Después de esta declaración, este 4 de febrero, el Gobierno de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un dictamen emitido en 2017 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), donde se recomendó al Estado mexicano reanudar la investigación del asesinato de Pilar y garantizar justicia a las víctimas de feminicidio.
La publicación del dictamen es parte de las recomendaciones del Comité CEDAW, pero en opinión de la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, quien acompaña legalmente a la familia de Pilar, la difusión también esclarece la confusión del Gobierno del Estado de Veracruz respecto a qué implica cumplir una recomendación de un organismo internacional.
Después de que en 2017 el Comité emitió su recomendación, las autoridades de Veracruz reabrieron el caso por el asesinato de Pilar Arguello Trujillo, de 20 años de edad; y el gobierno federal organizó mesas de trabajo con la familia de la joven, sus abogados y representantes del gobierno estatal para revisar los avances.
El 1 de diciembre la familia de la joven y sus abogadas se reunieron con la titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, para conocer cómo va la investigación y sanción al personal involucrado en el proceso penal en donde se liberó a la persona señalada como responsable.
El probable responsable de la muerte de Pilar era menor de edad al momento de los hechos, pero en 2012 confesó haberla privado de la vida; aún así, dos meses después fue absuelto por una jueza interina en la etapa de juicio del Juzgado de Menores. Es por eso los padres de la joven han pedido al Poder Judicial investigar y sancionar a la jueza que lo liberó.
Sin embargo, durante la reunión con la magistrada Romero Cruz, la señora Reyna Trujillo Reyes y el señor Pedro Argüello Morales fueron violentados y revictimizados: los hizo esperar y no los escuchó; cuando hablaron fueron interrumpidos y recibieron un trato agresivo, despectivo y clasista. La magistrada les dijo que ella “no podía garantizar justicia terrenal”, pero que esperaran “justicia divina”.
Ante esto Equifonía organizó una conferencia de prensa donde expuso que lo ocurrido fue un hecho grave debido a que se trata de una respuesta lamentable por parte de una representante del Estado mexicano ante las recomendaciones del Comité CEDAW, que buscan justicia para una víctima de feminicidio.
La organización inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (expediente 492/2021) por este trato y el pasado 7 de diciembre solicitó una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para conocer cómo se ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW.
En 2014 Equifonía, en nombre de Reyna Trujillo Reyes y Pedro Arguello Morales, presentó el caso ante el Comité CEDAW. Se trata del primer caso de feminicidio individual de México en el Comité CEDAW. El 21 de julio de 2017 el Comité aceptó el caso bajo el número de Comunicación 75/2014 y emitió un dictamen con recomendaciones al Estado Mexicano.
Estas recomendaciones incluyen medidas específicas para garantizar justicia a la familia de Pilar y para atender las condiciones estructurales que limitan o niegan el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio, como garantizar apoyo legal y a todas las garantías de protección a los familiares de las mujeres fallecidas como consecuencia de actos de violencia por razón de género
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