El
Senado mexicano recibió la solicitud del presidente Juan Manuel López
Obrador para la realización de una consulta popular con el fin de
enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que
gobernaron al país de 1988 a 2018, por sucesivos actos de corrupción en
contra de los intereses del Estado., antes durante y después de sus
respectivas gestiones.
El mandatario afirmó que, en esas
tres décadas de gobiernos neoliberales, México sufrió la concentración
desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario,
privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada.
Originalmente,
López Obrador quería que los ciudadanos pidieran la consulta, para lo
cual eran necesarias un millón 800 mil firmas (el 2% del padrón
electoral), pero al no alcanzar el tiempo, porque el plazo vencía el 15
de septiembre, presentó él mismo la iniciativa.
Tras
aprobar la solicitud presidencial, la Cámara Alta deberá, remitirla a la
Suprema Corte de Justicia, para que ésta dé validez constitucional o no
a la pregunta que se formula para realizar la consulta popular.
La
pregunta que propone López Obrador, es la siguiente: ¿Está de acuerdo o
no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y
procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la
presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas
gestiones?
En su mensaje, López Obrador señaló que entre
el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un
periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza,
quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos,
corrupción generalizada.
Además, se vivieron procesos
electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un
crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la
violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el
quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio
nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo
neoliberal o neoporfirista, dijo.
López Obrador señaló que
los males no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron
consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo
político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y
antipopular.
Pese a la campaña de la prensa hegemónica y
de la presión empresarial para que no avanzara la propuesta, nueve de
cada 10 mexicanos está a favor de que se juzgue a los exfuncionarios que
hayan cometido algún tipo de delito y un 95.6% consideró que presidente
López Obrador debe llevarlos a juicio, de acuerdo con una encuesta del
diario El Universal.
El muestreo apunta que Enrique Peña
Nieto, encabeza la lista de los expresidentes, que de acuerdo con los
ciudadanos debe ser llevado a juicio por los delitos que se cometieron
durante su gobierno, con un 89.4%; en segundo lugar, está Carlos Salinas
con un 88.5%; y en tercer lugar con un 82.1%, Felipe Calderón
Por
CNN, Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, profesor de la Universidad de las
Américas Puebla, afirmó que la consulta para que los ciudadanos decidan
si se debe procesar judicialmente a expresidentes de México por
presuntos actos de corrupción, es una estrategia de López Obrador, para
desviar la atención de los problemas graves que enfrenta el país.
Las denuncias de Lozoya
El
exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya,
actualmente bajo proceso judicial, acusó ante la Fiscalía General a
expresidentes y políticos, principalmente del derechista Partido Acción
Nacional (PAN), de participar en distintos casos de corrupción.
Lozoya
señaló al menos a 16 personas, entre ellas a los presidentes Peña
Nieto, antecesor de López Obrador, Felipe Calderón (quien gobernó de
2006 a 2012) y Carlos Salinas de Gortari, mandatario de 1988 a 1994,
quienes sobornaron a legisladores para aprobar leyes energéticas y para
favorecer a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña
Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica.
Lozoya,
director de Pemex entre el 2012 y el 2016, fue extraditado el 17 de
julio desde España. Afronta un proceso en libertad condicional por
recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña
presidencial del 2012 y después como director de Pemex, y otro por la
compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
La
Suprema Corte de Justicia dispone de veinte días para emitir una
resolución sobre la constitucionalidad o no de la consulta y de la
pregunta. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo la
organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la
consulta popular que, en principio, habrá de celebrarse el domingo 6 de
junio de 2021, pandemia mediante.
Gerardo Villagrán del Corral
Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
https://www.alainet.org/es/articulo/208916
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