Madrid. El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón,
cobró alrededor de 4.2 millones de euros (105 millones de pesos) por
mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen,
a mediados de la década de los 90, en la que participó la multinacional de la construcción OHL. El pago se realizó a una empresa fantasma en 2009, creada por el ex monarca y ubicada en un paraíso fiscal.
El primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, declaró a la fiscalía
suiza que la operación ocurrió a mediados de los 90, entre las
presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Fue la
época en que la multinacional española invirtió en el caribe mexicano,
primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayakoba y
después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón, en una
operación impulsada por el entonces presidente y fundador de OHL, Juan
Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado ante múltiples
tribunales por corrupción. Entre dichos cargos está el del pago de
comisiones ilegales al rey Juan Carlos para la construcción del tren de
alta velocidad a La Meca.
El portal de Internet español OK Diario informó que Orleans declaró ante la fiscalía:
A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estas tierras pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana.
El fiscal suizo Yves Bertossa, quien interrogó a Orleans, es el hijo
de Bernard Bertossa, el fiscal que investigó las cuentas ilegales de
Raúl Salinas de Gortari y de su entonces esposa, Paulina Castañón.
Los tribunales suizos realizan una investigación más amplía para
esclarecer las cuentas en paraísos fiscales del rey emérito, quien
pretende evadir al fisco y a la justicia tras cobrar varios cientos de
millones de euros por sus mediaciones con otros gobiernos para conseguir
contratos públicos a empresas españolas, entre ellas la multinacional
OHL, presidida por el mexicano Luis Amodio.
El Congreso de los Diputados volvió a rechazar crear una comisión
investigadora como exigen grupos de oposición, sobre todo
independentistas y nacionalistas, además de Unidas Podemos, que
actualmente es socio de gobierno del PSOE, que se opone a la medida.
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
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