El INE de López Obrador

 Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"López Obrador propuso la desaparición tanto de los institutos electorales como de los tribunales electorales de las 32 entidades federativas del país".

La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de la presidenta Consejera Guadalupe Taddei Zavala, por presumibles actos de corrupción y uso indebido de facultades en la adjudicación de jugosos contratos a empresas con las que tendría afinidades, hace obligada la reflexión para regresar a analizar nuevamente la iniciativa presentada por el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que propuso abrir la elección de consejeros electorales al voto directo de los ciudadanos.

Una parte de la iniciativa de López Obrador, entregada a la Cámara de Diputados de la Federación el lunes 5 de febrero del 2024, se concretó con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, que incluyó la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de todos los magistrados de las cinco salas regionales de impartidores de justicia electoral, pero quedó pendiente la reforma que daría origen a un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

López Obrador propuso la desaparición tanto de los institutos electorales como de los tribunales electorales de las 32 entidades federativas del país, para que sus funciones fueran asumidas plenamente por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La inciativa de López Obrador advertía: “Con esta propuesta se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Las autoridades electorales administrativas [INE] y jurisdiccionales [Tribunal Electoral] deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos”.

Explica la propuesta del exmandatario del país: “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral”, al referirse al INE presidido por Lorenzo Córdova Vianello desde el 2014, en franca hostilidad y oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Recapitula López Obrador en su iniciativa: “Desde sus antecedentes, el actual INE [Instituto Nacional Electoral] y el TEPJF [Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación] fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia. La presente iniciativa busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país”.

Aunque una reforma de esta naturaleza no podría llevarse a cabo en los próximos meses, porque tanto el proceso electoral federal, como los procesos electorales en las 32 entidades del país ya están en marcha, tendría que ser una tarea obligada para la próxima Cámara de Diputados de la federación que será electa en los comicios del domingo 6 de junio del 2027, para asumir sus funciones el primero de septiembre del 2027.

Precisaba López Obrador en su iniciativa: “Se propone ahora un esquema nuevo que involucra a los tres Poderes de la Unión, en la determinación de las personas titulares de dichos órganos. A partir de candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal, se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del TEPJF [Tribunal Electoral] y del Consejo General del INEC [nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas]. Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogables. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de junio, cada seis años”.

Sobre el procedimiento para la postulación de candidatos, López Obrador proponía en su iniciativa que la Cámara de Diputados emitiera la convocatoria para la jornada electiva de los consejeros electorales. Cada uno de los Poderes de la Unión postularía a 10 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del [nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas] INEC.

Durante las campañas, los candidatos a consejeros electorales tendrían derecho de acceso de manera igualitaria a radio y televisión con el fin de exponer sus propuestas y programa de trabajo. Asimismo, se establecería la obligación de la autoridad electoral en funciones de organizar foros de debate en tiempos brindados gratuitamente por medios de comunicación, bajo el principio de equidad.

Y en armonía y congruencia con las normas de propaganda que rigen a los partidos políticos, se prohibiría la contratación de espacios en radio y televisión por persona física o moral, para evitar injerencias indebidas que atenten contra la imparcialidad que deben tener los aspirantes a consejeros electorales. También se prohibiría a los partidos políticos realizar actos de proselitismo y emitir propaganda a favor o en contra de candidatura alguna de aspirantes a consejeros ciudadanos.

La iniciativa presentada por López Obrador el lunes 5 de febrero del 2024, que finalmente no prosperó, proponía que para la integración del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), se elegirían siete personas consejeras y presidiría el organismo aquélla que hubiese obtenido la mayor votación. En caso de falta absoluta de una persona consejera electoral, la Cámara de Diputados designaría a la persona sustituta en votación por mayoría calificada de por lo menos 334 sufragios de 500 posibles.

Los otros pendientes

Habría que recordar que en sus iniciativas de reformas constitucionales, el entonces Presidente López Obrador propuso el lunes 5 de febrero del 2024 la elección de 300 diputados federales mediante un sistema de mayoría relativa y la desaparición de los 200 diputados federales plurinominales, una propuesta que es compartida por la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

La argumentación de López Obrador señalaba que “en México, desde hace décadas, se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente de las plurinominales. En la presente iniciativa se propone un método de elección que busca mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante el sistema de Mayoría Relativa uninominal, votados de manera directa y secreta por la ciudadanía en cada uno de los [300] distritos electorales”.

Propuso el exmandatario: “La Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, es decir, se eliminarían 200 diputaciones plurinominales; aunque en ningún caso la representación de una entidad federativa puede ser menor de dos diputados”.

Pero además, la reforma también consideraba reducir la integración de la Cámara Alta. El Senado de la República quedaría integrado por 64 escaños, la mitad de los que actualmente tiene. De igual modo, serían elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía mediante el sistema de mayoría relativa por entidad federativa, correspondiendo dos escaños por cada estado. Asimismo, propuso que los congresos de las entidades federativas se integraran por diputados electos de manera directa y secreta conforme al sistema de mayoría relativa.

Como se puede observar, las iniciativas de reformas en materia electoral de López Obrador no estaban fuera de lugar, pues por lo menos en el caso de la elección de los consejeros electorales por voto directo de los ciudadanos, evitaría que poderes formales y fácticos tuvieran injerencia en su designación. Y podría conjurarse en gran medida el riesgo que llegaran a la presidente del máximo instituto en materia electoral perfiles marcados por las suspicacias y por la corrupción, de los cuales nadie quiere hacerse responsable.