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8/08/2026

Tradwives: cuando una tendencia en redes sociales llega al debate sobre el voto de las mujeres

 

El movimiento tradwife, que promueve un estilo de vida basado en los roles tradicionales de género, volvió al centro del debate público después de que en Estados Unidos y México surgieran propuestas y comentarios que cuestionan la participación política de las mujeres. Especialistas advierten que, aunque elegir dedicarse al hogar es una decisión legítima, el problema aparece cuando ese modelo se presenta como el único deseable y coincide con discursos que ponen en duda derechos conquistados por las mujeres.

En Estados Unidos, Erika Kirk, directora ejecutiva de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, defendió recientemente la idea de instaurar un «voto por hogar», es decir, que una sola persona —el jefe de familia— represente políticamente a todos los integrantes de una familia. La propuesta fue respaldada por figuras del movimiento tradwife, como la influencer Savanna Faith Stone.

La discusión también llegó a México. En un podcast, una abogada afirmó que «no todos deberían votar» y días después un joven político e influencer planteó la posibilidad de establecer un solo voto por familia. Aunque no mencionó de forma explícita que las mujeres dejaran de votar, el escenario descrito colocaba a un hombre como quien ejercería ese derecho político.

La discusión ocurre cuando apenas han transcurrido 71 años desde que las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez su derecho al voto, una conquista que transformó la participación política femenina en el país.

¿Qué son las tradwives y por qué generan debate?

Antes de aparecer en los discursos políticos, el fenómeno tradwife (una mujer que promueve o adopta el estilo de vida de «esposa tradicional») se popularizó como una tendencia en redes sociales. Influencers de distintos países muestran una vida centrada en el hogar, el cuidado de la familia y la dependencia económica del hombre como proveedor principal. Sus videos, que acumulan millones de reproducciones, muestran cocinas impecables, pan recién horneado, vestidos de lino y una aparente tranquilidad doméstica.

Su éxito no es casual. En un contexto donde muchas mujeres enfrentan dobles jornadas laborales, trabajo doméstico y de cuidados, además de preocupaciones económicas, ese contenido proyecta una vida con menos estrés y más tiempo disponible, una realidad que para muchas resulta aspiracional.

Sin embargo, detrás de esa estética existe un debate más amplio sobre quién decide cómo deben vivir las mujeres.

La carga de cuidados sigue recayendo en las mujeres

Las cifras muestran que la desigualdad en el trabajo doméstico y de cuidados continúa siendo una realidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario no remunerado, mientras que los hombres destinan 18.2 horas. Además, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares señala que esta labor representa un valor económico superior a ocho billones de pesos al año y que las mujeres aportan el 72.6 por ciento de ese trabajo.

En este contexto, especialistas consideran que el atractivo del fenómeno tradwife responde también al desgaste que viven millones de mujeres al sostener, simultáneamente, el empleo remunerado y las tareas de cuidado.

El problema no es elegir, sino perder opciones

Para Lizeth Mejorada, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, el debate no debe centrarse en cuestionar el estilo de vida de quienes deciden dedicarse al hogar.

«El punto no es criticar el estilo de vida que una mujer elige. Toda mujer debe tener la libertad de construir el proyecto de vida que la haga feliz. El problema aparece cuando se manipula a las audiencias para idealizar un estilo de vida que, en el fondo, esconde la pérdida de derechos», sostiene.

Añade que la verdadera libertad consiste en que existan múltiples formas de construir un proyecto de vida y que ninguna sea presentada como la única manera correcta de ser mujer.

La contradicción detrás de las influencers tradwife

Desde la perspectiva de Mujeres Vivas, Mujeres Libres hay una contraducción en el fenómeno: muchas de las creadoras de contenido que promueven la dependencia económica de las mujeres han construido carreras altamente rentables gracias a las redes sociales.

Monetizan videos, administran empresas, negocian contratos y toman decisiones sobre sus propios ingresos, mientras presentan como ideal un modelo en el que otras mujeres dependan económicamente de sus parejas.

Desde esta perspectiva, el debate deja de ser una discusión sobre cocinar, cuidar o desarrollar una carrera profesional y se traslada a una pregunta más profunda: ¿qué condiciones permiten que una mujer pueda elegir libremente su proyecto de vida? Estudiar, votar, abrir una cuenta bancaria, adquirir una vivienda o salir de una relación sin pedir autorización son derechos que costaron décadas de lucha y que, advierten las especialistas, no están garantizados para siempre.

Redes sociales, política y derechos

Las especialistas coinciden en que un video en TikTok no modifica por sí mismo una ley, pero sí influye en la manera en que las personas entienden aquello que consideran normal, deseable o posible. Por ello, consideran relevante analizar cómo ciertos discursos en redes sociales pueden trasladarse posteriormente al ámbito político.

Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, sostiene que ser madre, dedicarse al hogar, desarrollar una carrera profesional o combinar distintos proyectos de vida son decisiones igualmente válidas, siempre que puedan ejercerse en libertad y sin que el Estado privilegie unas opciones sobre otras.

¿Desde cuándo pueden votar las mujeres en México?

El reconocimiento del sufragio femenino en México llegó el 17 de octubre de 1953, cuando se reformó el artículo 34 de la Constitución para reconocer a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos políticos. Sin embargo, fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en una elección federal para elegir a las y los integrantes de la XLIII Legislatura. Este 2026 se cumplen 73 años del reconocimiento constitucional del sufragio femenino y 71 años de su primer ejercicio en una elección federal, un hito que abrió el camino para la participación política de las mujeres y, décadas después, para la construcción del principio de paridad en México.

4/18/2026

La derechista Keiko Fujimori, lidera primera vuelta de elecciones presidenciales en Perú



Escrito por Wendy Rayón Garay 
Crédito: @KeikoFujimori en X.-Ciudad de México.- El pasado 12 de abril la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que la candidata de derecha Keiko Sofia Fujimori Higuchi, hija de Alberto Fujimori, encabeza la lista para ser la próxima presidenta del país tras la primera vuelta de elecciones superando a 34 candidatas y candidatos que conforman la lista, en la cual participan otras tres mujeres: María Soledad Pérez Tello, Rosario del Pilar Fernández Bazán y Fiorella Giannina Molinelli Aristondo.

Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori se postula para la Presidencia de Perú bajo el lema «Vuelve Fujimori, vuelve el orden» y este año superó a su competencia con más de 2 millones de votos, es decir, el 16.88% del apoyo del electorado de solo 75.86% actas computarizadas. La baja contabilización de votos se debe a fallas logísticas que provocaron que, en 13 locales de votación, ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, no se pudo ejercer el voto ese día.

De ganar la segunda vuelta el próximo 7 de junio, entonces se convertiría en la segunda mujer presidenta en la historia de Perú, después de Dina Boluarte quien asumió la Presidencia entre el 7 de diciembre de 2022 hasta el 10 de octubre de 2025. Aunque los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no arrojan una victoria para la candidata, la diferencia contra sus contrincantes es abismal.

Detrás de ella se encuentran Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla de Renovación Popular Jorge Nieto Montesinos del Partido del Buen Gobierno y Ricardo Pablo Belmont Cassinelli del partido Obras.
Crédito: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Keiko Fujimori es conocida por seguir los pasos de su padre Alberto Fujimori, quien también fue presidente de la República del Perú durante la década de 1990. Su mandato estuvo marcado por una dictadura cívico-militar después del autogolpe de Estado que lideró en 1992 en donde se impusieron programas de reformas neoliberales, uso sistemático de propaganda, corrupción política endémica y violaciones a derechos humanos que lo llevaron a su encarcelamiento con una pena de 25 años hasta que murió en septiembre de 2024.

Uno de los episodios en la historia de Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori fueron las esterilizaciones forzadas a mujeres como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar donde se estima que hay 6 mil 504 víctimas de acuerdo con el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), resultado del Acuerdo de Solución Amistosa del caso de María Mamérita Mestanza Chávez, una de las sobrevivientes en 2003.

En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública por el caso de Celia Ramos Vs Perú siendo este considerado el primer caso de esterilización forzada ocurrida en el país llevada ante ese Tribunal. Aunque el evento ocurrió en 1997 cuando la esterilizaron sin su consentimiento por el programa de Fujimori y sus exministros de salud.


Crédito: @KeikoFujimori en X

Antes de la muerte de su padre, Keiko Fujimori se convirtió en una de las figuras de la política peruana durante la década del 2000 junto al partido Alianza por el Futuro al cual perteneció entre 2006 y 2010, desde entonces forma parte de Fuerza Popular resultado de una fusión entre su anterior partido junto con otros que ya existían desde el gobierno de Alberto Fujimori. El partido se caracteriza por retomar ideas del fujimorismo, conservadurismo, neoliberalismo, populismo de derecha, anticomunismo, anticomunismo, fundamentalismo cristiano y extrema derecha.

En los últimos años la ultra derecha ha ganado terreno en diversas partes del mundo como en Estados Unidos con Donald Trump quien inicio una coalición militar con otros gobiernos de ultraderecha como Argentina con Javier Milei; Bolivia con Rodrigo Paz; El Salvador con Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Novoa; Honduras con Nasry Asfura; Paraguay con Santiago Peña, Costa Rica con Rodrigo Chaves; Panamá con José Raúl Mulino; República Dominicana con Luis Abinader; Chile con José Antonio, así como Trinidad y Tobago con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.


Keiko Fujimori estudió en Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook en 1993 y, posteriormente, se formó como licenciada en Administración de Negocios por la Universidad de Boston en 1997. Entre esos dos periodos y a sus 19 años inició en la política desempeñando el cargo de primera dama del Perú lo que le permitió participar en diferentes espacios como la Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas en Polonia, Canadá y Chile.

En 2006 se convirtió en congresista de la República por el departamento de Lima y para ese momento el fujimorismo se convirtió en la tercera fuerza política del país y ella en la congresista más votada del país. Durante su cargo presentó 17 proyectos de ley, de los cuales solo se aprobaron cinco.
Crédito: @KeikoFujimori en X

De acuerdo con el análisis de la organización Manuela Ramos, el Plan de gobierno 2026-2031 del partido Fuerza Popular al que pertenece Keiko Fujimori llamado «Perú con orden» el partido plantea algunas propuestas relacionadas con los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres comenzando con la prevención en violencia sexual, violencia escolar, reclutamiento de pandillas, violencia contra la mujer, implementaciones de tecnología preventiva.

Proponen el desarrollo de servicios integrales en apoyo a las víctimas, establecimiento de un sistema de protección y justicia especializada para la atención de víctimas de violencia sexual, la implementación del programa «Familia y Colegio Protegen» para crear un sistema nacional de alerta temprana en los colegios ante diversos temas.

También facilitar el acceso de las mujeres al mercado y financiamiento, reducción de la brecha entre mujeres y hombres con becas ara niñas y jóvenes en carretas STEM; asegurar la incorporación de octógonos en fórmulas y alimentos infantiles, y la recuperación de la práctica de la lactancia materna exclusiva y continuada; el rechazo a todo tipo de discriminación contra las mujeres; y la creación del Sistema Nacional de Cuidados como política de Estado.

Sin embargo, la organización Manuela Ramos alertó que dentro de sus propuestas se excluye temas como el aborto terapéutico, la educación sexual integral como una iniciativa de prevención de la violencia sexual contra las niñas, no hay posibilidad de contemplar la despenalización del aborto ya que desde el decálogo del partido se apuesta por «la vida desde la concepción», tampoco se contemplan los Centros de Emergencia Mujer o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dejando afuera del Plan conceptos como «feminicidio» y «género».

Las tres candidatas que en la contienda

Por primera vez en su historia de Perú, hay 35 candidatas y candidatos que buscan la Presidencia. Esto no es un hecho menor, pues en el país hay una crisis política polarizada desde 2016. De acuerdo con Human Rights Watch, la inestabilidad política del país provoca un deterioro democrático por las fallas en diversas instituciones.

Bajo este escenario concursan diferentes partidos y frentes para alcanzar la Presidencia de la República, 130 diputaciones y 60 senadurías y parlamentos andinos. Además de la Keiko Fujimori en la lista por la contienda figuran otras tres mujeres quienes juntas participan contra 31 hombres candidatos.

La primera candidata es María Soledad Pérez Tello quien ocupó el octavo lugar en la primera vuelta con un apoyo del 3.87% del electorado. Ella es abogada, notaria pública y política que fue militante del Partido Popular Cristiano entre 1987 y 2022 aunque ahora pertenece al partido Primero La Gente, una organización política liberal-progresista donde impera ideales como el libre mercado, el feminismo y la identidad de género.

María Pérez estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres y ha participado en elecciones por cargos como congresista en 2006, candidata a Regidora de Lima en 2010 y vicepresidenta de la República en 2011, pero en ninguno quedó. Fue hasta 2011 y 2016 que se convirtió en congresista, entre 2016 y 2017 fue ministra de Justicia y finalmente este año está participando como candidata a la Presidencia.
Crédito: María Soledad Tello Oficial en Facebook

Rosario del Pilar Fernández Bazán del partido Un Camino Diferente llega a la primera vuelta de las elecciones ocupando el puesto número 20 en la lista de las candidatas y candidatos, obteniendo el apoyo del 0.54% del electorado. La poca información de la funcionaria indica que estudió en el Instituto Pedagógico Indoamérica y en la Universidad César Vallejo.

Fue docente en el colegio de Jan Komesky entre 2005 y 2025 cuando fundó el partido Un Camino Diferente.
Crédito: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Finalmente, en la posición número 30 se encuentra la candidata Fiorella Giannina Molinelli Aristondo del partido Fuerza y Libertad quien obtuvo el 0.15% del apoyo del electorado en la primera vuelta de elecciones en Perú. Ella es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha desempeñado cargos como la presidencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, así como directora del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

En 2016 se integró al partido Peruanos Por el Kambio, en 2017 se convirtió en ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en 2018 fue designada como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud enfrentando la crisis del COVID-19.
Crédito: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

3/14/2026

Violencia digital merma auge político de la mujer en América Latina

 

Legisladoras de 20 países de América Latina y el Caribe reunidas en México el pasado agosto durante una conferencia regional de mujeres parlamentarias. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo registra un auge de la participación política de la mujer en la región, y a la vez los obstáculos para su desarrollo asociados con la violencia digital, principalmente con desinformación, acoso y agresiones. Imagen: Congreso de México.- Corresponsal de IPS

NACIONES UNIDAS – La participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe ha aumentado en los últimos 25 años, sobre todo en el poder legislativo, pero ese auge se ha acompañado de más discriminación y violencia, amplificadas y aceleradas por los espacios digitales.

Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) señaló que, a pesar de los avances logrados, la región “aún está lejos de alcanzar la paridad de género”, pues “a medida que creció la participación femenina, también lo hicieron los desafíos que las mujeres enfrentan”.

“Entre las barreras persistentes, la violencia política digital se ha convertido en un obstáculo cada vez más relevante”, destacó el reporte.

En su más reciente GraphForThoug (Gráfico para la reflexión) el Pnud regional registra que en 2024 la región alcanzó la proporción más alta de escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales a nivel mundial, con 36,5 % de escaños.

Ese promedio está por encima del 33,3 % de los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su mayoría naciones industrializadas) y del promedio global, que se ubicó en 27 %.

Ese año, la proporción de mujeres en cortes supremas fue cinco veces mayor que en 1998, al pasar de 5,5 % a 28,2 %. La representación en parlamentos nacionales y concejos municipales también se duplicó durante ese período.

En los gabinetes ministeriales, el porcentaje de mujeres aumentó de 17,1 % a 30,4 %, mientras que algunos espacios locales muestran mayor resistencia al cambio. En 2024, solo 15,9 % de las alcaldías en la región estaban encabezadas por mujeres, lo que convierte a este ámbito en el de menor representación femenina.

Ahora bien, el aumento de la representación ha estado acompañado de mayores niveles de discriminación y violencia política, dinámicas que los espacios digitales han amplificado y acelerado.

El cyberstalking (acoso en línea), la desinformación con sesgo de género, las amenazas y la difusión sin consentimiento de información personal se utilizan para intimidar, desacreditar y silenciar a mujeres en la vida pública, según el reporte.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial (IA) capaces de crear contenidos manipulados altamente realistas, como los deepfakes (falsificaciones), ha reducido los costos y aumentado la velocidad y el alcance de los ataques en línea.

Un análisis de perfiles en redes sociales de mujeres en la vida pública en cinco países de la región encontró que hasta cuatro de cada 10 interacciones dirigidas hacia ellas eran violentas.

El estudio identificó un uso generalizado de lenguaje hostil específicamente dirigido a atacarlas personalmente, mediante insultos y descalificaciones, en lugar de debatir sus ideas o posturas políticas.

Los datos se recopilaron en 2024, año en el que cuatro de los cinco países analizados celebraban elecciones presidenciales, legislativas o locales. En una región altamente polarizada, los ciclos electorales intensifican la violencia en línea contra las mujeres.

En la mayoría de los países analizados, las formas más frecuentes de violencia buscaban socavar la capacidad de las mujeres para desempeñar sus funciones, a menudo mediante ataques vinculados a su afiliación política y participación cívica.

Los mensajes suelen cuestionar su salud mental, ponen en duda que hayan alcanzado sus cargos por mérito propio o descalifican su capacidad intelectual.

Esos ataques pueden desalentar la participación de las mujeres en la política y la vida pública, disuadir a candidatas calificadas y reforzar desigualdades en la representación, apunta el texto del Pnud.

Sin embargo, puntualiza que esta hostilidad no refleja plenamente las percepciones de la ciudadanía en la región.

El reporte cita un estudio de la estadounidense Universidad de Vanderbilt, el cual muestra que, en 2023, solo 26 % de las personas encuestadas en la región estuvo de acuerdo con la afirmación de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, frente a 35 % en 2008.

Aunque la cifra sigue siendo significativa, la disminución sugiere un mayor reconocimiento de que las mujeres tienen las mismas capacidades de liderazgo.

Sostiene el informe del Pnud que las respuestas de política pública deberían reconocer la continuidad en la violencia dentro y fuera de espacios digitales, tratando los ataques en línea como señales tempranas de alerta que requieren prevención, apoyo psicosocial y asistencia legal oportuna.

Afirma que mejorar la detección de contenidos dañinos y fortalecer la sensibilización pública puede contribuir a la prevención y apoyar a las mujeres en la denuncia de abusos.

Y expone que se necesitan marcos regulatorios más sólidos y mecanismos de supervisión independientes para garantizar la rendición de cuentas de las plataformas, junto con cooperación regional para intercambiar buenas prácticas y coordinar acciones.

6/28/2025

Participación política de las mujeres en el mundo. Cómo estamos en 2025

 

.-Ciudad de México.- De acuerdo con ONU Mujeres, la participación y liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública en igualdad son dos ejes fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes del 2030; sin embargo, los datos registrados muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones en el mundo imposibilitando alcanzar la paridad de género en todas sus letras.

Siguiendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una de las metas esperadas dentro de cinco años es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Para ello se establece facilitarles el acceso en diversas áreas como la educación, atención médica, trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, la cual se especifica en el objetivo 5.5.

Asimismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sostiene que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocer el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, siendo la participación equitativa de las mujeres fundamental para un gobierno transparente, responsable y un desarrollo sostenible.

La participación igualitaria de las mujeres en la política y en la toma de decisiones no solo es una cuestión de justicia y democracia, sino una condición para garantizar que los intereses y las necesidades de las mujeres sean consideradas en la formulación de políticas públicas. Sin una representación activa y significativa de la mujer en todos los niveles decisorios, es difícil alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.

Por ello, su integración es un elemento clave, su liderazgo aporta perspectivas nuevas y valiosas que contribuyen a un gobierno más inclusivo y afectivo. En cambio, su ausencia limita la capacidad de las políticas para abordad temas específicos de género y para promover un desarrollo equitativo que beneficie a la población.

Pese al avance democrático en muchos países, las mujeres siguen estando subrepresentadas en casi todos los niveles de gobierno, especialmente encargos ejecutivos y legislativos. Las estructuras partidistas tradicionales y las y las prácticas discriminatorias continúan siendo grandes barreras. A esto se suman factores como la sobrecarga de responsabilidades domésticas, el costo económico de las campañas políticas y la persistencia de estereotipos sociales, lo que desincentiva a muchas mujeres a participar en espacios políticos.

Participación política de mujeres en cifras

Alcanzar la participación política equitativa de mujeres

Para la ONU Mujeres, la meta que los Estados tienen con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing al alcanzar la participación equitativa entre mujeres y hombres continúa siendo una deuda pendiente en la mayoría de los países, donde persisten desigualdades estructurales que impiden a las mujeres acceder en igualdad de condiciones a los cargos de liderazgo.

Sin embargo, el establecimiento de cuotas de género ha sido solo un paso para impulsar avances. Por ejemplo, en aquellos países donde han impulsado esta medida, la representación femenina en los parlamentos nacionales y gobiernos locales ha superado en cinco y siete puntos porcentuales, respectivamente, a la de los países que no han implementado este tipo de medidas. Esto, para ONU Mujeres, demuestra que las políticas afirmativas no solo son necesarias, sino efectivas para cerrar brechas de representación.

Cada vez hay más evidencia que respalda los beneficios concretos de contar con mujeres en posiciones de liderazgo político. Estudios realizados en India revelan que los consejos locales encabezados por mujeres gestionaron un 62 % más de proyectos de abastecimiento de agua potable que aquellos dirigidos por hombres. En Noruega, la presencia de mujeres en consejos municipales se ha vinculado directamente con un mayor acceso a servicios de atención infantil, mostrando cómo la inclusión femenina mejora la respuesta institucional a las necesidades sociales.

Además, las mujeres que acceden a espacios políticos tienden a colaborar más allá de líneas partidistas, formando bloques parlamentarios que impulsan leyes clave para la igualdad de género. Su liderazgo se ha enfocado en temas como la prevención de la violencia de género, los derechos laborales vinculados a la maternidad y el cuidado, las reformas al sistema de pensiones, y la promoción de marcos legales que garanticen la equidad. En escenarios políticos complejos, estas acciones demuestran que la presencia de mujeres transforma las prioridades políticas y promueve una agenda más inclusiva.

Participación política de mujeres en 2025


11/30/2024

A pesar de la paridad, mujeres aún no rompen techo electoral


.-Los avances en la paridad política en México no han eliminado las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al poder.

La violencia de género y los estereotipos mediáticos invisibilizan sus propuestas; además, las estructuras de poder continúan controladas por hombres, dificultando su acceso al ámbito político.

Ciudad de México.- “Parece que las mujeres solo somos usadas como comodines para cumplir con las cuotas de género”, afirma Daniela Garduño, ex candidata a la alcaldía de Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, sus palabras denuncian la frustración de muchas mujeres que, pese a los avances en la paridad siguen topándose con un techo de cristal difícil de romper.

A pesar de que en el proceso electoral 2023-2024, por primera vez el nombre de dos mujeres se publicó en las boletas para la contienda presidencial y una de ellas se convirtiera en presidenta, la verdadera representación aún parece distante.

Las mujeres siguen topándose con un techo de cristal, un concepto que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se refiere a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional.

Y uno de los principales obstáculos para romper ese techo es la violencia política en razón de género, que son todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

De modo que en México, las mujeres en la política deben lidiar con un ambiente hostil en un contexto de campaña que suele ser invisibilizado o minimizado. Por ejemplo, Daniela Garduño recuerda que desde el inicio de su contienda, enfrentó múltiples intentos de control por parte del equipo de su contrincante.

“El hermano de mi adversario intentó controlar todo, desde los recursos económicos hasta la agenda y la casa de campaña”, narra Garduño, quien se negó a ceder ante las presiones. Sin embargo, su negativa solo provocó que las agresiones aumentaran.

Uno de los episodios más graves durante su campaña ocurrió cuando su oponente la llevó a alta velocidad por el Periférico mientras la presionaba para aceptar sus condiciones. “Iba manejando y me gritaba para que aceptara sus condiciones, pero nunca perdí la fortaleza”, cuenta Garduño, en entrevista.

La candidata comparó este episodio con la violencia que ejercen las parejas abusivas, destacando la diferencia de percepción entre un acto de violencia en el ámbito privado y uno en el ámbito político: “Si esto sucediera con una pareja violenta, que ya te ha hecho violencia verbal, psicológica, que te sube a un coche a gran velocidad gritándote, sería tentativa de feminicidio”.

Garduño presentó una denuncia por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero su caso fue ignorado durante meses. “Estuvieron a punto de no recibírmela. Era como si quisieran hacerme creer que ya estaba resuelto sin siquiera escucharlo”.

Los medios, otro obstáculo

El framing o encuadre mediático es otra forma de violencia de género que enfrentan las candidatas, y afecta la percepción pública sobre la capacidad de las mujeres para liderar, debido a que muchos medios de comunicación siguen representando a las candidatas bajo estereotipos, en lugar de centrarse en sus propuestas.

Uno de los ejemplos más evidentes de este tipo de violencia es la cobertura mediática de la campaña de Josefina Vázquez Mota, una de las primeras mujeres en competir por la presidencia de México, en 2012, que estuvo marcada por un tono sexista y priorizó aspectos personales.

Camila Martínez, una joven ex candidata a diputada local por Morena en la CDMX, describe cómo los medios de comunicación reducen la imagen de las candidatas a tres estereotipos: la “ama de casa”, la “mujer deseo” o la “supermujer”. Mencionó que aún persisten trabas, especialmente en ciertos medios y en redes sociales, donde las agresiones por cuestiones físicas son comunes. «Siempre me ha tocado como a muchas mujeres […] que si estás muy flaca, que si estás muy gorda, que si sonríes de tal o cual manera».

Además, considera que las candidatas están sujetas a una especie de vigilancia moral. Al tocar puertas en las brigadas, mencionó que debía mantener cierta «distancia con los vecinos» debido a comentarios o ademanes machistas.

Este intento de adaptar su comportamiento para cumplir con expectativas de “seriedad” también es una forma de violencia simbólica, que impone un desgaste mental y emocional en las candidatas al no poder mostrarse de manera genuina.

Camila Martínez, ex candidata a diputada local por Morena en la CDMX
Fotografía de su galería personal

Otro obstáculo clave es la falta de cobertura mediática, Daniela Garduño asegura que, a diferencia de sus contrincantes hombres, recibió una cobertura mínima y que el foco se concentró en aspectos poco relevantes para su campaña. “No te ponen a ti como persona de relevancia, sino como ‘la denunciante’”, comenta en referencia a la denuncia de violencia política que presentó, más que en sus propuestas y capacidades.

Daniela Garduño, ex candidata a la alcaldía de Magdalena Contreras
Fotografía realizada por Amérika Moreschi

Para Adriana Dávila, ex candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la batalla no es solo en los medios, sino también al interior de los partidos. A pesar de que la paridad numérica en candidaturas es una realidad, Dávila observa que la cultura de poder en los partidos sigue siendo controlada por los hombres.

“Las mujeres tardamos mucho en visibilizarnos. A pesar de nuestros esfuerzos, siempre tenemos que estar comprobando que podemos hacerlo”, asegura.

Dávila también resalta la dificultad de obtener apoyo público. “A las mujeres nos cuesta todo, desde conseguir recursos hasta recibir apoyos públicos. Muchos te dicen en privado que te respaldan, pero el apoyo visible es raro”. Bajo su experiencia, la falta de visibilidad no es una cuestión de habilidad, sino de percepción y sesgo cultural, que hacen ver a las mujeres como menos confiables, preparadas o capaces de asumir puestos de liderazgo.

Adriana Dávila, ex candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN
Fotografía realizada por Mauricio Plácido.

Si bien los avances en paridad de género en México han permitido la inclusión de más mujeres en la política, este progreso aún tiene múltiples obstáculos y maneras de burlar al sistema, como lo recuerda la académica Marcela Quintanilla, cuando en el proceso electoral de 2015, los partidos recurrieron a la estrategia de las “Juanitas”: mujeres postuladas solo para cumplir con las cuotas de género y que, tras ser electas, cedían su lugar a sus suplentes varones. Esto provocó cambios en la legislación que fortalecieron las políticas de paridad, las cuales, aunque todavía imperfectas, han marcado un paso importante hacia una mayor igualdad en la política.

* Este trabajo fue primer lugar en la Segunda Edición del Concurso Universitario con Perspectiva de Género, convocado por Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) y CIMAC Radio

10/19/2024

En aniversario 71 del voto de mexicanas, Frente Feminista Nacional, presenta «Los irrenunciables feministas»

Para responderlo, el Frente Feminista Nacional se dio cita en el marco del sufragio femenino para exigir el diálogo con la presidenta y que el documento Los irrenunciables feministas, sea pináculo en las políticas públicas.

Los Irrevocables Feministas, pueden formar una parte crucial para producir la transformación a nivel federal, pero para consagrarlo, urge que los tres poderes de la unión abran sus puertas a las colectivas, a las mujeres periodistas, a las defensoras de territorio, a las madres buscadoras y a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio; hablar de que «Llegamos todas» sólo será una realidad palpable cuando la voz de las mujeres sea tomada en cuenta en la construcción de políticas públicas de seguridad, en las legislaciones y en la transformación del paradigma Judicial donde el feminismo no ha logrado permear con éxito.

Las conclusiones son concretas, el camino por los derechos políticos y electorales aún no están blindados, pues no basta con lograr la paridad si hace falta un componente transformador: La voluntad política.

El FFN, ataja en conferencia de prensa que aunque se haya logrado la paridad en las zonas urbanas y conurbadas, aún existen municipios donde las mujeres no tienen injerencia en la toma de decisiones, por ello, la colectiva comparte algunos aspectos importantes de la agenda feminista abolicionista que Claudia Sheinbaum no debería dejar de lado y que se condensan en Los irrenunciables feministas; un conjunto de exigencias que ha sido entregado a diferentes personas legisladoras e instituciones de 18 entidades; ninguna entidad ha respondido a este llamado colectivo.

https://www.gob.mx/inafed/articulos/conmemoramos-que-hace-62-anos-las-mujeres-mexicanas-emiten-su-voto-por-primera-vez-en-elecciones-federales

Realizar un mapeo de todas las necesidades y de las deudas que tiene el Estado mexicano con las niñas, mujeres y adultas mayores resulta demasiado extenso para desglosarlo, pero Lula García de la colectiva, refiere algunos de los ejes principales que la presidenta debe atender si la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia se ha colocado al centro de su política.

Entre las primeros apuntes se refiere la necesidad de que los planes sectoriales sean construidos con visión feminista para que el desarrollo permita reconocer las desigualdades y desventajas reales que viven las mujeres y qué mejor, que estos planes sean aplicados en una educación que no reproduzca estereotipos sexistas, que promuevan el trabajo digno, blinde a mujeres del acoso sexual y de la brecha salarial.

Asimismo, resulta urgente que se promueva la cultura de la igualdad en todas las dependencias federales y se incida en las gubernaturas estatales; las y los servidores públicos deben contar una homogeneización de posturas políticas anti patriarcales y en pro de la igualdad.

En un panorama focalizado, Lula García explica que atender las causas del Cáncer de Mama (CaMa) y Cervicouterino (CaCu), así como la prevención y el acceso oportuno a la salud debe ser una de las prioridades de Sheinbaum; no habrá Tiempo de Mujeres si existe negligencia por parte del Estado en materia de salud y si se continúa perpetuando la responsabilización del cáncer sobre las mujeres bajo el escudo de no haberlo prevenido a tiempo.

Sobre esta línea, por supuesto, la discusión también continúa con los pendientes en derechos sexuales y reproductivos, recordando que no todas las mujeres acceden a este derecho, que otras entidades mantienen vigente la punibilidad del delito de aborto y en otras más, la legislación ha quedado congelada.

«Necesitamos claridad en la salud, pues resulta necesario para confirmar que sí, que llegamos todas», refiere Lula García.

En este primer acercamiento a los pendientes políticos de esta agenda de las mujeres, el Frente Feminista Nacional refirió su preocupación porque los cuerpos militares ocupen funciones de carácter civil y con ello, se infiera el incremento de agresiones sexuales, el desplazamiento forzado –como el que atraviesa a Chiapas– y el peligro que corren las madres buscadoras tras la desaparición de sus seres queridos a manos del Ejército.


«El feminismo es transgresor y transformador, no hacemos las guerras, por eso, no estamos de acuerdo que el ejercito esté en las calles, nos importa que las mujeres tengan seguridad pública, que no seamos víctimas de desplazamiento, violación, abuso, salir a buscar a nuestros familiares, porque las autoridades no son capaces de garantizar la seguridad porque no tienen la capacidad de dar justicia.»

Los irrenunciables: ¿Cuáles son las demandas del Frente Feminista Nacional?

Alma Margarita Oceguera del FFN, apuntando a que la organización defenderá un abolicionismo transparente, de diálogo y no de odio, uno en el que las mujeres gocen de la libertad de su territorio y donde la violencia patriarcal nunca más aceche a las niñas, mujeres y adultas mayores de México.

En este sentido, se nombró el compromiso número 4 de 100 que hizo Sheinbaum durante su toma de protesta; en este punto, la presidenta reafirmó que garantizaría la libertad de todas las personas y que la libertad, será su principio democrático.

Así, se consolida un conjunto de prioridades que Claudia Sheinbaum Pardo no debe postergar más, según considera el Frente Feminista Nacional:

Por una vida libre de violencia, el Estado debe tomar medidas más tajantes en contra de la venta de niñas para el matrimonio, una práctica que no ha sido erradicada y que coloca a las niñas como objeto comercial entre familias, además, encauza a la trata con fines de explotación sexual como en Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco. México ocupa los primeros lugares en distribución y producción de pornografía infantil con un incremento de 118% de 2021 a 2022.

No considerar el trabajo sexual como uno elegido pues atenta contra la libertad de las mujeres exponiéndolas a situaciones de violencia, asimismo, quienes se benefician de esta explotación, son tratantes y autoridades corruptas.

El Secretariado Ejecutivo, registró en 2023, 3 mil 439 mujeres víctimas de feminicidio u homicidio doloso, pero solo 848, un 25% fueron investigados como feminicidio, cabe señalar que la reforma judicial no incluye atender las fallas estructurales en las fiscalías y el ministerio público que son el punto de partido de esta.

Proponemos que se considere suficiente la denuncia para que ningún agresor o deudor llegue al poder en cargos públicos, que sea norma nacional y que no exista como requisito una sentencia para poder aplicar la Ley 3 de 3.

Denunciamos el alquiler de vientres, pues atenta contra los derechos y los convierte en un negocio con ganancias de 300 billones de dólares según se proyecta en los años 2023 a 2031.

El poder ejecutivo debe cumplir con la progresividad en materia de los derechos sexuales y reproductivos, se deben garantizar los derechos de las mujeres y sancionar a quien obtenga lucro de la reproducción

Por su parte, las Alertas por Violencia de Género, es un proceso «verdaderamente doloroso» desde que iniciaron en 2015 y desde entonces, están verdaderamente rezagados a causa de la falta de voluntad política, por eso, el frente plantea la necesidad de llevar a cabo una estrategia única donde la violencia contra las mujeres sea una prioridad nacional.

En materia de presupuesto, el Anexo 13, conquista feminista que tenía como meta disminuir las desigualdades ha perdido su objetivo original ya que ahora incluye programas asistenciales como las pensiones del bienestar que aunque benefician, no resuelven las causas de la desigualdad, en contraste, los programas para atender los programas no cuentan con presupuestos suficientes.

La Ley Oropéndola congelada desde principios de septiembre

Carolina Ramírez, de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México y del Frente Nacional Feminista es una de las impulsoras de la Ley Oropéndola, un conjunto de reformas y modificaciones al Código Nacional de Procedimientos de la Ley de Ejecución Penal, que busca legislar la tentativa de feminicidio a modo de que sea punible, sin embargo, esta iniciativa ha quedado congelada desde hace un mes y la colectiva denuncia «parece ser que tienen cosas más importantes qué hacer«.

«En nuestra experiencia es casi imposible llegar a la justicia cuando somos víctimas de una tentativa de feminicidio, es decir, cuando nos intentan matar y no lo logran cometer.

Todos los delitos tienen una tentativa, por ende, también el feminicidio, pero es muy difícil acceder a esto, las fiscalías y el poder judicial es indolente, por eso, hacemos estas propuestas, que se aprobaron por unanimidad y se enviaron al senado, pero ha quedado congelada.»

Entre las demandas se encuentra la prisión preventiva oficiosa como un imperativo para los agresores y no que quede a criterio de una jueza o juez sin una perspectiva de género suficiente para tomar esta decisión; decisión que puede marcar la diferencia entre un feminicidio y la prevención del mismo.

Asimismo, la ley demanda que el dicho de las víctimas sea considerado tan importante como cualquier otra prueba presentada. Aunado a esto, la colectiva exige que en el delito de tentativa se consideren los agravantes del delito y no sólo como una «parte del feminicidio»; que se consideren los distintos tipos de violencia y subordinación para lograr una punibilidad ejemplar en contra de los agresores.

Finalmente, se demanda la reparación integral de las sobrevivientes de feminicidio, pues de acuerdo con Carolina Ramírez, lo que reciben por parte del Estado es apenas una parte mínima de todo lo que deben de atravesar; esto incluye operaciones por lesiones, salud emocional, perdida del trabajo, perdida del entorno familiar y la lucha por recuperar una vida normal.

7 décadas para que una mujer fuera presidenta. 71 aniversario del derecho al voto de mexicanas

.-Ciudad de México.- En México el derecho al voto de las mujeres se conmemora cada 17 de octubre, desde su aprobación en 1953, cuando se reconoció que ellas podían votar a nivel federal, pero también participar para ser elegidas como candidatas a un puesto popular y debieron pasar 71 años de este acontecimiento para que una mujer ocupara la presidencia del país.

en estas siete décadas únicamente siete mujeres quien habían sido candidatas a la presidencia de la República Mexicana, hasta que Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz registraron su candidatura, ellas son: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo Otero, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez.

La lucha del sufragio femenino comenzó principalmente en el siglo XIX en diferentes países, con el objetivo de buscar el derecho a la ciudadanía. Y fue durante el siglo XX cuando aproximadamente 84 naciones lo aprobaron, asegura Georgina Cárdenas Acosta, académica de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Fotos: https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agnrecuerda-el-dia-en-que-las-mujeres-votaron-por-primera-vez

El acceso a este derecho en México, destaca María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tuvo un momento previo al año de 1953, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, en el cual en la Cámara de Diputados y en el Senado comenzó a reconocerse el derecho al voto de las mujeres. No obstante, Cárdenas decidió no promulgar la reforma al artículo 34 de la Constitución.

¿Por qué se les negaba?

Marván Laborde explica que algunos miembros de partidos políticos, como los del Partido Acción Nacional (PAN), decían que no era útil reconocer el derecho al voto de las mujeres porque si sus esposos o sus padres votaban, entonces se asumía que todas las familias optaban por un mismo partido.

En 1947 se otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente a nivel municipal porque había el temor de que en México la fuerza conservadora rigiera sus votos y también se creía que no tenían autonomía porque estaban influenciadas por la religión debido a su supuesta cercanía con la Iglesia, comenta Cárdenas Acosta.

“El 12 de febrero de 1947 se consigna en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, y es hasta el 17 de octubre de 1953 –en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines– cuando se estableció como un sufragio universal. Para lograrlo se necesitó la intervención de muchas mujeres que desde el sexenio de Cárdenas solicitaban su derecho al voto”, añade.

La idea del sufragio femenino comenzó a germinar en México desde el siglo XX, cuando las mujeres formaban parte activa de los proyectos políticos posrevolucionarios. “Se preguntaban cómo a pesar de sus contribuciones continuaban sin tener derechos iguales a los de sus compañeros hombres”, precisa Amneris Chaparro Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), de la UNAM.

“En ese sentido el feminismo es clave para la articulación y lucha política de estas demandas, así como para la forma en que las mujeres crean un proyecto político común que lleva a la consecución de derechos políticos.”

FOTOGRAFÍA: Archivo General de la Nación.

Después de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas existió una resistencia ideológica regida por los estereotipos de género. Cárdenas Acosta apunta que el clima era adverso hacia este tipo de participaciones porque la legislación no se acompañó por una política pública que desarrollara estrategias de sensibilización o que incentivaran su incidencia en puestos.

“A pesar de que las mujeres adquirieron el derecho al sufragio, esto no garantizó su acceso pleno a los espacios de toma de decisiones. Por un lado, nos encontramos con discursos que promueven la igualdad y la inclusión, que coexisten con una arraigada cultura política patriarcal, la cual presenta numerosas resistencias, especialmente en el ámbito político, y requiere de numerosas reformas legales para establecer el principio de paridad y garantizar su cumplimiento”, sostiene.

Entonces, ¿por qué si en la legislación se estipulaba el sufragio femenino en la práctica se continuaba relegando a las mujeres de la política? La académica refiere que se debe a la configuración masculina del poder, que estaba en discrepancia entre lo que establece la legislación y la persistencia de la subrepresentación de las mujeres. Si ellas accedían a este sistema –constituido para que los hombres accedieran fácilmente a puestos de poder– sería a cuentagotas.

Por su parte la investigadora Amneris Chaparro Martínez también observa que la dificultad que históricamente han tenido las mujeres para acceder al poder político se debe al sexismo y a la misoginia. “Por una parte hay una serie de creencias sin fundamento en las que se determina que las mujeres son más débiles y menos capaces intelectualmente que los hombres”.

Además aclara que “la misoginia reprueba y persigue sistemáticamente a las mujeres sólo por su condición de género. Muchas veces sus cuerpos, ideas, vidas sexuales, así como personales están bajo un enorme escrutinio. Y este tipo de acciones de violencia en contra de ellas en el espacio público sirven como un constante recordatorio de que no está hecho para nosotras”.

FOTOGRAFÍA: Archivo General de la Nación.

¿Qué se ha logrado?

Marván Laborde considera que en un inicio se establecieron cuotas como sugerencia, en el año 2000 ya eran una obligación y desde el año 2014 se cuenta con paridad de género en las elecciones, ejemplifica. En este sentido, Cárdenas Acosta resaltó que al principio las acciones afirmativas, como la cuota de género, eran recomendaciones que ningún partido efectuaba, por lo que se tuvo que cambiar nuevamente la legislación para obligar a que se llevara a cabo.

“Si revisamos el número de mujeres que están en cargos públicos, tanto de elección popular como de no elección popular, veremos que evidentemente hay una diferencia fundamental entre lo que sucedía en nuestro país hace 70 años y en la actualidad. Se ha obligado a los partidos a postular el 50 % de candidatas mujeres y el otro 50 % de hombres a cargos de elección popular”, analiza la investigadora.

Cifras estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que en el 2014 el Congreso de la Unión estaba representado por 254 mujeres y 374 hombres mientras que en la actualidad las cifras apuntan que hay un congreso paritario, pues el 50 % lo representan mujeres y el otro 50 % son varones. Además las diputaciones locales en aquel año estaban representadas por el 26 % de ellas y ahora son el 54 %. De igual manera, en ese año habían 7 % de alcaldesas y presidentas municipales y actualmente suman el 29 %.

De acuerdo con María Marván lo que está sucediendo en México es un avance cualitativo por encima de muchas naciones, inclusive europeas, así como de Estados Unidos, en donde las mujeres están accediendo a cargos de representación popular, a pesar de que en nuestro país, hasta ahora, ninguna mujer ha ganado la presidencia.

Sin embargo, llegar a este avance cualitativo fue dificultado por constantes artimañas por parte de partidos políticos que menospreciaban el liderazgo femenino. Por ejemplo, Cárdenas Acosta menciona que la paridad simulada, término que acuñó Araceli Burguete Cal y Mayor, consistía en darles candidaturas a ellas y después de ganar las elecciones quienes realmente ejercían el puesto eran los hombres.

“Desarrollaron una estrategia que consistía en otorgarle a las mujeres puestos de titulares y a los hombres los asignaban como suplentes, para que en el momento en el que ellas dejaran esos cargos, los varones pudieran ejercerlos. Peyorativamente se les llamaba ‘Juanitas’ a aquellas mujeres que renunciaban para que ellos tomaran las decisiones y cobraran sus sueldos.”

La especialista en Sociología asegura que la ley se ha adaptado de acuerdo con los fenómenos que se han dado con el paso de los años, para garantizar el derecho de las mujeres a su participación política.

Hoy vemos cómo los últimos presidentes de México han buscado activamente incluir mujeres en su gabinete, porque saben que el costo social de no hacerlo es muy alto. En la gran mayoría de los casos las han encontrado capaces, porque ya nadie se compra el argumento “de nosotros quisiéramos proponerlas, pero de dónde las sacamos”. Es evidente que no sólo ya no funciona, sino que es castigado por la sociedad, concluye María Marván.

Fenómeno mundial

El primer país en autorizar el voto femenino a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda en 1893; Finlandia permitió a las mujeres ser elegidas al Parlamento en 1906. Noruega concedió que las mujeres pudieran votar en 1913; Dinamarca (1915); Unión Soviética (1917); Reino Unido, Austria, Estonia y Polonia (1918); Alemania, Luxemburgo, Suecia y África (1919); República Checa, Eslovaquia y Estados Unidos, pero en éste último únicamente se consiguió para las mujeres de raza blanca, en 1920; las afroamericanas pudieron hacerlo tras la declaración de la Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles), la cual se dio en 1965; España (1931). En América Latina, Uruguay fue el primer país en permitir este derecho en 1927; por mencionar algunas naciones.

8/24/2024

Ley regresiva debilita derechos políticos de las mujeres en Perú

En el 2026 se realizarán en Perú las elecciones generales para renovar la presidencia, el parlamento, las gobernaciones, las alcaldías y otros poderes regionales y municipales. En ellas las mujeres tendrán su participación y representación política recortadas, por varias reformas legislativas. En la imagen, una mujer campesina votando en una localidad rural del departamento andino de Puno. Imagen: Wálter Hupiú / IPS

LIMA – Apenas 68 años pasaron desde que en 1956 las mujeres sufragaron por primera vez en Perú, más tarde que en la mayoría de países sudamericanos. Ahora, adentrado el siglo XXI, los derechos políticos de las peruanas se vuelven a rezagar con las contrarreformas del Congreso legislativo.

Este poder del Estado aprobó modificaciones a dos normas electorales, que eliminan la alternancia en la plancha presidencial y la paridad horizontal en las listas de las candidaturas regionales y municipales.

La presidenta interina Dina Boluarte pudo establecer observaciones a la reforma, pero no lo hizo, desoyendo pedidos de variados sectores, como el Jurado Nacional de Elecciones, el tribunal comicial del país, y organizaciones de sociedad civil, en particular las feministas.

La Ley 32058 se publicó el 14 de junio y regirá en todas las próximas elecciones de 2026.

“Hemos procurado que el ejercicio en política de las mujeres se naturalice y luchado por lograr estos avances, para que ahora se vengan abajo. Con esta contrarreforma muchas que son militantes se sentirán desalentadas”: Kelly Flores.

“Estas decisiones del Congreso, que tiene un pacto corrupto con el Ejecutivo, afectan la democracia y la institucionalidad en nuestro país”, indicó a IPS la consejera regional Kelly Flores, presidenta de la Red de Mujeres Autoridades de la Región Junín, quien desde muy joven es muy activa políticamente.

Flores, de 34 años, anticipó que tendrá un impacto negativo para la participación de las mujeres en la política, en una entrevista desde la ciudad de Huancayo, capital del departamento Junín, ubicado en la zona central del Perú con territorios andinos y amazónicos, y con una población de cerca de 1,4 millones de habitantes.

“Hemos procurado que el ejercicio en política de las mujeres se naturalice y luchado por lograr estos avances, para que ahora se vengan abajo. Con esta contrarreforma muchas que son militantes se sentirán desalentadas porque saben que a nivel de los partidos no se suelen manejar democráticamente las decisiones internas”, afirmó.

La trabajadora social y política peruana Kelly Flores muestra un mapa del 
 departamento de Junín, en el centro de Perú. Ella resultó electa en 2022
 como consejera regional de esa región y deplora las reformas legislativas
 que han eliminado la paridad y alternancia de género en las elecciones,
 lo que perjudicará la participación de las mujeres en los comicios generales 
de 2026. Imagen: Cortesía de Kelly Flores

Una larga lucha

Tras vencer prejuicios de género las peruanas lograron el derecho al voto en 1955 y lo ejercieron al año siguiente, pero solo las solteras alfabetizadas de más de 21 años y las casadas con más de 18.

Fue la Constitución de 1979 la que consagró el sufragio universal, pero pese a ser la mitad de la población, actualmente de 33 millones de personas, y algo más de la mitad del padrón electoral, las mujeres siguieron subrepresentadas.

La lucha de organizaciones feministas impulsó la aprobación en 1997 de la cuota de género en el sistema electoral para mejorar la participación política femenina.

Esa experiencia demostró que las mujeres eran colocadas en los últimos lugares de las listas, como “relleno”, limitando en extremo sus oportunidades de elección, lo que motivó la demanda de paridad y alternancia en la conformación de las listas electorales. La norma en ese sentido se aprobó el 2020 y se aplicó desde las elecciones generales de 2021 las regionales y municipales de 2022.

Resultaron elegidas dos gobernadoras (8 %), pero el porcentaje de vice gobernadoras fue de 92 % (23 de 25) y de consejeras regionales 28 % (96 de 342). Cifras nunca antes registradas que se obtuvieron gracias a  la ley de paridad y alternancia.

Flores es consejera regional (legisladora y fiscalizadora) de Junín por el Movimiento Sierra y Selva y sabe lo desafiante que es para las mujeres hacer política y “más aun para las que son quechuahablantes, de zonas rurales, porque nuestro país sigue con un sistema patriarcal que nos quiere encasillar en lo doméstico”.

Trabajadora social de profesión, es una apasionada de la política desde los 17 años. Madre de una hija ya adolescente y de dos niños, contó con el apoyo de su pareja y de su familia para seguir adelante con sus estudios y vocación política, en la que siente la responsabilidad de que las mujeres cuenten con referentes en espacios de poder.

Lamentó que la mala imagen de la presidenta Boluarte, con solo 6 % de aprobación según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), esté causando un daño colateral a las mujeres que participan en política, pues la mandataria es vista como “un títere del fujimorismo”, sin capacidad de gobernar.

Protesta de mujeres peruanas el 16 de agosto, ante la prevista fusión del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, frente a la sede del primero, en el centro de Lima. Imagen: Mariela Jara / IPS

Boluarte cumple desde el 7 de diciembre de 2022 el mandato del izquierdista Pedro Castillo, de quien era su vicepresidenta desde julio de 2021. El maestro rural fue destituido y detenido por “permanente incapacidad moral”, en un confuso episodio en que se le acusó de intento de autogolpe, horas después su destitución por el Congreso.

La mayor bancada del Congreso es Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, heredera de Alberto Fujimori, quien gobernó de forma autoritaria el país entre 1990 y 2000 y ha sido condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad.

Flores destacó el hecho de que actualmente en Perú, del total de la militancia en los partidos políticos, 48 % está conformado por mujeres.

“La participación existe, falta que estén en las cabezas de listas para que tengan la posibilidad de ser elegidas en las mismas condiciones que los hombres. Eso no va a ser posible con los retrocesos en el Congreso y lo vamos a ver en unas semanas cuando se empiecen a vocear las precandidaturas para las próximas elecciones”, alertó.

Remarcó que “con esas reglas de juego no podemos hablar de democracia”, tras dejar claro que esta situación la desafía más porque “para mí continuar en política y seguir dando la lucha por un país mejor con igualdad de derechos es un deber, no podemos estar en la tribuna o entre lamentos”.

Cecilia Olea, del feminista Centro Flora Tristán, durante una exposición en la 
 Universidad Nacional de San Martín, en Tarapoto, en la selva central del Perú. 
Considera que los retrocesos en la participación política de las mujeres peruanas
 se producen en un contexto autoritario, fundamentalista y conservador de la 
política interna. Imagen: Mariela Jara / IPS

Un contexto preocupante

En abril del 2026 se realizarán elecciones generales para renovar la presidencia y el Congreso, que será bicameral, tras la aprobación este año de la reposición del Senado, pese a que en diciembre de 2018 un referendo sobre esa propuesta tuvo un amplio rechazo.

Algo que no tuvo en cuenta el Congreso, controlado por una anómala alianza que sostiene a Boluarte, de fuerzas de derecha y extrema derecha encabezadas por el fujimorismo, de izquierda culturalmente conservadora de Perú Libre, el partido de Castillo, y grupos de militares retirados e iglesias evangélicas.

Es un Congreso que acumula un rechazo masivo de la población, que según la última  encuesta de IEP alcanza a 91 % de los entrevistados.

También el 2026 se celebrarán los comicios para elegir a quienes gobernarán los 25 departamentos, así como los municipios de las 196 provincias y 1682 distritos (municipios autónomos).

Las listas para la presidencia carecerán de alternancia, es decir que la mujer que integre la plancha de tres integrantes puede quedar relegada a la segunda vicepresidencia.

En el caso de las listas regionales y municipales, estarán conformadas por ambos géneros, pero no se les ubicará de forma intercalada, lo que hace temer que las mujeres volverán a los últimos puestos.

“Esto es parte del momento autoritario, fundamentalista y conservador en que estamos. Es un triunvirato de tres tipos de práctica de concepción del mundo que ha llevado a ir retrocediendo en todo lo relativo a políticas de género y de ambiente”, declaró a IPS Cecilia Olea, responsable del Programa de Participación Política y Descentralización del feminista Centro Flora Tristán.

Entre los retrocesos sumó el plan del gobierno de fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), ente rector de las políticas de igualdad de género, con el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social.

El viernes 16 numerosas organizaciones participaron en una protesta ante la sede del Mimp, en el centro de Lima, en rechazo a la propuesta.

Olea dijo que los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la imagen “carroñera del Estado” porque no prima un proyecto político sino el interés de sacar provecho individual.

“Desmantelan todo lo construido con mucha perseverancia en este gran proceso que hemos llamado la transición democrática para destruir cualquier posibilidad de seguimiento de parte de la ciudadanía y por tanto de investigación a lo que hacen”, agregó.

Relacionó el recorte a los derechos políticos de las mujeres con la intención del Congreso de eliminar a los movimientos regionales, para lo cual ya hubo una primera votación a favor en el mes de junio, que, de ser ratificada en el periodo iniciado en julio, será parte de las reglas electorales de 2026.

La propuesta, que modifica el artículo 35 de la Constitución y demanda votaciones favorables en dos periodos consecutivos, plantea que las opciones del electorado sean solo las de los partidos políticos nacionales, eliminando de un plumazo el rico desarrollo político regional y, justamente, aquel donde más presencia hay de mujeres.

“Las organizaciones de regiones son las que han dado mayor posibilidad a las mujeres para ejercer política, de que estén en cargos de toma de decisiones, pero si las eliminan se perderán estos espacios de representación de la ciudadanía y se reforzará el centralismo”, cuestionó Flores.

En el 2026 se espera que cerca de 13 millones de mujeres, poco más de 50 % del padrón electoral, participen en los comicios presidenciales, legislativos, regionales y municipales.