El normalismo rural en tiempos del Covid-19

Tanalís Padilla*

En abril, aproximadamente a un mes de que las normales en Michoacán tuvieran que dar por terminadas sus clases presenciales debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, el gobierno estatal anunció una reducción en la matrícula del año académico entrante. De las 2 mil fichas que se ofrecieron el año anterior, sólo se entregarían mil 200. Esta reducción de 40 porciento afectaría a seis normales públicas del estado, incluyendo la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío. Sus estudiantes, que desde varias semanas atrás habían tenido que abandonar el internado, regresaron de sus comunidades para defender el normalismo de su más reciente ataque. Arriesgando su salud e integridad física, junto a estudiantes de otras normales oficiales del estado, organizaron marchas, manifestaciones y bloqueos a las vías férreas.

La respuesta del gobierno estatal no se hizo esperar. Por sus acciones, ocho normalistas de Tiripetío se encuentran detenidos en el penal de Mil Cumbres, en Morelia. Además, 22 estudiantes de esta escuela fueron expulsados por su presencia en las instalaciones, dadas las órdenes de confinamiento obligatorio. Estos normalistas, como lo hacen en periodos de vacaciones, se habían quedado en calidad de guardia. A cinco maestros del grupo directivo se les hizo responsables de que siguieran allí y fueron cesados por desacato a las órdenes de confinamiento.

Gracias a las movilizaciones de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), las autoridades han retractado la orden de expulsión de los alumnos. A los maestros cesados se les ofrece levantar el cese laboral si salen por un año de la normal. Los estudiantes procesados judicialmente llevan más de un mes en la cárcel; la reducción de la matrícula sigue en pie.

Este reciente ataque al normalismo en general, y a las normales rurales en particular, debe entenderse dentro de un contexto histórico de corto, mediano y largo plazos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no ha ocultado su desdén por los estudiantes de Tiripetío. En 2015, mofándose de la demanda que entonces hicieran los normalistas por plazas automáticas, amenazó que era la última vez que permitía que bloquearan la autopista.

Dos años después, cuando estudiantes de la normal rural de Tiripetío fueron atacados por policías en Aguascalientes, al regresar de un acto de solidaridad con su hermana escuela de Cañada Honda, Aureoles burlonamente expresó que a ver si la garrotiza que les pusieron los amansaba un poco. Menos de 15 días después, los jóvenes de Tiripetío fueron atacados en sus propias instalaciones por demandar becas y recursos para su escuela. En esa ocasión la policía michoacana ingresó a balazos en la normal hiriendo a un estudiante y a un menor de la comunidad donde se encuentra la escuela.

En este contexto, no sorprende que la reducción de inscripciones en las normales del estado produzca una sensación de alarma entre los normalistas michoacanos. Tampoco sorprende que el anuncio de la reducción de matrícula en la actual situación de aislamiento se interprete como un intento de prevenir la oposición por parte de alumnos y maestros. Esta dinámica nos debe llevar a reflexionar sobre cómo pudiera ser utilizada la nueva normalidad a corto y a largo plazos para restructurar la educación pública.

Esta cuestión es especialmente seria en el caso de las normales rurales cuya condición como internado es una de sus más importantes características. Es también un elemento que representa evidentes retos para evitar contagios del Covid-19. Será de suma importancia velar porque quienes siempre han criminalizado a las normales rurales no utilicen la actual crisis para, de forma permanente, reducir o eliminar su modalidad de internado.

Históricamente los internados han incomodado al Estado y a los altos funcionarios de la SEP. Tras la poderosa huelga estudiantil del Instituto Politécnico Nacional en 1956, se clausuraron sus dormitorios. En 1959, después de las masivas protestas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros, también fue cerrado su internado. En esa ocasión, Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública, sentenció: no volveríamos a cometer el error de mantener un régimen de internado al servicio de jóvenes tan violentos. En 1960, cuando la SEP empezó a fundar los Centros Regionales de Enseñanza Normal lo hizo como alternativa a las normales rurales deliberadamente prescindiendo del internado.

En décadas más recientes, dentro del marco neoliberal, el internado representa un obstáculo adicional. No sólo continúa siendo un espacio que facilita la convivencia, concientización y acción colectiva de los alumnos, sino que viola la lógica de recortar, eliminar o privatizar servicios asistenciales, infraestructura pública, ya ni se diga derogar derechos de índole material. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado el abandono de este modelo económico, los hechos revelan otra realidad. En el caso de las normales rurales, su tan esperada promesa de reabrir la normal El Mexe se cumplió sólo a medias al ser refundada sin internado.

El actual conflicto en Michoacán, la cuna del normalismo rural –en 2022 se cumple un siglo de la fundación de la primera normal rural– nos dice mucho de los riegos que confrontará el normalismo en los años que vienen. Por eso estudiantes y docentes, conscientes de su realidad e historia, insisten en resistir. Y lo hacen como los pueblos agredidos en tantas partes del mundo, con los únicos métodos a su alcance.

* Profesora-Investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Después de Zapata: El movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México , 1940-1962 (Akal/Inter Pares, 2015)