Entrega Peña premio a la Mujer del Año 2012

Habrá respaldo a programas femeninos, dice

El Presidente con su esposa Angélica Rivera y María del Carmen Alanís, en el Museo Nacional de Antropología e HistoriaFoto María Luisa Severiano

Claudia Herrera Beltrán

 

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 12

La primera entrega de un premio, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto fue para la magistrada María del Carmen Alanís por ser Mujer del Año 2012, cuya trayectoria ha sido polémica porque PRD y PAN la acusaron de tener vínculos con el PRI.

Peña elogió anoche a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por ser una mujer de gran trayectoria y prometió respaldar con obras y programas a la población femenina.
En el Museo Nacional de Antropología e Historia, Alanís hizo un reconocimiento a Peña Nieto, porque su presencia en la ceremonia, dos días después de asumir la titularidad, es un faro de esperanza sobre lo que será la política hacia las mujeres.
La ex presidenta del TEPJF se congratuló con la democratización del país y de sus frutos: un sistema de partidos competitivo, un mapa político multicolor de partidos, sistemas electorales y de resolución de controversias reconocidos en todo el mundo, así como una ciudadanía más dispuesta a participar.
Sin embargo, se quejó de que hay una democracia incompleta y excluyente, porque, por ejemplo, 5.3 por ciento de las presidencias municipales recaen en alguna mujer y hay cero gobernadores. No aludió a que en el gabinete presidencial hay apenas tres mujeres.
Alanís causó controversia porque recibió en marzo de 2011 en su casa a los principales representantes del PRI, entre ellos Luis Videgaray, ahora secretario de Hacienda, y Sebastián Lerdo de Tejada, para revisar el caso de la denuncia perredista contra la propaganda del gobierno del estado de México en favor de Peña Nieto.

El PRD exigió que se excusara del caso y el PAN denunció la parcialidad del organismo, que ponía en riesgo futuras elecciones.
Finalmente los magistrados determinaron que no había razones para que se excusara. Ella era la ponente del proyecto sobre el caso y el resultado fue 4 a 3 exonerando a Peña Nieto; el voto de Alanís hizo la diferencia.
El premio fue concedido por la joyería Tiffany y consiste en un anillo de brillantes de nombre Celebration. Lo han recibido también Beatriz Paredes, Rosario Green y María de los Ángeles Moreno, entre otras.
En la ceremonia, Peña Nieto, quien iba acompañado de su esposa Angélica Rivera, aseguró que en su gobierno todos los días, horas y segundos son hábiles. Destacó que instruyó por la mañana a su gabinete a que se sintonicen en la misma frecuencia para entregarse a la causa de México.
Destacó que si no se impulsa el crecimiento de las clases medias y la estabilidad económica será difícil alcanzar la equidad de género.

Magistrados y consejeros electorales, sujetos de juicio político, declara tribunal popular

Señala que el TEPJF lapidó los principios constitucionales al no profundizar su actuación

Demandan que la PGR realice investigación penal ante las omisiones de esos funcionarios

Rafael Barajas –El Fisgón–, Carlos Pellicer, Jesús González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos y Abel Barrera Hernández, durante la presentación del fallo del Tribunal Electoral PopularFoto Yazmín Ortega Cortés
 

Ángeles Cruz Martínez

eriódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 10

Las omisiones y la pasividad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) incidieron en el desarrollo de los comicios de 2012, y la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lapidó los principios constitucionales, al negarse a ver más allá de las pruebas para valorar los indicios de irregularidades del proceso, por lo cual son sujetos de juicio político en el Congreso, así como de una investigación penal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Así lo resolvió el Tribunal Electoral Popular (TEP), constituido por ciudadanos que no estamos dispuestos a hacer como si no pasara nada y quedarnos cruzados de brazos cuando las autoridades no cumplen con su deber.

Órgano de acusación

El organismo –que durante una semana recibió y analizó las pruebas presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles en torno a las anomalías reportadas antes y durante los comicios federales del pasado primero de julio– emitió ayer su fallo, el cual fue dado a conocer por el abogado Jesús González Schmal.

Indicó que los miembros del TEP promoverán entre legisladores de izquierda que adopten como propia esa resolución y promuevan ante la Cámara de Diputados las acusaciones contra consejeros y magistrados electorales, con el fin de que esa instancia legislativa se constituya como órgano de acusación para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Luego, la resolución se turnará al Senado, en su carácter de jurado de sentencia.

Respecto de la denuncia penal, el fallo del Tribunal Electoral Popular se llevará ante la PGR, con el fin de que se tome como denuncia de hechos y con el acervo probatorio que ya existe en el IFE y el TEPJF se abra la averiguación previa.

La procuraduría, dijo González Schmal, deberá cumplir su obligación de procurar justicia y defender la vigencia plena del derecho y el orden constitucional.

A la lectura de la sentencia del TEP –presentada en el Club de Periodistas anoche– asistieron, además de González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos, Abel Barrera, Carlos Pellicer y Rafael Barajas, El Fisgón, en representación del organismo en el que también participan Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús Martín del Campo, Virgilio Caballero, Magdalena Gómez y Jorge Eduardo Navarrete.

El documento de 19 páginas da cuenta de la actuación lenta y pasiva de los consejeros del IFE al hacer caso omiso de la solicitud hecha en enero de 2012 por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, con el fin de que el instituto adoptara medidas que garantizaran la equidad.

El IFE contestó más de cuatro meses después, sólo para desestimar los riesgos que advertía el candidato de la izquierda de que hubiera adquisición indebida de espacios en medios de comunicación por parte de terceros, partidos, precandidatos y candidatos.

Tampoco reconoció la necesidad de adoptar medidas para evitar la compra y coacción del voto, ni para llevar un control efectivo sobre la contabilidad y registro de los bienes que como propaganda se distribuían en las campañas.

De igual forma, rechazó la realización de auditorías durante la campaña sobre los recursos de los partidos políticos, con el fin de verificar su origen y destino.

En tanto, los magistrados del TEPJF dejaron de ejercer su facultad de órgano supremo y con eso aportaron el dato para la historia negra de México, señaló González Schmal.

Aunque el TEPJF tenía la facultad constitucional para investigar las denuncias, nunca hizo un esfuerzo por abrir los ojos y ver más allá de las pruebas presentadas. No hicieron el esfuerzo de hacer lo que hace todo juez: buscar la verdad infiriéndola de lo que se conoce.

En lugar de eso, resolvió que la coalición Movimiento Progresista, que reclamó la nulidad de los comicios, no presentó las pruebas de la adquisición encubierta de publicidad en medios de comunicación en favor de la imagen de Enrique Peña Nieto, del uso indebido de las encuestas como forma de propaganda electoral y del financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex, así como del uso de recursos para la compra de voto mediante tarjetas de las tiendas Soriana, entre otras anomalías.

Consejeros y magistrados juraron guardar y hacer guardar la Constitución y no lo hicieron, por lo cual la nación los demanda, concluye la sentencia.

Consejeros del IFE, contra petición de la ONU de preservar las boletas

La solicitud abarca el material electoral de 2006; el de este año será triturado

Si se acepta la exigencia nadie tendrá acceso a los documentos, aclara Alfredo Figueroa

El IFE decidirá la próxima semana si acepta la petición que realizó la ONU sobre el material electoral de la controvertida contienda de 2006. La imagen corresponde a los comicios de este añoFoto José Antonio López

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Sábado 3 de noviembre de 2012, p. 5

A 10 días de la destrucción de las boletas de los comicios de 2006 y 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó haber recibido una petición de la Organización de las Naciones Unidas para que aplace la trituración del material de hace seis años, en tanto se hace un análisis sobre el particular.

Para el caso de la papelería del primero de julio pasado, no hay hasta el momento alguna resolución suspensiva, por lo que la trituración de los materiales iniciará el 12 de noviembre.
La semana entrante (o a más tardar a principios de la siguiente) el Consejo General del IFE deberá responder a la petición de la medida precautoria planteada por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aceptar esta moción, señalaron consejeros electorales, significa que el IFE deberá seguir pagando la renta de las 32 bodegas en las que se hallan los votos de la polémica contienda de 2006.
A su vez, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina tendrían que preservar la custodia de las bodegas, lo cual también representa gastos.
La eventualidad de aceptar la moción suspendería la destrucción de boletas por un tiempo aún no determinado, esto es, en tanto la ONU responde si admite la petición de un medio de comunicación mexicano (el semanario Proceso).
Los consejeros afirman que aun cuando alguna instancia ordene que se suspendan de la trituración, las boletas se conservarían pero nadie tendría acceso a las mismas, pues el riguroso resguardo está determinado por el código electoral y los resolutivos que quedaron firmes en ese sentido, lo mismo del tribunal electoral que del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales.

Los lineamientos aprobados por el IFE dictan el cronograma de preparativos y ejecución de la destrucción de votos válidos, nulos y las boletas sobrantes de las dos recientes contiendas presidenciales.

No es orden: consejero

Por estos días se estará contratando a las empresas que se encargarán de destruir las boletas y las autoridades locales deberán recibir los recursos necesarios, a fin de que la operación se haga efectiva entre 12 y 26 de noviembre.

Consultado al respecto, el consejero Alfredo Figueroa subrayó que la medida precautoria es una solicitud de la ONU mas no una orden. Sin embargo, dijo, el Consejo General analizará el tema.
Se solicitó al Estado mexicano que no se destruyan (las boletas) hasta en tanto no haya una admisión o desechamiento de esa materia (solicitud de la revista), indicó.
Comentó que el análisis del IFE deberá ser muy preciso porque están ante el ejercicio de un derecho; aseguró entonces que la decisión del Consejo General será tomada antes del 12 de noviembre.
Recordó que la oficina del alto comisionado se inserta en el ámbito de la ONU, la cual no tiene un tribunal, a diferencia de la Organización de Estados Americanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el caso ya fue analizado y desechado.
El Consejo General debe tomar en cuenta lo que se ha planteado; esto no quiere decir que ya diga en qué sentido va a votar, agregó el consejero en entrevista.

EL IFE, las boletas y el pavor a la transparencia

Jesús Cantú

Boletas electorales 2012.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al aprobar el miércoles 3 de octubre la destrucción de las boletas y las listas nominales del proceso electoral de 2005-2006, así como las boletas del proceso de 2011-2012, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral desperdiciaron una excelente oportunidad para demostrar su compromiso con la verdad, la transparencia y la democracia.

Respecto al proceso de 2011-2012, los consejeros sí tomaron la precaución de aprobar previamente otro acuerdo que ordena la realización de estudios de la documentación electoral que se utilizó, y señalaron que para ello será seleccionada una muestra de casillas.

Sin embargo, respecto a lo sucedido en los comicios presidenciales de 2006, prefirieron cerrar los ojos y ni siquiera discutieron la realización de los mismos u otros estudios; en ese caso se destruirá toda la documentación, sin los análisis de participación electoral a partir de las listas nominales.

En estos momentos ya no se encuentra en el Consejo General del IFE ninguno de los consejeros que conformaban el órgano máximo de dirección en aquel momento; y, en caso de que se hubiesen aprobado los estudios, para cuando se realizaran el presidente elegido entonces ya habría concluido su mandato. Sin embargo, los consejeros prefieren no tocar dicha elección. Se repite así la historia de 1988, cuando los paquetes electorales fueron destruidos sin poder conocer sus contenidos.

Pero los consejeros también desperdiciaron la oportunidad de impulsar un auténtico ejercicio de contraloría social en el caso de la elección de 2011-2012 –donde no está en cuestión la sumatoria de los votos depositados en las urnas, sino la equidad en la contienda–, pues ni siquiera discutieron la posibilidad de poner a disposición de la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los temas electorales y la ciudadanía en general la documentación para que ellos también pudieran efectuar análisis que permitan perfeccionar los procesos electorales mexicanos.

El 30 enero de 1998, el Consejo General del IFE aprobó un acuerdo por ocho votos a favor y únicamente uno en contra a favor de esa posibilidad en relación a la documentación del proceso 1996-1997. Lamentablemente esa decisión fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional y revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ese mismo primer consejo del IFE ciudadanizado, con únicamente dos consejeros diferentes, aprobó en octubre de 2003 el acuerdo que, por primera vez, permitió realizar los estudios a la documentación electoral. Pero sin que la comunidad interesada pudiera abrirla. Ahora, en una elección no cuestionada por la posibilidad de que hubiesen sido modificados los resultados en las actas, era el momento de tratar de avanzar todavía un paso más allá.

Pero el Consejo General del IFE prefirió no voltear a ver la documentación del 2006. El IFE tenía frente a sí cinco opciones: hacer la interpretación letrista de la ley y simplemente disponer la destrucción de la documentación de las dos elecciones; retomar la idea de los estudios para los comicios de 2011-2012 y ordenar la destrucción de la documentación del proceso de 2005-2006 y de toda la del 2011-2012 que no estuviese incluida en la muestra; confirmar el anterior acuerdo, pero ampliando a la comunidad interesada la potestad de realizar estudios; ordenar estudios en ambas elecciones, aunque únicamente por parte de la estructura del IFE, y la destrucción del resto que no estuviese contenida en las muestras; y disponer estudios en ambas elecciones y ampliar la misma posibilidad a la comunidad interesada.

Lo verdaderamente audaz hubiese sido ir por la quinta alternativa; pero incluso las opciones 3 y 4 hubiesen sido un avance, aunque por razones muy diferentes: la tercera, por el precedente que sentaba de abrirse totalmente al escrutinio ciudadano, en un auténtico ejercicio de transparencia; y la cuarta, porque hubiesen mostrado un compromiso con la verdad y la democracia, aunque no tanto con la transparencia, pues seguirían siendo ellos los únicos que tuvieran acceso a la documentación. Pero tomaron la opción conservadora: abrir la posibilidad de los estudios, para no ser cuestionados por ello, pero no avanzar más allá de donde está la línea desde 2003, hace nueve años.

Lamentablemente, en la mayoría de los integrantes del Consejo General con derecho a voto no prima el compromiso con la democracia y sus valores, sino simplemente el de cumplir con una encomienda con los menores cuestionamientos posibles por parte de los partidos políticos. Por supuesto que avanzar en cualquiera de las direcciones señaladas hubiese levantado algunas voces contrarias, pero la contribución a la construcción de la democracia en México habría sido de grandes proporciones.

Lo más probable es que cualquier estudio que se hubiere practicado sobre la documentación de la elección presidencial de 2006 arrojara que los votos depositados en las urnas convalidaban los resultados asentados en las actas; pero no querían correr el riesgo de que una revisión de los paquetes aportara alguna evidencia de un operativo fraudulento a favor del actual presidente. Sin considerar que, en todo caso, aun cuando las anomalías favorecieran a otro de los candidatos, ello permitiría perfeccionar los procedimientos para evitarlos en el futuro.

Y, obvio, si no aparecía ninguna huella y se refrendaban los resultados oficiales, hasta los nubarrones que acompañaron a Felipe Calderón durante todo su sexenio se hubiesen disipado.
Pero privó el pavor a la transparencia.

El rebase de topes de campaña no debe ser una causal para anular comicios: Nacif

Al poner límites al gasto se restringe el discurso político, según el consejero electoral

En cuanto a la organización del pasado proceso, hay buenos resultados que ofrecer, afirma

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Martes 2 de octubre de 2012, p. 10

El hecho de que rebasar topes de campaña –centro de la polémica en los pasados comicios presidenciales– no sea una causal de nulidad en una elección, no necesariamente debiera corregirse, señala Benito Nacif, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

“En las actuales condiciones –agrega–, el sistema está diseñado para castigar los excesos de los partidos políticos, y no implica trasladarle ese castigo a los votantes”, según dijo.

Ante esta disyuntiva, Nacif dice no estar convencido de que reformas al modelo de fiscalización sean una alternativa. Por qué hacer recaer en el ciudadano estos excesos, anulándole su voto, siendo que son los partidos los responsables de rendir cuentas sobre sus ingresos y la forma como gastan sus recursos. No estoy tan seguro de que debamos movernos en esa dirección; habría que revisarlo con cuidado. Hay países donde ni siquiera hay topes de gastos de campaña.

–El rebase de topes de campaña causa impacto en la equidad de la elección...

–El principio de equidad en las elecciones es una de las cosas definidas con muy poca claridad en la legislación. Se trata de una equidad relativa, porque los partidos políticos no reciben igual monto de prerrogativas ni la misma cantidad de espacios en radio y televisión, e incluso en este caos no pueden conseguir más. Es un término relativo que se define en función de los votos de las elecciones pasadas.
Cuando se revisa qué significa la equidad, hablamos de hacer la elección de acuerdo con la ley, no es un criterio externo a la norma. En todo caso, argumenta, habrá que revisar qué tipo de fiscalización de gastos se quiere, porque en democracias europeas o en Estados Unidos no tienen ese límite al gasto y aquí ya pretendemos colocarlo como causal de nulidad.

Nacif se muestra en favor de cuestionar los topes de campaña: particularmente pienso que hay una correlación entre el dinero que puedes gastar y la cantidad de discurso político que puedes esperar. No sé por qué restringir el discurso político poniéndole topes a los gastos. Restringes actos de campaña y propaganda, y cuando se limita eso lo que estás reduciendo es la cantidad de información que le llega al votante, cuando en realidad deberíamos pugnar porque el ciudadano tenga mayor información.

Benito Nacif Hernández, consejero del IFEFoto Crédito
 

Si se pretende anular una elección, debe ser por causas realmente graves en donde no exista certeza de cuáles fueron las motivaciones del elector para votar en determinado sentido o cuando no se instala un gran número de casillas, “pero cuando sabemos eso, nuestras leyes no contemplan causas de invalidez para anular la decisiones de millones de mexicanos.

“Siempre lo he dicho, hay que respetar el voto. Me cuesta trabajo pensar en casos en los que deba decírsele al ciudadano ‘te equivocaste, tienes que volver a votar’, y además dejar esa decisión en siete magistrados.”

El consejero considera que la evolución electoral en México ha permitido reducir los desencuentros entre el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, asegura, en este proceso esos desencuentros fueron realmente marginales y la calificación de los magistrados avaló la actuación del instituto.

Las diferencias se centraron en criterios sobre denigración y calumnia, lo cual generó una creciente estabilidad en el proceso. Incluso en algunas resoluciones los magistrados determinaron darle iniciativa al IFE para que definiera alternativas ante determinados casos.

Si se revisan los indicadores con respecto a la organización de los comicios, son bastante buenos en términos de capacitación de funcionarios de casilla, integración de las mesas directivas y la instalación misma de las casillas en todo el país. En ese rubro hay buenos resultados que ofrecer.

Tribunal Electoral teme opinión negativa de los ciudadanos

 Nancy Flores

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gasta más de 1 millón 500 mil pesos en cuatro estudios de opinión para valorar la percepción de los ciudadanos respecto de su actuar en el proceso electoral 2012. Los estudios, cuyo gasto individual asciende a 385 mil pesos, se planearon para marzo, junio, septiembre y diciembre, revela información oficial obtenida por Contralínea. El TEPJF avaló la elección presidencial en medio de protestas ciudadanas que exigen la reposición del proceso y califican como un “fraude” la elección presidencial

 

La Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gasta 1 millón 540 mil 108 pesos en cuatro estudios de opinión cuantitativos. El objetivo: conocer la percepción de los ciudadanos respecto de su actuación en las pasadas elecciones de julio, revela el Informe de seguimiento de requisiciones 2012, obtenido por Contralínea.

 

De acuerdo con los datos oficiales de la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, por cada análisis, el erario pagará 385 mil 27 pesos. Los primeros dos estudios abarcaron el periodo preelectoral (marzo y junio de 2012) mientras que los dos últimos comprenderán un periodo poselectoral (septiembre y diciembre).

 

En el caso del análisis de septiembre, éste se realizará en un contexto de movilizaciones sociales que exigen al TEPJF  ordenar la anulación de la elección presidencial. Los argumentos de los inconformes: la presunta compra masiva de votos y los gastos que excedieron el tope presupuestal. Irregularidades que el movimiento de las “izquierdas”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atribuye en sus alegatos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y al candidato Enrique Peña Nieto.

 

El fallo del Tribunal, sin embargo, avaló la “legalidad” de la controvertida elección presidencial. Y es que antes de juzgar los elementos presentados a las autoridades electorales, el propio magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, advirtió el 2 de julio pasado que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”.

 

Así, el servidor público se adelantaba a la impugnación de la elección presidencial hecha por López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista.

 

Para el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “las declaraciones de Luna Ramos fueron una grave irresponsabilidad que, desde luego, resta credibilidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

 

En entrevista, el experto en derecho electoral indica que “lo más grave es que no fue un simple exabrupto de su parte, sino un reflejo fiel de la lógica conservadora, minimalista y cómplice que predomina en el Tribunal Electoral”.

 

El autor del libro Autenticidad y nulidad agrega que si el TEPJF quiere recuperar “algo de prestigio”, tendría que transformar radicalmente su manera de entender el derecho electoral y asumir sus facultades legales; una de ellas, la anulación de las elecciones cuando las circunstancias así lo ameriten.

 

Temor en el Tribunal

 

Luego de dictaminar la “legalidad” de la elección presidencial, el 1 de diciembre próximo se dará el cambio en el gobierno federal. En ese mismo mes, el Tribunal Electoral evaluará la opinión que sobre su imagen tendrán los ciudadanos.

 

El doctor John Ackerman indica que “estamos ante un escenario muy similar al de 2006, cuando la falta de transparencia sobre la calidad del proceso electoral generó muchos problemas de legitimidad para Felipe Calderón Hinojosa. Solamente que en este caso la situación es peor, porque las acusaciones son más graves y el movimiento social es más amplio”.

 

Y es que las “protestas antifraude” –encabezadas por el movimiento estudiantil Yo Soy 132– han aglutinado a varios sectores inconformes con los resultados del proceso electoral, al cual califican como “ilegal e ilegítimo” por incurrir en delitos como la compra y coacción masiva de votos, los gastos excesivos de campaña e incluso el financiamiento a través de esquemas de lavado de dinero .

 

Respecto de las manifestaciones de inconformidad, el 23 de julio pasado, el magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que en la decisión del TEPJF “no influyen las declaraciones que en un momento dado pudieran hacerse a nivel de medios de comunicación; no influye como consecuencia, y esto lo digo con todo respeto, marchas, manifestaciones, ¿por qué?, porque el sistema democrático en México por voluntad del legislador quedó completamente arreglado”.

 

Sin embargo, al interior del Tribunal las protestas sí habrían generado temor y es en esas circunstancias en las que se habrían contratado los cuatro estudios de opinión. Como lo informó este semanario, los magistrados Luna Ramos, Penagos López, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera ordenaron blindar sus instalaciones, en particular la Sala Superior (ubicada en la avenida Carlota Armero 5000, Culhuacán CTM, Coyoacán), que es donde ellos sesionarán el día en que avalen la elección presidencial.

 

El argumento que esgrimieron los siete árbitros electorales fue que necesitaban garantizar su seguridad personal ante la violencia que asola al país. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos (Contralínea 292).

 

El blindaje también se extendió a los vehículos que les paga el erario a los magistrados. Previo al proceso electoral de julio pasado, estos servidores públicos se autorizaron camionetas blindadas modelo Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento, como informó la columna Oficio de papel , publicada el 25 de junio de 2012 en Contralínea 290). Cada magistrado, incluso, recibió un bono por riesgo de medio millón de pesos tres días antes de las elecciones presidenciales. 

 

 

 

Sistemas de seguridad

 

El Informe de seguimiento de requisiciones 2012 revela más gastos del Tribunal Electoral en materia de seguridad. Uno de ellos es la compra de cinco “equipos regionales para continuidad de operación de la seguridad perimetral”.

 

Asiami, SA de CV, fue la empresa contratada para el “licenciamiento y mantenimiento anual a equipos de seguridad perimetral”, y el costo ascendió a 607 mil 527 pesos.

 

A inicios de este año, el TEPJF también contrató a la empresa Sistemas de Vigilancia y Seguridad Especializada por 755 mil 716 pesos, para el servicio de “seguridad y vigilancia de las instalaciones”.

 

Otros convenios firmados en 2012 son para el mantenimiento de sus sistemas de seguridad ya existentes. Entre éstos, dos signados con Controlsec, SA de CV, para el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de rayos X y los arcos detectores de metal. Uno de ellos por 125 mil 489 pesos, el otro por 302 mil 131.

 

También se cuenta la contratación de Marco Antonio Pale López para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de acceso, por 49 mil 938 pesos.

 

Los automóviles y las camionetas de los magistrados no sólo cuentan con blindaje, sino también con tecnología sofisticada para su localización. Este año, el Tribunal ha firmado cuatro contratos con Car Mart Comunicaciones, SA de CV, para el servicio de localización satelital y radiolocalización de vehículos. Los costos ascendieron 227 mil 692 pesos en total: 109 mil 926 (localización satelital); 103 mil 248 (radiolocalización), 8 mil 296 (satelital) y 6 mil 222 pesos (radiolocalización).

 

El próximo 6 de septiembre vence el límite para que el Tribunal Electoral emita su fallo sobre la elección presidencial, y desde mediados de agosto pasado, varios sectores sociales se declararon en alerta ante la “previsible imposición de Peña Nieto”, en particular el movimiento estudiantil Yo Soy 132.

 

 

 

Outsourcing, en el Tribunal Electoral

 

En el primer trimestre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó 18 contratos que recurren a la figura del outsourcing, a pesar de que las subcontrataciones están prohibidas en la ley laboral. Se trata de los servicios de limpieza y de jardinería, que involucran un gasto total más de 18 millones de pesos.

 

 

 

 

 

 

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La partera de la imposición

John M. Ackerman

E

l Instituto Federal Electoral (IFE) una vez más insiste en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros electorales, la existencia de un mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios en los medios de comunicación electrónicas no sería más que una fantasía de un grupo de malpensados. El jueves pasado exoneraron a Enrique Pena Nieto de cualquier responsabilidad en la evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde hace siete años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.

A raíz de las investigaciones de Jo Tuckman, de The Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una queja ampliamente documentada al IFE que pide sancionar al candidato presidencial del PRI por cometer un sistemático fraude a la ley con la adquisición ilegal de espacios en radio y televisión para promocionar su imagen y apuntalar su campaña presidencial. En su queja, el PRD trae a colación la irregular transmisión a escala nacional de los espots del quinto informe de gobierno de Peña Nieto en el estado de México, la factura de un millón 150 mil pesos expedida al gobierno del estado de México por los comentarios de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como entrevistas sumamente sospechosas, como la otorgada por Maxine Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula el pasado 18 de abril, entre otros casos.

Pero en lugar de tomar en serio las acusaciones y emprender una amplia investigación para esclarecer la realidad de los hechos, los consejeros electorales prefirieron columpiarse por las ramas y dar clases de impunidad. En los dos meses y medio que tomó para supuestamente estudiar el caso, el IFE no fue capaz de requerir el testimonio de ninguno de los periodistas mencionados, solicitar los gastos en materia de comunicación social del gobierno del estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o Radar, que estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las principales televisoras.

De acuerdo con el IFE, no hacía falta indagar más allá porque los indicios aportados por el PRD no descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos hechos endebles de los que se queja no puede producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de diversos medios de convicción. En otras palabras, supuestamente no existiría base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro en los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman, Villamil y las docenas de otros periodistas y expertos que han documentado graves irregularidades en la materia no son más que una bola de mentirosos. En contraste, la autoridad confía ciegamente en los desmentidos de los medios electrónicos que controvierten lo afirmado por el periodismo nacional e internacional.

El consejero Benito Nacif demostró con particular claridad este doble estándar durante la sesión pública del IFE el jueves pasado. Por una parte, descalificó la queja del PRD, por estar basada en notas periodísticas, libros, artículos, etcétera, que tienen una validez limitada como simples indicios. Pero por otro lado, eleva como verdad irrefutable los dichos precisamente de otro periodista, Carlos Loret de Mola, quien manda una carta aclaratoria, negando las afirmaciones que se le atribuyen, poniendo en contexto lo que sí dijo y claramente desvirtuando ese indicio que llevaría a una posible admisión de algún esquema de compraventa de tiempos en radio y televisión con fines electorales.

Queda evidenciada la parcialidad del IFE. Solamente los periodistas avalados por el régimen serían creíbles. Los otros pueden irse a sus casas.

Para justificar sus desmanes, los consejeros dicen que supuestamente defienden la libertad de expresión y la presunción de inocencia e imponen toda la carga de la prueba a los denunciantes. De acuerdo con su muy particular visión de la realidad nacional, habría que suponer que el periodismo se ejerce de manera libre e independiente en el país y solamente podrán empezar a investigar si se les presentan datos inconmovibles de que esto no sea el caso.

Pero cualquier ciudadano en su sano juicio supondría precisamente lo contrario. Todos los estudios internacionales más importantes en la materia señalan a México como uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo libre, por presiones tanto del narcotráfico como del gobierno, y con una de las concentraciones de propiedad más altas en la materia. Y no podemos olvidar que el manejo de jugosas concesiones de radio y televisión no es principalmente un servicio social, sino un negocio para sus dueños. Esto queda particularmente claro a raíz de los escándalos recientes.

En este contexto, es francamente irresponsable presumir que el dinero y la política no tendrían influencia en los medios. Con su indolencia, el IFE avala el estado actual de manipulación mediática y pone más leña al creciente fuego de la inconformidad social.

www.johnackerman.blogspot.org
Twitter: @JohnMAckerman

Niega el tribunal a la Fepade acceso a 3 mil tarjetas de la cadena Soriana

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada
Jueves 16 de agosto de 2012, p. 7

 

La solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para tener acceso a 3 mil tarjetas de la cadena de tiendas Soriana, fue rechazada debido a que estos plásticos fueron remitidos a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE).

En respuesta a diversas solicitudes de la fiscalía, entre éstas tener una copia del expediente del juicio de la elección presidencial, los magistrados subrayaron que la ley les ordena resolver el juicio a más tardar el 31 de agosto y emitir sentencia con fecha límite del 6 de septiembre.

La coalición de partidos de izquierda Movimiento Progresista ha solicitado de manera reiterada al tribunal que ordene la realización de un procedimiento extraordinario de fiscalización a los gastos de campaña del priísta Enrique Peña Nieto.

En caso de que los jueces electorales nieguen esta posibilidad, los representantes de la coalición les han pedido tomarse el tiempo necesario, después del 6 de septiembre, para analizar todas las pruebas de presuntos ingresos y erogaciones ilegales del candidato del PRI.

La comisión calificadora del TEPJF sólo concedió a la Fepade tener acceso al expediente dentro de la sala superior y dijo que le dará copia de diversos documentos relacionados con el proceso.

A su vez, el consejero electoral Alfredo Figueroa señaló que el IFE entregó un nuevo paquete de información en torno a la demanda que realiza la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Figueroa es integrante de la Comisión de Quejas, la misma que resolvió en dos días una petición del PAN para indagar la presunta triangulación de recursos para financiar a los representantes del PRI.

En tanto, en el más reciente acuerdo difundido por la comisión calificadora se detallan las peticiones de la Fepade, que pretendía tener acceso a las tarjetas Soriana que, según la coalición demandante, fueron utilizadas por el tricolor para la compra del voto. No obstante, la comisión respondió a este Ministerio Público Federal, que envió al IFE 2 mil 435 de las tarjetas plásticas en mención, que pertenecían a los anexos del juicio contra la elección presidencial, por lo que no se puede dar a la Fepade acceso material a las tarjetas.

Otro de los informes que la fiscalía pidió al tribunal se relaciona con obtener copia de las actuaciones en este juicio y consultar el expediente. Este último punto los magistrados informan a los agentes del Ministerio Público que podrán acudir a consultarlo en las instalaciones de la sala superior, siempre que no se interfiera con las labores.