PRI-PAN, mancuerna indisoluble que aspira a fortalecerse cada vez más

Los supuestos enfrentamientos políticos entre priístas y panistas, en el Congreso o en otras instancias, no son más que meros escarceos para hacerle creer a la concurrencia que son diferentes


Los resultados del último sexenio del PAN al frente del gobierno federal, patentizan el imperativo de que la sociedad civil tome un papel activo en la conducción del Estado, pues no hacerlo implicaría correr riesgos fatales, como los que ya se vislumbran al finalizar la “administración” de Felipe Calderón, cuyo legado de horror y sangre no tiene parangón. Sin embargo, aunque parezca imposible, la realidad podría ser aún más espantosa en los años venideros, tanto por la inercia de la descomposición prohijada por el panista, como por el programa de “gobierno” de su sucesor, Enrique Peña Nieto.

Hay indicios muy claros de que la continuidad de los principales programas neoliberales será el fundamento del quehacer gubernativo del ex gobernador mexiquense, porque en esencia ambas administraciones obedecen a los mismos intereses. Esto hay que reiterarlo cuantas veces sea necesario, para que la ciudadanía no se deje engañar por el señuelo absurdo de que con el regreso del PRI a Los Pinos se produce una nueva alternancia. Esta es una falacia monumental, porque el PRI-AN es una mancuerna indisoluble que aspira a fortalecerse cada vez más, para enfrentar una movilización social que responda a la urgencia de salvar al país del empoderamiento del fascismo.

Los supuestos enfrentamientos políticos entre priístas y panistas, en el Congreso o en otras instancias, no son más que meros escarceos para hacerle creer a la concurrencia que son diferentes, pero en los hechos está más que probado que lo único que los diferencia son sus colores partidistas. Mientras el PRI en el Senado exige a Calderón un informe sobre desplazados por la violencia, el PAN hace lo propio para demandar a Peña Nieto que modifique a fondo su propuesta de comisión nacional anticorrupción, con el PRD de palero a fin de darle un mayor peso al “reclamo”. Con todo, es evidente que tales aspavientos no tienen la menor importancia, porque no harán variar un ápice la conformación del binomio partidista de derecha.

A partir de diciembre le tocará al partido tricolor estar de nuevo en Los Pinos, lo que no significa cambio alguno en la correlación de fuerzas en la cúpula del sistema político. La derecha continuará en el poder, ahora con renovadas esperanzas de que las cosas vayan mejor, dada la experiencia de los políticos del tricolor. Sin embargo, no podría garantizarse que las cosas vayan a suceder de ese modo, porque el sistema político está metido hasta el fondo en un lodazal de corrupción, demagogia y cinismo del que no podría salir con cataplasmas.

Con todo, las superficiales discrepancias entre los miembros de la clase política conservadora, permiten conocer los resquicios que se pueden utilizar para presionarlos, como por ejemplo la exigencia de que la comisión anticorrupción sea modificada, porque así como la presentó Peña Nieto no pasa de ser una mera tomadura de pelo. Como puntualizó la senadora perredista, Dolores Padierna, el Senado aprobó en la pasada legislatura una fiscalía anticorrupción, misma que está congelada en la Cámara de Diputados, la cual cuenta con las facultades necesarias para sancionar a los funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción. En cambio, la que propuso Peña Nieto sólo puede dictar sanciones administrativas, lo que permitirá que continúe la impunidad de funcionarios que cometen ilícitos relacionados con recursos públicos.

De igual modo, la exigencia de los senadores del PRI a Calderón, de que presente un informe sobre el problema de los desplazados por la violencia en el país, es una oportunidad para que la sociedad insista en que se atiendan las causas profundas de este fenómeno, toda vez que “centenares de miles de mexicanos se han visto en la necesidad de abandonar ellos y sus familias sus lugares de origen”, como puntualiza la “Gaceta” del Senado. Diva Hadamira Gastélum destacó que “hoy en día el problema de los desplazados constituye una crisis de seguridad pública y una falta de atención del Estado mexicano ante las violaciones a los derechos humanos”. Se considera que por lo menos un millón 200 mil personas están en esa condición en el país.

Tales flagelos son el resultado de tres décadas de políticas públicas contrarias al derecho de la población mayoritaria de aspirar a una vida digna. Calderón puso de “grano” de arena: el combate a bandas delictivas, pero de una manera equivocada, sin conocer lo elemental de dichas organizaciones y sin tener una mínima idea de las tácticas y estrategias a desarrollar. Los resultados son de sobra conocidos: más de cien mil muertos, una irrefrenable escalada de violencia, miles de familias desplazadas de sus lugares de origen, con dramáticas secuelas de orden social, económico y cultural. Y ahora Peña Nieto pretende tapar el sol con el dedo del “combate” a la corrupción.

Guillermo Fabela - Opinión EMET