CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM) sostiene que en los operativos policiacos
del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Atenco y
Texcoco, donde al menos 26 mujeres fueron torturadas sexualmente, los
cuerpos de seguridad actuaron de manera aislada, por lo que no se
requiere una investigación federal.
A casi 14 años de los hechos y dos años después de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la responsabilidad
del Estado mexicano en la violación y tortura sexual de once mujeres
detenidas, la investigación penal se mantiene paralizada porque la
Fiscalía estal se niega a trasladar la indagatoria a la Fiscalía General
de la República (FGR).
Aunque desde 2019 la FGR anunció que atraería el caso de las Mujeres
de Atenco, como es conocido, abrió una investigación y solicitó el
expediente a la Fiscalía estatal, pero ésta se niega a enviarlo porque
argumenta que los agentes federales, estatales y municipales que
participaron en los operativos actuaron sin coordinación y los delitos
no son conexos, según una comunicación oficial de mayo de 2019.
La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodg), Ivette Galván, explicó en entrevista con Cimacnoticias
que ante las reticencias de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gómez
Sánchez, el pasado 8 de julio las once sobrevivientes junto con sus
representantes legales del Centro Prodh presentaron un amparo contra la
Fiscalía estatal.
En el amparo las mujeres exigen que la investigación sea unificada en
la FGR, organismo que tiene la facultad de revisar las actuaciones de
un operativo policial que se realizó entre autoridades federales y
estatales, incluso de abrir el camino para investigar la responsabilidad
de la cadena de mando que ordenó la incursión policial.
El juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito
en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien el
pasado 3 de septiembre dijo en audiencia, que tenía las pruebas
presentadas por las partes para próximamente dar una resolución. Se
espera que en los próximos 30 días el juzgado responda y confirme que la
investigación debe trasladarse a la FGR, expuso Ivette Galván.
La abogada señaló que el dicho de la FGJEM es contrario a lo que
determinó la Corte Interamericana quien en la sentencia de noviembre de
2018, determinó que las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes
federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo
acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios
federales y estatales.
Entre los funcionarios involucrados en este caso de tortura
estuvieron el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2006 era
gobernador del Estado de México; Genaro García Luna, entonces titular de
la Agencia Federal de Investigación (AFI) y detenido en Estados Unidos
desde diciembre de 2010 por nexos con el narcotráfico; el ahora ministro
Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de
Seguridad Pública estatal.
La Corte Interamericana expuso que en los operativos “la violencia
sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca
dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”.Sin
embargo, detalló la abogada, hasta la fecha no hay personas consignadas
por los delitos de tortura, por lo que la impunidad continúa pese a la
sentenciadel organismo internacional.
En la FGR la unidad encargada de la indagatoria es la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de
Personas, quien desde el año pasado mantiene abierta la investigación
federal por tratarse de hechos de violencia contra las mujeres y de una
indagatoria que se debe realizar con perspectiva de género; pero al no
contar con todas las constancias y las primeras diligencias que se
realizaron hace 14 años, tampoco tiene avances.
Ivette Galván expuso que nunca se habia visto que una Fiscalia local
se negara a entregar una investigación al fuero federal,pese a que ello
puede abrir nuevas líneas de investigacion que esclarezcan la
responsabilidad de la cadena de mando y de la atencion médica
revictimizante hacia las mujeres.
Para el Centro Prodh, señaló la experta, la negativa de la FGEM es
perpetrar el modelo de impunidad en casos de graves violaciones a
Derechos Humanos; además, mencionó que juridicamente esta autoridad usa
razonamientos que no tienen sustento constitucional y que sólo alargan
el proceso y obstaculizan el acceso a la justicia. Con esto también se
impide acceder la verdad de los hechos, advirtió.
De fondo, agregó la abogada, se trata de un incumplimiento de la
sentencia de la Corte Interamericana y de la falta de sanción a los
policias responsables que fueron parte de los 700 elementos de la
entonces Policía Federal Preventiva y de los mil 815 agentes municipales
y estatales que detuvieron con uso de la fuerza a 217 personas, entre
ellas 47 mujeres, 26 que dijeron ser víctimas de violencia sexual y once
que mantienen su demana de justicia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario