CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. A unos días de cumplir un año en
el exilio, la periodista y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho
Ribeiro, denunció que una policía judicial de Puebla, presuntamente
implicada en la tortura que vivió en 2005, fue liberada después de pasar
6 meses en prisión.
Hace 11 meses la periodista se vio obligada a
exiliarse de México, luego de que el 21 de julio de 2019 dos sujetos
armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material
periodístico sensible.
La reportera no regresó a su hogar, en el
estado de Quintana Roo, ante la falta de garantías para ejercer su labor
y continuar con el proceso de búsqueda de justicia por los hechos de
detención arbitraria, tortura y violencia sexual perpetrados en su
contra en diciembre de 2005.
Ella fue víctima de tortura hace
prácticamente 15 años, cuando fue detenida por al menos diez personas,
entre agentes de la policía y agentes privados, quienes con el pretexto
de una acusación penal en su contra la trasladaron, por carretera, del
estado de Quintana Roo a Puebla, trayecto de 20 horas durante las cuales
fue torturada.
La persecución comenzó después de publicar “Los
Demonios del Edén”, libro donde reveló la existencia de una red de
explotación sexual infantil, en la que participaron hombres de negocios y
políticos de alto perfil. Los presuntos responsables de ordenar la
tortura son el exgobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel
Nacif, quienes están prófugos de la justicia.
En un comunicado,
Artículo 19, organización que acompaña legalmente a Lydia Cacho, informó
que el 15 de junio se les notificó la excarcelación de la policía
judicial del estado de Puebla, María Irene Arteaga Rangel, implicada
junto con otros funcionarios públicos en la tortura cometidos contra la
periodista los días 16 y 17 de diciembre de 2005.
La acusada fue
liberada 6 meses después de su detención. En noviembre de 2019 la
Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a la exservidora pública
en cumplimiento de una orden de captura, pero obtuvo su libertad después
de que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en
Cancún, Quintana Roo, resolvió a su favor un recurso de apelación
interpuesto contra el auto formal prisión, dictado por el Juez Segundo
de Distrito del estado de Quintana Roo.
Al respecto, Artículo 19
consideró sorprendente que la misma magistrada, María Elena Suárez
Préstamo, quien dictó las órdenes de aprehensión contra Mario Marín,
Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno, el 11 de abril de
2019, sea quien en esta ocasión argumente que la policía no puede ser
penalmente responsable por el delito de tortura toda vez que ella
“solamente” atestiguo dichos actos cometidos por terceros pero no los
cometió directamente.
Esta argumentación, expuso, contradice
abiertamente la legislación aplicable, misma que señala con claridad que
es responsable de este delito quien “no evite que se cometan dichos
actos (de tortura) sobre una persona que esté bajo su custodia”.
La
organización defensora de la libertad de expresión informó que agotará
los recursos legales pertinentes, por lo que exigió al Poder Judicial de
la Federación, en particular a los tribunales que conocen del caso en
diversas instancias, se ciñan a los más altos estándares en materia
Derechos Humanos y abonen al abatimiento de la impunidad por los delitos
cometidos contra periodistas.
Por otro lado, Artículo 19
adelantó que mantienen la exigencia hacia la FGR para que sean detenidos
de inmediato los autores intelectuales de los actos de tortura sexual
cometidos contra Lydia Cacho, quienes desde hace 14 meses, cuando se
presentaron las órdenes de captura, se encuentran en calidad de
prófugos.
El allanamiento a la casa de la periodista y su
posterior exilio ocurrió después de la resolución emitida en julio de
2018 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió reactivación
de las investigaciones del caso y después de que se dieron a conocer
las órdenes de captura contra diversos policías judiciales del Estado de
Puebla y Quintana Roo, así como contra Mario Marín, Adolfo Karam y
Kamel Nacif.
De hecho, para la defensa legal de la periodista, la
principal línea de investigación respecto al allanamiento y robo se
relaciona con la clara intención de enviarle un mensaje de castigo y una
amenaza por mantener su exigencia de justicia y lograr órdenes de
aprehensión contra los protectores de los presuntos pederastas.
20/AGM/LGL
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