de los contratos firmados durante el gobierno anterior para la construcción de gasoductos en varias regiones del país.
El anuncio fue hecho por la CFE después de que el director general de la empresa, Manuel Bartlett Díaz, se reunió con ejecutivos de Fermaca, firma que en el gobierno del ex presidente Enrique Peña obtuvo contratos para la construcción de tres gasoductos.
Por la mañana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber), una de las organizaciones empresariales más importantes de ese país, advirtió que la decisión de la CFE de solicitar un arbitraje internacional para anular cláusulas claves de dichos contratos con las empresas del oleoducto Texas-Tuxpan corre el riesgo de enviar una señal negativa a Estados Unidos y a otros inversionistas mundiales sobre el clima de negocios e inversión en México.
La semana pasada la CFE comunicó su decisión de comenzar juicios de arbitraje sobre varios contratos para la construcción de gasoductos, pues consideró que varias cláusulas eran desventajosas para la compañía eléctrica estatal.
De acuerdo con el gobierno actual, durante la administración del ex presidente Enrique Peña la CFE otorgó contratos para los gasoductos, con vigencia de 20 años, que en la práctica han multiplicado varias veces el precio originalmente pactado. Si se interrumpe la construcción por bloqueos, litigios por derechos de tierra y otros imprevistos, los sobrecostos y penalizaciones deben ser pagados por la empresa estatal. Al final del contrato, la obra pasará a ser propiedad de la compañía privada, no de la Comisión Federal de Electricidad.
Este lunes la CFE informó que las firmas con que ha empezado negociaciones –que se realizarán a lo largo de esta semana– son: Ienova (filial de Sempra Energy), Carso Energy –subsidiaria de Grupo Carso–, TC Energy TransCanada y Fermaca.
El miércoles pasado IEnova y TransCanada comunicaron que la CFE abrió un proceso de arbitraje para revisar algunas cláusulas del contrato para el gasoducto marino que va de Texas, Estados Unidos, a Tuxpan, Veracruz, con una extensión superior a 800 kilómetros, mismo que ya fue terminado.
El jueves anterior Carso Gasoductos, controlada por Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, dijo que la comisión también abrió un proceso de arbitraje para revisar el contrato del gasoducto que va de Chihuahua a Sonora, el cual se encuentra en construcción. Este último fue iniciado en 2015.
La US Chamber aseguró ayer estar preocupada por esa decisión e instó a la CFE y al gobierno de México a reconsiderar dicha decisión y cumplir con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar los contratos existentes.
Afirmó que durante el decimoprimer Diálogo de Alto Nivel realizado en abril pasado en Mérida entre el sector privado y funcionarios de Estados Unidos y México, nos sentimos alentados por el compromiso expreso del presidente López Obrador de fortalecer el estado de derecho, como lo demuestra su compromiso de honrar los contratos existentes.

Foto Alfredo Valadez
Periódico La Jornada

6/28/2019

Pide CFE arbitraje para un gasoducto de Carso

Firmado en 2015, aún está en construcción

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un segundo proceso de arbitraje para revisar los contratos de un gasoducto que construye Carso Gasoductos, subsidiaria de Grupo Carso del empresario Carlos Slim.
Se trata de un ducto para transportar gas de Chihuahua a Sonora, y cuya construcción se inició en 2015. Es el segundo que la CFE manda a investigación, pues el miércoles abrió un proceso de arbitraje en contra de un proyecto ya terminado de IEnova y TransCanada, que va de Texas, en Estados Unidos, a Tuxpan, Veracruz.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Carso informó que el 26 de junio, la empresa productiva del Estado envió una solicitud de inicio de arbitraje mediante la cual, manda la nulidad de algunas cláusulas del contrato de construcción del gasoducto. La firma se encuentra analizando el contenido.
El 23 de septiembre de 2015 la CFE y Carso Gasoducto Norte celebraron un contrato de prestación de servicio de transporte de gas natural hasta por una cantidad de 472 millones de pies cúbicos diarios en el trayecto Samalayuca-Sásabe, en los estados de Chihuahua y Sonora, por un periodo de 25 años.
Dicho contrato fue firmado por Carso Gasoducto Norte tras haber presentado la mejor opción técnica y económica para la CFE, de acuerdo con la licitación pública internacional convocada por la propia CFE, refirió la empresa. El gasoducto se encuentra en proceso de construcción.
Contratos leoninos
El pasado 11 de febrero, Manuel Barttlet, director general de la CFE dijo, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la comisión cuenta con contratos realmente leoninos y acusó directamente a Carso, IEnova y TransCanada de ser aquellas firmas que tienen siete ductos que ponen a la empresa productiva del Estado en una posición realmente de quiebra.
Entre 2012 y 2017 IEnova firmó cinco contratos con la CFE para la construcción de gasoductos. El primero fue en 2012 y se encuentra en Sonora, que comenzó a construirse en ese año y se finalizó en 2017, es de 835 kilómetros con tramos que van de Sásabe a Guaymas de 505 kilómetros y otro de Guaymas a El Oro de 330 kilómetros.
El segundo es el gasoducto de Ojinaga a El Encino, que se encuentra en el estado de Chihuahua. El contrato se celebró en 2014 y se finalizó la construcción en 2017, tiene una longitud de 220 kilómetros.
El tercero es el de San Isidro a Salamayuca, ubicado en el estado de Chihuahua, el convenio entre la CFE y IEnova se firmó en 2016 y entró en operaciones en 2017, tiene una extensión de 23 kilómetros.
El cuarto es el gasoducto que va de Ramal a Empalme, que se celebró en 2016 y se terminó en 2017, es de 20 kilómetros y se conecta con el gasoducto de Sonora. El quinto es el gasoducto Aguaprieta, que está en ese mismo estado y consta de 13 kilómetros, fue celebrado en 2012 y comenzó a operar en 2017.
Segunda jornada de pérdidas para IEnova
En medio de la disputa por contratos para gasoductos entre varias empresas y la Comisión Federal de Electricidad, los títulos de la operadora de infraestructura energética IEnova retrocedieron este jueves por segundo día consecutivo, al perder 4.70 por ciento. Durante la sesión llegaron a caer más de 8 por ciento, su peor nivel desde el 21 de febrero. El miércoles, los papeles de IEnova tuvieron una pérdida de 4.55 por ciento.

Periódico La Jornada

4/02/2019

La iniciativa que busca recobrar el sentido social a la electricidad


El problema de los altos cobros de la electricidad que viene afectando a millones de mexicanos desde hace más de 2 sexenios, agudizado en el centro del país tras el aberrante decreto de extinción de Luz y Fuerza en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es uno de los agravios sociales que no admite dilación alguna por parte de los miembros del partido mayoritario en el Congreso, para analizar la iniciativa ciudadana que propone la aplicación del borrón y cuenta nueva,  el establecer una tarifa social y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano.
A principios de marzo pasado este lastre heredado al nuevo gobierno hizo crisis en entidades como Tabasco, donde el gobernador Adán Augusto López se vio precisado a girar la instrucción para detener a los trabajadores y vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en la entidad cortaran el servicio a usuarios domésticos, sobre quienes pesan acumulados adeudos por la imposición de  tarifas como la 1C y 1D –de las más caras del país–, aplicadas de manera arbitraria por décadas en 14 de sus municipios.
Vivir en regiones con climas en extremo cálidos hace de la electricidad un medio indispensable para la subsistencia. Desde hace años, medio millón de tabasqueños se mantienen en resistencia por los exagerados cobros de la CFE,  que en los gobiernos neoliberales extravió el sentido social de la prestación del servicio.
En el centro del país el asunto apareció luego de que Calderón Hinojosa cerrara de la noche a la mañana a Luz y Fuerza, dejando sin empleo a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Como parte de la estrategia impuesta por los organismos internacionales para desmantelar y privatizar al sector eléctrico nacional, el expresidente panista echó mano de la más rancia demagogia para prometer a los 6 millones de usuarios que eran atendidos por la exparaestatal, una baja en las tarifas y un mejor servicio.
Como lo constató la sociedad en su conjunto, el golpe al SME y la cancelación de la entidad pública resultaron contraproducentes para el bienestar de la población porque en la mayor de las irresponsabilidades públicas, la CFE inició de manera “estimada” el cobro de los consumos sin tomar siquiera en consideración el nivel socioeconómico de los usuarios.
De la noche a la mañana miles y miles de atropellos empezaron a reproducirse por doquier al llegar  recibos con cantidades impagables a innumerables hogares humildes y de clase media. Los funcionarios de Calderón y el extraviado mandatario prefirieron dar la espalda a quienes prometieron algo totalmente distinto.  Así como los electricistas del SME se encontraron de un día a otro sin empleo, los usuarios se enfrentaron ante la disyuntiva de comer o pagar la luz.
Durante su campaña, el expresidente Enrique Peña Nieto prometió atender las anomalías y bajar la electricidad, pero  su compromiso no pasó de ser uno más en el repertorio de la gastada retórica neoliberal. Terminó su gobierno y las tarifas no bajaron, como tampoco se dio una solución al borrón y cuenta nueva, planteado por el SME junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE). Esta última, una organización surgida de la sociedad civil y que a la fecha suma miles de adherentes en varios estados de la República.
El pasado 11 de octubre, aún con la administración pasada, la ANUEE, el SME y otras organizaciones, realizaron una multitudinaria marcha a la Cámara de Diputados para entregar al coordinador de Morena, Mario Delgado,  la iniciativa ciudadana acompañada de más de 200 mil firmas, para que el derecho a la electricidad adquiera rango constitucional como un derecho humano en beneficio de millones de mexicano, a través del establecimiento de una tarifa social, amén de solicitar la aplicación del borrón y cuenta nueva que ponga fin a la persecución judicial y administrativa de la CFE en contra de usuarios cuyo único delito es ser pobres y no poder pagar los “recibos locos” de la ahora empresa productiva del Estado.
Los legisladores no pueden seguir prorrogando un tema que ha terminado por extender sus costos a las propias instancias de gobierno, acorraladas por la insolvencia de pagos a la Comisión Federal y que está afectando de manera directa a la prestación de servicios básicos como el abasto de agua potable. Alcaldes de ciudades tan distantes y disímbolas como Acapulco y Ecatepec han lanzado un SOS al nuevo director de la CFE para que también a ellos se les haga extensivo el borrón y cuenta nueva.
El edil Fernando Vilchis Contreras ha solicitado la condonación de 447 millones de pesos, pues de lo contrario miles de habitantes corren el riesgo de quedarse sin agua en uno de los municipios más poblados y marginados de México.
Las consecuencias de haber extraviado todo sentido social en la prestación del servicio eléctrico en los gobiernos neoliberales, están a la vista y la solución en manos de los nuevos funcionarios y los legisladores de un partido que deben sentarse a escuchar y a analizar junto con millones de afectados la mejor solución.
Es evidente que la nueva política energética busca recobrar el sentido nacionalista que inspiró la Expropiación Petrolera de 1938 y la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960, en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.
Nadie puede vivir sin electricidad y buena del desarrollo integral del país depende de las pequeñas y medianas empresas así como del comercio y la prestación de servicios. Una tarifa social ayudará a que los que menos tienen no vean afectada su frágil economía por excesivos cobros, y una política integral de tarifas justas ayudará a salir adelante a muchos negocios que han debido cerrar a consecuencia de los recibos locos que han causado infinidad de estragos en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro.
En dos ocasiones la iniciativa de la ANUEE, con el acompañamiento del SME, fue ignorada por los Congresos de corte neoliberal. Es momento de que los legisladores de Morena vuelvan los ojos a la tercera presentación de la misma, donde miles de mexicanos les piden ejercer de manera nacionalista y responsable su papel como representantes de un pueblo cansado de sacrificar su vestido, alimentación y hasta salud por tener que pagar su electricidad.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

3/01/2019

Ya no más deudas en Pemex y CFE, propósito de AMLO



Foto
▲ El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en la inauguración del foro Nueva política energética para el bienestar de México, donde expuso que para el renacimiento de la industria petrolera como una de las fuentes productivas de la nación se requiere un esquema contemporáneo y moderno, con visión transformadora del sector.

Campeche, Cam., Poner un freno a la declinación de hidrocarburos y hacer producir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar los resultados del pasado, cuando se acumularon enormes deudas, es el propósito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
Entrevistada tras inaugurar con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el foro Nueva política energética para el bienestar de México, Nahle García recordó que le aprobaron al Presidente recursos extraordinarios al presupuesto que ya tiene Pemex por 70 mil millones de pesos para exploración y perforación.
Además, alrededor de 50 mil millones de pesos para la nueva refinería en este año; 25 mil millones para rehabilitación de las seis refinerías existentes y 25 mil millones a la CFE para fortalecer generación, producción y transmisión de electricidad.
Indicó que buscan no seguir con el mismo camino, porque si no, vamos a tener los mismos resultados que tienen la CFE y Pemex con deudas muy grandes: si no son capaces de producir, no serán capaces de generar para cumplir con sus obligaciones y el pago de deudas.
Refirió que se producen un millón 750 mil barriles al día aproximadamente, cuando con la reforma energética nos dijeron que debíamos producir 3 millones. No les salieron las cuentas o falló la estrategia.
Sobre el alza en la gasolina, expuso que depende del precio internacional del petróleo. Las pasadas tres o cuatro semanas bajó el precio de la gasolina y el del petróleo, pero en la semana anterior tuvieron un repunte los precios del petróleo y se refleja en la gasolina, porque estuvimos importando casi 80 por ciento de la que consumimos.
Durante el foro, Nahle García afirmó que para 2024 México debe se capaz de tener 35 por ciento de electricidad a partir de energías limpias.
Explicó que diseñan un plan nacional en materia de energía mediante foros consultivos que se realizarán en Campeche, Tabasco y Tamaulipas, por ser entidades con mayor presencia en el sector energético.
La funcionaria federal añadió que para este sexenio proyectaron una política energética según la cual se destinarán recursos extraordinarios tanto para la perforación y explotación de yacimientos como para la transformación industrial mediante las refinerías.
Moreno Cárdenas, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expuso que para hacer renacer la industria petrolera como una de las fuentes productivas de la nación tendrá que ser mediante un esquema contemporáneo y moderno, con visión transformadora del sector.
Señaló que el porvenir del país no puede ser objeto de experimentos: Tenemos que construir realidades muy claras, sabiendo qué hay que hacer en materia energética.

Foto Lorenzo Chim
Corresponsal
Periódico La Jornada