Ciudad de México. Durante la pandemia de COVID- 19
las instituciones públicas no han generado ni difundido información
sobre contagios y fallecimientos de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad, por ejemplo: aquellas que están privadas de la libertad,
migrantes, que pertenecen a la comunidad LGBTI, indígenas, que viven
con discapacidad, de la tercera edad, que se encuentran en asilos o que
son parte del personal de salud.
Así lo dijeron representantes de organizaciones civiles defensoras de
los derechos de las mujeres, durante el foro virtual “Garantía de
derecho de acceso a la información en materia de género y su
trascendencia en tiempos del COVID-19”, que organizó el Instituto
Nacional de Transparencia (INAI), este martes 16 de junio.
Las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI)
y especialistas en transparencia coincidieron en que el acceso a la
información pública es un derecho fundamental para que las mujeres
puedan tomar decisiones informadas en aspectos como su salud, educación,
justicia y trabajo y para diseñar políticas públicas para esta
población.
Sin embargo, explicaron que durante la emergencia sanitaria ha sido
un reto garantizar información oportuna, clara y veraz sobre la
situación de las mujeres en el campo, hogar, cárceles, centros de
trabajo y en todos los espacios; y, además, mencionaron que aún falta
que ellas puedan acceder a datos sobre cómo ejercer sus Derechos
Humanos.
Al respecto, la coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas de
Fundar, Justine Dupuy, expuso que es necesario que las instituciones
sigan trabajando para generar información sobre la realidad de las
mujeres, ya que agencias de Naciones Unidas señalan que durante las
pandemias empeoran las desigualdades.
En este contexto, mencionó Dupuy, es aún más importante producir
información confiable, para que problemáticas como la violencia de
género y la vulnerabilidad de las mujeres no sean realidad que se puede
negar.
La analista agregó que de acuerdo con un informe sobre acceso a la
información en tiempos de pandemia, organizaciones expertas en
transparencia encontraron que 33 por ciento de 15 países estudiados de
la región, no cuentan con información estadística sobre violencia de
género en esta contingencia.
En los países donde se encontró información, explicó, se pudo saber
que durante la contingencia la violencia se incrementó en 80 por ciento;
mientras que en algunos otros los datos no fueron consistentes ni
actualizados para tener conclusiones consistentes ni oportunas sobre la
situación de las mujeres.
No obstante, dijo, hay una necesidad e interés cada vez más mayos por
saber qué sucede con las mujeres. Por ejemplo, Justine Dupuy mencionó
que Fundar encontró que de 2011 a 2018 creció el número de solicitudes
de información sobre Violencia de género en la Plataforma Nacional de
Transparencia, por ello llamó a que el INAI fomente la transparencia
proactiva de las instituciones públicas.
A su vez, la maestra en Derecho y especialista en transparencia y
combate a la corrupción, Tania de la Paz Pérez Farca, dijo que el
derecho a la información tiene un sesgo de género, por esa razón
consideró que a nivel nacional se necesita generar información con
perspectiva de género y fomentar que las instituciones encargadas de dar
seguimiento a derechos de las mujeres, tengan esos datos.
La especialista dijo que se debe ver a las mujeres como actoras que
tienen derecho a exigir a los entes públicos que entreguen la
información que les solicitan y las instituciones deben comprender las
necesidades de las solicitantes para no invisibilizarlas. Además,
aseguró que la información ayuda a que ellas tomen decisiones efectivas e
informadas en diferentes aspectos de su vida.
Por su parte, Ia coordinadora del área de Políticas Públicas de la
organización Equis, Justicia para las Mujeres, Isabel Erreguerena,
explicó que es fundamental que todo funcionario público ofrezca
información verificable y que todas las instancias, por ejemplo, los
órganos judiciales, sean transparentes pero además que entreguen
información con un lenguaje claro y accesible para que las mujeres sepan
a dónde acudir cuando necesitan un servicio.
Erreguerena dijo además que preocupa que durante esta pandemia no se
esté generando información sobre poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad como las mujeres privadas de la libertad, mujeres
migrantes, personas con discapacidad o que se encuentran en centros
psiquiátricos, en particular si se trata de grupos que están a cargo del
Estado y que viven en espacios hacinados.
La investigadora dijo que al no tener información sobre estas
poblaciones, se les invisibiliza, no se crean políticas públicas para
protegerlas y se hace entender que son personas que al Estado no le
importan, por ello señaló que para mirarlas es necesario generar datos
sobre su situación.
La coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la Comisión
de los Derechos Humanos del estado de Coahuila, Leonor Gómez Barreiro,
agregó que las periodistas han jugado un papel importante en la garantía
del derecho a la información porque son quienes han llevado a la agenda
pública muchas problemáticas que viven las mujeres.
Las periodistas, sin embargo, se topan con que la información no está
estandarizada, desagrada por variables como sexo, edad o nivel
socioeconómico y con que los servidores públicos no tienen perspectiva
de género y pueden negar información porque no la consideran de interés
público o porque creen que pone en riesgo la seguridad nacional, algo
que ha sucedido al solicitar información sobre feminicidio.
Las y los expertos señalaron que durante esta contingencia se han
obtenido datos por medio de encuestas o monitoreos de la sociedad civil,
pero advirtieron que aún hay instituciones que no hacen pública la
información que generan o reciben sobre lo que sucede con las mujeres y
las víctimas de violencia, por ello llamaron al INAI a establecer
estándares mínimos de transparencia.
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