Ciudad de México. Falta de acceso a la salud, escasa
información sobre el virus, situación de calle, contratación limitada y
criminalización, son algunas de las situaciones que enfrentan las
jornaleras agrícolas –uno de los sectores laborales más precarios del
país– durante la pandemia por COVID-19.
Entrevistada al respecto, la coordinadora general de la Red Nacional
de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Margarita Nemecio, explicó a
Cimacnoticias que en el contexto de la pandemia se profundizaron las
violaciones a los Derechos Humanos laborales de las mujeres que trabajan
en los campos agrícolas, especialmente de las indígenas y migrantes.
El caso de las mujeres jornaleras es particularmente preocupante por
el limitado acceso a diferentes derechos que han padecido
históricamente: reciben pagos inferiores a los de sus pares jornaleros,
enfrentan embarazos y padecimientos vinculados con su salud sexual y
reproductiva sin protección social, padecen violencia sexual en sus
centros de trabajo y ellas, más que los hombres, acostumbran migrar con
sus hijas e hijos. Durante la pandemia, el peor escenario fue para las
jornaleras migrantes e indígenas, quienes muchas veces dependen de un
intérprete, generalmente hombre, para establecer sus relaciones
laborales, el acceso a la salud o a la vivienda, explicó la experta.
Se estima que en México hay casi 3 millones de personas jornaleras
trabajando directamente en los campos (agrícolas). La Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo señaló que entre 2005 y 2018 se agregaron a las
filas de personas asalariadas del campo casi 900 mil personas, 12 por
ciento mujeres. Aunque la proporción de mujeres jornaleras a nivel
nacional escasamente llega a 300 mil, en entidades como Guanajuato ellas
representan 17 por ciento, en Sinaloa 18 por ciento, en Sonora 21 por
ciento y en Baja California 29 por ciento.
Quince de cada 100 trabajadores agrícolas con edades entre 15 y 29
años son mujeres, quienes tienen en promedio 5.5 años de escolaridad; de
cada 100 mujeres jornaleras, 31 son subordinadas y remuneradas, y la
gran mayoría, 69, no reciben ningún pago por su trabajo, de acuerdo con
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un estudio de 2018 sobre
la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la
trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos
agrícolas.
Obstáculos para acceder a la salud
La Red Nacional identificó a través de organizaciones locales que
durante la pandemia la condición migratoria e indígena de muchas
trabajadoras que no gozan de seguridad social dificulta su acceso a la
salud, toda vez que enfrentan problemas para comunicar al agricultor o a
su empleador en caso de que presenten alguna sintomatología de
COVID-19.
A esto se suma que el acceso a la información sobre esta nueva
pandemia es muy escaso y limitado para el sector jornalero migrante, ya
que la información oficial sólo llega a las poblaciones asentadas,
mientras que la población migrante se ha enterado de la enfermedad por
medio de rumores, familiares en Estados Unidos o por las autoridades
comunitarias.
“Sigue siendo la mayor debilidad el que si alguna de ellas no puede
comunicar de manera clara o entender o identificar qué sintomatología
debe de tener, se ve limitada ante la falta de acceso a la atención
médica básica o integral, en caso de que sean portadoras del virus”,
detalló Nemecio.
De acuerdo con la experta, en el poblado Miguel Alemán, en Sonora, ya
se identificaron entre nueve y 11 casos de personas jornaleras (no se
sabe cuántas mujeres) contagiadas, para quienes se dificultó la atención
médica por falta de seguridad social. Gracias a que se trató de
población asentada, las y los jornaleros contagiados consiguieron
autoaislarse de otros de sus compañeros, lo que no es tan fácil para
quienes están en contexto de migración.
Por ejemplo, relató Nemecio, una mujer de Cochoapa el Grande, de la
región de la montaña de Guerrero, migró junto con sus tres hijos y su
pareja a una comunidad de Guanajuato para el trabajo jornalero por
temporada. No obstante, en plena pandemia se vio en la necesidad de
dormir en una plaza pública, toda vez que el patrón no les garantiza
vivienda, el dinero que obtenían por jornada disminuyó y las rentas se
encarecieron.
En Guanajuato, donde es temporada de cosecha, la Red observó que
debido al desempleo generalizado que ha provocado la pandemia, la
población local de esa entidad que antes se dedicaba a otra labor optó
por trabajar en los campos agrícolas. Esto ha significado que la
dinámica del trabajo jornalero cambie, ya que las jornadas y
oportunidades de trabajo para el resto se reduce. Por ejemplo, la
cosecha de ajo, que con generar dos a cuatro costales al día permitía
recibir un pago de 100 pesos diarios, ahora está muy competida entre la
población jornalera local que demanda trabajo y la población migrante
que labora por temporada.
La Red observó que, aunque se consideró actividad esencial, el
personal de los campos agrícolas carece de medidas de protección que
eviten contagios por COVID-19. Mientras que en algunos campos,
especialmente en el caso de empresas certificadas que reciben
inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se proveen
cubrebocas como medida de seguridad, en otros, especialmente en donde no
se hacen inspecciones, no se garantiza el uso de la mascarilla o no se
sanitiza el equipo que usan para trabajar.
“Como son aleatorias las inspecciones y sólo en empresas grandes,
dificulta mucho que el agricultor provea de las medidas necesarias: agua
corriente, jabón y gel. En la gran mayoría de las zonas donde hemos
estado indagando son muy pocos los lugares en los que se han entablado
medidas. Otros han dejado que los resuelvan las jornaleras o sus
familias”, explicó Nemecio.
De acuerdo con la experta, la necesidad de protección a la salud
frente a la epidemia que atraviesa el mundo no significó un
replanteamiento por parte de los empresarios y empleadores en este
sector para mejorar las condiciones de empleo de las jornaleras, sino
que se continuaron los mismos esquemas de contratación y los mismos
protocolos de seguridad. Una familia de Guerrero que fue a laborar a
Sinaloa por nueve meses reportó a la Red Nacional que el camión en el
que viajaron de regreso tenía cupo lleno y nadie portaba cubrebocas.
Lo que sí cambió en esta dinámica fueron las declaraciones o medidas
por parte de los gobiernos locales que estigmatizan y criminalizan a las
y los jornaleros como posibles portadores del nuevo virus, expresó
Nemecio.
A finales de mayo, medios locales de Zacatecas dieron a conocer el
caso de una mujer jornalera migrante que dió a luz en un hospital del
municipio de Fresnillo y que resultó, como otra decena de personas
jornaleras, contagiada de COVID-19; en respuesta a esta información, el
presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, advirtió que detendría a las
personas jornaleras y se les interpondrá una denuncia penal por
desobediencia, de acuerdo con notas de prensa locales.
A este caso se suman otros reportes por situaciones similares en
Guanajuato y San Luis Potosí, todos ellos recibidos por la Red Nacional.
“Son mujeres jornaleras que van acompañadas de sus familias, pero por
ser jornaleras migrantes se les ha visto como portadoras de COVID-19.
Esto resulta en desde la agresión verbal hasta física, porque a una
familia en Guanajuato le lanzaron piedras en la camioneta en la que
viajaban. Esto atraviesa por un sesgo de discriminar a la población, de
racializar su condición por ser migrante e indígena. Para una mujer o
una niña o una adolescente que ya sufre violencia, esto todavía suma
violencia mucho más grande”, relató Nemecio.
Por todo esto, la coordinadora de la Red llamó a las autoridades de
los tres órdenes de gobierno a establecer un diálogo con los
agricultores o empleadores para monitorear que se cumplan con los
estándares establecidos a nivel federal para los centros de trabajo.
Esto significaría garantizar el derecho a la salud de la población
jornalera migrante y a la vida digna para el caso de las familias de las
trabajadoras contagiadas, detalló la experta.
20/AJSE/LGL
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