Magdalena Gómez
El pasado 10 de septiembre,
en la conferencia mañanera, el Presidente de la República anunció su
decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica
de Morelos que se había quedado suspendida, dijo, por demandas de
campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región.
Argumentó el monto de la inversión y el beneficio con energía eléctrica
para todo el estado de Morelos a través de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
No se trató de un anuncio improvisado. Tras señalar que
se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal; se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia. Sin mencionar ni por equivocación el asesinato del líder opositor Samir Flores, mucho menos alguna referencia a la ausencia de investigación y, por tanto, de justicia, procedió a dar la palabra a dos funcionarias y dos funcionarios para detallar lo que yo denomino como Operación Huexca.
En primer lugar, la secretaria de Gobernación amplió la mira de la
mera termoeléctrica y se refirió al Proyecto Integral Morelos (PIM), que
consiste, indicó, en la construcción de dos centrales termoeléctricas
en la comunidad de Huexca, un gasoducto que atraviesa los estados de
Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto desde Cuautla, con una
longitud de 10 kilómetros. Sobre la llamada consulta ciudadana de 2019,
explicó que votaron por el proyecto 60 por ciento, y por ello algunos
ejidatarios se inconformaron y presentaron diversas demandas de amparo,
alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego
que utilizan para sus tierras. (No sólo ese argumento está en los
amparos.) Y continuó: en dos asuntos de todos los que se interpusieron
se consiguió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el
agua de riego de los ejidos. Sin embargo, el gobierno ofreció periciales
que motivaron el sobreseimiento de los mismos tanto por el juez de
distrito y confirmado por el tribunal colegiado de circuito, ya que no
hubo una afectación de los derechos de los ejidatarios. Con base en ello
–dijo–, Conagua procedió a otorgar permisos a la CFE para continuar con
el proyecto.
En seguida la ex subsecretaria de Gobernación y hoy directora del
Banco de Bienestar, literalmente habló en plata para mostrar los
acercamientos, primero con ejidatarios, después con autoridades de Asurco que tenían dudas, y se instaló la mesa de diálogo. Afirmó
que se está considerando para 2020 y 2021, 125 millones de pesos en obras que definitivamente van a generar mayor productividad y desarrollo social. Son 32 ejidos y 14 propiedades rurales. Estas obras van a iniciar ya a la brevedad. Por su parte la directora de la Comisión Nacional del Agua ponderó los peritajes de hidrología forense a través de especialistas contratados por Unesco, cuestión por cierto ajena a sus funciones. Indicó que se atendieron sus recomendaciones. Mientras el titular de CFE ponderó que
la planta tiene la virtud de consumir gas y la CFE podrá aportar electricidad con la energía más limpia que existe en el país.
Ninguna referencia al gasoducto interestatal a las faldas del volcán.
El broche de oro correspondió al titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, quien se refirió al impacto de inversión
en Morelos del Programa de Mejoramiento Urbano que estará trabajando en
10 municipios, entre ellos, el de Cuautla; esto, en la zona inmediata a
la termoeléctrica. La respuesta inmediata del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT)
fue señalar que están vigentes seis suspensiones contra el PIM,
detallaron los 15 amparos activos y como derecho de réplica solicitaron
una hora de diálogo sobre el PIM en ese mismo espacio y con la presencia
de representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Fuerte respondieron al plan en curso para dividir a las comunidades:
Son cínicos de decir que se han reunido con los afectados, que se les están ofreciendo máquinas y apoyos para que acepten el proyecto, sólo se han reunido con la mesa directiva de Asurco, y eso se llama compra de conciencias, corrupción; no se han reunido con los afectados, se están reuniendo sólo con las cúpulas, con las directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero.
Concluyeron, el PIM es una afectación a pueblos indígenas nahuas por
su gasoducto, por las dos termoeléctricas y el acueducto. Ciertamente no
será en una mañanera donde se dirima lo que corresponde a la necesaria
rearticulación del movimiento opositor y de sus estrategias jurídicas.
Quién se acuerda de la emblemática frase de Álvaro Obregón:
Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. ¿Ahora sólo se dialoga?
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