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7/26/2026

La CNDH y su polémica recomendación sobre Ayotzinapa

Magdalena Gómez

El pasado 2 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos difundió su recomendación No. 208VG/2026. En un documento de 867 páginas dio cuenta, para descalificarlo, del trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), las organizaciones no gubernamentales como el Centro Pro de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Fundar, que han acompañado a las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Por cierto, los familiares de los normalistas no fueron informados de la referida recomendación antes de su difusión, no obstante el expediente CNDH/PRESI/2022/505/Q/VG iniciado con motivo de la queja presentada por el “Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos”, ante la CNDH.

La Recomendación tiene un eje evidente reiterado a lo largo del texto: Sostenemos que, para encontrar la verdad llana, y la justicia, ha sido igual de nociva la narrativa de la “Verdad Histórica”, como la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica”. Porque mientras en la narrativa de la “Verdad Histórica” se sostenía que la Normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por grupos del crimen organizado, puesto que toda la carga estaba en estos últimos y en los policías municipales; en la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica”, como la carga se ha querido trasladar al ejército como una “acción de Estado”, luego entonces, éste tenía militares infiltrados entre los estudiantes y ese fue el detonante de los hechos.(583). Lo planteó así el GIEI en su VI Informe: “La infiltración de los estudiantes de Ayotzinapa no era por el crimen organizado, sino por miembros del ejército que ejercían su papel de informantes” (710).

Como ha quedado evidenciado las conclusiones plasmadas en los informes y en el adendum de referencia publicados por la Covaj, durante la gestión del licenciado Encinas Rodríguez, son resultado de inferencias y conjeturas subjetivas que carecen de todo sustento material, información que fue tergiversada para señalar al personal militar como responsable de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.(714).

A partir de su normatividad la CNDH solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. En caso de aceptación, en ese plazo se remitan las pruebas correspondientes al cumplimiento (1243). En caso de no aceptación las autoridades o personas servidoras públicas, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa y la CNDH podrá solicitar al Senado que les requieran su comparecencia para explicar los motivos de su negativa.(1244).

La Presidenta de la República deslindó a su gobierno respecto de la elaboración de la referida recomendación y solicitó una revisión por parte de la Secretaría de Gobernación.

Independientemente de su opinión resulta indispensable una respuesta explícita si bien no se le señala directamente. De manera obvia aclara la CNDH que la investigación en curso debe continuar y que serán las autoridades de procuración y administración de justicia las que tomarán las decisiones conducentes. Sin embargo está solicitando atención de la Covaj, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR para la creación de una comisión de relación con la CNDH que incluye también a familiares, para que revisen documentos del ejército, lo cual implica seguimientos paralelos a la investigación en curso. El próximo 25 de julio las madres y padres de los 43 se reunirán y fijarán posición respecto a la CNDH y su recomendación. Por lo pronto la presidenta Sheinbaum informó que darán un giro a la investigación pero primero lo compartirá con los familiares. Ha solicitado a la ONU la propuesta de expertos diversos a los que participaron en el GIEI. No olvidemos que están por cumplirse 12 años de la desaparición de los normalistas y ya se esperan resultados.

Como vemos la intervención de la CNDH y su investigación a partir de los informes que se han emitido y su cauda de adjetivos negativos no parece que puedan llegar a buen puerto en su rol de defensa del ejército antes que a las víctimas como debería ser para cumplir con la misión asignada constitucionalmente. La batalla de la opinión pública la tiene perdida hace tiempo por solo el hecho de que opere sin el Consejo Consultivo cuyos miembros renunciaron y aún no logra la integración de ese órgano. La única investigación propia que realizó fue la de enviar al ejército unas cartas para que respondieran a modo deslindando su responsabilidad. Un desafío más para el gobierno que no encuentra razones para defender a la abogada del ejército . No sabemos quién la instruyó para asumir tal rol y dejar sin atención el rezago institucional.

5/10/2026

Crímenes locales en el limbo de la impunidad



Magdalena Gómez


La dimensión y relativa sobrexposición de casos, llamémoslos de trascendencia política y jurídica, generan una suerte de imán obligado. Las amenazas del presidente Trump contra Cuba y la necesidad de fortalecer su defensa desde México como lo hemos hecho históricamente. Y sin embargo, resulta indispensable colocar la mirada en nuestro espejo nacional. Como no abordar la presencia e intervención de la CIA en la sierra tarahumara y con un final trágico que destapó tal operativo no informado por las autoridades del Estado de Chihuahua a las de nivel federal. Y el comunicado del gobierno de Estados Unidos solicitando la extradición de nueve políticos sinaloenses, destacando al que era hasta hace unas horas gobernador del estado, ya con licencia. Sólo por citar dos ejemplos que acaparan la atención gubernamental, partidista y mediática.

No sucede lo mismo con crímenes de líderes sociales que lucharon “desde abajo”, basta recordar el del padre Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el de Marco Antonio Suástegui, en Acapulco, Guerrero. Tal vez respondan las autoridades responsables de procurar y administrar justicia que hay carpetas de investigación, denominación homóloga al limbo y la impunidad. En estos y muchísimos casos se dirá que corresponden a las entidades respectivas.

Pero tenemos otro crimen del viernes pasado en el estado de Veracruz, con un modus operandi similar. Efraín Blanco Villagomez: entraron dos pistoleros a su casa y lo acribillaron delante de familiares. Era el comisariado ejidal de Mata Tenatito, municipio de Omealca, Veracruz. Ex candidato de Morena a presidir dicho municipio. Un luchador cañero, miembro fundador de la Coordinadora de Comisariados de Veracruz y de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades. Durante su gestión, relataron sus compañeros cercanos, afectó intereses de autoridades municipales vinculados con la delincuencia organizada. Su reciente gestión que, señalaron, colmó el vaso de sus opositores, es que logró que el fertilizante se entregara en un punto cercano a 127 núcleos agrarios que beneficiarían a más de 5 mil campesinos. “Los grupos de poder no aceptan que alguien tenga la capacidad de hacer gestiones a favor de los campesinos. Los desalmados, lo asesinaron llegando a su casa frente a su nieta cuando regresaba del corte de caña. El compañero Efraín es firmante de una carta que este domingo entregaremos a la Presidenta de la República sobre la problemática agraria. Exigimos a las autoridades, una investigación inmediata y exhaustiva, así como el castigo a los responsables directos y a los autores intelectuales.


En los tiempos de la Cuarta Transformación, no se puede concebir que este tipo de actos se sigan dando. Descanse en paz nuestro compañero de lucha y nosotros no descansaremos hasta que no se castigue a los asesinos”. Las notas de prensa veracruzanas reportaron, casi como explicación, que la zona está rodeada por la violencia. Los medios nacionales simplemente no dieron cuenta del crimen.

La situación que planteo entraña la urgente necesidad de revisar el modelo de reforma judicial aprobado y puesto en operación recientemente, con todo y acordeones para la selección de jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia. Nunca quedó clara la razón por la que se excluyó a la procuración de justicia. Los agentes de Ministerios Públicos, en los hechos, viven rodeados de cientos o miles de carpetas de investigación que no avanzan y en ocasiones señalan que se encuentran rebasados para atenderlas. Sin embargo no es sólo un problema operativo, ellos son el primer filtro para recibir presiones o ser objeto de corrupción, por parte de los involucrados en la comisión de delitos. Los jueces, por su parte, dependen de que les lleguen los asuntos bien integrados y respaldados. Sería la hora de abordar el problema a nivel federal en coordinación con las entidades. Es tan lamentable escuchar declaraciones de alto nivel que reiteran “se está investigando” los que deben hacerlo.

Hay un telón de fondo complejo, que entreteje las violencias y redes locales a las que se enfrentan quienes organizan en las entidades las luchas sociales y mediante ellas amenazan intereses creados. Ese telón es el que requiere una estrategia más integral. En estas horas el centro está colocado en la ruta electoral, de manera destacada los movimientos de dirigencias en el partido Morena, hoy hegemónico. La agenda se nutre con el impacto de los programas sociales en curso, pero ya está visto que sí pueden cosechar votos, pero no el estado de derecho que la nación toda demanda.

Hay muchas personas y colectivos que tienen reflexiones que aportar, pero no a nivel de encuesta rápida de porcentajes. Por lo pronto, atender en serio los crímenes en las entidades, colocar la justicia en lógica de resultados. En síntesis, valdría la pena depurar la retórica oficial y dar muestra de que en nuestro país se asumen los derechos en serio.

3/29/2026

Claroscuros del informe oficial sobre deportados(as) por el gobierno de Trump


En días recientes desde la llamada mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que con el programa México te Abraza, creado para apoyar a los (¿y las?) deportados(as) de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, han ofrecido apoyo a 189 mil 830 mexicanos hasta el 18 de marzo pasado. No dudamos de la veracidad de las cifras ofrecidas, pero sí llama la atención el énfasis institucional “para reincorporarlos a la vida pública del país”. Carta de repatriación, cuando regresan como si ellos y ellas lo hubieren decidido. Actas de nacimiento, cuando no sólo este sector carece de ella en el país; la CURP, una suerte de habilitación como mexicanos, un apoyo ciertamente simbólico; se entregaron 114 mil tarjetas del Bienestar Paisano con 2 mil pesos cada una para ayudarlos en su reintegración a México y retornar a sus lugares de origen; 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas del Bienestar; y entramos a las hipótesis no confirmadas: “se les ofrecen asesorías, regularización de tierras y acceso a vivienda”; se repartieron 39 mil tarjetas de la Financiera para el Bienestar (Finabien), con las cuales pueden recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos. El apoyo otorgado a los paisanos repatriados (sic) incluye la posibilidad de afiliarse al IMSS y obtener seguridad social, y al Infonavit para tener acceso a créditos para casas. Además, 14 mil 228 personas han logrado conseguir un empleo formal en empresas privadas y más de 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas públicos.

Resulta indispensable conocer la información básica, como lugares de origen de los y las deportados(as), pues no se precisa si no se incluye en las cifras a quienes provienen de un tercer país. En el caso de integrantes de pueblos indígenas, tampoco se dice cuántos de ellos y ellas han retornado a sus comunidades. Cuál es el impacto en ellas de la ausencia de remesas. Toda esta problemática no se observa presente en el informe denominado México te Abraza, pues el Estado mexicano, por décadas, se ha convertido en mero observador, e incluso se ha visto favorecido en su economía por las remesas que han enviado nuestros paisanos.

Habría que incorporar en informes oficiales cuando se trata de las personas de origen indígena cuyas condiciones socioeconómicas las han llevado a emprender el camino de la migración, pero no sólo eso: hay regiones en el país donde ese camino ha sido la salida para la sobrevivencia ante el desplazamiento forzoso promovido por la delincuencia que, por distintas vías y en diversos ámbitos, se ha instalado, y mediante violencia y despojo, ha impuesto proyectos extractivos, por ejemplo, pasando por encima de la voluntad individual y colectiva de las comunidades. Por todo ello, es vital el aporte de las remesas para las familias que se quedan en las comunidades, y eso no exime a sus integrantes de las obligaciones comunitarias aun desde fuera. Todo ello, a muchas de las personas deportadas les impedirá plantearse el retorno a sus comunidades de origen.

En contraste, justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en días recientes, informó que en Estados Unidos residen al menos 491 mil 575 indígenas mexicanos y 63 mil 491 afromexicanos, quienes a consecuencia de la política migratoria del presidente Donald Trump, experimentan incremento en el temor o desconfianza hacia las autoridades, así como arrestos, deportaciones y faltas al debido proceso en centros de detención, entre ellas la ausencia de intérpretes y traductores.

El diagnóstico, titulado Primer informe de actividades de la mesa institucional “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, elaborado con información de 49 de los 53 consulados de México en ese país, advierte que estas comunidades enfrentan obstáculos persistentes para tener acceso a servicios y ejercer plenamente sus derechos debido a barreras lingüísticas, falta de documentación personal y desconocimiento de los mecanismos de protección consular. El informe advierte que estas carencias afectan el acceso a la justicia y a servicios básicos, especialmente en contextos de detención migratoria.

La cancillería subrayó que la población indígena y afromexicana tiene “presencia activa y significativa” en aquel país y requiere atención institucional con enfoque intercultural.

El reporte indica que se identificó la presencia de comunidades indígenas y afromexicanas pertenecientes al menos a 29 pueblos originarios, entre ellos mixtecos, nahuas, zapotecos, tsotsiles y purépechas. California concentra la mayor población, con más de 211 mil personas, seguida de Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey. Urge respaldo al trabajo consular y que se logre detener el incremento de las deportaciones a nuestros paisanos, que de suyo son arbitrarias.

En síntesis, resulta indispensable la mirada crítica y, más allá de las cifras genéricas, que se acerque el espejo al programa México te Abraza.

11/23/2025

Justicia regional selectiva y mirada nacional ausente


El ominoso crimen de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en un evento público el pasado 1º de noviembre, generó ciertamente una demanda de justicia de amplios sectores sociales agraviados, no sólo en Uruapan, sino en vastas regiones del país. Y no sólo por el crimen de un presidente municipal con fuerte y real liderazgo, sino también por los otros presidentes municipales asesinados en el último tiempo, que no derivaron en una investigación que mostrara autores intelectuales y materiales sometidos a proceso penal, idea elemental de un Estado de derecho. En este caso, como en los otros, “se está investigando”.

Mientras eso sucede y da o no resultados, ocho días después del crimen, el gobierno federal, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el gabinete en pleno, presentó desde la Ciudad de México el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (9 de noviembre de 2025) con 12 ejes de estrategia, más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, que aún no se conoce si ya estaban previstos o fueron reubicados para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad que vive la entidad. Es inobjetable que se defina atender seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera, caminos y senderos seguros, infraestructura con agua potable, riego y saneamiento, programas para el bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.

La pregunta inevitable es si se trata de un plan que también se requiere en el resto del país o por qué Michoacán no lo tenía antes del crimen referido y, lo más importante, cuál es el vínculo directo esperado respecto a la erradicación de la violencia y la impunidad que la acompaña. Contrastemos sólo con un ejemplo: el reciente crimen de Marco Antonio Suástegui en Acapulco, Guerrero, luchador histórico contra la construcción de la presa La Parota, sigue impune, a pesar de que generó fuertes reacciones del movimiento social en la entidad y a nivel internacional, pero él no era parte de la clase política. ¿Será por eso que no se anunció plan en Guerrero? Habrá que desentrañar la lógica de las reacciones gubernamentales independientemente de que con plan y sin plan, la violencia sigue imparable en varias regiones del país. Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, ahora presidenta municipal sustituta en Uruapan, ha declarado que esperan resultados en dos meses y que de ninguna manera están avalando una suerte de intercambio utilitario del plan por la indispensable Justicia.

Y precisamente contamos con otra muestra de la lógica política que guía al actual gobierno federal, y que a mi juicio ameritaría una profunda revisión y corrección consecuente. Me refiero al combate abierto a la convocatoria de la llamada Generación Z a una marcha el pasado 15 de noviembre. Se denunció desde la llamada mañanera que tenía intereses desestabilizadores y la promoción en redes con financiamientos de ese corte. Nada casual que al propio tiempo que se declarara, sin necesidad de ello, que se respeta la libertad de expresión, se amurallara en la Ciudad de México el Palacio Nacional, escenario preferido y anhelado por grupos violentos que “aparecen”, y lo hicieron de nuevo, provocando el enfrentamiento con la policía.

La narrativa de medios y redes sobre la marcha, que fue pacífica antes de llegar al Zócalo, fue destacar justo ese enfrentamiento y enfatizar que no todos y todas sus participantes eran jóvenes. Me decían dos de ellas que no se vio a ningún camión rentado como en otras, que llegaron por sus pies y su voluntad. Lo que fue una constante es el grito de alto a la violencia y sí, la molestia con la descalificación oficial previa, y no obstante muchos y muchas jóvenes vencieron su miedo y con coraje salieron a manifestarse. Y de nueva cuenta hay que anotar que la juventud, Z o no, está siendo fuertemente afectada por la violencia de diverso tipo y ese era el sentimiento mas fuerte que motivó a jóvenes –y no– a salir a marchar.

Sigamos con las preguntas. Cuando se convoca una marcha por una fuerza política electoral, no se enfatiza ni se investiga si son realmente parte de la misma, pero en este caso, resultaba censurable que no todas y todos los participantes fueran jóvenes. ¿Quiénes no lo somos no tenemos derecho a unirnos a la causa de ellos? ¿Quién se erige con el derecho a fiscalizar? Finalmente, también en este caso se requeriría un abordaje nacional en torno a los jóvenes y la revisión a fondo del reclutamiento forzoso que viven en diversas regiones. No es nada casual que quien accionó el arma para asesinar a Carlos Manzo tuviera 17 años. Mucho que revisar en el discurso oficial, desde la mirada de largo alcance antes de denunciar conspiraciones de iniciativas ciudadanas, hasta expresiones recientes como “quienes no nacen no van a las escuelas”, o bien, “si estamos cerca del pueblo, no podemos estar lejos”.

6/08/2025

Ayotzinapa y su fiscal: mucho más que una declaración desafortunada

Magdalena Gómez

En el contexto de la reunión del pasado 27 de mayo de la Presidenta de la República con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, declaró lo que considera avances del caso: tenemos 120 detenidos; más de 46 causas penales; llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres. Esta última expresión resulta particularmente grave, pues revela la distancia de la autoridad investigadora con las voces de las víctimas como de hecho lo son junto a sus hijos, los padres de los estudiantes que durante más de una década han luchado bajo la fuerte consigna de: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ello derivó en la petición de su remoción. De hecho ya se cuestionaba la labor del fiscal que sustituyó a Omar Gomez Trejo quien era avalado por los familiares y dejó su función en contexto de divergencias institucionales motivadas por su labor y avances en la investigación.

La postura de Gómez Piedra revela un tema delicado y presente en todas las labores de búsqueda de desaparecidos en el país por parte de las autoridades que deben investigar y dar con el paradero de las víctimas . A esa concepción y práctica obedecen los nulos resultados y la creación de grupos de búsqueda de manera directa por sus padres, tema álgido y objeto incluso de abierta diferencia del gobierno mexicano con el organismo de la ONU que abordó recientemente dicha problemática y planteó la posibilidad de que la Asamblea General aborde el caso de México. Valdría la pena que la Presidenta de la República trascienda el comentario de que el fiscal Gómez Piedra emitió una declaración desafortunada, pues su postura trastoca de fondo el sentido de derechos humanos en torno a la desaparición forzada y el enfoque de búsqueda que debe prevalecer en la autoridad de investigación y en su caso en las juzgadoras.

Se ha mencionado que se está considerando la remoción del fiscal del caso en funciones y que, de ser así, se buscaría a alguien que los padres le tengan confianza. Ojalá se dimensione la urgencia de dar un vuelco a ese proceso complejo de una búsqueda de la verdad que ha dejado de lado los avances que en su momento aportó el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) en especial con la muy fuerte asignatura pendiente de la entrega de 800 folios por parte del Ejército, documentos claves que en los hechos han frenado el avance y esclarecimiento de un caso emblemático por sí mismo y doblemente, pues Ayotzinapa y sus normalistas desaparecidos en los hechos aparecen hermanados al movimiento estudiantil de 1968, cuya masacre en Tlaltelolco, el 2 de octubre de ese año, permanece impune y también fue frenado su intento de judicialización. Otro tiempo, otras circunstancias: 68 con masacre de estudiantes; Ayotzinapa: estudiantes también bajo el manto de la desaparición forzada. En ambos casos el Ejército ha jugado un papel central para imponerse sobre la voluntad ­presidencial.

Regresando al discurso político actual en el gobierno federal y subrayo político no jurídico, como correspondería, de que se abrirá nueva estrategia de investigación, al parecer vinculada al uso de tecnología avanzada, cualquier cosa que esto signifique, la cual no se informa porque se quiere la anuencia de los familiares. éstos siguen señalando que no reciben información que implique avances. Por lo pronto, el aparente desliz del fiscal resulta la noticia central. Reconoció lo obvio, muy sincero él: no han encontrado a los muchachos, dijo, pero a la vez señaló que buscan sus ­cadáveres.

Por otra parte se anunció que con el fin de utilizar nuevas formas de investigación, reforzar la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, se nombró a Mauricio Pazarán como coordinador general de investigación adscrito a la unidad especial de investigación y litigación del caso, el cual conoce las nuevas formas de investigación para aterrizarlas en carpetas de investigación.

Sin duda se requiere la decisión política presidencial para elaborar y difundir un informe cualitativo que retome los hallazgos del GIEI, el papel de miembros del Ejército y la negativa a entregar los 800 folios faltantes y expliquen los vínculos con el caso de los detenidos actuales, la implicación de la detención de la ex magistrada relacionada con destrucción de videos de la noche de Iguala. Un recuento que resulta indispensable para encontrar el sentido de las nuevas estrategias de investigación aún no difundidas, así como la revisión del rol de instancias como la Covaj. Seguimos trabajando, se insiste. Mientras, la continuidad implacable del dolor por la muy larga ausencia de sus hijos no impide a los familiares continuar hasta encontrarlos, como bien dijo uno de los padres hace días: El amor no tiene fecha de caducidad.

3/15/2025

Discurso oficial y movilización de las mujeres

Magdalena Gómez

La problemática de género es una asignatura internacional a la cual los estados de los diversos países no han logrado darle la certeza que históricamente han demandado las mujeres. El 8 de marzo es la fecha definida en ese ámbito y, como bien se aclara desde los movimientos, no es para celebrar, es para reafirmar la exigencia. En nuestro caso hubo movilizaciones en la mayor parte de las entidades. Me centraré, sin embargo, en la Ciudad de México, porque marca contrastes entre los polos oficial y de los movimientos a tener en cuenta.

La Secretaría de las Mujeres presentó ese día una cartilla sobre los derechos de las mujeres que será distribuida masivamente y entendemos traducida a algunas lenguas indígenas. Conocer los derechos es sin duda importante, pero ello, bien lo sabemos, no basta para que éstos se cumplan. Más tarde, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde una ceremonia en el patio de Palacio Nacional, con asistencia de algunas mujeres indígenas y ministras de la Corte afines, así como funcionarias y bajo la premisa y a la vez consigna de no más violencia contra las mujeres, ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni un maltrato más, ni una palabra violenta más contra las mujeres mexicanas, anunció 10 acciones de su gobierno para fomentar la equidad de género.

Destacan la reinstalación de las guarderías cerradas por la administración anterior; la construcción de 200 centros de cuidado infantil, la apertura de una sala dedicada a mujeres, en Palacio Nacional; la entrega de 150 mil títulos agrarios y darles prioridad en el programa nacional de vivienda. A tales acciones no se les puede plantear objeción en sí mismas; sin embargo, resulta indispensable conocer la estrategia que dé sustento a la afirmación de no más violencia y ni un feminicidio más, cuando ese lacerante problema aún no parece tener freno, o bien conocer el proceso sobre la entrega de 150 mil títulos agrarios, que ha sido una añeja demanda ante la exclusión de las mujeres en esa materia, porque las referidas a instituciones y proyectos de políticas públicas es más sencillo suponer la posibilidad cierta de que se cumplan.

La presidenta Sheinbaum encargó a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, organizar foros en el país para recopilar propuestas que ayuden a hacer realidad las reformas constitucionales relacionadas con la equidad de género que se han aprobado. Sobre todo, las encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Nos preguntamos si, ante una problemática estructural para garantizar el cumplimiento de derechos ya formalizados, son los foros el escenario para recibir propuestas y si quienes asistan a los mismos tienen el consenso para las mismas. No es cuestión de democracia participativa, lo es de Estado para que se haga cargo de garantizar el cumplimiento de los derechos.

En marcado contraste, tras una multitudinaria marcha de mujeres organizadas y no, reafirmaron con energía sus demandas y exigencias más sentidas. La Coordinación 8M, organizadora de la marcha, en el mitin central aseguró que para hacer realidad las frases gubernamentales, de que es tiempo de mujeres y llegamos todas, las acciones han de ir más allá del discurso, de lo contrario será un postulado falso. Se celebra la llegada de una presidenta, pero no se escucha a quienes exigen respuestas. Criticó el ­hecho de que la impunidad sea mayor a 99 por ciento, ya que sólo hay resolución en 6 por ciento de los delitos. Por esa razón en los casos de feminicidio y desaparición el trabajo de investigación lo asumen las familias. Las madres buscadoras, que no están dentro de las que dicen que llegaron, fundaron ese día el frente Luciérnagas, integrado por familias que llevan años luchando por justicia para sus hijas desaparecidas y asesinadas, denunciaron frente a Palacio Nacional que para los juzgadores nuestras hijas son sólo carpetas de investigación, pero para nosotras son seres amados que con sus ausencias se llevan a toda la familia.

Hay una dimensión que se está dejando de lado y es la de la formación desde la educación formal en los distintos niveles sobre el combate al patriarcado, en lo que Pablo Latapí insistía refiriéndose a la formación en valores. ¿Qué lugar ocupa esta temática en el currículo de quienes estudian para maestros? Sin duda, la campaña contra la comida chatarra en las escuelas es importante, pero hay ausencia de un proyecto educativo para combatir el machismo desde la infancia y cómo llegar a la conciencia de las familias cuyas madres en muchos casos han naturalizado los roles de género que las subordinan y afectan su dignidad. Por supuesto, hay que combatir la impunidad y sancionar a quienes ejercen violencia y asesinan mujeres por ser tales, pero ¿qué plantea el Estado para promover una cultura de respeto a la mujer? Es urgente reducir lo que Rodolfo Stavenhaguen llamó la brecha de implementación de los derechos.

10/12/2023

12 de octubre: la opción por la dignidad y la vida


Me interesa destacar el alto valor político y simbólico que una vez más nos muestran los pueblos indígenas y con ello enunciar al final de este texto, la agenda compleja presente y pendiente respecto del conjunto de la sociedad.

Para la conmemoración, desde los pueblos, de los 531 años de la resistencia y dignidad, el Congreso Nacional Indígena (CNI) emitió una convocatoria dirigida a los pueblos de México y el mundo, a las personas, colectividades y pueblos que defienden la vida invitando a sumarse a la acción global por el alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios. Dicha acción global se nutrirá con actividades que contribuyan a denunciar la guerra que existe contra los pueblos originarios. Sin colocar el eje en su aniversario 27, sí mostró su consolidación al señalar que la fuerza y determinación de los pueblos originarios ha adquirido nuevos sentidos: la resistencia anticolonial de los más primeros, la defensa de sus territorios y modos de habitar el mundo, son fuente de conocimiento e inspiración en la lucha contra el capitalismo depredador y ecocida. Agregó que su lucha también es contra la militarización en México, por la defensa de las comunidades zapatistas y sus territorios autónomos, así como la libertad de organización en todo México. Precisó que la guerra que hoy se despliega es contra la vida y que los actores principales de esta guerra son los grupos del crimen organizado, los cuerpos represivos del Estado, la clase política, el Estado y las instituciones que viven de la corrupción.

Como vemos, se consolida el deslinde tajante con el llamado Día de la Raza, tan presente en la historia oficial. En efecto numerosas organizaciones y comunidades realizarán, el 12 de octubre, en todo el país y fuera de él, actividades para denunciar en tiempo real los conflictos que están enfrentando en sus regiones, en el marco arriba enunciado y sobre los cuales resulta absurdo el negacionismo o la calificación de exageración.

En la Ciudad de México se congregarán ese día en una marcha, representaciones de los diferentes pueblos y personas que de manera organizada vienen desplegando su respaldo a la lucha por la vida y la dignidad. Desde esos espacios difundieron un pronunciamiento que dio cuenta de la participación de los pueblos , desde abajo, en las luchas históricas de nuestro país para destacar el parteaguas que significó el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1º/1/1994) y la formación del Congreso Nacional Indígena (12/10/1996), ubicaron en ese punto de la historia el momento en que los pueblos indígenas pasaron a la ofensiva contra la integración neoliberal y su acelerado despojo. Y enfatizaron que, como en el pasado, los pueblos indígenas se organizan resisten hoy al neodesarrollismo que intenta disfrazar el despojo de bienestar.

Esta campaña intensiva en torno al 12 de octubre retoma y coloca el desafío del llamado a luchar por la vida en México y el mundo, al tiempo que mostrará las fortalezas y/o debilidades que hoy caracterizan a los pueblos y a sus comunidades. Y no hablamos de que sea un problema sólo de voluntad. Se están enfrentando a un entramado de poder fáctico y formal que utiliza tanto la cooptación, el divisionismo y la violencia abierta, ante la cual el Estado incumple, por acción u omisión, en garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio de los derechos que han logrado. Ya estamos en el año electoral adelantado y sabemos, por tanto, que no hay forma de imaginar siquiera un golpe de timón en favor de los pueblos. La continuidad sexenal que quieren garantizar augura la profundización de la apuesta por los megaproyectos en curso administrados y protegidos por militares. Bien saben los pueblos que su lucha no tiene plazos sexenales, por ello hacen muy bien en reforzar su organización y resistencia y en ampliar las alianzas, por lo pronto con la llamada Europa insumisa que se está haciendo presente en el acompañamiento activo a una lucha que es por la vida de los pueblos y con ellos de la humanidad entera.

Y en esa dimensión, como sociedad, también es tiempo de reconocer lo que nos falta de conciencia, convicción y compromiso para fortalecer nuestra participación en favor de los pueblos indígenas, porque, no nos engañemos, el capital tiene intereses inherentes y los seguirá defendiendo como hasta ahora; también sabemos que existen sectores conservadores que practican activamente el racismo y el clasismo. De paso, dejo en la agenda el rol hegemónico del Ejército, que terminará el sexenio excluido de la rendición de cuentas histórica y beneficiado con una suerte de exoneración anticipada emitida desde la Presidencia de la República, la cual por cierto se emitió retroactiva. Ni en 1968 ni en 2014 tuvo responsabilidad. Ni 2 ni 12 de octubre se olvidan.

9/15/2020

Operación Huexca



El pasado 10 de septiembre, en la conferencia mañanera, el Presidente de la República anunció su decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos que se había quedado suspendida, dijo, por demandas de campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región. Argumentó el monto de la inversión y el beneficio con energía eléctrica para todo el estado de Morelos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No se trató de un anuncio improvisado. Tras señalar que se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal; se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia. Sin mencionar ni por equivocación el asesinato del líder opositor Samir Flores, mucho menos alguna referencia a la ausencia de investigación y, por tanto, de justicia, procedió a dar la palabra a dos funcionarias y dos funcionarios para detallar lo que yo denomino como Operación Huexca.
En primer lugar, la secretaria de Gobernación amplió la mira de la mera termoeléctrica y se refirió al Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste, indicó, en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros. Sobre la llamada consulta ciudadana de 2019, explicó que votaron por el proyecto 60 por ciento, y por ello algunos ejidatarios se inconformaron y presentaron diversas demandas de amparo, alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego que utilizan para sus tierras. (No sólo ese argumento está en los amparos.) Y continuó: en dos asuntos de todos los que se interpusieron se consiguió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos. Sin embargo, el gobierno ofreció periciales que motivaron el sobreseimiento de los mismos tanto por el juez de distrito y confirmado por el tribunal colegiado de circuito, ya que no hubo una afectación de los derechos de los ejidatarios. Con base en ello –dijo–, Conagua procedió a otorgar permisos a la CFE para continuar con el proyecto.
En seguida la ex subsecretaria de Gobernación y hoy directora del Banco de Bienestar, literalmente habló en plata para mostrar los acercamientos, primero con ejidatarios, después con autoridades de Asurco que tenían dudas, y se instaló la mesa de diálogo. Afirmó que se está considerando para 2020 y 2021, 125 millones de pesos en obras que definitivamente van a generar mayor productividad y desarrollo social. Son 32 ejidos y 14 propiedades rurales. Estas obras van a iniciar ya a la brevedad. Por su parte la directora de la Comisión Nacional del Agua ponderó los peritajes de hidrología forense a través de especialistas contratados por Unesco, cuestión por cierto ajena a sus funciones. Indicó que se atendieron sus recomendaciones. Mientras el titular de CFE ponderó que la planta tiene la virtud de consumir gas y la CFE podrá aportar electricidad con la energía más limpia que existe en el país.
Ninguna referencia al gasoducto interestatal a las faldas del volcán. El broche de oro correspondió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien se refirió al impacto de inversión en Morelos del Programa de Mejoramiento Urbano que estará trabajando en 10 municipios, entre ellos, el de Cuautla; esto, en la zona inmediata a la termoeléctrica. La respuesta inmediata del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT) fue señalar que están vigentes seis suspensiones contra el PIM, detallaron los 15 amparos activos y como derecho de réplica solicitaron una hora de diálogo sobre el PIM en ese mismo espacio y con la presencia de representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Fuerte respondieron al plan en curso para dividir a las comunidades: Son cínicos de decir que se han reunido con los afectados, que se les están ofreciendo máquinas y apoyos para que acepten el proyecto, sólo se han reunido con la mesa directiva de Asurco, y eso se llama compra de conciencias, corrupción; no se han reunido con los afectados, se están reuniendo sólo con las cúpulas, con las directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero.
Concluyeron, el PIM es una afectación a pueblos indígenas nahuas por su gasoducto, por las dos termoeléctricas y el acueducto. Ciertamente no será en una mañanera donde se dirima lo que corresponde a la necesaria rearticulación del movimiento opositor y de sus estrategias jurídicas.
Quién se acuerda de la emblemática frase de Álvaro Obregón: Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. ¿Ahora sólo se dialoga?

9/01/2020

El EZLN ante el montaje de una provocación anunciada




En Chiapas se vive un incremento de violencia paramilitar en municipios claves como Aldama, Tila y Chenalhó. Ahora se escala de manera directa contra comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como ha sido denunciado, el pasado 22 de agosto, integrantes de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron bodegas de maíz y café ubicadas en el crucero de Cuxuljá, del municipio de Ocosingo, Chiapas. A la fecha en la gama de agresiones incluida esta última, el Estado aparece como el gran ausente. En los hechos, sus propias fuerzas policiales o militares resultan sometidas al nada casual imperio paramilitar, protegido y auspiciado por actores políticos del entramado del gobierno del estado y ahora también con presencia destacada en el Congreso de la Unión (véase el esclarecedor análisis de Luis Hernández Navarro en La Jornada, 26/8/20).
A escala federal, para el caso de Aldama, el único funcionario que se ha hecho presente en Chiapas ha sido el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien hace una semana reiteró que se debe terminar la impunidad y lamentó que los acuerdos previos de no agresión hayan fracasado. Justo también en la última semana de agosto se difundieron en algunos medios versiones absurdas, muy graves y altamente provocadoras en torno al EZLN con planteamientos que implicarían su absoluta desnaturalización y abandono del proyecto que ha construido las dos últimas décadas (reproducidas y analizadas en Rompeviento televisión, 27/8/20).
En su ya largo historial, cabe destacar que el EZLN ha respeta­do el cese al fuego decretado a es­cala presidencial el 12 de enero de 1994 y aceptado desde entonces por esta fuerza política, porque no es otro el carácter que adoptó al concentrarse en la organización de los municipios autónomos y las comunidades zapatistas para formar las juntas de buen gobierno y caracoles zapatistas, experiencia autonómica inédita dentro y fuera del país. Apenas hace un año, anunciaron que rompieron el cerco con siete nuevos caracoles adicionales a los cinco existentes. Los municipios oficiales de Chiapas con nuevas zonas zapatistas son Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Tila, Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo. El desarrollo de todo el proyecto autonómico, pacífico, se ha dado en un entorno problemático, como la falta de recursos, la militarización y la paramilitarización de su entorno, las campañas de contrainsurgencia, de las cuales hacen parte la continuidad de los apoyos oficiales en dinero, los acosos de delincuentes y del narcotráfico entre otros factores que enmarcan su desafío al Estado mexicano para construir la autonomía en los hechos y recrear su derecho al derecho propio al margen de su reconocimiento constitucional. En los recientes encuentros internacionales de mujeres que luchan, organizados y promovidos por el EZLN, una de las evidencias que han sorprendido es que en tierras zapatistas no se vive la violencia contra las mujeres ni los feminicidios y ello es producto de su lucha y defensa tenaz.
Ya se ha desplegado una campaña de solidaridad nacional e internacional en torno a los hechos de Cuxuljá en Ocosingo, con la exi­gencia de justicia. El Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena denunció las agresiones y el incendio de las bodegas de las bases de apoyo zapatistas y señaló que los paramilitares operan junto al partido Morena y el gobierno, en todos sus órdenes, como parte de la guerra que desde arriba se está desplegando contra la organización de las comunidades zapatistas.
Debemos preguntarnos si en la llamada Cuarta Transformación, a sus más altos niveles, se dan cuenta de la descomposición que se vive en Chiapas y que hoy se pretende escalar la agresión al zapatismo, y si serán capaces de separar los enconos personales, ante la abierta oposición del zapatismo al actual gobierno, en especial a sus megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico y con una visión de Estado intervenir y contener al considerar que el EZLN es una fuerza con trascendencia nacional e internacional, y que ahí están involucrados pueblos indígenas con sus demandas históricas.
Ciertamente no hay motivos de esperanza en torno a tal dimensión, si nos atenemos al espectáculo del 28 de agosto, cuando en demérito de la investidura presidencial, su titular, en la conferencia mañanera, ordenó a su subalterno de comunicación que expusiera los montos que fundaciones extranjeras han aportado los últimos 14 años a organizaciones sociales para financiar la oposición al Tren Maya, que es ciertamente más reciente. De un plumazo habló y descalificó a los que llamó supuestos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Ya le darán respuesta. ¿Qué puede esperar el EZLN?

8/18/2020

¿Llegará la justicia al pueblo yaqui?

Magdalena Gómez

EL pasado 7 de agosto en Vícam, Sonora, ante los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, el Presidente de la República firmó un decreto para crear la Comisión de Justicia del Pueblo Yaqui, que abordará uno de los ejes históricos del despojo que ha sufrido dicho pueblo y constituye un caso excepcional en la política neoindigenista en curso, que privilegia la atención individual a través de diversos apoyos económicos.
Entre los compromisos principales se halla el replanteamiento de los asuntos territoriales y del agua incluidos en la resolución de 1940 del presidente Lázaro Cárdenas. Sigue con un plan integral de bienestar, terreno conocido y, acciones de vivienda y mejoramiento de espacios públicos.Y agregó el Presidente: repito, primero la tierra y el agua; segundo, el programa integral de bienestar, y, tercero, atender demandas como lo del gasoducto, dialogar y buscar acuerdos. Si se piensa avanzar en ese orden de complejidad, difícilmente se llegará al segundo y al tercero. La comisión iniciará estudios sobre la situación jurídica que guardan el territorio y el agua, cuando sobran las evidencias, los conflictos de interés, y las agrupaciones de agricultores, cuyo abordaje no promete resultados a corto plazo. Seguro que en el Registro Agrario Nacional encontrarán las evidencias del despojo legalizado sobre tierras que le fueron reconocidas al pueblo yaqui, y no aparecerán los acuerdos de renta o venta de tierras. Las salidas laterales ya están planteadas a través de becas, proyectos y acciones de mejoramiento urbano. También en el camino influirá la legitimidad de los interlocutores yaquis, pues los sucesivos gobiernos estatales han inventado la figura de gobernadores duales, esto es, no electos por los pueblos.
La defensa de su territorio ha sido una constante en la lucha de los yaquis. Un diagnóstico significativo y vigente lo encontramos en 2006, cuando Alberto Saldamando, del Consejo Internacional de Tratados Indios, y algunas autoridades tradicionales yaquis presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue admitida en 2015. Los yaquis señalaron que el Estado mexicano ha violado el derecho a la propiedad colectiva de su pueblo en virtud del reconocimiento parcial, despojo y la falta de demarcación, delimitación y titulación de su territorio ancestral; la ausencia de recursos efectivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad colectiva indígena; la expropiación estatal del territorio tradicional previamente reconocido; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al territorio yaqui; el alegado otorgamiento de concesiones y autorización para proyectos de infraestructura sin la consulta y, en su caso, el consentimiento previo, libre e informado del pueblo yaqui, y la inexistencia de un marco legal adecuado para satisfacer los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, sostuvieron que el Estado habría promovido una política de desarrollo agrícola basada en la utilización masiva de químicos que provocaron la contaminación del territorio yaqui y graves afectaciones a la salud de su comunidad.
Destacaron que el 10 de enero de 1997 –sin consultar con el pueblo yaqui– el presidente Ernesto Zedillo expidió un decreto expropiatorio que convalidó la propiedad ejidal sobre 431 hectáreas de riego a favor de seis núcleos de población ejidal. Además, autorizó a la Secretaría de la Reforma Agraria para que pusiera a disposición del Estado 2 mil 257 hectáreas, en su mayor parte de riego, para su titulación en los términos que se conviniera con los poseedores.
En suma, expropió 2 mil 688 hectáreas. No se realizó por razones de utilidad pública, sino para transferir y legalizar la posesión de las tierras ancestrales, a terceros no yaquis. Ante ello , las autoridades tradicionales promovieron y ganaron un juicio de amparo en 2001 y un año después se decretó el sobreseimiento con lo cual el decreto de Zedillo quedó firme y a los yaquis únicamente les quedaba aceptar una indemnización.
Por su parte, el Estado alegó ante la CIDH que el 30 de septiembre de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas expidió una resolución que titula definitivamente y precisa la ubicación de los terrenos que se restituyen a la tribu yaqui del estado de Sonora. También aceptó que la superficie reconocida al pueblo yaqui ha sido objeto de tres expropiaciones por causa de utilidad pública. No dio respuesta a los señalamientos yaquis, (Informe de admisibilidad No. 48/15, a partir de la petición 79/06 de fecha 28 de julio de 2015).
Hay que tener presente la experiencia sobre el acueducto Independencia que opera contra todas las resoluciones judiciales en favor de la tribu yaqui y las movilizaciones del conjunto de los ocho pueblos, ya en el caso del gasoducto la Secretaría de Energía logró acuerdos a favor con siete de los ocho pueblos y dejaron sólo a Loma de Bácum. ¿En serio se dirá adiós al despojo histórico?

8/04/2020

Más allá de los impactos ambientales


El llamado Tren Maya, supuestamente aprobado en una consulta, ha sido sujeto a licitaciones, asignación de contratos, cuenta con decreto de asignación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros que, por lo demás, le otorga un año para que presente el proyecto ejecutivo ( DOF, 21/4/20). Es decir, se reconoce que aún no lo tiene y, por tanto, la consulta indígena no contó con información previa sobre el proyecto que dicen aprobó. En ese desorden de fases, también falta la aprobación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (Lgeepa) y cuyo proyecto se presentó el pasado 16 de junio. En el camino, comunidades y organizaciones mayas han expresado su rechazo al megaproyecto que, no hay que olvidar, es más que un tren e incluye un plan de reordenamiento territorial a través de polos de desarrollo, han presentado amparos en trámite y con suspensiones definitivas, pero acotadas.
Importa señalar que una limitante legal a las MIA es que no son socioambientales y en el caso indígena afecta seriamente a su cosmovisión como pueblos en relación con la naturaleza. Así tenemos que, por más que el discurso político de funcionarios ambientales pretenda incluso organizar a los pueblos y consultarlos, ahora sólo lo ambiental, sus facultades, no alcanzan para tales aspiraciones. No sólo eso, tampoco se observa que esta vez sí se consultaría a los pueblos y a sus comunidades, no a los representantes ejidales, municipales u organizaciones mayas con proyectos valiosos como las apícolas.
En ese contexto, ubiquemos la dimensión ambiental, que no es menor, y a la que en estricto sentido tendría que responder la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Bajo el procedimiento que establece la Lgeepa, ya se sometió a consulta pública el proyecto de MIA de Fonatur y se han presentado a la DGIRA una serie de documentos sólidos y bien fundados de observaciones que por sí mismas ameritan un estudio detallado de esa instancia, porque estamos asumiendo que los ha recibido bajo el principio de buena fe y apego estricto a sus facultades. No podemos imaginar que se está buscando el camino para cumplir la previa decisión de aprobar la MIA sólo porque es proyecto prioritario a escala presidencial y, en todo caso, justificar unas condiciones que den luz verde al megaproyecto. Y vaya que me estoy ubicando en el lindero del negacionismo, pues ya se anticipó el juicio sumario de los abajo firmantes para quienes cuestionamos el proyecto junto a los pueblos y organizaciones mayas. Va un antecedente que marcó la línea muy lamentable de descalificación. El 15 de noviembre de 2018, un centenar de académicos nos dirigimos a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, con pleno respeto le solicitamos que no incluyera en la consulta amplia del 24 y 25 de noviembre la construcción del Tren Maya y la del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec. Ofrecimos argumentos, entre otros: que los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios que han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país, que era fundamental no pasar por alto el principio de la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que ésta no podía sustituirse con ninguna consulta nacional. Ofrecimos aportar nuestros conocimientos, y la respuesta del Presidente electo fue categórica en entrevista con Carmen Aristegui: éramos simple y despectivamente abajo firmantes. Lo cual se ha repetido y ahora se dice que se están creando mitos. A propósito, entre otras, de las observaciones a la MIA que presentamos 85 científicos y académicos de 15 países, en un amplio análisis riguroso destaca que la propia MIA reconoce un aspecto central: El nivel de peligro por karsticidad en la península de Yucatán es en general muy alto, dado que se encuentra sobre una plataforma carbonatada que por su naturaleza es susceptible a la disolución. El peligro es de nivel 3-4 [alto-severo]; esto se debe a que es un alineamiento paralelo a la traza del cráter de Chicxulub [y] por la densidad de cenotes incrementa su nivel considerablemente (MIA-R, 2020, cap. IV, p. 79).
Vale esperar que con sus facultades se valore el impacto ambiental para la vida de los pueblos. De su resistencia ellos se encargan.

7/21/2020

Divisionismo oficial y resistencia indígena



Entre el mar de problemáticas, es necesario insistir en que las que afectan a los pueblos indígenas y a sus comunidades están marcadas por el signo de continuidad, en especial en las políticas no escritas en ningún plan nacional, estatal o municipal de desarrollo. Me refiero a las prácticas consuetudinarias de promover el divisionismo en tiempos de resistencia y movilización. El ejemplo más reciente es el del pueblo guarijío frente a la construcción de la presa Bicentenario-Los Pilares, iniciada, para variar, sin consulta, en 2012, por lo cual se interpuso un amparo un año después y fue resuelto en marzo de 2019, ordenando la suspensión de la obra hasta que se realizara una consulta. No se cumplió tal decisión judicial y hoy comunidades guarijías enfrentan el peligro inminente de quedar inundadas y aisladas, pues el 8 de julio las compuertas de la presa se cerraron y dio inicio la inundación del embalse. Su exigencia al gobierno federal es que abran la compuerta para que baje el nivel de la nueva presa y puedan nuevamente transitar (Red Kabueruma). En este caso, la operación de divisionismo tuvo su punto culminante en la gira presidencial Diálogo con los pueblos indígenas, evento de San Bernardo, Álamos, Sonora, el 25 de octubre de 2019. El representante Juan Rodríguez Azueta expresó las demandas de los guarijíos e inició con la petición de acompañamiento jurídico y social para el caso de la presa Pilares para que se respeten las decisiones que el pueblo guarijío ha tomado al respecto. Agregó: Los gobernadores ya están en la mejor disposición para la conclusión del proyecto de la presa y las autoridades y los integrantes de la etnia guarijío, ya que es un proyecto muy interesante que nos traerá impulso a la economía para elevar la calidad de la alimentación, la calidad de vida para un futuro mejor. De inmediato la gobernadora Claudia Pavlovich respaldó la postura y el Presidente se comprometió a aportar 600 millones de pesos para terminar la obra y señaló: Va a depender de los guarijíos, porque no se va a imponer nada y ofreció regresar para inaugurarla. Sin acceso al evento oficial, José Romero Enríquez, gobernador tradicional de la colonia Macurahui, en San Bernardo, entregó una carta donde informó al presidente López Obrador de la afectación a sus tierras con la presa.
El previo arreglo para la aceptación de la presa contra un amparo vigente ya es evidente. El 15 de julio cinco de los seis gobernadores tradicionales del pueblo guarijío pidieron que se cumplan los compromisos contraídos por el gobierno, sus tres niveles, para la operación de la presa Bicentenario conocida como Los Pilares: compromisos que aún no concluyen pese a que la presa ya está terminada, pero los compromisos aún no se cumplen en su totalidad (Radio Álamos en línea). Reconocieron al alcalde de Álamos y pidieron respeto y que personas o dependencias no queremos que nos revuelvan el agua. Amagaron a los dos gobernadores tradicionales de ejido Burapaco y colonia Macurahui, los dos núcleos afectados en sus territorios.
Hay otros casos donde se trabaja de parte oficial para romper la resistencia, justo en la península con el llamado Tren Maya. El amparo tramitado por Xpujil es objeto de una campaña donde contraponen a sus promotores con cartas y firmas de respaldo al tren; ello al margen de la vía judicial, pues el amparo se acreditó y otorgó bajo el principio de autoidentificación. También, nada casual, se está dando prioridad en la región a programas que propician y cultivan la adhesión al tren. El pasado 6 de julio en la conferencia vespertina, la titular de la Secretaría de Bienestar expresó : Voy a empezar con este ejemplo tan claro y tan bonito. Uno de nuestros programas Sembrando Vida está trabajando y complementando ya el trabajo que se hace del tren maya. Decirles que en 2019 empezamos a trabajar en territorio yucateco, justo donde pasan todas las vías donde pasa el Tren Maya con 12 mil 500 hectáreas. Lo que significa 5 mil sembradoras y sembradores, gente de los ejidos donde pasan estos municipios y también 12 mil 500 en Quintana Roo, igual de los ejidos que pasan las vías donde va a pasar el ferrocarril, recordar que son ya vías que ya están establecidas y que se está haciendo este recorrido; en Campeche fueron 25 mil hectáreas el año pasado, lo que significa 10 mil sembradores; hoy estamos haciendo una ampliación el caso 2020 y nos vamos entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche; sólo estoy hablando del sureste; no me estoy metiendo a Tabasco, a Palenque, sólo esos tres estados nos vamos a 100 mil hectáreas, lo que significa 40 mil sembradores; eso se llama complementariedad. También se llama contrainsurgencia. Los beneficiarios quedan afiliados al apoyo al llamado Tren Maya. Bien se dice que a confesión de parte, relevo de prueba.

7/07/2020

El Tren Maya y el derecho a la autonomía indígena


El proyecto tren que llaman maya está en curso y el director de Fonatur despliega su estrategia para burlar el derecho de los pueblos indígenas. Como sabemos, hay organizaciones mayas y de derechos humanos que realizan acciones de resistencia jurídica y política, y denuncian el impacto del proyecto contra sus territorios, a través de los llamados polos de desarrollo que lo acompañan y cuyo énfasis se omite en la etapa en curso. También un conjunto de autoridades ejidales se han prestado a apoyar este proyecto en nombre de comunidades que no necesariamente están informadas de los compromisos asumidos por aquéllas. Ello fue evidente en el proceso de la llamada consulta realizada a finales del año pasado, donde sin una participación significativa y sin información previa y suficiente sobre el impacto positivo y aun el negativo del proyecto, se anunció que se obtuvo el consentimiento. La oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dio cuenta de que en ese ejercicio no se cumplió con los estándares internacionales en torno al derecho de consulta. Con ese supuesto aval se siguió con las licitaciones y adjudicaciones y las empresas ganadoras participaron con el titular del Poder Ejecutivo, en el llamado banderazo al Tren Maya. El panorama es muy complejo para las comunidades y organizaciones opositoras. Enfrentan enormes desafíos, más aún con la pandemia, para movilizarse e informar a comunidades, pero también en el plano jurídico, pues pareciera que en el Poder Judicial se está configurando un patrón, pues lo que se dice en los juzgados de distrito, el colegiado cede en favor de Fonatur y restringe los impactos de las suspensiones inicialmente definidas en tres juicios de amparo. Sin embargo, ya lo están denunciando e incluso la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares; también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dado que el proyecto del Tren Maya no se ha dado a conocer ni aun antes de la consulta simulada, recientemente se cuenta con evidencias oficiales sobre la estrategia, aún parcial, de Fonatur, sólo referida al tren en su fase I. La dependencia decidió presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de Semarnat, pese a que esta secretaría le había otorgado una exención, pues supuestamente sólo realizaría mantenimiento de vías antiguas y con derecho de vía previo.
En la MIA fase I, dividida en tres tramos: 1) Selva 1: Palenque-Escárcega; 2) Golfo 1: Ascárcega-Calkiní; 3) Golfo 2: Calkiní-ANP Cuxtal, y Golfo 2a: ANP Cuxtal-Izamal. Se reconoce que ya no es sólo mantenimiento y se incluyen los árboles que sí serán cortados, pues en los 631.25 kilómetros de recorrido construirá 13 estaciones ferroviarias, 146 pasos vehiculares, 24 viaductos, tres bases de mantenimiento, un taller de mantenimiento, 40 pasos de fauna, obras de drenaje y dos estaciones de carga en Candelaria y Campeche. El documento está plagado de declaraciones y en el caso de los derechos indígenas los transforma en auténticos discursos retóricos y regresivos. Transcribe los instrumentos internacionales, la norma constitucional del artículo 2, las de las constituciones de las cinco entidades que impacta el proyecto y sus leyes estatales y en todas ellas ofreció respeto y enumeró que existen mayas, tzeltales, ch’oles, tzotziles y otros, de los estados de Chiapas, Tabasco,Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos discursos vacíos no reconocen el derecho de libre determinación y autonomía y en cambio reflejan un auténtico retrato racista y discriminador. Vea­mos: Fonatur está consciente de que la protección a los pueblos y comunidades indígenas constituye la protección a un grupo vulnerable o minoría, es decir, a un grupo inferior en número que los coloca en una posición que no domina y de inferioridad, con difícil desarrollo de su economía y que ha permanecido conservando sus rasgos que los caracterizan a través del tiempo como su cultura, raza y costumbres; buscan mantener su diferencia frente a la mayoría (III. p. 438). No pueden decir que esta postura fue error de dedo, como argumentaron respecto a su frase “el etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’” y luego corrigieron: el etnocidio tiene un opuesto positivo, el etnodesarrollo, concepto que refirió a políticas públicas que superaban a la asimilación o integración, pero siempre fue ajeno a las luchas históricas indígenas. Más: no parece prueba de buena fe la alusión en la MIA a los resultados de una encuesta, donde la gran mayoría indígena negó que existan autoridades tradicionales y reconocen como autoridades a las institucionales como presidentes municipales y comisariados ejidales. ¿Su apuesta es el etnocidio?

6/23/2020

Pueblos indígenas: de la cuarentena histórica al neogenocidio



La etapa pos-Covid nos depara enormes desafíos, como la situación de los indígenas en las Américas. Más vale que nos preparemos y anticipemos reflexiones y propuestas sobre problemas que, siendo históricos y estructurales, no encuentran cabida en la mira de los estados nacionales reconvertidos, en contextos de neoliberalismos y globalización.
El sacerdote jesuita Javier Ávila, con varias décadas de acompañamiento a los rarámuris, señaló: Estos tiempos y estas emergencias no son de hoy ni de ayer; son de siempre. Lamentablemente nuestras respuestas tampoco son de hoy, ni de ayer, sino las de siempre. Seguimos buscando cómo atacar los efectos, dejando intocables las causas. ¿Cómo se le pide a una comunidad que se aísle, cuando todo lo importante para ellos es hacerlo en comunidad, celebrando juntos, planeando juntos, trabajando juntos, organizando las cosas entre todos? Así es la única forma de hacer justicia, de celebrar la fiesta, de arreglar y no se le puede pedir a alguien cuyo sustento lo tiene fuera de su casa que se quede en casa. Se va a morir antes, y no por la pandemia. Ellos manifiestan otros temores, no a morir, sino al hambre, al dolor, a la injusticia, a la pérdida de libertad y de autonomía.
Igual que reiteran numerosos pueblos en Sudamérica, aseveró que imponer un neoliberalismo violentando los derechos humanos de los indígenas y a la naturaleza, es genocidio. (Diálogos Encuentro Mundial de Valores, 12/6/20). Queda así planteado el nexo de la cuarentena histórica de los pueblos respecto al Estado y abierto un tema que será preciso reconceptualizar, el neogenocidio.
El contexto de la pandemia donde el vínculo de la catástrofe sanitaria con la crisis climática es evidente, nos obliga a escuchar el grito de auxilio que desde la Amazonia se emite sobre el riesgo inminente de genocidio. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica alerta sobre la grave situación de los pueblos en un territorio vasto y selvático, con una población vulnerable, dispersa y mayoritariamente indígena, deficientes redes hospitalarias y bajo jurisdicción de los nueve países de la cuenca (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana, Guyana Francesa y Surinam).
Por ejemplo, en Brasil las aldeas no pueden hacer el aislamiento social, pues son tierras deforestadas, invadidas por mineros, madereros y acaparadores. Además del capital trasnacional, los incendios han sido devastadores. El alcalde de Manaos, capital de Amazonas, ha reiterado el riesgo de genocidio en lógica opuesta a la del presidente Bolsonaro: cada indio que muere lleva con él una parte de la historia, que no es escrita sino pasada de forma oral de generación en generación. Si los indios muriesen, estaríamos perdiendo más de 10 mil años de civilización indígena en nuestra región y sería imperdonable.
En México, dirán algunos, no estamos como en la Amazonia, desde las miradas del racismo encubierto y/o el interés puesto en un proyecto político del que los pueblos no son artífices en la llamada Cuarta Transformación, como no lo fueron en las anteriores. Con la pandemia no se conoce la afectación exacta a los pueblos, sólo en términos de contagios y fallecimientos, pues no son factor explícito de atención. La crisis se vive en términos de las casi nulas condiciones de acceso a la salud, la inseguridad, los desplazamientos. No existe respuesta oficial contundente. Sin embargo, si ubicamos la cuarentena histórica, la del pre-Covid observamos a los pueblos indígenas en México enfrentando a los megaproyectos esenciales, como el Tren Maya y el corredor transístmico, así como a los concesionados en minería. Encontramos que en general las decisiones oficiales se toman a nombre del supuesto progreso, al margen de los hipotéticos beneficiarios del mismo. Los pueblos y sus comunidades organizados les llaman proyectos de muerte, pues atentan contra la libre determinación y propician su desaparición. Mientras, de manera oficial se increpa a ellos y a sus seguidores como negacionistas. Más allá de las falacias que se endilgan a las resistencias indígenas, tenemos las oficiales: desde que es sólo un tren hasta que no cortaremos ningún árbol por el Tren Maya y estamos exentos de manifestación de impacto ambiental, para luego solicitarla y cuantificar los miles de árboles que se cortarán.
Aún no se avanza en lógica de reconocer neogenocidio, pues, como sabemos, se definió al delito de lesa humanidad de genocidio en el contexto del exterminio masivo de los judíos europeos por los nazis alemanes. Ese origen ha generado rechazo a conceptualizar como tal a numerosos crímenes y políticas de exterminio de ayer y hoy.

6/09/2020

Tren Maya: para leer los banderazos presidenciales




La presencia del Presidente de la República, en el contexto de la pandemia, en el banderazo de los cuatro primeros tramos del llamado Tren Maya nos deja evidencias que confirman que, en efecto y en tiempo real, llueve truene o relampaguee el proyecto va. Sin embargo, con expresarse una línea de continuidad podemos encontrar que se trató de otra ritualidad. No la que desde el día de toma de posesión observamos en el Zócalo de la Ciudad de México, que se reprodujo en las diversas visitas a regiones indígenas como el caso de la península. Esta nueva ritualidad fue dirigida a las empresas responsables de cada uno de los cuatro tramos. En estricto sentido el mensaje presidencial a las empresas pudo ser motivo de una reunión de trabajo en la Ciudad de México.
Pedirles que cumplan, que no habrá prórrogas ni modificaciones presupuestales es propio del contrato que están firmando y la promesa de que se colocará una placa donde se señale que la empresa respectiva realizó la obra no parece ser un estímulo que los inversionistas estén buscando. La nueva ritualidad tuvo otros factores de contraste, si bien ligados a la pandemia, no parecen estar relacionados sólo con la sana distancia. Resulta que no existió ninguna intervención de un indígena maya de los que el año pasado supuestamente aprobaron el proyecto en la consulta simulada, tampoco de los invitados del gabinete hubo presencia de quienes le colocaron al gobierno el entramado, perdón, la simulación, para afirmar que el pueblo maya les dio su consentimiento. Los pueblos y sus comunidades no son esenciales, como lo son las actividades de construcción que se inician, no fueron siquiera referidos en sus discursos. Que en Quintana Roo asistieran los secretarios de Comunicaciones y Transportes y el de Turismo resultaba obligado. Que el titular de Defensa acudiera a las cuatro ceremonias de banderazo parece una señal y que en Palenque se le sumaran sus pares de Marina y el de Seguridad Pública ya perfila una lógica de seguridad nacional; y un mensaje nada subliminal para las comunidades que se oponen al megaproyecto y continúan organizándose y buscando amparo de la justicia federal.
No parece suficiente la afirmación, sin pruebas, de que no se afectará el ambiente y de que se crearán 80 mil empleos en estos cuatro tramos. Por cierto, no se habló de protocolos sanitarios para la ejecución de las obras, tampoco del respeto a los derechos laborales de quienes por necesidad acepten trabajar en esos tramos. Digo trabajar, pues todo indica que se trata de empleos temporales sin contrato ni derechos.
El discurso presidencial puso énfasis en el tren, pero el director de Fonatur reconoció que “no es sólo un tren, sino un proyecto integral. Los ‘polos de desarrollo’ o ‘comunidades sustentables’ son un modelo de planeación territorial distinta a Cancún. La mayor generación de plusvalía está en las estaciones. Se privilegiará a las estaciones cercanas a los aeropuertos y puertos marítimos. Estos proyectos serán financiados por capitales privados”. ¿Así o más claro?
Como sabemos, las comunidades mayas no se oponen sólo a unas vías y a un tren moderno. Justamente difundieron la semana pasada, de nueva cuenta con apoyo de numerosas organizaciones, y de activistas y académicos, los argumentos que han llevado a espacios judiciales y con los cuales han logrado hasta ahora tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán. Justamente el discurso maya difundido desde el confinamiento, es el polo opuesto al que se repite de manera oficial.
Romel González, del Consejo Regional e Indígena de Xpujil, declaró que Parece más una colonización moderna, siempre se utiliza el tema del desarrollo económico y el olvido. El tren no es las vías, es un proyecto en el que los enemigos antiguos del gobierno ahora resultan ser aliados, se vienen a avalar irregularidades ambientales y jurídicas ( La Jornada, 5/6/20). Y en otro comunicado: Los mayas no somos solamente campesinos o yucatecos, o pobres que necesitan empleos. Somos en primer lugar un pueblo originario, que tenemos derecho a tomar las decisiones en nuestro territorio, que queremos decidir nuestro propio futuro. Ha habido ya demasiado abuso contra nuestros pueblos y una gran devastación contra la Madre Tierra. (Chuun T’aan, Maya de Yucatán, 1/6/20). El pronunciamiento encabezado por el colectivo Indignación concluyó que la actual administración dilapida una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural. Los pueblos ya anunciaron el texto de su placa para el Tren Maya.

5/26/2020

La Suprema Corte dará la razón a pueblos indígenas




Mañana la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá sobre el proyecto del ministro Fernando Franco que ratifica el amparo a indígenas zapotecos de San Sebastián Tutla, Oaxaca, por omisión legislativa del Congreso de la Unión en torno a la emisión de una ley de consulta indígena, consistente en regular el derecho de consulta previa libre informada culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, conforme al segundo transitorio de la reforma de 2001 (amparo en revisión 1144/2019).
Este caso ameritaría una etnografía política, pues las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión interpusieron recursos de revisión, alegando, entre otros puntos, improcedencia de la omisión y sobre todo destacando que la intervención del Poder Judicial implica violación al principio de división de poderes.
El segundo tribunal colegiado del decimotercer circuito ratificó el amparo que había otorgado el juez de distrito y derivó a la Corte el análisis y resolución en torno a la constitucionalidad. El ministro Franco ofrece en su proyecto razones fundadas para desechar los argumentos del Congreso de la Unión, que incluso alegaron que la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas regula los aspectos establecidos en el artículo 2 constitucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A lo cual el ministro ponente precisó que dicha ley ya fue abrogada al aprobarse la que creó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y que si bien en la misma se indica que éste es órgano técnico para la realización de consultas, ése no es el mecanismo ni la instancia para establecer las reglas y procedimientos del derecho a la consulta. Remite, además, a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la necesidad de emitir la ley de consulta respectiva ( DOF, 12/7/16). La SCJN reconoce que algunas leyes incluyen referencias a la consulta en materias como la de equilibrio ecológico o de energía, pero subsiste la omisión legislativa de una regulación general sobre este proceso, lo cual limita su práctica y exigencia.
En consecuencia, el proyecto señala que deberá iniciar el proceso legislativo correspondiente en el periodo de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, por conducto de la Cámara de Diputados y/o la Cámara de Senadores, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de manera previa en la elaboración de la regulación respectiva, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión.
¿Cuál es la implicación de esta resolución que esperamos se apruebe en la sesión de la segunda sala de la SCJN? En primer lugar debemos recordar que por el Congreso de la Unión han circulado a partir de 2003 varias iniciativas de ley de consulta, inconsultas y no aprobadas. La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, al conocer este proyecto, se apresuró a declarar que están próximos a consultar un predictamen. Lo cierto es que está muy documentado y la SCJN ha dictaminado varios casos de consultas omitidas y o simuladas. También es muy importante la precisión de que el órgano técnico, es decir el INPI, no es la instancia llamada a sustituir la omisión de una ley, lo cual implica que los llamados protocolos en que han basado sus intervenciones de consulta no sustentan la legalidad de los ejercicios de foros que no son previos, libres e informados, menos culturalmente pertinentes. Justamente, la consulta simulada en torno al llamado Tren Maya es el más grave y reciente ejemplo de consulta sin estándares internacionales, como señaló la Organización de las Naciones Unidas, y si bien hay elementos suficientes para impugnar ese proceso, como ha planteado el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con una suspensión definitiva sólo para el área acotada a Calakmul.
De aprobarse el proyecto del ministro Franco, los pueblos dispondrán de elementos adicionales para impugnar el ejercicio de llamada consulta, impulsada por un órgano técnico, como el INPI, de dudosa legalidad.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, junto a numerosas organizaciones, ha mantenido la denuncia contra el citado proyecto. Justo en tiempos de pandemia, el pasado 8 de mayo, el juzgado segundo de distrito de amparo y juicios penales federales de Chiapas decretó la suspensión provisional del Tren Maya con la admisión al juicio de amparo presentado por un grupo de los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, pertenecientes al pueblo maya ch’ol y reivindicó el derecho a la salud, pues el inicio de obras plantea un grave riesgo a ese pueblo. Mientras, de parte la oficial, la máxima salinista es la respuesta: ni los veo ni los oigo.

5/12/2020

Pueblos indígenas: ¿regreso a la normalidad?


La Jornada
Magdalena Gómez
Mientras transcurre y se intensifica la pandemia, puede observarse un patrón similar de los estados en América Latina ante los pueblos indígenas. En general, no son vistos como factor que debería considerarse con políticas diseñadas por ellos. Por supuesto que existen diferencias escandalosas, como el caso de Brasil, donde claramente los pueblos son estigmatizados, mientras otros aluden a su cultura, pero no respetan sus derechos de libre determinación y autonomía. No lo hacen porque lo único que interesa al Estado y al capital trasnacional son sus territorios y sus recursos naturales. Este patrón es el telón de fondo antes de la pandemia y, por supuesto, continuará en el muy incierto regreso a la llamada normalidad. Cuando hablamos del Estado, nos referimos a sus tres poderes. Sólo tenemos el caso de Perú, donde el presidente de la Comisión de Pueblos del Congreso está promoviendo la participación de las organizaciones indígenas en la exigencia al Ejecutivo de políticas que los respeten. Por ejemplo, la Ronda Campesina, ya con reconocimiento constitucional, reclama su espacio jurisdiccional para hacerse cargo de la vigilancia en las comunidades, como lo han hecho por más de dos décadas, y mantienen denuncias contra fuerzas militares que las están afectando bajo el supuesto de la emergencia por la pandemia. Un criterio común en los pueblos de la región es el cierre de sus fronteras internas a fin de impedir que ingresen personas ajenas contagiadas. Esto incluye a quienes, aun siendo de las comunidades, han migrado y pretenden retornar. Este criterio de autodefensa ha generado tensiones entre comunidades vecinas e incluso cuestionamientos oficiales que esgrimen argumentos como la libertad de tránsito y la violación a derechos humanos con una visión reduccionista que excluye los derechos colectivos.
Por otra parte, en México es de señalar que se desconoce el impacto específico de la pandemia en los pueblos indígenas y en sus comunidades. Las cifras de la Secretaría de Salud no incorporan el criterio de pertenencia étnica, si bien se han divulgado casos, en especial en las ciudades, pero también, por ejemplo, la Organización Tlachinollan mantiene trabajo importante en seguimiento de los fallecimientos de indígenas migrantes de Guerrero por Covid-19, en Nueva York, y en la promoción de apoyos oficiales a sus familias. Seguramente están protegiéndose en lo posible en las comunidades, con los filtros de control de entrada y salida y a través de medicina tradicional, pero ignoramos los resultados. Hace días, un comunero me envió este mensaje con angustia:El virus ya está en mi comunidad (Cuentepec, Morelos) y no salimos para no contagiarnos. Cada dos o tres días están muriendo aquí, somos 3 mil habitantes y ese virus podría acabar con todo. Coloco el acento en las comunidades, pero sabemos que hay un fuerte impacto de presencia indígena en las entidades con trabajo agrícola estacional, en el sector turístico, en las ciudades, dentro y fuera del país, cuyas condiciones distan mucho de garantizar el acceso al agua, distanciamiento social o gel antibacterial, ni qué decir de su situación en el trabajo informal.
Sin embargo, los pueblos encuentran ventanitas o respiraderos, como decía Floriberto Díaz. El pasado 8 de mayo el juzgado segundo de distrito de amparo y juicios penales federales de Chiapas, con la admisión al juicio de amparo presentado por un grupo de los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, pertenecientes al pueblo Maya Ch’ol, con asesoría del colectivo Indignación, concedió la suspensión provisional de las obras del Tren Maya en el tramo de Palenque. La jueza consideró que “debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y, en consecuencia, las mismas requerirán servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas”. Advirtió que de continuar con el proyecto denominado Tren Maya, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores maya ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad”.
Esta resolución ya fue rechazada por Fonatur. Se alega que no existe mientras no le notifiquen. Hay muchas personas sin empleo y el gobierno se los ofrece con un cubrebocas. La normalidad que viene es la misma que resisten los pueblos indígenas desde antes de la pandemia. Como el cuento de Tito Monterroso: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.