Ciudad de México. Durante la pandemia aumentaron
las agresiones contra las defensoras y periodistas mujeres en el país;
tan sólo de enero a mayo de 2020, la Red Nacional de Defensoras de los
Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 325 agresiones,
especialmente contra quienes defienden el derecho a la información y la
libertad de expresión.
Esto fue comentado en la Mesa de “Análisis Feminista”, un programa
radiofónico que se transmite cada miércoles a las 10 de la mañana por la
Frecuencia Modulada de Violeta Radio 106.1, que conduce la periodista y
coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer A.C,
Lucía Lagunes Huerta.
La integrante de la RNDDHM, Guadalupe Ramos Ponce, señaló que durante
la pandemia las agresiones contra las defensoras y periodistas se han
agudizado. De enero a mayo de este año, la Red documentó entre los
primeros lugares 151 agresiones contra quienes defienden el derecho a la
información y la libertad de expresión; 84 contra quienes defienden el
derecho a una vida libre de violencia y 35 contra quienes defienden la
tierra, territorio y recursos naturales. La entidad con más agresiones
contra defensoras y periodistas (104 casos) fue Oaxaca, seguida de la
Ciudad de México con 36 casos y de Veracruz y Puebla con 29 casos
respectivamente.
En total, las agresiones suman 325 durante los primeros cinco meses
de 2020. “Este panorama se concentra en lugares en las que ya tenemos
una tradición de registro de violaciones de DH en general, pero que se
acrecienta en esta labor de defender los DH (…) ser defensora y
periodista en el país constituye un riesgo y, en muchas de las
ocasiones, un riesgo de vida”, explicó Ramos, quien también criticó que
los mecanismos del aparato estatal para la protección de las defensoras
está debilitado en términos de presupuesto y actuación.
Por su parte, la cofundadora de Las Constituyentes CDMX, Yndira
Sandoval Sánchez, dijo que esta situación de violencia contra las
personas defensoras estaría vinculada con la política federal de esta
administración, como mayor militarización, la ausencia de los Derechos
Humanos en el centro de la política nacional y el debilitamiento de los
órganos autónomos que defienden estas garantías.
“Hay distintos síntomas, avisos que nos están informando que hay
atentados contra la democracia. Si hay 325 ataques en lo que va del año
quiere decir que todos los días se está vulnerando el derecho a la
libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a defender
derechos, y con este sesgo que tiene de género donde las defensoras y
las periodistas en particular tienen criminalizaciones específicas,
sistemáticas, por parte de un país que por más democrático, y abro
comillas, que hayan arribado al poder están reflejando su poco interés y
poco compromiso con esta agenda”, señaló.
Sandoval también explicó que la criminalización de las defensoras
está siendo una práctica cada vez más recurrente y de formas más
violentas y desproporcionadas para desacreditar las causas que defienden
las mujeres y que dejan en evidencia las omisiones y vacíos
institucionales del Estado.
Durante el programa se abordaron casos particulares, como es la
vinculación a proceso el pasado 6 de junio de la abogada y defensora de
personas trabajadoras de la maquila, Susana Prieto Terrazas, quien fue
detenida tras una protesta social afuera de una Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, en Matamoros Tamaulipas; la amenaza de muerte
que se dejó afuera de las instalaciones de la organización feminista
Consorcio Oaxaca, el pasado 15 de junio; y la detención en el Estado de
México de la defensora Kenia Hernández Montealván, a quien se le detuvo y
acusó sin pruebas suficientes, de haber robado 500 pesos.
En el caso de Consorcio Oaxaca, la directora de esta organización,
Jessica Sánchez Maya, explicó que la amenaza de muerte que recibieron
tendría relación con su campaña “Hasta que la justicia llegue”, donde
fueron testigas de la negligencia y complicidad por parte de la Fiscalía
General de Justicia de la entidad en la investigación y acompañamiento
procesal para la defensora y periodista Soledad Jarquín Edgar por el
asesinato de su hija.
“Esta situación del día de ayer (la amenaza) no es aislada. Consorcio
ha sido siempre una organización bastante incómoda porque documenta,
elabora informes, hace incidencia internacional, acompaña casos muy
puntuales y denuncia las violaciones a DH. Pensamos que lo que se está
preparando es un ataque de mayor envergadura a Consorcio pretendiendo
colocar una cortina de humo diciendo: va a ser el crimen organizado
quien les asiente una situación grave, y entonces el Estado va a
deslindarse”, dijo la defensora y agregó que ninguna autoridad estatal
les había informado sobre lo que pasó afuera de su oficina, por lo que
esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
Por su parte, la defensora indígena y coordinadora del Colectivo
Zapata Vive, Kenia Hernández, Montealván –quien también estuvo en el
programa–, declaró que su trabajo como defensora de DH atenta contra el
poder del Estado y del patriarcado, por lo que su criminalización es una
respuesta de las personas que se han visto afectadas en su esfera de
poder. Y agregó que tiene evidencia de que el día que ella presuntamente
cometió el delito del que se le acusa estuvo en un refugio del
Mecanismo de Protección para Personas Periodistas y Defensoras, de donde
es beneficiaria.
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