Magdalena Gómez
La Secretaría de las Mujeres presentó ese día una cartilla sobre los
derechos de las mujeres que será distribuida masivamente y entendemos
traducida a algunas lenguas indígenas. Conocer los derechos es sin duda
importante, pero ello, bien lo sabemos, no basta para que éstos se
cumplan. Más tarde, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum,
desde una ceremonia en el patio de Palacio Nacional, con asistencia de
algunas mujeres indígenas y ministras de la Corte afines, así como
funcionarias y bajo la premisa y a la vez consigna de no más
violencia contra las mujeres, ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni
un maltrato más, ni una palabra violenta más contra las mujeres
mexicanas
, anunció 10 acciones de su gobierno para fomentar la equidad de género.
Destacan la reinstalación de las guarderías cerradas por la administración anterior; la construcción de 200 centros de cuidado infantil, la apertura de una sala dedicada a mujeres, en Palacio Nacional; la entrega de 150 mil títulos agrarios y darles prioridad en el programa nacional de vivienda. A tales acciones no se les puede plantear objeción en sí mismas; sin embargo, resulta indispensable conocer la estrategia que dé sustento a la afirmación de no más violencia y ni un feminicidio más, cuando ese lacerante problema aún no parece tener freno, o bien conocer el proceso sobre la entrega de 150 mil títulos agrarios, que ha sido una añeja demanda ante la exclusión de las mujeres en esa materia, porque las referidas a instituciones y proyectos de políticas públicas es más sencillo suponer la posibilidad cierta de que se cumplan.
La presidenta Sheinbaum encargó a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, organizar foros en el país para recopilar propuestas que ayuden a hacer realidad las reformas constitucionales relacionadas con la equidad de género que se han aprobado. Sobre todo, las encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Nos preguntamos si, ante una problemática estructural para garantizar el cumplimiento de derechos ya formalizados, son los foros el escenario para recibir propuestas y si quienes asistan a los mismos tienen el consenso para las mismas. No es cuestión de democracia participativa, lo es de Estado para que se haga cargo de garantizar el cumplimiento de los derechos.
En marcado contraste, tras una multitudinaria marcha de
mujeres organizadas y no, reafirmaron con energía sus demandas y
exigencias más sentidas. La Coordinación 8M, organizadora de la marcha,
en el mitin central aseguró que para hacer realidad las frases
gubernamentales, de que es tiempo de mujeres y llegamos todas, las
acciones han de ir más allá del discurso, de lo contrario será un
postulado falso. Se celebra la llegada de una presidenta, pero no se
escucha a quienes exigen respuestas. Criticó el hecho de que la
impunidad sea mayor a 99 por ciento, ya que sólo hay resolución en 6 por
ciento de los delitos. Por esa razón en los casos de feminicidio y
desaparición el trabajo de investigación lo asumen las familias. Las
madres buscadoras, que no están dentro de las que dicen que llegaron,
fundaron ese día el frente Luciérnagas, integrado por familias que
llevan años luchando por justicia para sus hijas desaparecidas y
asesinadas, denunciaron frente a Palacio Nacional que para los
juzgadores nuestras hijas son sólo carpetas de investigación, pero para
nosotras son seres amados que con sus ausencias se llevan a toda la
familia
.
Hay una dimensión que se está dejando de lado y es la de la formación desde la educación formal en los distintos niveles sobre el combate al patriarcado, en lo que Pablo Latapí insistía refiriéndose a la formación en valores. ¿Qué lugar ocupa esta temática en el currículo de quienes estudian para maestros? Sin duda, la campaña contra la comida chatarra en las escuelas es importante, pero hay ausencia de un proyecto educativo para combatir el machismo desde la infancia y cómo llegar a la conciencia de las familias cuyas madres en muchos casos han naturalizado los roles de género que las subordinan y afectan su dignidad. Por supuesto, hay que combatir la impunidad y sancionar a quienes ejercen violencia y asesinan mujeres por ser tales, pero ¿qué plantea el Estado para promover una cultura de respeto a la mujer? Es urgente reducir lo que Rodolfo Stavenhaguen llamó la brecha de implementación de los derechos.
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