Bernardo Bátiz V.
Una transformación a
fondo del Estado mexicano, tal como se decidió por la mayoría del
pueblo en un proceso democrático impecable, no puede limitarse a cambios
en el Poder Ejecutivo; son necesarias transformaciones a fondo en los
tres poderes. Se requieren modificaciones impulsadas por los servidores
públicos electos, con la participación y vigilancia del pueblo soberano,
pero no en todas las áreas de nuestra vida política se avanza en forma
idéntica; los poderes Ejecutivo y Judicial han emprendido ya acciones
encaminadas a cambios profundos pero, en mi opinión, el Poder
Legislativo mantiene fórmulas y vicios del antiguo régimen.
Los avances en el Ejecutivo están a la vista. El énfasis se ha puesto
en la vía pacífica, el convencimiento y en el estado de derecho; se
combate la corrupción y no hay represión; se respetan los derechos
humanos y, especialmente, los de opinión y participación en reuniones
políticas y manifestaciones públicas.
En la entrevista que el presidente López Obrador dio a periodistas de La Jornada,
publicada el lunes anterior, se puede apreciar con precisión el estado
del cambio. Constan en ella las decisiones del mandatario y se analizan
los primeros resultados; no hay corrupción, no se reprime, los programas
sociales, elevados a nivel constitucional, mantienen viva la economía
popular, hay obra pública que no se ha detenido pese al Covid-19, se
aumentó sustancialmente el salario mínimo y no se incrementa la deuda
pública con nuevos empréstitos.
El Poder Judicial impulsó una iniciativa de reforma a diversos
artículos constitucionales para sentar las bases de una transformación
profunda de este poder; el proyecto, con el cual se solidarizó el
titular del Ejecutivo, incluye modificaciones a la Constitución y a
diversas leyes de la materia, va a fondo, reafirma la autonomía del
Poder Judicial, corrige viejos vicios y pugna por la modernización del
sistema de justicia; el proyecto en proceso legislativo se acompaña en
la práctica por acciones concretas en favor de la paridad de género en
los cargos de jueces y magistrados, el combate al nepotismo incrustado
en el sistema e impulsa la capacitación de los servidores públicos de
este poder.
Mientras, en el Poder Legislativo se conservan prácticas contrarias a
los principios que deben regir al Congreso y se cometen fallas y
equívocos. Me consta, que antes de que se concluyera un proceso
formalmente legislativo, para designar a un funcionario público, se dio a
conocer el sentido de la votación aún no emitida. Recientemente, con
motivo de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
se hicieron evidentes las maniobras del paso de legisladores de una
bancada partidista a otra, con fines puramente pragmáticos y sin
modificación en las convicciones de los legisladores, si es que las
tienen o las tuvieron.
No se le ha dado a este poder el alto valor moral que debe tener;
ciertamente, no estamos en la época en que un partido oficial hacía y
deshacía en las cámaras y los coordinadores, llamados
pastores, tenían en la curul un teléfono para recibir indicaciones y consignas o para consultar directamente con el titular del Ejecutivo, pero se conservan formas autoritarias que desconocen la igualdad de todos los legisladores, el valor de su opinión y de sus votos y se establecen jerarquías que ni la doctrina ni la ley que regula al parlamento admiten.
Hace años, en pleno apogeo del partido oficial, el constitucionalista Felipe Tena Ramírez escribió:
El parlamento es cortesía, tolerancia, discusión política, tradición; es pues, sistema exótico en régimen de caudillaje. Cincuenta años después, el principio de respeto a la opinión de los legisladores, el de igualdad entre ellos, el de libertad y respeto a las resoluciones mayoritarias continúan en entredicho y prevalecen cabildeos, resoluciones cupulares, las reuniones secretas y otros vicios que deben ser erradicados.
La Constitución de Apatzingán, promovida por Morelos, puso en primer lugar de los tres poderes al
Supremo Congreso Mexicano, el cual tenía la representatividad de la soberanía del pueblo; quedaban en segundo término el supremo gobierno y el supremo tribunal de justicia, a los que esta carta ejemplar, verdadera acta de nacimiento del México independiente, no les confería la representación de la soberanía.
Siguiendo esa tradición, la Constitución vigente, en el artículo 49,
con el que se inicia el capítulo de la división de poderes, al enumerar a
los que integran el supremo poder de la Federación, pone en primer
lugar, antes del Ejecutivo y del Judicial, al Poder Legislativo.
Diputados y Senadores deben tener muy claro que ellos son los
representantes de la nación, no representan a sus estados o distritos ni
a sus partidos ni son subordinados de sus gobernadores ni del
presidente de la República. Los sujetos del Poder Legislativo, los
protagonistas, son los legisladores en lo individual y no las fracciones
parlamentarias.
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