Ciudad de México. La epidemia por COVID-19 pone en
jaque el sustento de 37 millones de mujeres dedicadas al trabajo del
hogar remunerado en el mundo, de acuerdo con nuevos datos de la
Organización Mundial del Trabajo (OIT).
Este 16 de junio se cumplen 9 años desde la adopción, por la
Conferencia Internacional del Trabajo, del Convenio 189 de la OIT, sobre
las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este tratado
internacional, vinculante para quien lo adopte, fue ratificado por
México en 2019, luego de sendas exigencias por parte de trabajadoras del
hogar organizadas.
A 5 meses de que se supo de la nueva pandemia en el mundo, nuevas
estimaciones publicadas por la OIT señalan que casi las tres cuartas
partes de las y los trabajadores del hogar del mundo –más de 55 millones
de personas– corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus
ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de
seguridad social. La amplia mayoría de este personal, 37 millones, son
mujeres, precisó el organismo.
Los datos de junio de 2020 recopilados por la OIT indican que la
región más afectada es Asia Sudoriental y el Pacífico, donde 76 por
ciento de estos trabajadores r está en situación de riesgo, seguida de
América (74 por ciento), África (72 por ciento) y Europa (45 por
ciento).
En este sector, la crisis ha afectado tanto a personas cuyo empleo es
formal como a quienes trabajan de modo informal, pero estas últimas
representan 76 por ciento de quienes pueden perder su trabajo u horas de
trabajo, advirtió el organismo.
La OIT precisó que en países con medidas de confinamiento más
estrictas, como la prohibición total de salir o el uso de la fuerza
pública, quien realizaba trabajo del hogar, estuviera empleado
formalmente o no, no podía ir a trabajar. Así, algunas de las personas
que tenían un empleo formal han tenido derecho al seguro de desempleo,
pero no ha sido el caso de quienes trabajaban un situación informal,
para quienes la inmovilización ha supuesto la pérdida de los medios de
vida, no contar con una red de seguridad de respaldo y verse en aprietos
a la hora de poner alimentos sobre la mesa.
De acuerdo con datos del organismo, sólo 10 por ciento de las
personas que realizan este trabajo están al amparo de la seguridad
social, lo que significa que todas las demás no tienen derecho a
ausencias por enfermedad pagadas, acceso garantizado a la atención de
salud, prestaciones por lesiones profesionales, o seguro de desempleo.
Muchas de estas personas perciben una paga de no más del 25 por ciento
del salario medio, por lo que carecen de ahorros con los que afrontar
una emergencia financiera.
“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad
particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales,
y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el
ámbito de protección laboral y social (…) la cantidad de mujeres
afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes
realizan esta actividad en el mundo”, dijo en la publicación Claire
Hobden, Oficial Técnica de la OIT en trabajadores vulnerables.
De acuerdo con el organismo internacional, el impacto de pobreza de
este sector será extendido a sus familias, ya que en algunas regiones,
las trabajadoras son predominantemente inmigrantes que cuentan con su
paga para mantener a la familia en el país de origen. Tanto el impago de
los salarios como el cierre de los servicios del envío de remesas han
puesto en situación de riesgo de hambre y de pobreza a las familias de
estas mujeres.
Asimismo, la OIT alertó que quienes vivían en el lugar de trabajo en
general han seguido trabajando en confinamiento con sus empleadores. No
obstante, se sabe que han trabajado más horas a causa del cierre de las
escuelas y que están realizando tareas de limpieza más exigentes.
En otros casos, los propios empleadores se han visto en dificultades
económicas y han dejado de pagar a quienes tienen trabajando en su
domicilio, o incluso han dejado de pagarles aduciendo que no necesitan
el salario porque no pueden salir, detalló el organismo; y en algunos
países, ha sucedido que personas inmigrantes o y vivían en casa del
empleador ahora están en situación de calle después de que el empleador
se deshiciera de ellas y ellos por temor a contraer el virus, dejándolas
expuestas a la trata de personas.
La OIT informó que está trabajando con organizaciones de trabajadoras
y trabajadores del hogar y organizaciones de empleadores para que se
garantice la salud y el sustento de estas personas. Está realizando
evaluaciones rápidas del nivel y tipo de riesgos que afrontan, para que
los gobiernos puedan formular políticas que garanticen al menos una
cobertura de seguridad social básica y para que dispongan de acceso a
una atención de salud esencial y una seguridad básica de los ingresos.
Hasta 2020, 29 países ya habían ratificado el Convenio 189 relativo
al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Muchos de estos países han adoptado medidas concretas para hacer
extensiva la cobertura de la protección laboral y social a estas
personas. La OIT ha ayudado a unos seis países a solucionar los déficits
de cobertura, lo que aumentó el número en el empleo formal, pero el
porcentaje general de informalidad sigue siendo elevado.
20/AJSE/LGL
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